El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

A pesar de las críticas suscitadas en su momento, AMLO propuso por segunda ocasión a la magistrada Celia Maya García y la académica Loretta Ortiz Ahlf. Así, la nueva integrante de esta terna sería la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa.

En cuanto al procedimiento no hubo grandes cambios, en términos generales, con respecto a las comparecencias de diciembre pasado. Nuevamente comparecieron de individualmente, en horarios previamente establecidos. Cada candidata contó con 20 minutos ininterrumpidos para exponer su idoneidad para el cargo, así como su posible contribución a la Suprema Corte. Posteriormente, los integrantes de la Comisión de Justicia, así como otros siete senadores ajenos a esta Comisión, tuvieron dos rondas para formular las preguntas.

En una muestra de apertura política, la Comisión de Justicia volvió a instaurar el sistema de parlamento abierto, por el que se convocó a la ciudadanía y miembros de la sociedad civil a enviar preguntas dirigidas a las integrantes. Así, al final de las rondas serían escogidas aleatoriamente hasta 10 de éstas para que las candidatas las respondieran sin límite de tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio volvió a dar cuenta de lo lejos que nos encontramos de presenciar un riguroso proceso de designación de los integrantes de la Suprema Corte. Si bien la asistencia de los legisladores fue mayor al proceso de diciembre pasado, este número disminuía notablemente al término de cada comparecencia. Al igual que las comparecencias de la primera terna, ningún senador de la bancada del PRI se hizo presente durante el ejercicio.

Yasmín Esquivel: la izquierda conservadora

En esta ocasión, la primera comparecencia fue la de la magistrada Yasmín Esquivel. En su exposición inicial, la magistrada se apuró en desprestigiar los posibles señalamientos por conflicto de interés que pudieran surgir en su contra; expresó que ella “no era la señora de” y que no había ningún vínculo de amistad o parentesco que afectara su imparcialidad como juzgadora, insinuando que cualquier comentario en este sentido sería una un atentado contra su dignidad en razón de género -esto en alusión a que es esposa de José María Riobóo, empresario cercano al presidente López Obrador-. Prosiguió a dar un breve resumen de su carrera profesional, su paso por el Tribunal Agrario, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como los avances que ella considera se lograron durante los años que presidió la presidencia del tribunal. De lo cual, tenemos que decir, no hay nada especialmente destacado que nos haga pensar que es meritoria del puesto de ministra. En cuanto a su visión constitucional y aportaciones al máximo tribunal, no pudo apartarse de los lugares comunes: combatir la impunidad, servir de contrapeso, resolver con independencia, aumentar la protección de derechos humanos y promover una justicia con visión social.

Llegada la ronda de preguntas, su participación se volvió confusa, contradictoria y ciertamente decepcionante. A pesar de haber mencionado en su exposición inicial su inclinación por la protección progresiva de los derechos humanos y la convencionalidad de las normas, cuando la senadora Geovanna Bañuelos la preguntó su opinión sobre la prisión preventiva oficiosa la compareciente respondió que esta figura podría ser un elemento que le permita al Estado mexicano detener a los “delincuentes que hoy se encuentran libres”, mostrando un claro desprecio a la presunción de inocencia y su desconocimiento del papel de la prisión preventiva en las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. No menos preocupantes fueron sus respuestas en cuanto a la adopción homoparental y el aborto; respecto el primer punto, comentó que se debería revisar si es conveniente para el niño llegar a una familia homoparental y, en cuanto al segundo, declaró que ella estaba “a favor de la vida” y que la Suprema Corte debe ajustarse a lo establecido por los legisladores locales. Aquí, es preciso aclarar que lo preocupante no es su postura conservadora en torno a estos temas, sino su nulo entendimiento de la Corte como un tribunal constitucional.

Asimismo, evidenció su desconocimiento en derecho constitucional al afirmar que, de crearse un nuevo tribunal constitucional, este “estaría por encima de los tres poderes” y, al plantearle la posibilidad de que un poder constituido desapareciera a la Suprema Corte, se limitó a contestar que el poder legislativo, mediante reforma constitucional podría hacerlo, pero que lo veía muy poco probable. A su vez, la magistrada mostró una noción muy limitada de los retos que enfrenta el Poder Judicial para la consecución de un verdadero Estado de Derecho. Parece ser que, desde su apreciación, la capacitación en perspectiva de género, el combate al nepotismo, los excesos de formalidades y la falta de claridad de las sentencias, por mencionar algunos, son problemas secundarios frente al incorrecto manejo de los expedientes.

En conclusión, contrario a lo expuesto en su discurso inicial, la magistrada se mostró como una candidata extremadamente formalista y conservadora. Conforme avanzaba la comparecencia quedó de manifiesto que su máxima directriz es la de la aplicación irrestricta de la ley. La mayoría de las preguntas fueron sorteadas en el sentido de que a los juzgadores únicamente les correspondía aplicar la ley, independientemente de si esta fuese “buena o mala”, algo sumamente decepcionante para quien aspira a ser jueza del órgano de control constitucional más importante de nuestro país. Asimismo, mostró una severa ignorancia en cuanto a temas de la mayor relevancia para el país como la prisión preventiva oficiosa y el control difuso de la Constitución. De las tres candidatas es la que mostró una visión más restrictiva de los derechos humanos, por lo que consideramos que su elección sería un retroceso en esta materia.

Celia Maya García: otro lamentable episodio

Al igual que en la terna de diciembre de 2018, la magistrada Celia Maya García fue la segunda candidata en llevar a cabo su comparecencia. En esta ocasión, la doctora Maya sí se acompañó de un discurso preparado para su exposición inicial. Desafortunadamente, durante su discurso la magistrada pasó por alto el requerimiento de revelar su idoneidad –si es que la había– para el cargo de ministra de la Suprema Corte. Así, Maya se propuso persuadir a los Senadores de que incorporar a una juzgadora local al cargo más alto de la judicatura nacional era congruente con la consecución de la pluralidad en la integración de la Suprema Corte y una especie de justicia con los olvidados juzgadores locales y el pacto federal. Lejos de proponer un proyecto de trabajo, su discurso parecía el de algún político en campaña, con mucha retórica y muy poco fondo. De aquel circunloquio, es apenas rescatable la mención de la perspectiva que tiene la ciudadanía de la Corte como un ente ajeno a la salvaguarda de sus derechos, así como la creación de sentencias claras, cortas y directas.

Durante las rondas, la participación de Maya no fue mejor que la de su primera comparecencia en diciembre del año pasado. Ejemplo de ello fue cuando el senador Miguel Ángel Mancera le solicitó su opinión acerca de la adopción homoparental; Maya no sólo omitió años de criterio de la Suprema Corte en donde se establece que la orientación sexual de una persona no es razón para determinar la calidad parental, sino que insinuó que la adopción homoparental podría causar afectaciones al niño. Bajo esta tesitura, también se pronunció en el sentido de establecer una carga desproporcional de la prueba contra las parejas del mismo sexo, a fin de que demostraran en el “expediente” que “quieren lo suficiente” al niño para protegerlo del exterior, justificándose en el lamentable argumento del contexto cultural mexicano. Así, fue evidente la contradicción entre la progresividad en materia de derechos humanos que la magistrada expuso en su discurso introductorio y la verdadera ignorancia en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

La situación era tan bochornosa que los mismos Senadores desistían de recordarle a la magistrada las preguntas que le faltaban por responder. No tenía caso. En este contexto, la situación de su independencia –cuestión que se abordó en más de una ocasión en su primera comparecencia– pasó a un segundo plano y únicamente fue cuestionada en una sola ocasión: no había necesidad de demostrar su parcialidad o dependencia cuando ya había exhibido su incompetencia —por segunda ocasión—.

Más allá del desconocimiento jurídico que se advertía en más de una respuesta de la magistrada, la frágil comprensión de las preguntas, así como la escasa coherencia en las ideas que formulaba, únicamente confirmaba la incapacidad de la candidata para ocupar un cargo de esta magnitud —e inclusive su propio cargo en el tribunal queretano—. En el mismo sentido, es inevitable volver a cuestionar la preparación y calidad técnica de los juzgadores locales, así como la integridad profesional de la magistrada: después de no haber obtenido un sólo voto en el proceso del diciembre pasado, y haber sido evidente que su candidatura solamente pretendía cumplir con un mero requisito formal —su comparecencia fue la más corta y menos concurrida de las tres—, aceptó de nuevamente su participación en la terna, por lo que es pertinente cuestionarnos: ¿por qué se volvió a prestar para este montaje?

Loretta Ortiz: mucha asertividad, poca sustancia

La tercera candidata en comparecer fue, de nueva cuenta, la doctora Loretta Ortiz. A diferencia de la comparecencia anterior, donde agotó los primeros minutos de su exposición defendiendo su idoneidad dada su militancia partidista, Loretta hizo uso de la palabra para defender la conveniencia de contar con un perfil académico en la Suprema Corte. Al respecto, mencionó a la Corte Suprema de Chile cuya composición requiere de al menos cinco miembros ajenos a la administración de justicia, a fin de presentar a la pluralidad de perfiles como una garantía para la diversidad de las deliberaciones. En cuanto a su visión constitucional y su posible aportación a la Suprema Corte su esquema se mantuvo intacto.  Concretamente, manifestó su inconformidad con el criterio actual en cuanto a las restricciones constitucionales de derechos humanos y mencionó la necesidad de hacer efectivo el derecho a la indemnización por error judicial. Por último, cerró su exposición reafirmando su compromiso en el combate a la impunidad y la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción.

En la ronda de preguntas, la académica, al igual que en la comparecencia pasada, mostró ser la más progresista de las candidatas. Se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa por violar la presunción de inocencia y a favor de la inconstitucionalidad de reformas constitucionales que restrinjan derechos humanos previamente reconocidos. Si bien es controversial su postura en tanto a que la interpretación conforme no tiene límites —esto es, la obligación de los juzgadores mexicanos de interpretar toda norma conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos en la Constitución—, da una prueba más de su inclinación garantista.

No obstante, dejó mucho que desear en áreas fuera de su especialidad -que es, en concreto, el sistema interamericano-. Por ejemplo, Ortiz criticó a la figura de interés legítimo valiéndose de una supuesta exigencia de que el daño “fuera real y actual” para su actualización; no obstante, esta concepción es errónea en tanto la afectación de la esfera jurídica no requiere de un daño real y actual. También es de extrañar que la doctora Ortiz, siendo una experta en derecho internacional, no haya citado una sola sentencia de un tribunal distinto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haya evitado el tema del diálogo jurisprudencial existente entre las distintas cortes. Asimismo, en cuanto a temas como la mariguana, el aborto y la adopción homoparental, la compareciente únicamente se pronunció en el sentido de que acataba lo ya resuelto por la Suprema Corte. Otro punto que no logró sortear del todo bien fue el relativo a su casi nula experiencia litigiosa: tal fue su confusión que cuando se le cuestionó al respecto, respondió diciendo que su experiencia con tribunales no había sido del todo negativa, pero que podría mejorar, como si se tratará de una encuesta de satisfacción del cliente y no de su actual experiencia profesional.

A diferencia de la comparecencia pasada, en esta ocasión Loretta Ortiz se pronunció de forma clara y directa en contra de ciertas propuestas y acciones del gobierno encabezado por MORENA; tales como el recorte a estancias infantiles, el dictamen de la Guardia Nacional enviado por la Cámara de Diputados y la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, consiguiendo cierto nivel de convencimiento entre los senadores de oposición sobre su imparcialidad e independencia —incluso Xóchitl Gálvez y María Murguía la felicitaron abiertamente—.

Loretta se mostró mejor en comparación con su pasada presentación ante el Senado. Logró ser más contundente con sus respuestas y fue capaz de aterrizar a casos concretos los principios orientadores que desde diciembre había adelantado. Ahora, si bien Loretta Ortiz dista mucho de ser una de las tres juristas más preparadas del país, es grato ver un perfil dentro de la terna a favor de los derechos humanos; especialmente, después de presenciar un ejercicio donde las otras dos postulantes se mostraron reacias a hablar de los derechos de las parejas homoparentales y el control constitucional de las normas. Sin embargo, la asertividad no es una virtud suficiente para ocupar el cargo de ministro del máximo órgano jurisdiccional del país, hace falta algo más: conocimiento.

Luis Alberto Cifuentes Enríquez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.

Leonardo Roldán Gutiérrez. Estudiante de derecho del CIDE y asistente de investigación de la División de Estudios Jurídicos en la misma institución.