Bloquear una cuenta en Twitter. Una acción aparentemente sencilla que no debería implicar mayor problema y que permite hacer más disfrutable la experiencia en dicha red social, al así evitar ser fisgoneado por usuarios con los que no deseamos interactuar ni tener contacto. Pero ¿qué sucede cuando el que bloquea ostenta un cargo público y la cuenta bloqueada es de una persona que desempeña una labor periodística?

Esa fue la premisa que dio pie al amparo en revisión 1005/2018, en cuyo proyecto de sentencia a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se dilucidó si el bloqueo de un funcionario público a un determinado usuario en su cuenta de Twitter podría vulnerar el derecho de acceso a la información o si, por el contrario, quedaba justificado por el alcance de su derecho a la privacidad.

Ilustración: Estelí Meza

El asunto tuvo su origen cuando el reportero en cuestión presentó un amparo indirecto en el que se reclamaba que el fiscal general del estado de Veracruz lo bloqueara en Twitter, impidiendo así tener acceso al contenido que se compartía en su cuenta, lo cual afectaba su labor periodística.

En primera instancia se resolvió conceder el amparo, ante lo cual la autoridad demandada interpuso recurso de revisión al estar inconforme con el fallo que daba razón a la parte quejosa. Fue el mismo juez que tuvo original conocimiento del asunto quien solicitó a la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver el asunto, advocándose la Segunda Sala a resolver el caso.

Del análisis de los conceptos de violación, se desprende que el quejoso consideró que el bloqueó en Twitter por parte del fiscal vulneraba su derecho de acceso a la información como periodista pues le impedía tener acceso al contenido vertido en dicha cuenta relacionado con el desempeño público del funcionario y de relevancia para la fuente que cubre en virtud de su profesión. Ello porque además de que el fiscal publica en su cuenta información relacionada con el cargo que desempeña, accedió a crear un canal de comunicación con la ciudadanía asumiendo así el escrutinio público del que sería sujeto derivado de la naturaleza de su función.

Asimismo, aludió que su derecho a la libertad de expresión también estaba siendo vulnerado ya que éste también comprende tener al alcance los medios para recibir, buscar y difundir la información y, en concreto, las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para la labor periodística por la inmediatez con la que se puede tener acceso a la información y tener así un contacto más directo con las respectivas fuentes.  Argumentó también que el bloqueo hacia su cuenta resultaba en un acto discriminatorio e injustificado, ya que no se configuraba ninguna causal de excepción que fundamentara la restricción de la información específicamente hacia su persona.

En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, ésta se defendió mediante sus agravios expuestos argumentando que el juez de origen no analizó debidamente la casual de improcedencia que pretendía demostrar la inexistencia de un acto de autoridad, ya que no se reunían los supuestos para que se configurara tal. Ello, porque a su juicio, se debió desasociar la figura del fiscal con la de titular de una cuenta de Twitter, ya que en primer lugar dicha cuenta fue creada tiempo antes de que el usuario ostentara el cargo de fiscal, además que  no se encuentra verificada como para que pudiese considerarse “fuente oficial”. Aunado a ello, aseguró que en dicha cuenta no se comparte exclusivamente información relacionado con el cargo que el funcionario desempeña, ya que principalmente se difunde información de índole personal que no necesariamente  reúne las características para ser considerada de “interés público”.

Dentro de su línea argumentativa, destacó también que  las obligaciones del fiscal establecidas en la Ley orgánica de la fiscalía estatal, dentro de las cuales se incluye mantener canales de comunicación con la ciudadanía, se cumplen a través de los sitios oficiales de dicha fiscalía (lo cual incluye una página web, así como cuentas de Facebook y Twitter). De tal manera que solo se podría considerar que el derecho de acceso a la información del quejoso estaría siendo vulnerado si se le hubiese bloqueado en dichas cuentas que contienen la información principal y actualizada de la que se nutre su fuente. Además, aseguró que existen diversos medios a través de los cuales el quejoso podría acceder a la información aludida, por lo que la cuenta del fiscal no es el único canal a través del cual pudiese obtener el material necesario para llevar a cabo su función periodística.

Del análisis de los agravios expuestos, la Segunda Sala determinó que, respecto a la inexistencia de un acto de autoridad, dicha consideración resultaba infundada. El bloqueo en Twitter por parte del fiscal sí puede calificarse como tal ya que su situación como servidor público tiene nacimiento en la ley (en concreto, la Ley orgánica de la fiscalía del estado de Veracruz), a partir de lo cual se establece una relación de supra a subordinación de facto. Con motivo de esa relación, si el ente emite actos unilaterales a través de cuales modifique o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de un particular, es ahí cuando se configura el acto de autoridad.

En este punto, vale la pena aclarar que la ley no obliga a quien ostente el cargo de fiscal a utilizar forzosamente una cuenta de Twitter, ya que como expuso la autoridad en sus agravios, la obligación de mantener un canal de comunicación con la ciudadanía se cumple a través de los diversos sitios oficiales en que de difunde la información. La cuestión es que al momento en que el fiscal en turno decidió compartir en su cuenta información relativa a su cargo, además de identificarse como tal en la descripción de la biografía de su cuenta, inherentemente estaba asumiendo las consecuencias normativas y al bloquear a uno de sus usuarios, está actuando como autoridad ya que restringe el derecho de acceso a la información al titular de dicha cuenta.

Se desestimó también el argumento de que el bloqueo en Twitter no representaba un prejuicio directo para el quejoso, ello porque aunque la autoridad aludió que lo que se compartía en su cuenta no correspondía en su mayoría a información relativa a la naturaleza de su cargo -además que podía tener acceso a ella por otras vías-, el simple hecho de que el fiscal se identifique como tal en dicha cuenta y la use para difundir contenido inherente a su función, provoca que dicho contenido sea de interés público y debe ser accesible para la comunidad.

Ahora bien, para pronunciarse respecto a la tensión entre el derecho de acceso a la información del quejoso siendo este periodista y el derecho a la privacidad de la autoridad al ser un servidor público, la sentencia a cargo del ministro Medina Mora realizó una interpretación conforme de ambos derechos analizando el contenido de estos tanto en el marco jurídico mexicano como en el derecho internacional. Retomando la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al derecho de acceso a la información, se contempla que las personas además de tener acceso a ésta pueden solicitar cualquier tipo de información en manos del Estado sin acreditar ningún tipo de interés especial quien deberá facilitarla salvo en casos de que se trate de información reservada, ante lo cual deberá fundar y motivar su negativa. Ello también implica que el Estado no debe obstaculizar ni impedir su búsqueda.

Tratándose especialmente de información pública, su acceso se vuelve un requisito indispensable para el funcionamiento de las democracias modernas fomentando así una mayor trasparencia en los actores que ejercen un cargo público, lo cual permite concretar el principio de rendición de cuentas y transparentar la función pública en la medida posible. La CIDH estima que las autoridades estatales deben quedar sujetos a un régimen de máxima publicidad presumiendo así que toda la información relativa a su actuar sea accesible.

Por su parte, aunque el derecho a la privacidad tiene diversos matices o lecturas, en el caso concreto de servidores públicos, a pesar de que  la naturaleza del cargo que desempeñan no les hace perder la protección de este derecho, sí los coloca en un umbral de protección distinta, ya que por el interés social que implican las actividades que realizan, queda justificada una intromisión mayor hacia su esfera privada, de acuerdo a lo establecido en la tesis aislada de la Primera Sala 1a. XLII/2010 de rubro: DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE AQUEL.”

En el caso de los servidores públicos, por encima de cualquier otro tipo de persona de interés, el constante escrutinio del que son objeto queda más que justificado ya que desempeñan una labor de relevancia para la sociedad y la comunidad tiene derecho a darle seguimiento por el impacto que tiene. Sin embargo, en su caso el interés no se delimita al ejercicio de sus funciones, sino también respecto a aquellos aspectos de su vida privada que pudieran estar vinculados al ejercicio de su función.

Se cita entonces una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en la cual se determinó que cuando se trate de la privacidad de servidores públicos, se debe privilegiar el acceso a la información especialmente a los medios de comunicación para que puedan gozar de plena libertad en supervisar las actividades que realizan los servidores públicos, ya que estos permiten generar debate y propiciar un correcto ejercicio democrático. Por tanto, en un primer momento, al momento de aceptar ejercer el cargo, un servidor público tácitamente acepta perder el matiz de protección más amplio al derecho a la privacidad que goza un particular y someterse a un escrutinio minucioso por parte de la sociedad y los mismos medios. Aunque su derecho a la intimidad no se extingue del todo, sí cede terreno para garantizar óptimamente el pluralismo democrático. Ello también implica tener un mayor nivel de tolerancia hacia las críticas u opiniones negativas que pueden producirse en su manera de desempeñar el cargo siempre que éstas no excedan un límite razonable. Ello no quiere decir que todo lo concerniente a la vida del servidor sea automáticamente de interés público, ante lo cual se deberá ponderar si el valor que tiene la información aludida implica una relevancia social de manera que amerite restringir el derecho a la privacidad del actor estatal.

Aterrizando dichos lineamientos al terreno de internet y redes sociales, la sentencia considera que toda vez que éstas repercuten en una expansión hacia los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, no se debería propiciar un cambio hacia la manera en que se conciben estos derechos o la manera en que se protegen estos, pues las mismas reglas del “mundo real” deben operar en el “mundo digital”. Twitter, en concreto, se trata de una red social que además de funcionar como fuente de información para sus usuarios, permite que la comunidad digital se sume al debate generando así un ejercicio de pluralidad democrática en el que se debaten y monitorean asuntos de interés público.

Ahora bien, el caso de que un funcionario público bloqueé a un usuario en Twitter ha tenido sus respectivos paralelismos en diversas jurisdicciones del mundo, ya que solo por mencionar uno de los casos más sonados, la Corte del Distrito de Nueva York ordenó al propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que desbloqueara a ciertos usuarios que se les impedía acceso a su cuenta. Ello porque la cuenta de Trump asumía un carácter gubernamental por identificarse en ella como el “presidente 45 de los Estados Unidos de América”. Lo que cual implicaba un interés público por parte de la ciudadanía estadounidense para tener acceso a lo que se difundía en dicha cuenta, ya que varios de su sus tweets guardaban relación con actividades que realiza derivadas de su gestión como presidente.

Lo anterior sirve perfecto como criterio orientador ya que permite identificar aquellas cuentas que aunque inicialmente fueron utilizadas con un fin privado o personal, el uso que se les da a éstas en un momento determinado es lo que las otorga un carácter mayoritariamente público que justifica un escrutinio mayor con fin de proteger el derecho de acceso a la información. En el caso del fiscal general de Veracruz, al igual que con Donald Trump, aunque al momento de crear sus cuentas de Twitter lo hicieron con el fin de darle un uso personal, al momento que se identificaron en éstas como titulares de un determinado cargo público y empezaron a difundir información relativa a su actuar, independientemente que siguieran ocupándolas para compartir información personal, accedieron colocarse en una situación de máxima publicidad sustrayéndose del umbral de protección que le corresponde a las personas privadas.

Resulta de esa manera porque a partir de diferentes acciones -principalmente tácitas- fue el mismo fiscal quien sin ninguna presión externa accedió darle un diferente matiz a su cuenta utilizándola con fines distintos a los que la usa un sujeto meramente privado. En primer lugar, por el hecho de que en la descripción de su perfil se identifica -al igual que Trump en su respectivo cargo- como fiscal general del estado de Veracruz. Ello aunado a que aunque ciertamente sigue divulgando información personal, se advierte que constantemente twittea cuestiones relacionados con su encargo, utilizándola también como un canal de comunicación con la sociedad.

De ninguna manera el fiscal general pierde de manera total su derecho a la privacidad, la cuestión aquí es por cómo utiliza su cuenta de Twitter, no puede justificar que su uso corresponda a la de una persona privada. Dicho de otra manera, el fiscal no está obligado a dar a conocer información íntima en Twitter, la cual seguirá siendo reservada, pero lo que comparte en su cuenta -sean cuestiones inherentes o no a su cargo- sí pasa a ser de interés social sujeto a escrutinio público. La razón por la que no se viola el derecho a la privacidad de la autoridad responsable se debe a que no hay razón alguna por la que  la información vertida en su cuenta deba ser protegida del conocimiento general, porque si entendemos que no hay obligación para el fiscal de divulgar información personal, éste comparte únicamente lo que voluntariamente  desea quede a disposición de sus usuarios. Resulta discriminatorio entonces que el resto de sus seguidores sí puedan tener acceso a dicho material y sólo se bloqueé a un determinado usuario restringiendo su derecho a ser informado, ya que no se trata de contenido que el fiscal hallase tratado de mantener apartada del  resto de la sociedad.

La discusión sería distinto si, por ejemplo, el fiscal general hubiese configurado su cuenta como privada (una opción de Twitter que permite que solo los usuarios que el titular de la cuenta decida podrán tener acceso a lo que se comparte en ésta ) y en ella no se identificara como titular de un cargo, ya que de ser así, se hubiera acreditado que dicho usuario no consentía someterse a escrutinio público y quería mantener apartado del público general lo que ahí se compartiera, pues de esa manera   no se justificaría un interés en razón de proteger el derecho acceso a la información. Incluso, de haber existido un supuesto de que tal servidor público manejara dos cuentas, una para difundir información relativa a su cargo y otra de uso exclusivamente personal con configuración privada, probablemente no se le hubiese obligado a volver pública dicha cuenta personal, ya que en ese escenario se acreditaría que no habría decido someterse al escrutinio público en lo que se hubiese referido a esa cuenta

Consecuentemente, la Segunda Sala ordenó que el fiscal del estado de Veracruz desbloqueara al quejoso de manera que tuviera permanente acceso a lo que se comparte en su cuenta de Twitter ya que no vulnera de ninguna manera su derecho a la privacidad en su calidad de servidor público y se garantiza el derecho de acceso a la información del periodista en cuestión, el cual evidentemente tiene un interés, al igual que cualquier otro ciudadano, de monitorear lo que en dicho perfil de Twitter se comparte.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.