En los últimos tiempos han cobrado relevancia una serie de eventos en distintas partes del orbe que ponen en evidencia la capacidad de las redes sociales para propagar lo que la jerga especializada denomina como discurso de odio.

Lo mismo se habla, por ejemplo, de lo ocurrido en Nueva Zelanda donde hace poco más de un mes se transmitió en video en vivo por Facebook, y se replicaron profusamente en redes, los ataques contra mezquitas que ocasionaron la muerte de 50 personas musulmanas.

Más reciente, está la decisión del gobierno de Sri Lanka de prohibir el acceso de sus ciudadanos a las redes sociales con motivo de los atentados que dejaron al menos 300 muertos, por el temor aparentemente fundado de que fuesen usadas para dispersar información de corte religioso que incitara a una mayor escalada de violencia.

Ilustración: Oldemar González

El uso de redes sociales para difundir discursos de odio no es nuevo, está comprobado ampliamente desde la campaña presidencial estadounidense de 2016. Lo que es reciente es la creciente preocupación por su uso cada más extendido y por la incapacidad de las empresas de redes sociales para contenerlo.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, se pronunció recientemente a favor de que los gobiernos tomen medidas más activas para regular, entre otros aspectos, el contenido nocivo en las redes sociales. Acorde con Zuckerberg, las redes sociales, como Facebook, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus usuarios, lo que implica revisar y autorizar o vetar el contenido que circula. Se trata, a su decir, de un proceso en el que se cometen errores pero que ante todo significa un enorme poder de decisión sobre lo que se dice en Internet. Es necesario, por tanto, que los gobiernos establezcan puntos de referencia sobre lo que se considera como contenido dañino y que estaría prohibido, al tiempo que se obligue a las empresas a que mantengan en su mínimo dicho contenido y reporten periódicamente sobre la situación imperante.

No obstante, en esta materia, como en el caso de la recopilación y manejo de los datos personales de los usuarios del internet, hay que voltear hacia Europa para tener un atisbo de lo que se está haciendo y de las tendencias a futuro en materia de regulación del discurso de odio en las redes sociales.

El 1 de octubre de 2017, entró en vigor en Alemania la Network Enforcement Act, cuyo objetivo es combatir el terrorismo y extremismo en línea. La ley obliga a las plataformas de redes sociales con más de dos millones de usuarios en dicho país, a bloquear o remover las publicaciones con contenido de odio o difamatorio, previéndose sanciones de hasta 50 millones de euros en el supuesto de que no eliminen dichas publicaciones con posterioridad a que hayan sido notificadas de su existencia.

El gobierno de Inglaterra, encabezado por la primera ministra Theresa May, apenas el pasado 8 de abril, presentó una propuesta para combatir la propagación en línea de información falsa, discursos de odio, el extremismo y la explotaciòn infantil. Conforme a la cual las compañias de redes sociales estarían obligadas a remover el contenido que el gobierno considere ilegal o perjudicial, al tiempo que faculta a éste para eliminar sitios electrónicos que sean ofensivos.

El debate, la toma de conciencia y la adopción de medidas regulatorias sobre las redes sociales y su uso como cajas de resonancia de los discursos de odio, se encuentra, todo parece indicar, en un punto de inflexión. México no puede ni debe abstraerse de esta realidad, menos todavía en un entorno en el que se percibe y se vive un encono cada vez más grande en las redes sociales entre simpatizantes y detractores de diversas causas. Las descalificaciones, los insultos y los ataques son el denominador común de las incontables interacciones que se dan en línea. Es hora de iniciar la discusión sobre el discurso de odio en las redes, para así tomar decisiones informadas y atajar lo que es una evidente distorsión a la libertad de expresión. El tiempo corre en nuestra contra.

Mauricio Calcaneo. Candidato a doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM.