El multipremiado largometraje Roma del director Alfonso Cuarón es, sin duda, una gran obra de la cinematografía de nuestros tiempos. La película en cuestión describe de forma magistral como transcurría la vida de la Ciudad de México al inicio de los años setenta, cuyos rasgos permanecen en el recuerdo de aquellos que vivieron en esa época. Más allá de estas cualidades, el eje central de la película es su protagonista, una mujer trabajadora del hogar llamada Cleo, quien con su trabajo y dedicación contribuye al mantenimiento de la casa y a la armonía familiar.

El trama es un homenaje a la ardua labor que realiza, desde hace décadas, las personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, aun cuando su actividad es por demás relevante para la dinámica de muchas familias, dicho trabajo nunca ha alcanzado un reconocimiento social y jurídico adecuado, puesto que estas personas, en su mayoría mujeres, históricamente han sido relegadas y puestas en una situación de vulnerabilidad y desigualdad.

Ilustración: Kathia Recio

Durante años, este grupo ha sufrido de actos de discriminación y exclusión en el ejercicio y protección de sus derechos. El trato desigual ha sido una constante para las trabajadoras del hogar, quienes han tenido que soportar privaciones de ciertos derechos fundamentales, como lo son el acceso a la salud y a la seguridad social,  además de trabajar jornadas excesivas, tener sueldos inequitativos y recibir malos tratos por parte de sus empleadores.

Los datos son alarmantes y muestran fehacientemente la realidad que impera. De acuerdo con el INEGI, más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 90% son mujeres y 10% son hombres. De igual forma se advierte que, 1 de cada 3 no concluyó la primaria, 3 de cada 10 no finalizaron la secundaria, y 1 de cada 3 pertenece a una comunidad indígena.

En la encuesta denominada “Percepciones sobre el trabajo doméstico: una visión desde las trabajadoras y las empleadoras”, llevada a cabo por la CONAPRED, se señala que el 90% de las trabajadoras ignoran que sus derechos laborales se encuentran reconocidos en la Constitución federal, en los instrumentos internacionales y en las leyes reglamentarias de la materia, lo cual coloca a las trabajadoras del hogar en una zona propicia para que la vigencia de sus derechos se encuentren en riesgo de ser afectados.

La citada encuesta revela el grado de abusos y conductas discriminatorias que han sufrido las personas trabajadoras del hogar. En el estudio se advierte que el 33% ha padecido algún tipo de marginación o exclusión por el hecho de ser indígenas; un 25% han recibido algún tipo de restricción por el hecho de hablar en su lengua indígena; 16% fueron despedidas injustificadamente, 12% han sido acosadas sexual y psicológicamente y 11% soportaron una forma de exclusión por el hecho de dedicarse a trabajos del hogar.

Si bien la Ley Federal del Trabajo dispone en su capítulo XIII un apartado dedicado a este grupo de trabajadores, la realidad es que la regulación establecida resulta deficiente, ya que las prerrogativas establecidas en dicho ordenamiento, en comparación con el resto de las personas trabajadoras, son limitados e insuficientes para garantizar una vigencia adecuada de sus derechos laborales y de seguridad social. Lo cual demuestra que existe una fuerte discriminación y un trato diferenciado generado desde la propia ley, situación que viene a impactar de forma directa en el plano social y económico de estas personas.

Pese al escenario antes descrito, comienzan a surgir ciertos incentivos que pueden propiciar el establecimiento de un ámbito de verdadera justicia e igualdad para este sector marginado. Ejemplo de ello es lo acontecido, el pasado 5 de diciembre de 2018, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, por el cual se resolvió el amparo directo 9/2018, en el que se declaró como inconstitucional el artículo 13 de la Ley de Seguro Social, cuya letra dispone que los trabajadores domésticos podrán ser asegurados “voluntariamente” por los empleadores.

El hecho de exceptuar a los empleadores de la obligación de asegurar a las personas trabajadoras del hogar, coloca a estas en un estado de vulneración de sus derechos a la seguridad social y a la igualdad en el trato. La trascendencia de la sentencia en cuestión, radica en el la obligatoriedad impuesta a los empleadores para afiliar a las personas que trabajan en actividades del hogar, lo cual conlleva un paso sólido para instaurar un contexto de igualdad de circunstancias. Para dar cauce a lo anterior, la sentencia establece que el IMSS debe diseñar un programa piloto que posibilite la instauración del régimen obligatorio señalado. A la fecha, este programa piloto se encuentra en plena implementación.

Una vez establecido el programa en cuestión, la resolución indica que en un plazo no mayor a 18 meses, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión, conforme a sus capacidades, técnicas, operativas y presupuestales, una regulación que contemple la edificación de un sistema especial para las personas trabajadoras del hogar, para que en un plazo no mayor a los 3 años, pueda garantizarse un reconocimiento efectivo de sus derechos laborales y de seguridad social.

Aun cuando la sentencia y el programa piloto vienen a dar un cambio radical en la condición jurídica de las personas trabajadoras del hogar, hay otros rubros que se encuentran pendientes, tales como la ratificación por parte del Senado de la República del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos número 189, de la Organización Internacional del Trabajo, y la discusión y aprobación de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, para reforma la Ley Federal del Trabajo en el apartado correspondiente.

Con la ratificación y aprobación de los mencionados instrumentos jurídicos, se solventarían en buena medida las omisiones existentes en el marco legal, principalmente en rubros tales como la obligación para los empleadores de no contratar a menores de 15 años, la celebración de contratos por escrito, el otorgamiento de un descanso semanal al menos de 24 horas consecutivas, así como el reconocimiento del derecho de las personas trabajadores del hogar a contar con un entorno de trabajo seguro y saludable. De igual forma, es necesario que se aplique en beneficio de estas personas, las causales de despido injustificado comprendidas en la ley para el resto de los trabajadores, incluyendo como parte de las mismas, los conceptos de violencia de género y discriminación.

Como se puede observar, aún nos encontramos en proceso de alcanzar la igualdad en la tutela y ejercicio de los derechos humanos de las personas trabajadores del hogar, sin embargo, los pasos que se han dado en los últimos meses han sido significativos, y vislumbran mejores tiempos para las miles y miles de personas que, día con día, dejan su vida en los hogares donde laboran.

Es de celebrarse la coincidencia en tiempo y espacio del estreno de la película Roma, la emisión de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, el establecimiento del programa piloto por parte del IMSS, así como la presentación de iniciativas en la materia, que de forma conjunta, muestran la importancia de reconocer de forma efectiva, la labor de las personas trabajadoras del hogar en nuestra vida cotidiana.

Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.