Pasada la jornada electoral de este año, resulta pertinente reflexionar sobre la legitimación de la justicia electoral en México. Tras este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó maltrecho y abollado. En parte el propio TEPJF es responsable, pero también es víctima de un diseño institucional que no le deja remedio alguno y, sobre todo, de la escaza cultura de legalidad que hay dentro del país. A nivel nacional, la justicia electoral no pasa por su mejor momento, de hecho, es posible que atraviese por una de sus peores etapas de deslegitimación pública. Quizás no sea merecido, pero sí razonable y entendible. Y es que como ciudadanos sabemos poco, sino es que nada, de la forma en que resuelven y las motivaciones de sus sentencias. Pareciera ser que el poder político es la fuente motriz de sus resolutivos.

Algunas de las sentencias del último periodo electoral, dejaron muy mal parada a la Sala Superior del TEPJF. Basta recordar las resoluciones de Jaime Rodríguez “el Bronco”, el fideicomiso de integrantes de MORENA “Por los demás”, los casos de Napoleón Gómez Urrutia y Miguel Ángel Mancera o la nulidad de la elección de la alcaldía de Monterrey, entre muchos otros. Estos casos, sin dudarlo, dejaron insatisfechos a muchos y contentos a muy pocos.

La justicia no está para dar satisfacción a las mayorías, ni encuentra su causa en el consenso mayoritario, sino al contrario. La fuente de legitimación del Poder Judicial se haya en dos componentes que son centrales: “la verdad procesal, inevitablemente relativa, y en la garantía de los derechos, inevitablemente imperfecta”.1 De esta manera, para la función judicial, la legitimación se halla en la búsqueda de la verdad, la cual está ceñida al principio de legalidad y a la protección de los derechos humanos como esfera de lo indecidible, a pesar (y justo por eso) de la opinión mayoritaria. Por su parte, el consenso de las mayorías constituye una fuente de legitimidad democrática para las funciones de gobierno, en el que se encuentran usualmente las atribuciones legislativas y la ejecutivas.

En ese sentido es que la división de poderes resulta tan relevante. Ya que la forma de acercarse al derecho por parte del juzgador difiere esencialmente de la del resto de los poderes, que se da en abstracto, a partir de las cualidades clásicas de la norma general, impersonal y abstracta. Es decir, es una calidad descriptiva. En cambio, el juez analiza un caso o situación en particular, para individualizar la norma desde sus propias hipótesis. Es por ello que la aproximación jurídica del Poder Judicial es prescriptiva, porque busca hallar la verdad de un hecho concreto en función de las normas de un procedimiento. Por eso es que se dice que el Poder Judicial es un contra-poder o uno contra-mayoritario.

La justicia electoral implica retos que van un paso más allá de la mera concepción teórica de la legitimación del Poder Judicial. En primer lugar, porque la justicia sin más, es un componente central de la democracia sustantiva o de aquella que Robert Dahl llamó poliarquía. Es una parte fundamental del Estado constitucional de derecho, que coloca a los derechos humanos como eje de la validez de la norma. Mientras que la justicia electoral se endereza prácticamente de forma exclusiva a la democracia procedimental, que, si bien surge del reconocimiento de los derechos de participación política, la gran mayoría de sus valoraciones jurídicas se dirigen a actos relacionados con la legalidad de actuaciones, tanto de autoridades como de participantes, en el ejercicio del voto.

Este mandato genera una disonancia que se traduce en la incomprensión de la justicia electoral. Por un lado, aun cuando su fuente de legitimidad no es el consenso mayoritario, colisiona precisamente con el valor democrático. Es así porque en el análisis de la verdad hipotética del caso en cuestión y en la garantía de los derechos humanos, contradice en apariencia la voluntad mayoritaria al, por ejemplo, anular una elección. Es decir, si bien el consenso no es su fuente de legitimación, sus resoluciones usualmente se vinculan con ese consenso. Por otro lado, la justicia electoral se encuentra inmersa en una complejidad conceptual e institucional, ya que resuelve casos de estricta legalidad y constitucionalidad. Esto implica una racionalidad diferente al momento de juzgar y en la manera de aproximarse a un caso en concreto.

Esto también ocurre porque casi la totalidad de los actos objeto de sus resoluciones derivan de una sola autoridad administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) o los institutos estatales. Esto produce un corto circuito profundo, si se revisa el mandato autónomo de la función electoral. Las atribuciones de los órganos con autonomía constitucional, federal o estatales comprenden, entre otros, los principios de deferencia técnica y competencia especializada. Se trata de entidades reguladoras con capacidad para llevar a cabo funciones jurídicas preponderantes (ejecutivas, legislativas y judiciales, en estricto sentido). Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, que existe una colisión entre el mandato de los institutos electorales (por ejemplo, el conteo de votos o el PREP), que desde la garantía institucional, tiene competencia para resolver en definitiva determinadas materias técnicas y especializadas frente a la impartición de justicia electoral.

El carácter doblemente contra-mayoritario de la justicia electoral y la complejidad institucional en que se haya inserta, deben ser analizados a su vez, junto a la independencia orgánica o de la percepción que de esa independencia se tiene de la TEPJF. Si bien la Constitución prevé un mecanismo para la elección de magistrados de la Sala Superior y Regionales, que tiende a la imparcialidad, existe la presunción de intervención sostenida por parte de actores políticos en su función jurisdiccional. Esto resulta innato a la desconfianza que existe en las instituciones del país y a la certeza de la escaza cultura política en la que vivimos. Es decir, la falta de respeto por las normas de conducta electoral por los directamente interesados.

El vínculo que existe entre la función jurisdiccional y las mayorías se encuentra estipulada en la Ley como expresión precisamente de ese consenso. De la calidad de la norma depende, en buena medida, la actividad de los jueces. Ante la precisión de sus hipótesis se reduce el margen de discreción y de la adecuación de la ley a la realidad. Consecuentemente, un sistema electoral híper judicializado y en constante cambio, tiene como producto una justicia electoral deslegitimada. Sin duda, la primera causa de todo es la cultura de legalidad. Ante este panorama, poco puede hacer el TEPJF, pero lo poco que sí puede hacer, resulta fundamental de cara a su legitimación social. Se trata de adoptar y comprometerse con los principios de justicia abierta. Este concepto que deriva del “gobierno abierto” comprende, en materia jurisdiccional, asumir un compromiso con la sociedad, a través de acciones de transparencia, apertura y pedagogía.

Las sentencias son el medio por el cual un juez le habla a la sociedad y si dicho instrumento es incomprensible, nos enfrentamos ante un diálogo de sordos. Se debe hacer un esfuerzo por acercar lo resuelto a la gente. No es menor, si lo que está en juego es la validez del sufragio, componente por excelencia de la democracia. Las sentencias deben no sólo ser congruentes interna y externamente, además de claras y breves y sin abundar en tecnicismos más allá de lo estrictamente necesario, sino que deben ser entendibles tanto por las partes involucradas, como por la sociedad. No se trata de que todos de buenas a primeras tengan las herramientas cognitivas para comprender una sentencia. De lo que si se trata es que la razón de decidir sea lo suficientemente clara como para que todos lo entiendan.

El diálogo con una sentencia no debería ser un espacio reservado a especialistas, sobre todo en materia democrática. Es por esto por lo que se insiste en el objeto de la justicia electoral, el cual transita por la materialización de la democracia procedimental. Instrumentos para hacerlo puede haber muchos, desde las tecnologías de la información y comunicación, hasta la transversalidad de los derechos de acceso a la información. El punto en cuestión está en que la justicia electoral es una parte sustancial de la democracia, y por ello, su primera esencia debe ser el ciudadano.

El TEPJF debe realizar un esfuerzo por modificar la forma en que se comunica con la sociedad a través de su comunicación social como medio de divulgación de sus sentencias, hoy basada en formalismos incomprensibles para la gran mayoría. Debe dejar de hablar a las burocracias y usuarios del derecho y no buscar hacer propaganda para convencer al público de sus resoluciones. Y debe ser pedagógico, ya sea a través de foros o seminarios, de diálogos con estudiantes y asociaciones de profesionistas. Todo esto deberá de ser con el fin de clarificar a la sociedad su mandato constitucional y los puntos de tensión que existen frente a los institutos electorales.

Una justicia electoral deslegitimada implica un proceso electoral deslegitimado y, por lo tanto, una democracia deslegitimada. El trabajo del TEPF va más allá de la mera impartición de justicia: tiene una responsabilidad fundamental en la calidad de nuestro proceso democrático. Por ello su legitimación depende de acercar su labor a los ciudadanos.

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista


1 Ferrajoli, Luigi, “Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción”, en Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 15-16, enero-diciembre 2010, p. 18.