Alejandro Gertz Manero designado como el primer Fiscal General de la República, recibe una Fiscalía-Procuraduría desmantelada, por decir lo menos, con casi más de un año sin un mando a cargo formalmente, con resultados prácticamente desoladores de los casos que se llevan a sede judicial.

Al respecto,el Consejo de la Judicatura Federal ha reportado que,desde 24 de noviembre de 2014 al 30 de junio de 2018, las causas judicializadas por la entonces Procuraduría General de la República fueron 33,935 conforme a los siguientes delitos: 55.7% para portación de armas, 19.6% relacionados en delitos contra la salud , el 7.3%de robo de hidrocarburos, 3.0% delito fiscal, 1.9%  delitos contra el medio ambiente, 1.8% en secuestro,  1.1 en delitos patrimoniales, 1.0 en tráfico de personas 0.1% en trata de personas y  8.3 otros.1 Asimismo, vale subrayar que, del universo de causas judicializadas, sólo 81 de ellas han estado relacionadas con delitos delincuencia organizada, es decir solo el 0.23%.

De lo anterior puede advertirse que en principio la ahora Fiscalía carece por completo de un plan de persecución penal, ya que enfoca la mayoría de sus esfuerzos en los delitos que son de menor impacto social y que el tratamiento de los casos es más apegado a la atención de un caso a caso, y no conforme a un esquema de desmantelamiento de redes e investigación y persecución fenómenos delictivos.

Cabe destacar que, conforme al régimen transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, este órgano tiene un plazo de 90 días para emitir un plan de persecución penal (provisional), el cual vence el 17 de marzo de 2019. Y tiene un año contado a partir de la designación del Fiscal General, para emitir el plan de persecución definitivo que regirá la política de la Fiscalía General, ambos planes deben ser aprobados por el Senado de la República y contar con la participación ciudadana en su elaboración.2

Ahora bien, en el caso de los delitos de corrupción el panorama es aún más desolador, ya que de los datos emitidos por el sexto informe de labores de la entonces Procuraduría General de la República, se advierte que dentro del periodo del 1º de septiembre al 30 de junio de 2018 la Visitaduría General, al momento el órgano encargado de conocer de los delitos cometidos por servidores públicos, inició 376 carpetas de investigación y determinó 346 (sin precisar cómo se determinaron, lo que posiblemente fue un carpetazo) ya que sólo 15 de todas las investigaciones llegaron ante un Juez.3

Por su parte, durante el mismo periodo del 1º de septiembre 2017 al 30 de junio de 2018, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ), inició 283 carpetas de investigación de las cuales 79 corresponden a denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, se reportó que sólo se ejerció acción penal en 11 averiguaciones previas que corresponden al sistema de justicia penal anterior, lo que quiere decir que ninguna de las 383 investigaciones iniciadas durante ese periodo fue llevada ante un juez, por lo que la efectividad de combate a la corrupción fue prácticamente de cero.4

Dentro de los casos relevantes a cargo de la Fiscalía se destaca la sentencia emitida en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien a solicitud de fiscales de la entonces procuraduría se le impuso una sentencia de nueve años de prisión y una multa de alrededor de 58 mil pesos. Este indignante evento tuvo como consecuencia que la Organización TOJIL presentara una denuncia por posible corrupción ante estos actos y que se solicitara el carácter de víctima durante esta investigación, postura que en su momento fue negada por la Procuraduría y que diera lugar a que este debate se llevara ante el juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien en frontal defensa de los intereses de la Procuraduría decidió confirmar esta determinación.

Sin embargo, este asunto ya se encuentra en un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Amparo Penal de la Ciudad de México, quien de inicio determinó conceder la suspensión provisional para que la investigación, que se sigue en contra de la Ministerio Público Martha Estela Ramos Castillo, por posible corrupción en la sentencia del caso Duarte, no pueda dársele carpetazo, hasta en tanto se defina el carácter de víctima de la organización en un caso de corrupción.

Ahora bien, los recientes acontecimientos de relacionados con la investigación y persecución de los delitos de robo de hidrocarburos y la terrible tragedia de Tlahuelipan, implican una de las principales pruebas de fuego para el Fiscal al inicio de su gestión, principalmente para generar una estrategia estructural y eficaz para el combate a robo de huachicol, con evidencia sólida y con una visión de redes y de organizaciones y no de detener por detener y sancionar a quienes menos impacto tienen en la cadena operativa de este delito, el esclarecimiento de los gravísimos hechos en los que pudieron verse involucrados policías y militares en Tlahuelipan, por lo menos, en grado de negligencia, así como la habilidad de que éstos relevantes y urgentes no paralicen a la Fiscalía y su proceso de transición.

No obstante, en cuanto a la estrategia de combate al robo de hidrocarburos, Gertz Manero ha esbozado un par de ideas que parecen más ocurrencias que un plan estructural. Por ejemplo, hace tres días se pronunció respecto al inicio de carpetas y la extinción de dominio de bienes relacionados con el delito de huachicol, sin embargo, esta figura corresponde a una reforma constitucional que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión pero que aún no es aprobada por las legislaturas locales ni publicada, por lo que para efectos prácticos no existe o, en otras palabras, por el momento solo podría aplicar esta estrategia legal en delitos de robo de hidrocarburos siempre que estén relacionados con el delito de delincuencia organizada.

Asimismo, se ha pronunciado a favor de la ampliación del delito de robo de hidrocarburos como un delito de prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que ello ayudaría a la efectividad de las investigaciones, sin tomar en cuenta que en principio para los casos vinculados a delincuencia organizada, una vez acreditado este delito en la etapa preliminar, la prisión ya es oficiosa. Por su parte, para los que no se encuentran en este supuesto, el Ministerio Público puede solicitar y justificar ante un juez. No obstante, lo cierto es que retrospectiva  la Fiscalía carece de eficacia para cumplir este objetivo, ya que alrededor el 58% de las solicitudes de la medida cautelar de prisión le son negadas por el Ministerio Público. Lo que evidencia una falta de capacidad más que un problema de un arreglo normativo incorrecto.

Ante estos y otros retos, surgen varias interrogantes: ¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

Estefanía Medina y Adriana Greaves. Directoras de la asociación civil Tojil.


1 Cuarto Informe  del Consejo de la Judicatura Federal al Congreso de la Unión para los fines previstos en artículo Décimo Tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República Transitorio Décimo Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República deberá emitir un Plan de Persecución Penal Provisional dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de hasta un año para formular el Plan de Persecución Penal, en términos del artículo 6 de la Ley materia del presente Decreto.

3 Sexto Informe de Labores 2017-2018 segunda parte.

4 Sexto Informe de Labores 2017-2018 primera parte.