El 5 de febrero de 2019, se celebró un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el marco de dicha celebración, el presidente López Obrador destacó la necesidad de establecer una auténtica democracia, así como terminar con la corrupción en México impulsando reformas a la Constitución, sin descartar contar con una nueva en el futuro.

Con motivo de dicha declaración es que en el presente ensayo se hace un análisis del momento histórico, de la independencia del Poder Judicial de la Federación y de los medios de defensa de la Constitución en las distintas cartas magnas que se han promulgado desde el México independiente. Lo anterior, con la finalidad de analizar de forma muy general, si el actual marco constitucional es ajeno a la realidad que impera en nuestra sociedad y, por tanto, si sí es necesaria la creación de una nueva Constitución en nuestro país.

Ilustración: Estelí Meza

Constitución de 1824

Después de que Agustín de Iturbide abdicara al Primer Imperio Mexicano, se estableció un Supremo Poder Ejecutivo formado por los Generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Este Supremo Poder Ejecutivo convocó un congreso constituyente en el que destacaron dos posturas ideológicas: la liberal y la conservadora. Finalmente, y tras un largo periodo de discusiones, con fecha del 3 de octubre de 1824, se publicó en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo la primera Constitución del México independiente.1

Esta primera Constitución adoptó un sistema de república representativa, popular, democrática y federal. El Poder Judicial estaba encabezado por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en las entidades federativas existían juzgados del fuero común que podrían ser organizados libremente por las constituciones de cada estado.2

La defensa constitucional era dirimida en la Corte Suprema de Justicia quien tenía el conocimiento de diversos asuntos, entre los que destacan los siguientes: las diferencias entre entidades federativas y las controversias entre tribunales de las entidades federativas.

No obstante, el modelo propuesto por el constituyente confería varías atribuciones al Poder Legislativo que vulneraban la independencia del Poder Ejecutivo y del propio Poder Judicial, pues el modelo constitucional propuesto implicaba una acumulación de facultades en ambas cámaras que hacía imposible el equilibrio que buscaron los legisladores modernos al adoptar el principio de división de poderes.

Las bases constitucionales de 1835

Los rumores sobre una modificación importante a la Constitución de 1824 eran cada vez mayores a finales de 1834. El presidente Antonio López Santa Anna seguía insistiendo en no permitir ataque alguno contra el texto constitucional o el sistema federal, y había decidido esperar las señales que le darían los resultados finales de las elecciones a las que había convocado. Éstas se realizaron en un clima de moderación y escaso interés general, sin la presencia de los desprestigiados liberales radicales. Así, el General Antonio López de Santa Anna ganó nuevamente las elecciones.3

La integración del nuevo Congreso, dominado por conservadores, liberales moderados y partidarios del presidente, anunciaba que el fin del sistema federal era casi inevitable. Aprovechando la simpatía por las personas que estaban dentro de la esfera del poder, las cuales eran consideradas centralistas, el Congreso se declaró constituyente el día 9 de septiembre de 1835, “con amplias facultades para variar la forma de gobierno y constituir a la nación de nuevo”. El Congreso confió el proyecto de reformas a una comisión de su seno compuesta por Miguel Valentín, José Ignacio de Anzorena, José María Cuevas, Antonio Pacheco Leal y Manuel Sánchez de Tagle. Un mes después, la comisión presentó un proyecto de bases constitucionales, las cuales establecían un sistema provisional de gobierno mientras el Congreso redactaba la nueva ley fundamental. Finalmente, el 23 de octubre el Congreso aprobó las citadas bases dando fin al sistema federal de 1824.4

El sistema de gobierno estaba dividió en tres: el legislativo compuesto por dos cámaras: la de Diputados y Senadores; el Ejecutivo que residía en el Presidente y Vicepresidente; y el Judicial que se integraba por la Suprema Corte, tribunales y juzgados. La mayor innovación de estas bases radica en la creación de un Estado mexicano centralista. Lo que el nuevo sistema pretendía, en síntesis, era dar unidad a la política nacional mediante la centralización jurídica y política y, al mismo tiempo, crear una organización administrativa capaz de atender las necesidades y los intereses locales.5

Las siete leyes constitucionales de 1836 y el Supremo Poder Conservador 

Una de las novedades que se establecieron en el proyecto de las siete leyes condicionales fue la creación del Supremo Poder Conservador, el cual estaba inspirado en el Sénat Conservateur de la Constitución Francesa del 13 diciembre de 1799 cuya autoría era de Sieyés.6

Cabe mencionar que las facultades y atribuciones en materia de control de la constitucionalidad de leyes y actos que tenía respecto de los otros poderes, vulneraban la autonomía e independencia de estos, razón por la cual fue criticada por la mayoría de los liberales.7

Para Alfonso Noriega Cantú, el Supremo Poder Conservado fue la primera institución del derecho público mexicano que tuvo como objetivo la protección de la carta magna, mediante las facultades que expresamente le otorgó la segunda ley constitucional para contrarrestar los efectos perniciosos de los actos y leyes de otro poderes constituidos en la constitución; en conclusión lo consideraba un antecedente al juicio de garantías.8

Las bases orgánicas de 1843

Después de los ataques federalistas a las Bases Constitucionales de 1836, de las críticas argüidas al Supremo Poder Conservador por su injerencia en la autonomía del resto de los poderes, de la segregación de Texas y la guerra contra Francia, se convocaron a nuevas elecciones en las que los liberales obtuvieron el triunfo para crear las bases orgánicas que abrogaban al Supremo Poder Conservador, pero se creaba una Corte Marcial y un Tribunal para juzgar a los Ministros.9

Constitución de 1857

El 22 de agosto de 1846 se restableció la Constitución de 1824 mientras se convocaba a un constituyente que formulara una nueva ley fundamental que tuviera carácter federal. En ese constituyente, Mariano Otero hizo patente la necesidad de arreglar el ejercicio de los derechos del ciudadano.10

Finalmente, se convocó a un constituyente conformado por varios juristas que al día de hoy son pieza clave para entender el derecho constitucional. En esta nueva Constitución se establecen los derechos del hombre y del ciudadano, así como las garantías procesales; se excluyen los tribunales especiales; se establece como garantía la independencia judicial, al prohibir la reunión de dos o más poderes del Estado en una persona o corporación y se consolida la figura del juicio de amparo, el cual pudo funcionar reglamentariamente hasta el año de 1867.

Constitución de 1917

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la actual Constitución del país, tras un proceso largo de inestabilidad social y política que comenzó con la renuncia de Porfirio Díaz, pasando por la presidencia y asesinato de Francisco I. Madero, el golpe de estado perpetrado por el General Victoriano Huerta y, finalmente, con el inicio de la presidencia del Coahuilense Venustiano Carranza.11

El texto constitucional era muy parecido a la Constitución de 1857, pero con la inclusión de todas las demandas sociales que se habían gestado desde el periodo del General Porfirio Díaz. La integración del Poder Judicial de la Federación varió respecto al número de integrantes de ministros en la Suprema Corte de Justicia y se estableció al juicio de amparo como el medio más importante de control de constitucionalidad.12

¿Una nueva Constitución?

Como podemos observar, las condiciones sociales, económicas y políticas de crisis son aquellas que han hecho necesaria la creación de una nueva carta magna, situaciones que en el momento no acontecen.

Si bien es cierto que la Constitución ha sufrido más de 600 reformas en sus más de 100 años, lo cierto es que varias de éstas han sido fundamentales para fortalecer el Estado de derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos en nuestro país, como por ejemplo: la reforma constitucional de 1994 al Poder Judicial, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la transición del sistema de justicia penal inquisitorio al adversarial, la reforma de 2011 al artículo primero constitucional, entre otras más.

Además, la independencia judicial se encuentra lo suficientemente garantizada, al grado de no sólo asegurar su autonomía frente a otros poderes, son también ofrecer otras protecciones como el derecho a una jubilación, la inamovilidad en el cargo y el derecho a que sus percepciones no se vean disminuidas. Asimismo, las interpretaciones de la Suprema Corte también han garantizado el absoluto respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, en el que incluso se piensa que éstas constituyen virtualmente una nueva Constitución.13

El control constitucional no sólo está reservado para el juicio de amparo, si no que hoy en día la Suprema Corte de Justicia contempla diversos recursos como lo son la controversia constitucional, garante del federalismo, y la acción de constitucionalidad, que garantiza la constitucionalidad de la norma; aunado a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, medios de control constitucional en materia electoral y el juicio político.

Por lo anterior es que podemos concluir que hoy en día no es necesario que se instaure un proceso para redactar una nueva Constitución, pues de momento bastaría con hacer algunos ajustes de carácter orgánico, si es que resultara necesaria y no violentara algún precepto constitucional, en varias de las leyes reglamentarias.

 

Luis Francisco Trejo Sánchez. Licenciado en Derecho.


1 Josefina Zoraida Vázquez, “el contexto histórico del constituyente de 1824”, en Patricia Galeana(coord), México y sus constituciones,Fondo de Cultura Económica 2ed., Mexico,2003, pag 79.

2 Héctor Fix-Zamudio, “El Poder Judicial en la Constitución de 1824”, UNAM, IIJ, Biblioteca Jurídica Virtual, México, 2005, pag 129.

3 Mijanjos y González, Pablo, “el primer constitucionalismo conservador. las siete leyes de 1836”, Biblioteca Jurídica Virtual Unam, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XV, México, 2003, pag 16.

4 De la Hidalga, Luis, “Historia Del Derecho Constitucional Mexicano”, Porrúa, México, 2002, pag 115.

5 Ibídem 115.

6 Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo, “De la libertad de imprenta a la impotencia (1836-1841). Un caso en el Supremo Poder Conservador”, Biblioteca Jurídica Virtual Unam,  Anuario Mexicano de Historia del derecho, Volumen XX, México, 2008,pag 2.

7 Cruz Barney, Oscar, “Historia del Derecho en México”, 2ª. Ed., Oxford, México, 2004, pag 651.

8 Ibídem30.

9 Pedro Emiliano Hernández Gaona, “Visión Histórica de las Constituciones de México a través de las decisiones fundamentales”, UNAM, IIJ, Biblioteca Jurídica Virtual, México,1993.pag 391.

11 Paoli Bolio y Francisco José, “Constitucionalismo en el siglo XXI. A cien años de la aprobación de la Constitución de 1917”, UNAM, IIJ, Biblioteca Jurídica Virtual, México,2016, pag 130.

11 Ibidem 146.

12 Pedro Emiliano Hernández Gaona, “Visión Histórica de las Constituciones de México a través de las decisiones fundamentales”, UNAM, IIJ, Biblioteca Jurídica Virtual, México, 1993.pag 393.

13 Paoli Bolio y Francisco José, “Constitucionalismo en el siglo XXI. A cien años de la aprobación de la Constitución de 1917”, UNAM, IIJ, Biblioteca Jurídica Virtual, México,2016, pag 164.