“Sin efectos, no hay derechos” es, quizás, la consigna más importante del realismo jurídico. Para nosotros los realistas, los derechos reconocidos en los documentos legales sólo existen en la medida en que estos se traducen en prácticas concretas. Desde mi perspectiva, el “respeto irrestricto de los derechos humanos en el ámbito de inclusión, de no discriminación y de convivencia” al que aspiraba la propuesta de Ley de Cultura Cívica presentada el pasado 16 de mayo ante el Congreso de la Ciudad de México es letra muerta. Esto es así porque, en la práctica, la ley no dotaba a los trabajadores sexuales con mecanismos que les permitan vindicar sus intereses, en condiciones de igualdad, frente a otros actores y el mismo gobierno.

El 10 de abril de este año, la Jefa de Gobierno envió a la legislatura local la iniciativa de Ley de Cultura Cívica. Igual que la ley vigente, la propuesta de leysancionaba la oferta y la compra de servicios sexuales en la vía pública como faltas administrativas. En consecuencia, tanto los trabajadores sexuales como los clientes pueden ser multados con el equivalente a $929.39 y hasta $3,379.6 pesos,1 arrestados por 13 a 24 horas u obligados a prestar de 6 a 12 horas de servicio comunitarios. Asimismo, la propuesta de ley preveía que las alcaldías, no sólo los vecinos, podían presentar una queja para remover de la calle a los trabajadores sexuales. Estas quejas se resolverían en un procedimiento oral de una audiencia. Si los presuntos infractores eran sancionados, la determinación podía ser revisada a través de un recurso o el amparo.

Trabajo sexual

Ilustración: Patricio Betteo

El congreso dictaminó favorablemente la iniciativa el 16 de mayo y mandó el proyecto a la Jefatura de Gobierno para su publicación. Varios grupos de activistas y trabajadores sexuales, así como algunas autoridades, manifestaron su indignación frente al dictamen favorable del congreso local (por ejemplo, ver este enlace).

Y con razón: en 2014, una juez constitucional determinó (aquí) que la prostitución voluntaria es un trabajo protegido por la Constitución federal. La juez obligó al entonces Departamento del Trabajo que emitiera credenciales de trabajador no asalariado para los trabajadores sexuales y, como a los mariachis o los aseadores de calzado, les permitiera permanecer en las calles.

Al final, este 23 de mayo, la Jefatura de Gobierno mandó el dictamen de vuelta al congreso local para que reconsiderara (así) eliminar la prostitución como falta administrativa.

Ahora, el congreso tiene casi diez días antes de que termine el periodo de sesiones para enmendar el dictamen. Si los legisladores quieren hacer de la inclusión y la igualdad de los trabajadores sexuales una realidad, deben dejar de regular el trabajo sexual como si quienes lo ejercieran fueran objetos de regulación, no sujetos de derechos. Los trabajadores sexuales, justo como trabajadores, deberían poderse sentar a la mesa con otros actores y negociar sus intereses. Pero tanto la ley vigente como la propuesta dificultan que la negociación sea equitativa.

Pensemos, por ejemplo, en la distribución del espacio público. Desde 2014, cualquier trabajador sexual puede solicitar una credencial de trabajador no asalariado. No obstante, dado que la ley vigente —igual que la propuesta en reconsideración— sanciona el trabajo sexual en la vía pública, los vecinos pueden suspender cualquier intento de negociación o incluso vulnerar los acuerdos a que se lleguen con la presentación de una queja vecinal con fundamento en la Ley de Cultura Cívica.

En el mismo sentido, la propuesta de ley facultaba a las alcaldías para que presentaran una queja contra los trabajadores sexuales. El interés de los funcionarios de las alcaldías bien podría alinearse con los de los grupos más privilegiados social, políticay económicamente.2 Pensemos, por ejemplo, en los vendedores ambulantes organizados, los vecinos más acaudalados o las desarrolladoras deseosas de gentrificar distintas áreas de la ciudad. La facultad de presentar una queja podría abrir la puerta para que las alcaldías favorezcan a quienes les reportan un mayor capital político, no a los grupos que, por distintas razones estructurales, enfrentan dificultades para organizarse y usar los recursos jurídicos. Por supuesto que las quejas pueden impugnarse, pero buena suerte haciéndolo contra una autoridad a la que la ley le confiere tanta discrecionalidad.

En los hechos, las posibilidades que ofrece la Ley de Cultura Cívica a los trabajadores sexuales para dialogar y reclamar sus derechos en condiciones equitativas son limitadas. Para que la inclusión y la no discriminación dejen de ser palabras en papel y se conviertan en acción, una mejor ruta es regular el trabajo sexual. Regular, tomando en cuenta las voces de los trabajadores sexuales (como ya estaban haciendo algunos legisladores acá). Y esta regulación no puede sólo favorecer a una de las partes (los vecinos o los grupos con quienes la alcaldía simpatiza). Debe permitir —como no hacía el proyecto de Ley de Cultura Cívica hoy en reconsideración— balancear los distintos intereses que convergen en el espacio público. Debe reconocer que las partes son muchas veces partes en conflicto y que todas deben tener armas en las batallas que libran en su día a día, especialmente, aquellas partes que han estado históricamente en desventaja.

Claudia Torres. Miembro de GlamSex; estudiante de doctorado en la Escuela de Derecho de Harvard.


1 El equivalente a 11 y 40 unidades de medida de actualización (UMA) diarias vigentes en la Ciudad de México. Según la ley, si una persona cuenta con credencial de trabajador no asalariado (y las trabajadoras sexuales, desde 2014, pueden), la multa no puede ser mayor de 84.49 pesos (1 UMA).

2 ¿Recuerdan este episodio con el Periscope de Arne que acabó siendo denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad?