En 1995, entró en vigor una reforma constitucional decisiva para otorgarle a la Suprema Corte mexicana el papel de tribunal constitucional. El propósito de este ajuste, en términos generales, fue ampliar y fortalecer las herramientas de control constitucional de la Corte y, a su vez, disminuir su carga en temas de legalidad para que no se distrajese y pudiese enfocarse prioritariamente a su nueva tarea: la justicia constitucional.1

En los siguientes cinco años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez desde su fundación la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la presidencia de la República. El pluralismo político después de varios años de avanzar gradualmente, alcanzaba con la alternancia en el cargo del Poder Ejecutivo federal, el momento simbólico de la instauración de la democracia. Se abría un nuevo capítulo en la historia del país y de sus instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cierto, este rediseño de la justicia constitucional, junto con el arribo del pluralismo político, permitió que la Suprema Corte ocupase el lugar que le corresponde en una democracia constitucional: arbitrar los conflictos entre poderes y garantizar en última instancia los derechos fundamentales. La Corte se erigió, entonces, en una privilegiada arena de definición de los valores estructurales de nuestro incipiente régimen democrático. Si durante buena parte del siglo XX, la Constitución de 1917, en vez de ser una norma jurídica con el propósito de asir el poder político, fue un referente ideológico y discursivo, legitimador de un sistema de un partido político hegemónico, con el pluralismo se empezó a utilizar como una herramienta normativa para resolver los problemas propios de un escenario marcado por la diversidad política. Lo cual significó que mecanismos constitucionales que durante décadas estuvieron envueltos en telarañas por falta de uso, empezaron a ser requeridos para destrabar los obstáculos inherentes al pluralismo. La Suprema Corte inició, de esta manera, la compleja tarea de interpretar, pulir y sistematizar estos dispositivos constitucionales en aras de hacerlos operables y funcionales.2

Vale subrayar que esta revaloración institucional y política que sufrió la Suprema Corte en los últimos años del siglo XX se acompañó de un creciente interés de la opinión pública en el quehacer de los ministros de la Corte.3 De ser un poder que durante la hegemonía del PRI vivió bajo la sombra del presidente de la República, sin destacar de manera particular en la dinámica institucional del país, ahora su nuevo rol resultó en una mayor exigencia de transparencia. Si la Corte se había vuelto un poder medular para la vida pública, eso se debía traducir en una mayor rendición en cuentas. No es extraño, entonces, que surgieran voces que precisamente subrayaban la urgencia de sacar de la penumbra a la Suprema Corte, y al resto del Poder Judicial, para ubicarlos bajo el escrutinio de la luz pública.

Pero si bien había consenso en la necesidad de transparentar las sentencias de nuestros tribunales; académicos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil no lograron asumir una posición igual de clara respecto a cómo debía operar la transparencia en el resto de los eslabones del proceso jurisdiccional. ¿Había que transparentar también las audiencias en los juzgados?, ¿los expedientes? En su caso, ¿en qué etapa del proceso?, ¿y la deliberación de los jueces?4 Como veremos más adelante, no se trata de preguntas menores, inclusive varias de ellas son hoy en día el centro del debate respecto a qué transparentar del trabajo judicial.5 Lo que me interesa subrayar, sin embargo, es que esta falta de claridad respecto a cómo entender y aterrizar la transparencia en una institución como la Suprema Corte, permitió que ésta respondiese a las mencionadas exigencias sin una reflexión seria para evitar ciertas políticas públicas erróneas.

Es cierto que, a lo largo de estos lustros, los ministros de la Corte han ofrecido un abanico de medidas institucionales para acercar a la esfera pública su trabajo: publicar las versiones estenográficas de las discusiones de los ministros; mejorar el sistema de consulta de los expedientes judiciales; facilitar el acceso, vía Internet, a sus sentencias y, en ciertos casos, celebrar audiencias públicas y difundir los proyectos de sentencias previo a su deliberación. Pero dentro de esta batería de políticas públicas impulsadas a raíz del legítimo reclamo de transparencia en el trabajo de nuestros jueces constitucionales, una de ellas ha sido el Canal Judicial con enorme relevancia por sus perniciosas consecuencias.

En efecto, el entonces presidente de la Suprema Corte, el ministro Mariano Azuela Güitrón, impulsó la creación de un canal de televisión sin fines de lucro que transmite, hasta el día de hoy, en plataformas de televisión de paga e Internet. La primera fase de este canal, cuya primera transmisión fue a través del canal Aprende TV de la Secretaría de Educación Pública, inició el 16 de junio de 2005 y consistió en transmitir en vivo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte.

Ilustración: Belén García Monroy

Fue casi un año después, el 29 de mayo de 2006, que el Canal Judicial concluyó su diseño e implementación.6 Su objetivo, además de continuar transmitiendo en vivo los debates entre los ministros de la Corte, fue agregar a su contenido algunas de las discusiones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, audiencias relevantes que se realizasen en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, además de difundir programas que coadyuvasen a transparentar el quehacer de los principales tribunales del país e impulsar la cultura judicial.

El ministro Azuela, en su discurso de inauguración del Canal Judicial,7 arguyó que con éste la Corte respondía al justificado reclamo de académicos, periodistas y, en general, de la sociedad civil de transparentar de manera directa y sin intermediarios la función judicial. Con lo cual se buscaba acercar los jueces a la población, ganarse su confianza y combatir la percepción de que la Corte era una institución alejada del común de las personas. Azuela remató afirmando que la máxima de que “los jueces sólo hablan a través de sus sentencias” se había vuelto enteramente anacrónica frente a las nuevas tecnologías de comunicación e información. No obstante, como nota al calce, vale mencionar que el modelo de sentencia de la Suprema Corte, salvo por el esfuerzo de un puñado de ministros, sigue siendo una asignatura institucional pendiente. Hoy continúa siendo un texto por definición absurdamente extenso, carente de una estructura lógica sólida, atiborrado de una retahíla de información inútil, construido a partir de un lenguaje barroco, e inclusive, con serias fallas de ortografía y sintaxis. Es decir, se trata de un documento incapaz de proyectar una voz bien articulada de la Suprema Corte como tribunal constitucional, persuasiva ante la sociedad y el resto de los poderes del Estado, ni explicativa de manera puntual del sentido de la decisión y los argumentos que apuntalan ésta.

Pero con independencia al desatino del planteamiento del otrora ministro Azuela, algo que llama la atención es que, salvo por estos disparates discursivos, la Suprema Corte no ofreció, al menos de manera pública, ninguna reflexión sólida sobre la pertinencia de este Canal Judicial ni de sus eventuales efectos en la calidad deliberativa de los ministros. A su vez, si uno revisa las notas periodísticas que en su momento registraron la inauguración de este proyecto mediático, tampoco es posible encontrar una pizca de reflexión y de escepticismo,8 una lectura profunda y seria ante la llegada del Canal Judicial.9

¿Acaso, por ejemplo, el nivel de transparencia debe ser igual en cualquiera de las etapas del proceso de decisión de un poder judicial? ¿En verdad el ojo mediático es el mejor instrumento para alcanzar la transparencia en la Suprema Corte? ¿Acaso no hay ningún efecto en el comportamiento de los ministros al someterse a la lógica del escaparate mediático? En su caso, ¿se trata de efectos deseables para elevar el nivel de discusión de nuestros jueces constitucionales? Ninguna de éstas y otras interrogantes fue siquiera planteada por los ministros de la Corte ni por académicos y medios de comunicación. La creación del Canal Judicial fue resultado de pescar el anzuelo de un discurso poco refinado a favor de la transparencia, cuyo objetivo era (y es) enteramente pertinente, pero que olvidó pensar en matices y asegunes para efectos de lograr un aterrizaje institucional exitoso. Así pues, lo más relevante para los objetivos de este estudio, es que con el Canal Judicial se modificó de manera decisiva la dinámica de la Suprema Corte mexicana, al grado de convertirse en uno de los tribunales más atípicos dentro de la familia de los tribunales constitucionales. Y lo más grave: generar dificultades para cumplir con dos exigencias medulares a las que están sometidas los jueces constitucionales en su proceso de decisión jurisdiccional en una democracia: transparencia y calidad deliberativa.

¿Cuáles son las características de este proceso de decisión? ¿Qué efectos tiene en el debate entre los ministros? ¿Es irrelevante que las discusiones sean públicas y mediáticas? ¿Se trata de un proceso que incentiva a los ministros a colaborar con sus colegas para alcanzar objetivos institucionales o, más bien, propicia que adopten estrategias individuales? Estas y otras preguntas más son las que trataremos de justificar y resolver a continuación, pero para ello es necesario detenernos justo en estos dos ingredientes clave que ya hemos apuntado: transparencia y deliberación en la justicia constitucional.

Aquí el resto del libro: La Suprema Corte y su proceso de decisión: ni transparencia ni calidad deliberativa, IIJ-UNAM, México, 2019.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega


1 Cossío Díaz, José Ramón y Fix-Zamudio, Héctor, El poder judicial en el ordenamiento jurídico mexicano, México, FCE, 2004. Vale señalar que si bien esta reforma, en el imaginario institucional mexicano, se considera el momento fundacional de la justicia constitucional, lo cierto es que la tarea de erigir a la Suprema Corte fue más bien un proceso, en ocasiones silencioso e imperceptible, que implicó varias reformas. Al respecto, véase López Noriega, Saúl, “La democracia mexicana y su árbitro constitucional”, en Esquivel, Gerardo et al. (ed.), Cien ensayos para el centenario, México, UNAM-Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2017, t. 2, pp. 297-315.

2 Cfr. Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 1998; Silva-Herzog Márquez, Jesús, El antiguo régimen y la transición en México, México, Planeta-Joaquín Mortiz, 1999; Silva-Herzog Márquez, Jesús, “El fin de la siesta constitucional”, en Casar, María Amparo y Marván, Ignacio (coords.), Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, México, CIDETaurus, 2002, pp. 369-387.

3 Cfr. Staton, Jeffrey K., Judicial Power and Strategic Communication in Mexico, Nueva York, Cambridge University Press, 2010.

4 Para un ejemplo de este debate en torno a la transparencia judicial, véase Islas, Jorge (coord.), La transparencia en la impartición de justicia: retos y oportunidades, México, UNAM, 2004.

5 Cfr. Davis, Richard, Justices and Journalists. The U.S. Supreme Court and the Media, Nueva York, Cambridge University Press, 2011; Davis, Richard y Taras, David (eds.), Justices and Journalists. The Global Perspective, Nueva York, Cambridge University Press, 2017.

6 Véase Acta de la sesión extraordinaria del Comité de Comunicación Social y Difusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para presentar cronograma de acciones para la creación y lanzamiento del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación e informar del avance de obra del Canal Judicial, ubicado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1o. de septiembre de 2005, consultar: http://bit.ly/2H8arvt. También véase Acuerdo número 16/2005 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 29 de agosto de 2005. Para una cronología más detallada del proceso de creación del Canal Judicial, sugiero revisar el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Mariano Azuela Güitrón, 2006, disponible en http://bit.ly/2FfFIA0.

7 Discurso ofrecido en la ceremonia de presentación del Canal Judicial, 1o. de junio de 2006.

8 Aquí algunos ejemplos: Avilés, Carlos, “Canal de tv evitará opacidad en el Poder Judicial, opina Azuela”, El Universal, 30 de mayo de 2006; Aranda, Jesús, “Avanza el proyecto para crear un «canal judicial»”, La Jornada, 29 de marzo de 2006; Notimex, “Inicia transmisiones Canal Judicial”, El Universal, 29 de mayo de 2006; Ramírez de Aguilar, Fernando, “Inicia transmisiones canal judicial” El Financiero, 30 de mayo de 2006.

9 El único trabajo que se encontró, y que es relativamente reciente, es el siguiente: López Benítez, Lilia Mónica, La transmisión de juicios por televisión en el Poder Judicial de la Federación, como ejercicio de la transparencia proactiva y cómo práctica ciudadana del poder, México, Instituto de la Judicatura Federal, 2015, Cuaderno de Trabajo, Serie Marrón. Información general, 1/2015 disponible en: http://bit.ly/2hoQx4N.