La discusión en torno al memorándum que dictó el presidente López Obrador para cancelar la reforma educativa ha resultado polémica. Por un lado, saltaron las voces del gremio de los abogados esgrimiendo la inconstitucionalidad del documento aduciendo una serie de vicios legales y constitucionales. Por el otro, los defensores de la medida tacharon a los abogados de leguleyos y de no entender de política, de cómo se toman decisiones en la arena del poder, de los márgenes que tiene el presidente para actuar políticamente. Es lo que Gibrán Ramírez llamó como la “reacción estruendosa del gremio de los abogados” por básicamente no entender de otra cosa que no sea de leyes.1

Creo que la crítica a los abogados es fundada. Hay un vicio de formación profesional que hace a muchos colegas confusos, a no darse entender bien. Surge un problema y el abogado inmediatamente empieza a recitar una retahíla de artículos, de leyes, de códigos, sin tejer un argumento claro, confundiendo erudición con inteligencia. Muchas de las reacciones a la emisión del memorándum solo se entienden en esta clave: que si no estaba fundado y motivado; que si el documento carece de refrendo; que si todos los funcionarios juraron guardar y hacer guardar la Constitución, etcétera. Lo que no hemos podido explicar es por qué importa todo lo anterior.

Ilustración: Víctor Solís

¿Cuál es la gravedad de que un acto de autoridad no esté fundado y motivado? ¿Qué subyace a la orden —política, administrativa, o como la quieran llamar— de dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”? En suma: ¿cuáles son los valores políticos y morales que buscamos proteger a través de las razones leguleyas? Veamos.

El constitucionalismo moderno es más que un conjunto de normas que se plasman en un papel al que se le asigna la máxima jerarquía normativa y cuyo proceso de modificación es más gravoso que la del resto de las leyes. El constitucionalismo es una filosofía política: una forma de organización social que asigna derechos y deberes a los distintos miembros de la sociedad en aras de fomentar la cooperación social y reducir la conflictividad. En particular, el constitucionalismo moderno se basa en una cierta concepción de los derechos fundamentales y en el papel que estos desempeñan para limitar, modular y encauzar el ejercicio del poder político.

Teniendo en mente lo anterior, vale la pena recordar que en toda relación jurídico-política, por definición, hay algunos que están llamados a mandar y otros a obedecer.2 Lo que el constitucionalismo moderno trata es que esta relación de dominación no lleve a abusos por parte de unos sobre otros. Si alguien tiene el poder de obligar a ciertas personas a modificar sus conductas con base solo —y únicamente— en su voluntad, lo más seguro es que se cometan injusticias, abusos, ya que la conducta del poderoso no está anclada a una razón objetiva (o intersubjetiva) que sea susceptible de ser aceptada por todos.

Josep Aguiló llama a esto último “el mal de la arbitrariedad”, que consiste en verse sometido “a la pura voluntad de las personas”. Para que la relación política sea legítima —que se tengan buenas razones para obedecer— debemos estar sometidos sólo a normas, no a personas. Es decir, debemos limitar la subjetividad del poderoso a través de la construcción colectiva de una madeja de reglas que se deben seguir para modificar la situación jurídico-política de alguien. Y es que lo mínimo que puede pedir alguien de quien se espera una conducta (a quien se le va a obligar a hacer algo) es a saber por qué debe comportarse de una u otra forma y qué legitimidad tiene quien ordena tal o cual conducta.

Ahora bien, la medicina contra “mal de la arbitrariedad” la encontramos en los derechos que vinculamos al imperio de la ley y al debido proceso. Todos esos mantras que los abogados repiten hasta el cansancio son lo que conforman el escudo que tenemos frente al poder: la fundamentación y motivación de los actos, la exacta aplicación de la ley, la presunción de inocencia, la audiencia previa, la carga de la prueba, el principio de autoridad formal de la ley, la jerarquía normativa, los procesos de creación normativa, el principio de legalidad y un grandísimo etcétera. El sentido de todos estos derechos es dar un título al ciudadano para que pueda defenderse frente a la arbitrariedad.

Por eso, cuando le pedimos al presidente funde y motive su memorándum, lo que en el fondo hacemos es pedirle al poderoso que nos diga qué legitimidad política tiene para modificar nuestras situaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas. Si no tiene facultades entonces comete una arbitrariedad, porque su actuar no deviene de una regla sino de su voluntad. Punto.

Cuando el presidente de la República le ordena a sus secretarios que no apliquen las medidas que derivan de la reforma educativa del 2013 y argumentamos que no debe hacer eso porque un memorándum no está por encima de la Constitución, no apelamos a la jerarquía normativa solo porque así lo dispone el artículo 133 constitucional; lo hacemos porque en nuestro sistema cada norma tiene una legitimidad distinta.

Una norma legal debe ser emitida por el poder legislativo dotado de legitimidad democrática; una norma constitucional debe ser emitida por el poder reformador de la Constitución, o el poder constituyente de la misma, con una legitimidad democrática mayor a la legislativa (por eso se pide un voto de dos terceras partes de las Cámaras y que sea votada a favor por la mayoría de las legislaturas de los estados). Y lo mismo pasa con los reglamentos que emite el el poder ejecutivo, que buscan normar la forma como se aplicarán las leyes, pero nunca yendo más allá de lo que éstas señalen por la simple y sencilla razón de que eso trastocaría la voluntad popular que reside en el poder legislativo.

Nos escandalizamos, pues, porque muchas de las medidas que se ordenan no aplicar mediante el memorándum están en la Constitución y leyes vigentes. Por ejemplo, en la fracción III del artículo tercero constitucional se señala que los maestros deben ser evaluados y la Ley del Servicio Profesional Docente señala cómo deben hacerse esas evaluaciones. La paradoja en la que se ve inmerso el Secretario de Educación Pública es diáfana: si evalúa a los maestros, desobedecerá la orden de su jefe; si no los evalúa desobedecerá el mandato que le dimos todos los mexicanos cuando se promulgó la reforma constitucional a través de los procesos legislativos correspondientes. Así, a través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros.

Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Panelista en el programa Punto y Contrapunto de Foro TV. Twitter: @MartinVivanco


1 Ver entrevista en Milenio TV.

2 Aguiló Regla, Josep, “En defensa del Estado Constitucional de Derecho”.