La libertad de expresión es una de las condiciones esenciales de todo régimen democrático, es decir, si el Estado no garantiza este derecho no puede decirse que hay democracia en ese país; de este tamaño es la responsabilidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, de garantizar su libre ejercicio.

En efecto, la libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, permitiendo así, hacer visibles los actos del gobierno, alimentar las campañas partidistas, confrontar las ideas de los candidatos, ejercer la crítica contra los funcionarios de gobierno, permite que posturas minoritarias eventualmente puedan convertirse en mayoritarias, llevando al terrero no de partidista a la alternancia del gobierno.

En el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión, en sus dos dimensiones, constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial, para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos políticos y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas propuestas por los distintos candidatos.

Ilustración: Estelí Meza

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que deseé expresar su opinión o brindar información. En este sentido, como regla general, las expresiones que emitamos, cualquiera que sea su contenido y por cualquier medio, están protegidas; sin embargo, no todas las expresiones pueden tener el mismo valor y por tanto gozar de la misma protección para tal efecto, la propia Constitución establece ciertos límites, que son:

• Que perturbe el orden público, por ejemplo, un locutor de radio de un programa noticioso informa sobre un ataque de fuerzas armadas en el país, a modo de experimento social, sin que dicha información sea cierta. Esta acción provocará caos y muy probablemente ponga en riesgo la integridad física de varias personas, por lo que dichas expresiones no pueden estar protegidas por la libertad de expresión.

• Que pongan en riesgo la seguridad pública, por ejemplo, crear un canal de YOUTUBE con tutoriales de cómo hacer una bomba, o cualquier otro artefacto explosivo, con ingredientes que tienes en tu casa. Lo anterior toda vez que dicha conducta provoca efectos dañinos hacia otros bienes jurídicos protegidos, como es la vida.

• Que vaya en contra de la moral, respecto este concepto tan vago, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que: “Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral públicas, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pudieran ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público.”1

• Que atente contra derechos de terceros, es decir, la libertad de expresión no suprime los derechos regularmente conocidos como “la otra cara”, como el derecho a la honra, a la dignidad, al prestigio, a la buena fama y al concepto público. Todo esto analizado desde la perspectiva del pluralismo democrático, tratando de proveer un complejo y delicado equilibrio, de ahí que la legislación nacional e internacional, prevén a la calumnia como un exceso a la libertad de expresión y, por tanto, debe ser sancionada.

Al respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos de América, en 1919, al resolver el caso Schenck vs. Estados Unidos, derivado de que Charles Schenk, miembro del Partido Socialista, distribuyó miles de panfletos en contra de la guerra en la ciudad de Filadelfia. Los panfletos decían que el reclutamiento por parte de las fuerzas armadas era un crimen y exhortaban a la gente a abolir el Acta del Servicio Selectivo. Por lo anterior, fue condenado por violar el Acta sobre Espionaje de 1917 a prisión, él apeló su condena, argumentando que dichos panfletos estaban protegidos por la Primera Enmienda (libertad de expresión).

En el caso, el Juez Oliver Wendell Holmes determinó que en tiempos normales el reclamo de Schenck sobre los derechos de la Primera Enmienda podría ser válido, pero el carácter de cada acto depende de las circunstancias en que se realiza, es decir, Schenck distribuyó los panfletos en tiempos de guerra, cuando muchas cosas que se pueden decir en tiempos de paz, cobran una relevancia distinta en tiempos de guerra, así, el Juez Holmes ofreció una guía para juzgar cuándo la expresión está protegida por la Primera Enmienda: la pregunta en cualquier caso es si las palabras usadas son de tal naturaleza como para crear un peligro claro y presente que provocará males que el Estado tiene derecho a prevenir y, por tanto, no estarían protegidas por la libertad de expresión.

En el mismo sentido, las consideraciones relativas al margen de apertura de un debate amplio respecto de asuntos de interés público no significan que el honor de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático. Asimismo, la protección de la reputación de particulares que se encuentran inmiscuidos en actividades de interés público también debe realizarse de conformidad con los principios del pluralismo democrático,2 por ello, es legítimo que quien se sienta afectado en su honor recurra a los mecanismos jurisdiccionales que el Estado disponga para su protección.

Al respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica desarrolló el concepto de la “real malicia” para determinar si una expresión podía estar o no amparada bajo la libertad de expresión al resolver el caso NY Times vs Sullivan en 1960, donde el Juez Brennan concluyó que las garantías constitucionales requieren una regla federal que impida a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria relacionada con su conducta oficial al menos que se pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad.

Estas restricciones no pueden ser conocidas a priori por la autoridad, es decir, previo a que las expresiones sean emitidas por su emisor, de lo contrario, constituiría censura previa, misma que se encuentra prohibida constitucional y convencionalmente, por lo que deberán ser objeto de responsabilidades ulteriores. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho —tanto en la opinión consultiva 5/85, como en el caso “La última tentación de Cristo vs Chile”— que el artículo 13.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos, pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión.

La normatividad electoral prevé una excepción específica al libre ejercicio de la libertad de expresión que es la calumnia, que se define como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral3 ha señalado que el concepto de calumnia adoptado en la normatividad electoral no es el de un ilícito concebido en el derecho penal, sino que establece una prohibición consistente en que los partidos políticos, en la propaganda política o electoral que difundan, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Por su teleología y función, al disponer que en la propaganda política o electoral los partidos políticos no deben emplear expresiones que calumnien a las personas, las normas invocadas establecen una falta administrativa que, desde la Constitución federal, prevé una limitación a la libertad de expresión la cual, como se ha sostenido, no es un derecho de carácter absoluto, sino que admite ciertos límites razonables y justificables al convivir con otros derechos.

En este sentido, la honra y reputación de las personas son derechos fundamentales que deben respetarse durante el desarrollo de una contienda electoral, lo cual es aplicable desde luego, a la difusión de la propaganda electoral. Es decir, lo que se prohíbe en la propaganda de los partidos políticos es utilizar un lenguaje innecesario o desproporcionado, relacionado con los derechos a la imagen de los partidos y coaliciones, así como la vida privada de los candidatos y en general de las personas.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha considerado que uno de los elementos de la calumnia es que la propaganda político o electoral emplee expresiones que, en sí mismas, atribuyan a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas, o le imputen un delito, ya sea por referencia directa o indirecta, sin que tales conductas sean demostradas.

En efecto, para determinar que se trata de expresiones calumniosas debe existir un vínculo directo entre la expresión y el sujeto señalado, de forma tal que haga evidente la finalidad de injuriar y ofender la opinión o fama de alguien, al ser la única interpretación posible, esto es así pues se debe privilegiar la libertad de expresión dentro del debate político, por lo que no debe queda duda de que las expresiones consideradas como calumniosa, es una imputación de hechos o delitos falsos que atenta contra la buena fama de las personas o partidos políticos.

Ahora bien, tratándose de personas con responsabilidades públicas, su umbral de tolerancia debe ser más amplio a la crítica y expresiones en su contra, en comparación con ciudadanos particulares. Lo anterior, en términos del sistema de protección dual, bajo el estándar de la “real malicia”. La Suprema Corte ha considerado que las personas que realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública están sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad, mientras realicen funciones de esa índole.  Esto no significa, según nuestro máximo tribunal, que las personas con proyección pública se les prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública de acuerdo con la actividad desarrollada, tal como lo refirió la Sala Superior.4

Esto es, si la información difundida no versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no es posible justificar un interés público en la misma.5

No se debe soslayar que las expresiones usadas en los artículos 6° y 7° de la Constitución para establecer las restricciones, deberes o limitaciones al derecho a la libertad de expresión, constituyen conceptos jurídicos que requieren ser interpretados, tanto para su reglamentación, como para resolver los litigios que con motivo de su ejercicio surjan en la realidad social; ante ello, resulta necesario que, en su caso, el órgano competente realice un examen sumamente cuidadoso de los derechos fundamentales, en ejercicio, con los bienes constitucionalmente protegidos y los valores que confluyen en un determinado caso concreto, a fin de impedir tanto la limitación injustificada y arbitraria del derecho a la libertad de expresión, como el ejercicio abusivo e incluso ilícito de tal derecho.

En este orden de ideas, habrá transgresión a la norma aplicable cuando el contenido del mensaje, implique una acusación maliciosa o imputación falsa de un hecho o delito, cuando estas acciones nada aportan al debate democrático.

Debe recordarse que la prohibición de imputar hechos o delitos falsos a una persona durante un proceso electoral, es armónica y consonante con el principio constitucional y convencional de presunción de inocencia que se traduce en un derecho fundamental de toda persona a ser considerada inocente de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no exista una sentencia definitiva en la que se precise lo contrario.6

Sobre el particular, la Suprema Corte ha determinado que la calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la libertad de expresión.7

Conforme a la normatividad electoral, el máximo tribunal en la materia, ha sostenido que la imputación de hechos o delitos falsos por parte de los partidos políticos o los candidatos, no estará protegida por el derecho a la libertad de expresión, siempre que se acredite tener un grave impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa,8 pues sólo considerando estos elementos, en su conjunto, se configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de expresión.9

Para la Sala Superior, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de los ciudadanos de ser informados verazmente respecto de hechos relevantes para poder ejercer debidamente sus derechos político electorales, principalmente, su derecho a votar.

Así las cosas, vemos como las autoridades electorales tienen gran responsabilidad ante la sociedad, de proteger el libre ejercicio de la libertad de expresión, así como también de velar porque los actores políticos no se excedan en dicho ejercicio, logrando así una sociedad verdaderamente informada y libre para tomar sus decisiones, consolidando así el Estado democrático de derecho.

Cintia Campos Garmendia. Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores del INE.


1 Seminario Judicial de la Federación, quinta época, primera sala, t. LVI, p.133

2 El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que este derecho implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los particulares y del Estado.

3 En sentencia recaída en el expediente SUP-RAP- 482/2011.

4 Este criterio ha sido sustentado en el ámbito internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay

5 Lo anterior, en términos de lo sostenido por nuestro más Alto Tribunal en la tesis de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL.

6 Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 14, segundo apartado, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado dos, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

7 Véase Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas.

8 La malicia efectiva, también conocida en la doctrina como “animus injuriandi”. El considerar este elemento subjetivo, ha sido sostenido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-89/2017, SUP-REP-109/2017 y SUP-REP-137/2017.

9 Es de precisar que el contenido del artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que define la calumnia, es exactamente igual al analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad antes citada.