El día de hoy, 20 de marzo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la validez de la decisión del Consejo General de INE que había determinado la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES) por incumplir los requisitos constitucionales para mantener registro como partido político nacional.

Este asunto definitivamente es uno de los más relevantes que hemos resuelto en esta integración, y me parece relevante explicar los razonamientos que me llevaron a emitir el voto en sentido de confirmar la decisión del INE.

En primer lugar, el punto central de análisis en este asunto fue la interpretación constitucional, en especial el método que se debía emplear para determinar el significado de la norma en cuestión, y el rol que los jueces constitucionales debemos asumir al develar el contenido de la Constitución.

El PES pretendía mantener su registro, solicitando que el TEPJF adoptara una interpretación amplia del artículo 41 constitucional, privilegiando el análisis de la representatividad política con base en el porcentaje de representantes del partido en la integración del Congreso de la Unión. Una interpretación de esta naturaleza le hubiera permitido mantener el registro, al haber obtenido más del 10% de la Cámara de Diputados y más del 5% de la Cámara de Senadores.

Desde que leí la demanda tuve la certeza de que no existían argumentos jurídicos que permitieran justificar suficientemente la adopción de la interpretación que propuso el partido. Considero que, cuando una disposición constitucional es clara y concreta, es decir, cuando se está en presencia de lo que se conoce como una regla,1 la determinación de sus alcances normativos puede y debe ser alcanzada, ordinariamente, a través de los métodos convencionales de interpretación jurídica, pues no requiere de la aplicación de un método interpretativo no convencional que permita develar su significado.

El punto de partida de todo ejercicio interpretativo de la Constitución debe ser siempre y necesariamente el texto de la misma, cuyas palabras y estructura semántica permiten conectar las ideas y conceptos vinculados con ellas.2 De tal forma, la decisión concreta será compatible con la voluntad del poder constituyente o revisor de la Constitución expresada en la disposición, a la que no se debe dar un significado diferente o apartado del uso general del lenguaje.3 Como lo dejó bien claro Scalia: “las palabras tienen un rango limitado de significados, y ninguna interpretación que va más allá de ese rango es admisible”.4

Esto es, si conforme a las reglas anteriores la interpretación del texto constitucional ofrece como resultado una norma jurídica, cuyos contornos son claros y precisos, debe entonces atribuírsele el significado derivado del texto y no deducir del éste normas de carácter implícito. Efectivamente, si el criterio gramatical de interpretación exige atribuir el significado normativo conforme al sentido propio de las palabras, de ello se sigue que no es susceptible extender los efectos a supuestos o sujetos no considerados en el texto constitucional.5

No cualquier caso de interpretación constitucional exige la aplicación de métodos interpretativos no convencionales, que con frecuencia conducen a una “fútil” búsqueda de la “voluntad del legislador” que desemboca en la sustitución de lo que dice la norma por aquellos valores o intereses que un tribunal considere correctos, deseables o más justos. Los jueces que pretenden llenar esos huecos –reales o imaginarios– terminan ampliando, mejorando o cambiando el contenido de las normas, contradiciendo los fundamentos de un Estado democrático.6

En suma, la doctrina y los razonamientos expuestos son suficientes para estar en condiciones de sentar, como premisa metodológica, que en tanto no haya buenas razones que permitan emplear, adicionalmente a las propias del criterio gramatical, argumentaciones de otros métodos interpretativos o de concreción, el criterio gramatical goza de una prevalencia para su empleo, especialmente si la norma constitucional resultante es, además de clara y precisa, específica en su ámbito de regulación. Esta conclusión es la que resulta más compatible con la idea de Constitución como instrumento de control del poder, que exige ser particularmente observada por quienes están llamados a garantizarla.7

Aplicando este desarrollo metodológico al contenido del artículo 41 constitucional, base I, párrafo cuarto, de la Constitución, se advierte que, en primer lugar, éste no requiere de una interpretación distinta de la gramatical, pues la conjunción de las expresiones y estructuras lingüísticas empleadas permite tener una claridad suficiente sobre el supuesto de hecho que, de actualizarse, tiene las consecuencias normativas igualmente claras en la sola lectura de la disposición.8

En definitiva, considero que en este caso no existen razones de suficiente peso y entidad como para ampliar o modificar la regla bajo análisis. Las interpretaciones histórica, sistémica y teleológica apuntan claramente a que el valor protegido por la Constitución es la acreditación de una fuerza electoral vinculada de manera clara y objetiva a una opción política determinada, expresada con la marca en uno de los emblemas. Adoptar otra interpretación no sólo resultaría incorrecto y rebasaría el rol de la o el juez como intérprete de la Constitución, sino que alteraría o corrompería el modelo del sistema electoral y de partidos.

Además de la literalidad de la norma, las interpretaciones histórica, sistémica y teleológica también llevan a concluir que el único parámetro constitucionalmente aceptable para medir la fuerza electoral de un partido, en el marco constitucional, legal, y conforme a la lógica del sistema electoral mexicano, es el porcentaje de votos obtenidos en una elección.

El análisis de la norma relativa a los requisitos para mantener registro como partido político nacional, de acuerdo con su significado literal, es coherente con el resto de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el papel de los partidos políticos en el sistema político mexicano. El constituyente fue específico al señalar el porcentaje mínimo y el tipo de votación que se debe tomar en cuenta para ponderarlo, sin dejar lugar a duda o dar pie a interpretación diversa o a introducción de cualquier otro parámetro, más allá de la votación que sea atribuible, de forma objetiva, al partido. Tan es así que en la redacción de ninguna otra norma –ni en la Constitución, ni en la legislación secundaria– se establece un parámetro diverso de ponderación de la representatividad partidista. Por el contrario, la legislación electoral repite, sin cambio alguno, la norma constitucional.

Es de asumir que, ante la redacción tan precisa de la norma constitucional y su reiteración en los demás ordenamientos, si la intención del constituyente y el legislativo fuera admitir cualquier otro parámetro de ponderación de representatividad de los partidos, hubiese establecido otro parámetro o, bien, redactado una norma de carácter más general.

La evolución de las disposiciones que regulan la pérdida de registro respalda la misma interpretación de los alcances del precepto en cuestión. A lo largo de los años, las normas fueron evolucionando para volverse cada vez más restrictivas y vincular de manera cada vez más estrecha la permanencia de registro de un partido con el apoyo ciudadano que este obtuviera, expresado siempre en votos atribuibles a determinada fuerza política. En especial, las últimas dos reformas electorales (2007-2008 y 2014) mostraron una clara tendencia de fortalecer la objetividad de las reglas y de endurecer los requisitos para mantener el registro de un partido político nacional, elevando el porcentaje mínimo de votos de 2 a 3 puntos.

Así, el desarrollo logrado en los últimos cuarenta años apunta a un objetivo constitucional válido, a la necesidad —ante un esquema de robustas prerrogativas generado en nuestro país para los partidos políticos— de prever un mecanismo de desaparición de aquellas fuerzas políticas que se vuelven marginales y no cuentan con un respaldo ciudadano mínimo. A la misma conclusión lleva la aplicación del método teleológico que, además, separa claramente los conceptos de fuerza electoral (requisito para mantener el registro) de la representación política alcanzada por los partidos políticos.

De ahí que el contar con representantes de elección popular no necesariamente refleja la fuerza electoral de un partido. Esta presunción es cierta únicamente cuando los partidos participan en las elecciones de manera individual, pero se desvirtúa cuando existen las coaliciones, ya que este esquema permite a los partidos políticos introducir legisladores pertenecientes a un instituto político a través de la votación de los institutos coaligados. De esta forma, un partido puede lograr una mayor cantidad de victorias (o representantes electos) de lo que sería capaz postulándose de manera individual.

El caso específico del PES y sus resultados electorales en la elección de 2018 ilustran claramente que el esquema de postulación bajo modalidad de coalición permite que un partido obtenga un número de representantes muy superior a su real fuerza electoral. Encuentro Social no ganó, por sí mismo, en ninguno de los 75 distritos donde postuló candidatos por el principio de mayoría relativa. De igual forma, en cuanto a los distritos y entidades federativas en las que el PES postuló candidaturas a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”, las victorias de las candidaturas del PES se debieron a la votación recibida, principalmente, por Morena.

Con todo esto se evidencia que el PES no cuenta con el respaldo ciudadano requerido por la Constitución para mantener su registro como partido político nacional. Además, demuestra que su situación particular no justifique una interpretación diversa que se aleje de la literalidad de la regla que le fue aplicada por el Consejo General del INE, pues no existen indicios que pudieran llevarnos a advertir que cuenta con un apoyo ciudadano genuino y suficientemente amplio.

Definitivamente, la interpretación más segura del requisito constitucional, que permite lograr una comprensión de la norma coherente y congruente con el ordenamiento y con la lógica del sistema electoral, es la que no admite otro parámetro de análisis dela representatividad política que la obtención de un número mínimo de votos en las elecciones federales. Este es el único parámetro establecido por la Constitución federal: la redacción de la norma contenida en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, del texto constitucional, es clara y precisa, y no deja lugar a una interpretación diversa.

El texto constitucional, la literatura especializada y los criterios jurisdiccionales coinciden en que el único parámetro objetivo que permite, más allá de cualquier duda e independientemente de otros factores que pueden distorsionar la representación legislativa, demostrar la fuerza electoral de los partidos políticos, es el voto. A ello apunta, además, el desarrollo normativo del sistema electoral mexicano que, a través de los años, tanto en la normativa como en la jurisprudencia, fortaleció la vinculación del registro de los partidos con su fuerza electoral, medida de la manera individual a través de la votación obtenida en las elecciones federales.

En el sistema electoral mexicano, el voto ciudadano es el único factor que puede y debe determinar la suerte de un partido político. Estoy convencida que la decisión tomada hoy por la Sala Superior fue correcta, al respetar la voluntad soberana del electorado, al apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución –cuyo texto ni contexto admiten licencia alguna para la solución de la presente controversia– y al evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 La regla es denominada por Dworkin como “norma”, pero la conceptualiza de manera similar a como se hace en otras exposiciones doctrinales: “Las normas son aplicables a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una norma están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión”. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, trad. esp. de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1999 (4ª reimp.), p. 75.

2 Zippelius, Reinhold, Introduction to German Legal Methods, trad. ingl. de Kirk W. Junker y Matthew Roy, Durham, Carolina Academic Press, 2008, p. 29.

3 De Asís Roig, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 187.

4 Scalia, Antonin, A Matter of Interpretation, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 24.

5 Tarello lo menciona en estos términos, al explicar el argumento a contrario: “dado el enunciado normativo que predica una cualificación normativa respecto a un término en él incluido que está por un sujeto o una clase de sujetos, debe evitarse extender el significado de ese término de modo tal que llegue a comprender a sujetos o clases de sujetos no estricta y literalmente incluidos en él de conformidad con el enunciado normativo”. Tarello, Giovanni, La interpretación de la ley, trad. esp. de Diego dei Vecchi, Lima, Palestra Editores, 2013, p. 313.

6 Scalia, Antonin y Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Leal Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012, pp. 93-106.

7 “[…] la operación de interpretar la Constitución resulta distinta de la de interpretar la ley, por más complicada, más difícil, más delicada y por ello necesitada de unas técnicas propias capaces de ayudar a obtener, con objetividad, esto es, a través de una argumentación jurídicamente correcta, el sentido que cabe atribuir a las normas constitucionales para hacerlas efectivas habida cuenta de la muy especial singularidad que, por su naturaleza y su carácter, dichas normas suelen tener. Por ello, la función de los jueces (y sobre todo del juez constitucional como supremo intérprete de la Constitución) posee una dimensión «recreadora» de la Constitución que no se puede negar, pero con el límite de que, al interpretarla, no pueden, en modo alguno, disponer libremente de ella. La Constitución será, y ello es obvio, lo que su supremo intérprete diga que es, pero, al mismo tiempo, esa función interpretadora tiene límites que el juez constitucional no puede transgredir, porque es el supremo intérprete de la Constitución, sí, pero no su dueño. El juez constitucional no puede suplantar al poder constituyente ni al poder de reforma constitucional, porque si lo hiciera, actuaría como soberano, cosa que no lo es en una Constitución digna de ese nombre, esto es, en una Constitución democrática.” Aragón Reyes, Manuel, Estudios de derecho constitucional, 3ª ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, pp. 229 y s.

8 La regla relativa al mantenimiento de registro de un partido está expresada de la siguiente manera: “El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro” (énfasis añadido).