El 15 de mayo de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pintó de verde. Tras años de espera de la resolución del amparo en revisión 1388/2015, por unanimidad los ministros de la Primera Sala resolvieron que negarle a una mujer el acceso a la interrupción del embarazo cuando está en riesgo su salud es inconstitucional.

Le tomó poco más de cinco años al Poder Judicial de la Federación resolver el caso de Marisa; es necesario tener en cuenta esto antes de iniciar con el análisis del caso y recordar que detrás de un expediente hay una mujer que tuvo que esperar casi seis años para que el sistema de justicia reconociera que sus derechos constitucionales fueron violados.

La Primera Sala estaba llamada a resolver si el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre incumplió con las obligaciones que les impone el derecho constitucional a la protección de la salud al negarse a practicarle una interrupción de embarazo por causas de salud a la señora Marisa.

Ilustración: Kathia Recio

El 24 de septiembre de 2013, la señora Marisa fue informada de que estaba embarazada por personal del Centro Médico Nacional y se le hizo saber que su embarazo era considerado de alto riesgo, pues, meses antes, se había sometido a una cirugía de bypass gástrico, tenía 41 años y presentaba un problema de sobrepeso. Marisa tuvo diversas amenazas de aborto y, a finales del mes de octubre de 2013, se le informó que el feto presentaba síndrome de Klinefelter lo que causaría que no pudiera desarrollar sus genitales en la pubertad, pero no impediría que fuera una persona autosuficiente.

Dadas todas las complicaciones que ocasionaban un riesgo a su salud física y emocional, Marisa solicitó verbalmente en repetidas ocasiones a los médicos del hospital la interrupción del embarazo, mismas que fueron negadas. Por lo anterior, el 6 de noviembre de 2013, Marisa solicitó por escrito la interrupción del embarazo, en ejercicio de su derecho a la salud y atendiendo a las características de alto riesgo de su embarazo, adjuntando a su solicitud la opinión técnica de un médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. En dicha opinión, el médico detalló que Marisa cursaba un embarazo de alto riesgo, por obesidad grado III, lo que le ocasionaba un riesgo materno mayor de diabetes, trombo embolismo y preclamsia. A su vez, debido a la cirugía de bypass gástrico, precisó que Marisa enfrentaba el riesgo de sufrir malnutrición y la obstrucción del intestino delgado por hernia interna por lo querecomendó́ la interrupción del embarazo.1

No fue hasta el 20 de noviembre que la señora Marisa recibió, por correo, respuesta mediante la cual se negaba su petición en razón de que el feto podría ser autosuficiente, aunque tuviera síndrome de Klinefelter. Además, se indicó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una institución de salud del ámbito federal, la cual se rige por la Ley General de Salud, misma que no contempla la interrupción legal del embarazo.2

Contra esta negativa, la señora Marisa (de aquí en adelante la quejosa) solicitó el amparo y protección de la justicia federal señalando como actos reclamados el oficio mediante el cual la autoridad responsable negó la solicitud de interrupción del embarazo por motivos de salud, así como contra los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal que, a decir de la quejosa, prohíben tácitamente la interrupción del embarazo por motivos de salud.3

En la demanda de amparo, a manera de síntesis, Marisa señaló que la negativa de las autoridades responsables de llevar a cabo la interrupción legal del embarazo se traduce en una afectación directa a su derecho a la salud al impedirle alcanzar un estado de salud física, psicológica y social integral. Asimismo, señaló que la autoridad responsable incumplió su obligación de garantizar el derecho a la salud, pues ignoró las condiciones en que se desarrollaba el embarazo, consistentes en las múltiples amenazas de aborto, su edad, su condición de obesidad mórbida, su condición de primigesta, así como el hecho de saber que el feto tenía el síndrome de Klinefelter.

El 30 de diciembre de 2013, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal desechó de plano la demanda al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero constitucional, ya que, a su parecer, la quejosa reclamaba una omisión legislativa. Inconforme, Marisa interpuso recurso de queja, mismo que fue declarado fundado y, posteriormente, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda y meses después dictó sentencia sobreseyendo el juicio de amparo.

Con relación a la impugnación de los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, el Juez de Distrito consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo conforme a la cual, el amparo resulta improcedente en los casos en que no exista un acto concreto de aplicación de la norma combatida que afecte la esfera jurídica de la quejosa. El Juez de Distrito señaló que, en el caso concreto, la negativa a practicar un aborto no era un acto de aplicación de la norma combatida en tanto que los artículos del Código Penal Federal no le fueron aplicados al no ser una facultad que corresponda a las autoridades responsables, sino una potestad de la autoridad ministerial o judicial del orden penal. Por tanto, consideró que correspondía única y exclusivamente a las autoridades administrativas y judiciales del orden penal determinar si concurre o no, en el hecho típico, alguna de esas excluyentes. En ese sentido, al no existir un acto concreto de aplicación de la norma combatida, determinó que el juicio de amparo resultaba improcedente contra las normas impugnadas.4

Con respecto al segundo acto reclamado, el Juez de Distrito consideró actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por considerar que sería jurídicamente imposible que la eventual concesión del amparo surtiera algún efecto, en virtud de que el objeto o la materia de dicho acto dejó de existir. El juzgador señaló que, en el caso, los efectos del acto reclamado, consistente en la negativa de practicar a la quejosa un aborto, que se materializa en el oficio impugnado no se concretaron ni se concretaran, en tanto que la quejosa manifestó expresamente en su demanda de amparo que ya se había practicado la interrupción de su embarazo en un hospital particular. Así, el Juez de Distrito concluyó que sería jurídicamente imposible que la eventual protección constitucional pudiera surtir efecto alguno, pues éste sería indudablemente el de obligar a la autoridad responsable a practicar el aborto cuando ya ha desaparecido la materia de dicha negativa al haberse interrumpido el embarazo de la quejosa.

Inconforme, el 19 de agosto de 2014, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por el presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. El 8 de octubre de 2014, la quejosa solicitó a la Suprema Corte de Justicia el ejercicio de la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión; posteriormente, se determinó que el recurso se encontraba en los supuestos de competencia delegada, razón por la cual se le dio tramite como reasunción de competencia 35/2014.

El 30 de noviembre de 2015, el presidente de la Suprema Corte asumió competencia originaria para conocer del recurso de revisión, ordenó radicar el asunto con el número de expediente 1388/2015 y lo turnó al ministro Arturo Zaldívar para la elaboración del proyecto de resolución; sin embargo, el 29 de junio de 2016, se determinó desechar el proyecto presentado por el ministro ponente por mayoría de tres votos de los ministros José́ Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En acuerdo de 30 de junio de 2016, el entonces presidente de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ordenó el returno de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución del presente asunto.

La Primera Sala estaba llamada a resolver si la interrupción del embrazo cuando la salud de la mujer esté en riesgo implica una medida necesaria para garantizar el derecho a la salud reconocido tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales de derechos humanos. A efecto de responder esta interrogante, la Sala comenzó el análisis del asunto evaluando si fue correcta la decisión de sobreseimiento decretada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida y, en segundo lugar, pasó a determinar si las autoridades señaladas como responsables, así como la institución pública en cuya representación actuaron, incumplieron las obligaciones que les impone el derecho constitucional a la protección de la salud, al negarse a practicarle una interrupción de embarazo por causas de salud a la quejosa.

La Sala consideró que fue correcto que el Juez de Distrito tuviera por actualizada la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el caso, consideró no existió acto concreto de aplicación de los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal que afecte su esfera jurídica, ni el oficio reclamado es consecuencia de los efectos inhibitorios de la norma penal.

Con relación a la improcedencia del oficio reclamado donde se encuentra la negativa de practicar a la quejosa la interrupción de embarazo por motivos de salud, la Primera Sala consideró fundados y suficientes los agravios de la recurrente para afirmar que el Juez de Distrito no debió declarar improcedente el amparo.La Sala determinó que le asistía la razón a la quejosa cuando aseguró que el Juez constitucional debió determinar si el acto administrativo impugnado afectó derechos sustantivos y si se consumó una violación directa de las obligaciones que el derecho constitucional a la salud impone a dicha autoridad.

Así, la Sala señaló que la protección a la salud no cesa porque se haya realizado el aborto en hospital privado, sino que debe darse seguimiento a su estado de salud, especialmente porque de los antecedentes se relatan las complicaciones que tuvo la quejosa a partir de la negativa.

Una de las grandes victorias que se obtuvieron en este caso es la aplicación de la perspectiva de género a la normas de procedencia del juicio de amparo. La Primera Sala señaló que la concepción restringida de las normas de procedencia complica el acceso a la justica de las mujeres cuando se trata de interrupción de embarazo, y añadió quecomo se se ha pronunciado repetidas veces, los procesos indagatorios y de adjudicación en distintas materiasdeben incorporar la perspectiva de género con el objeto de evitar que la desventaja histórica por razones sexo-genéricas afecte adversamente las pretensiones legítimas de justicia.5

Siguiendo su línea jurisprudencial, la Primera Sala estimó que la procedencia del amparo en los casos en que las mujerespretenden combatir un acto de autoridad por parte de las autoridades encargadas de facilitarles el acceso o proveerles servicios relacionados con el embarazo, debe estudiarse también con perspectiva de género.

Tras delinear el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la salud y su protección, la Sala concluyó que puede sostenerse que toda mujer tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar, entre éstas, el acceso universal a los servicios más amplios posibles de salud sexual y reproductiva, incluidos los asociados con el embarazo en todas sus etapas sin ningún tipo de coacción o discriminación. Entonces y dado que la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales e, incluso, sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas para que la interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de las mujeres en su sentido más amplio. Esto implica que las instituciones públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios y abstenerse de obstaculizar el acceso a ellos.

Por todo esto, la Primera Sala determinó que cuando las mujeres solicitan servicios específicos que solo ellas requieren, como la interrupción del embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminacióny una violación al derecho a la igualdad ante la ley. Asimismo, añadió que cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, en su dimensiónfísica, mental o social, la posibilidad de optar por su terminación es un ejercicio de sus derechos a la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.

En lo personal, celebro la interpretación que hace la Primera Sala al considerar que las autoridades deben buscar garantizar tanto la salud física y mental de las mujeres, en tanto que una afectación al bienestar emocional también podría entrar dentro de la causal salud al momento de solicitar una interrupción del embarazo.6 Al respecto, al trazar la relaciónespecifica entre salud, bienestar e interrupción del embarazo, la Primera Sala reconoce la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo, que sea segura, como una circunstancia que contribuye al bienestar de las mujeres, no solo en aquellos casos en los que su integridad física se encuentre en riesgo, sino también cuando la continuación del embarazo se presenta como incompatible con su proyecto de vida.

Con base en todo lo anterior la Primera Sala concluyó que el aborto motivado por riesgos a la salud, y su adecuada y oportuna prestación, integran el ámbito normativo del derecho a la salud y su protecciónpues se trata de una acción cuyo objetivo primordial es promover, preservar o restaurar la salud de la persona embarazada, incluida la consecución de un estado de bienestar físico, mental y social.De tal manera que los hospitales públicos y privados, que existen como consecuencia del derecho a la protección de la salud no pueden negar u obstaculizar el acceso de las mujeres a la interrupción de embarazo sustentada en la salud porque este procedimiento es necesario para preservarla, restaurarla o protegerla.7 Es así que a través esta interpretación que hace la Primera Sala, entendemos que el aborto cuando la salud de la madre esta en riesgo, se encuentra protegido por el derecho a la salud.

A manera de cierre, la Primera Sala estimó que la negativa de las autoridades responsables violó el derecho a la saludde la quejosa y señaló que un entendimiento sistemático de las disposiciones de la Ley General de Salud y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de AtenciónMédicapermite entender que los servicios de aborto por razones de salud deben ser prestados por las instituciones de salud reguladas por la Ley General de Salud, lo que incluye al ISSSTE.

Finalmente, la Primera Sala decreto la nulidad lisa y llana, por falta de fundamentación y motivación, del oficio impugnado y ordenó a las autoridades responsables evaluar adecuada y exhaustivamente el estado de salud actual de la quejosa —en virtud de que las circunstancias de riesgo que le fueron diagnosticadas pudieron haberse actualizado o reforzado a partir de la ilegal negativa de interrupción del embarazo—, se le informe a la quejosa del resultado de la evaluación, y se le provea tratamiento oportuno y de calidad para combatir las consecuencias de la negativa en su salud, en tanto que —a pesar de ser derecho habiente del ISSSTE— fue obligada a postergar la interrupción de un embarazo que arriesgaba su salud y que exigía, por ese hecho, una pronta resolución.

Es de resaltar que casos como este presentan la interrupción del embarazo como un derecho público que el Estado debe garantizar y no un privilegio privado al que solo cierto grupo de mujeres podrían acceder. Va siendo hora de que todas las autoridades entiendan y garanticen el texto constitucional. Que el Estado le garantice a las mujeres el control sobre si desean tener hijos es un paso necesario pararomper con la suposición de que las mujeres existen para cuidar deotros. Reconocer a las mujeres como agentes autónomos, competentes para tomar decisiones por sí mismas es fundamental.

El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad en un momento en el que las mujeres enfrentan obstáculos estructurales para ejercer sus derechos. La capacidad de las mujeres de participar en la vida pública se encuentra correlacionada con su capacidad de controlar sus vidas reproductivas. Es hora que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura para todas.

No me queda más que agradecer y reconocer el gran trabajo que hace GIRE, encabezado por Regina Tamés y conformado por un grupo de profesionistas excepcionales, para que todas las mujeres vivamos en un México donde nuestros derechos sean garantizados y se nos deje de imponer roles a costa de nuestra integridad.

Melisa S. Ayala García. Abogada por el ITAM. LLM candidate ’19 por Harvard Law School. Confundadora de Nosotrxs. Twitter: @melissaayala92


1 Proyecto de resolución del amparo en revisión 1388/2015 p. 3. Consultado el 18 de mayo de 2019.

2 Idem.

3 Id. P. 4.

4 Id. P. 25.

5 Para un mayor análisis de esto véase el texto de Francisca Pou “Género y protección de derechos en México: virtualidad y límites de la jurisdicción constitucional” en Cruz Parcero, J., & Vázquez, R. (2010). Debates constitucionales sobre derechos humanos de las mujeres (Primera edición. ed., Género, derecho y justicia ; 2). México, D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación: Editorial Fontamara.

6 Al respecto se puede consultar Cook, R., Ortega-Ortiz, A., Romans, S., & Ross, L. (2006). Legal abortion for mental health indications. International Journal Of Gynecology & Obstetrics,95(2), 185-190.

7 Op. cit 1 p. 63.