Las instituciones mexicanas y el pueblo

La teoría del Estado ha enseñado que tenemos como sus elementos esenciales al territorio, al pueblo y al poder público. Una vez que el primero de estos elementos asume una estabilidad, subsisten fricciones naturales entre los últimos dos elementos, pues, éstos son los que se encuentran en permanente cambio.

El pueblo como elemento humano y el poder público como elemento organizacional del Estado, tienen en todo momento una relación dialéctica estrecha que además es circular y permanente, llevando a que la característica subjetiva de ambos vaya por momentos a distinta velocidad o que también se confronten. Al estar el poder público profundamente interrelacionado con la soberanía de la que es titular el puebloal construirse con la suma de voluntades y cesión de porciones de libertad de cada uno de sus integrantes, el primero depende en todo momento de lo que el pueblo decida y está sujeto a mutar al ritmo que la sociedad se transforma paulatinamente.

Estado

Ilustración: Víctor Solís

Hoy en diversas partes del mundo existe un fenómeno creciente de objeción a lo hecho por las instituciones que constituyen al poder público. Esto se ha presentado por múltiples factores que han generado que una porción considerable de los integrantes del pueblo estén convencidos de su poca eficacia y utilidad, más aún al conocer fehacientemente la carga financiera que suponen para el Estado: hoy el quehacer cotidiano de las instituciones es observado y cuestionado diariamente pues la legitimidad y la confianza que históricamente se han depositado en ellas han sufrido una sensible reducción, debiendo señalar que quienes las han integrado son en buena parte responsables ya que es una realidad que en muchos casos el cuestionamiento a las instituciones ha estado plenamente justificado en razón del actuar de quienes las integran.

Examinar el trabajo realizado por las instituciones definitivamente es un hábito sano que abona a la buena administración —considerada hoy un derecho humano— y deja patente la evolución que ha habido en la transparencia de la función pública y la rendición de cuentas a la que debe estar sujeta, erigiéndose los anteriores como valores fundamentales que construyen un camino claro hacia la consolidación democrática del Estado y a la profesionalización del gobierno que forma parte de él. Para lograr que esta evaluación permanente se haya convertido en un hábito, se ha necesitado de primeramente contar con un orden jurídico que lo posibilite y de la generación de una cultura en gobernantes y gobernados de que prácticamente todo lo hecho en el ejercicio de la función pública debe contar con esta característica y ser accesible a todos.

En los últimos años existen manifestaciones sociales en diversas latitudes en las que básicamente se ha expresado un descontento con el actuar de las autoridades; sin importar su extracción ideológica, existe un denominador común que es esa molestia del pueblo con los resultados arrojados por la gestión de sus gobiernos. Hoy estamos en un mundo donde cada vez se reconocen más derechos y no siempre se establecen obligaciones a la par, por lo que el ejercicio del poder se ha tornado más complicado y el nivel de exigencia del pueblo se ha incrementado en la misma medida en que ha crecido su catálogo de derechos.

Así, tenemos que el cuestionamiento al gobierno ha dejado de darse exclusivamente en las calles para ahora presentarse incluso en el interior del propio poder público.

En defensa de su estabilidad, tenemos que como patrimonio del Estado, las instituciones suponen una construcción histórica en la que se han invertido recursos de todo tipo y grandes esfuerzos, pues muchas de ellas han sido el resultado inmediato de luchas sociales y de la satisfacción de nuevas necesidades.

México no es la excepción, pues muchas instituciones se han creado a partir de movimientos de gran profundidad que, entre cosas, han tenido como bandera de lucha aquella ampliación del catálogo de derechos que se ha visto reflejada en una multiplicación de las instituciones existentes en el seno del poder público mexicano.

Indudablemente este desencuentro entre el pueblo y las instituciones se relaciona con lo que en la doctrina conocemos como el poder constituyente y el poder constituido, en donde el primero es aquel originario en el sentido en el que no hay preestablecido otro, siendo quizá es la más importante expresión de la soberanía popular y; el segundo, se trata de un resultado directo del poder constituyente, pues una vez concluido este último poder extraordinario quedan establecidos diversos principios e instituciones con base en los cuales se construirán los marcos de acción tanto de gobernantes como de gobernados.

Así, sostenemos la relación indisoluble existente entre el poder constituyente como resultado del pueblo y de la soberanía cuya titularidad es ocupada por aquel, y el poder constituido como el resultado de esa voluntad popular.

La realidad actual del poder público en México

Al día de hoy, México se encuentra en un punto de inflexión por lo que hace al debate sobre la pertinencia de la subsistencia de ciertas instituciones. Es incuestionable que efectivamente existen instituciones que han sido utilizadas por los gobernantes en una clara persecución de intereses particulares o de grupo y no de tipo general, pero también resulta irrebatible que han sido esas instituciones las que de una manera u otra han hecho aportaciones fundamentales para los avances que México ha tenido.

Al día de hoy contamos dentro del Estado mexicano con un poder público integrado por diversas formas de control político materializadas en lo que conocemos como poderes: dos de ellos son elegidos a través del voto popular que son el poder legislativo y el poder ejecutivo y; por otro lado, contamos con otros dos poderes en este caso contramayoritarios que son poder judicial y los organismos constitucionales autónomos (OCA).

Es menester aclarar que la condición contramayoritaria funciona bajo la premisa del trabajo especializado y libre de cualquier sesgo político, de tal manera que ésta se encuentra frente a la condición mayoritaria como una reserva que el propio pueblo —conocedor de la condición humana— ha establecido a manera de contrapeso.1 Naturalmente, los poderes mayoritarios que son el legislativo y el ejecutivo se encuentran diseñados para buscar la conquista del poder de manera permanente a través de las elecciones en periodos que suelen ser limitados para llevar a su consolidación un proyecto político. En cambio, los poderes contramayoritarios materializados en el poder Judicial y en los OCA, al no estar sujetos a este sistema de elecciones, pueden actuar bajo criterios que resultan en políticas de largo aliento.

De los cuatro poderes antes señalados, tenemos que los dos primeros —que son los mayoritarios— al ser encabezados por servidores públicos elegidos por medio del voto popular —diputados, senadores y presidente de la República— se encuentran legitimados por lo mismo, teniendo que los dos poderes contramayoritarios están siendo severamente cuestionados por lo que los defensores del voto popular como medio por excelencia para acceder al poder consideran una falta de legitimidad, precisamente por contar con titulares que no han accedido a ese cargo como resultado del voto popular.

Es así que tenemos que comparados con los poderes legislativo y ejecutivo, tanto el poder judicial como los OCA han pasado por momentos críticos en el desempeño de sus tareas y, además, siguen recibiendo serias descalificaciones por lo que se ha considerado una carencia de legitimidad, siendo la principal la forma de designar a sus integrantes.

Una vez señalado lo anterior, es posible desvirtuar ese argumento de dos maneras: (i) para acceder a un lugar como ministro a la Suprema Corte de Justicia o como integrante de alguno de los OCA, es necesario cumplir con el procedimiento señalado de manera detallada en la Constitución, siendo que dicho procedimiento fue en su momento diseñado y establecido por voluntad de los integrantes del poder legislativo, que fungieron invariablemente como representantes del pueblo y expresaron su voluntad, dándole legitimidad, y (ii) también podemos encontrar su legitimidad en la solidez técnica y el ejercicio efectivo de su autonomía frente a los poderes mayoritarios. La imparcialidad y objetividad de su trabajo es lo que los dota de legitimidad.

Entonces, podemos considerar que actualmente la estructura institucional mexicana es expresada bajo un esquema de división del poder público en cuatro: dos de ellos eminentemente políticos —legislativo y ejecutivo— y dos con una naturaleza y finalidad técnica indudable –judicial y OCA-. Por ello, la forma de acceder a encabezarlos no puede ni debe ser la misma; para aquellos poderes con una profunda naturaleza política se precisa de una expresión permanente de la soberanía popular exteriorizada a través del voto; por otro lado, los poderes con una razón técnica necesitan de integrantes con conocimientos técnicos especializados que cumplan a cabalidad con lo que les ordena la Constitución y las leyes aplicables, y cuya legitimidad proviene de un acto legislativo remoto. No obstante el carácter remoto de dicho acto legislativo no difumina la legitimidad de estos poderes contramayoritarios, sino que el mismo acto legislativo procura la conservación de aquella: por medio del procedimiento de designación de sus integrantes.

En este tenor, hoy contamos dentro de los diez OCA, con dos que pueden funcionar como un buen ejemplo de un procedimiento de designación de integrantes que a la vez de ser funcional, puede mayormente garantizar la llegada de personas técnicamente sólidas que abonen al cumplimiento irrestricto de lo ordenado por la Constitución y por las leyes que rigen su funcionamiento, así como su legitimidad. Me refiero a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por mandato constitucional para ser comisionado de cualquiera de estos dos entes públicos se deben acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo, mediante un procedimiento formal que será ejecutado por otros OCA (Banco de México, INEE e INEGI). Así, si bien la terna es propuesta por el presidente de la República y ratificada por los senadores, el modelo de evaluación para acreditar los conocimientos técnicos necesarios es por demás pertinente y legitimador, pues a través de una medición objetiva y con diversos controles se brinda ayuda el jefe del ejecutivo para que la terna que proponga ya haya pasado por un proceso de depuración.

Reflexión final

En virtud de las críticas que en los últimos días se han formulado en lo relativo a la designación de ministros e integrantes de los OCA, es notable que estos dos poderes se han convertido en un objetivo claro del descrédito al calificarlas como élites que no tienen la sensibilidad social necesaria para el ejercicio de las funciones públicas que se les ha conferido. Si bien es cierto que definitivamente estas instituciones no tienen el mismo contacto con el pueblo que el que tienen los poderes legislativo y ejecutivo —al ser ellos votados periódicamente por este último—, esto resulta impreciso pues las labores para las que estos poderes con funciones técnicas fueron creados implican invariablemente un contacto permanente con sectores específicos de la sociedad —de ahí su especialización—, pues pueden ir de relacionarse con personas que han sufrido un menoscabo en sus derechos humanos, a sancionar a partidos políticos, a regular a  agentes económicos de diversos sectores, o encuestar a beneficiarios de apoyos sociales, entre otros.

Sin duda, el cuestionamiento a la legitimidad que pueden o no tener ciertas instituciones implica una aseveración que de origen tiene un sesgo, pues hoy el problema no radica en la representación sino enla confianza que puedan tener los que deciden en esas instituciones.

Dada la relación tan íntima existente entre el pueblo y las instituciones, resulta sano que haya momentos en los que nos preguntemos si el gobierno está funcionando y va a la par de lo que necesita el pueblo, aunque el apostar a priori por la supresión de todo aquello que le parezca lejano a este conglomerado humano puede no ser positivo. Se requiere de análisis profundos y detenidos sobre la pertinencia de la subsistencia de estas instituciones, apostando por su subsistencia y mejoría y, en todo caso, dejando como último recurso su eliminación por haber agotado la razón de su existencia o por haber servido a intereses ajenos al pueblo. La reconciliación del Estado mexicano pasa invariablemente por la reconciliación del pueblo con sus instituciones.

Marco Antonio Zeind Chávez. Abogado por la UNAM.


1 Estas ideas desarrolladas principalmente por Pierre Rosanvallon y Roberto Gargarella.