Como cada año, el El juego de la Suprema Corte presenta sus 10 textos más leídos y les desea unas felices fiestas.


El fideicomiso de Morena: una trama de financiamiento paralelo e ilegal. Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala

El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas.


Testigos de Jehová, ciencia e infancia ante la Suprema Corte. Daniel Quintanilla Castro

El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo en revisión 1049/2017. Los hechos, de manera sucinta, son los siguientes: el año pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena rarámuri y al grupo religioso de los testigos de Jehová llevaron a su hija, de aproximadamente seis años, al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuaha en estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.


La sentencia de Javier Duarte. Un análisis legal. Gonzalo Sánchez de Tagle y Alejandro Hernández Oseguera

Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla. Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora.


Más allá del machismo. Estefanía Vela

La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.


De la suspensión al suspenso: la Ley federal de remuneraciones frente a la Suprema Corte. Mauro Arturo Rivera León

El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?


El secreto bancario: ¿un obstáculo más en la lucha contra la impunidad? Mariclaire Acosta Urquidi y Erika Mendoza Bergmans

La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?


No, la prisión preventiva oficiosa no es la solución. Gabriela Ortiz Quintero y Javier Martín Reyes

¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?


¿Concursos de carrera judicial solo para mujeres? Estefanía Vela

Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?


El salario presidencial y la división de poderes. Luisa Conesa Labastida

En el contexto del reciente debate sobre las remuneraciones de los servidores públicos frente al concepto de austeridad republicana, es conveniente poner en la mesa un par de consideraciones relacionadas con la regla del tope salarial presidencial. Contenida en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 127 constitucional, prescribe que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.


Inspecciones policiales: entre la sospecha razonable y la desconfianza justificada. Mireya Moreno, Karen Silva y Carlos de la Rosa

La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.