Colapso climático, crisis climática, emergencia ecológica… Estas fueron algunas de las palabras con las que la joven activista Greta Thunberg identificó al cambio climático.1 Es innegable: este fenómeno ya está afectando a personas, ecosistemas y medios de subsistencia en todo el mundo. Con la reciente presentación del Informe especial sobre el calentamiento global de 1.5°C, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no sólo proporcionó una evaluación de las consecuencias de un aumento de la temperatura promedio global, sino que mostró que limitar el calentamiento requerirá de “cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”.2

Greta Thunberg es un ejemplo de las voces que han condenado la inacción de los gobiernos y de los ciudadanos frente al cambio climático. Sin duda, resulta esperanzador que las futuras generaciones estén explorando posibilidades para combatir este fenómeno y, más aún, que sus acciones comiencen a tener resultados; especialmente, cuando nuestra generación parece determinada a permanecer en la inercia. Muchas de estas voces han llegado a las calles, a las escuelas, a los cuerpos legislativos e, inesperadamente, a los tribunales.

Cambio climático

Ilustración: Patricio Betteo

En efecto, los tribunales están resolviendo un número creciente de casos por acciones u omisiones relacionadas con el cambio climático. Niñas, niños y adolescentes han accionado los mecanismos judiciales para combatir la carga que representa el cambio climático para su generación, tal como en el caso Juliana v. United States en el que 21 jóvenes —de entre 10 y 21 años— presentaron una demanda en una corte federal en contra de diversas autoridades estadounidenses. En este caso, los promoventes solicitaron que se obligara a las autoridades a tomar medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y evitar que su concentración en la atmósfera supere las 350 partes por millón para el año 2100.3

Hace poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó la atención de la comunidad internacional al resolver uno de los primeros casos sobre cambio climático en América Latina.4 Los promoventes fueron 25 niños, adolescentes y jóvenes adultos —de entre 7 y 25 años— que viven en algunas de las ciudades colombianas más vulnerables al cambio climático. Los accionantes se identificaron como “la generación futura que enfrentará los efectos del cambio climático en el período 2041-2070 y 2071-2100”, en un escenario en el que tendrán que lidiar con un aumento de la temperatura promedio en Colombia de 1.6 ºC y 2.14 ºC, respectivamente.

¿Qué argumentaron los promoventes? Señalaron que el gobierno colombiano adquirió compromisos nacionales e internacionales para lograr la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), incluyendo la obligación de disminuir a cero la tasa neta de deforestación en la Amazonia colombiana para el año 2020. No obstante, indicaron que el país ya había perdido 178,597 hectáreas de bosques en 2016, aumentando la deforestación en un 44% respecto de la cifra reportada para el año anterior. Así, los accionantes señalaron que la deforestación en la Amazonia colombiana incide en el aumento del calentamiento global, considerando las cantidades de dióxido de carbono que se encuentran almacenadas en los bosques —y que serían liberadas a la atmósfera con la remoción de plantas y árboles—. Por ello, los promoventes exigieron un plan de acción para reducir la tasa de deforestación y tener la posibilidad de “gozar de un ambiente sano, vida y salud”.

¿Qué resolvió la Corte Suprema? Concluyó que —sin duda alguna— existe peligro de daño, y que el aumento de las emisiones de GEI provocado por la deforestación de la selva amazónica generaría un incremento en la temperatura de Colombia. La sentencia destaca que la situación exhibida por los accionantes constituye un desconocimiento de las obligaciones adquiridas mediante el Acuerdo de París, especialmente, el compromiso de reducción de la deforestación en la Amazonia. En este sentido, la Corte concluyó que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la deforestación pese a existir numerosa normatividad y jurisprudencia sobre la materia, y que corresponde a las autoridades “responder eficazmente” al problema advertido. Asimismo, la Corte Suprema consideró que las autoridades ambientales “no están cumpliendo sus funciones” de evaluación, control, monitoreo e imposición de sanciones ante violaciones de la normatividad ambiental. Por lo anterior, la Corte ordenó a la presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que formulen —con la participación de los accionantes, las comunidades afectadas y la población interesada— un plan de acción que contrarreste la deforestación y haga frente a los efectos del cambio climático.

¿Qué hace tan especial a esta decisión de la Corte Suprema? Este caso no sólo se materializó en una orden precisa para las autoridades responsables, sino que i) se tradujo en el reconocimiento de la existencia del problema ambiental; ii) en el reconocimiento de los efectos adversos del cambio climático en los derechos de las generaciones presentes y futuras; y iii) en la convicción de que las autoridades tienen el deber de enfrentar el problema mediante la participación pública.

¿Cómo puede impactar esta decisión en la formulación y el planteamiento de casos judiciales en otras partes del mundo, incluyendo México? Es necesario resaltar los siguientes puntos y considerar cómo responderían los tribunales mexicanos ante planteamientos similares.

En primer lugar, es relevante destacar cómo la Corte Suprema interpretó la legitimación activa. La aplicación de criterios estrictos para acudir a una instancia judicial y la necesidad de acreditar un interés particular —para estos efectos— puede representar una barrera para el litigio sobre cambio climático, especialmente, al momento de exigir una relación causal entre la actuación de los demandados y las afectaciones particulares derivadas del cambio climático. En este caso, los jóvenes promoventes superaron esa barrera. La Corte Suprema reconoció que, si bien la acción de tutela —mecanismo de control constitucional colombiano— no es procedente para la protección de derechos colectivos, era necesaria una excepción frente a la vulneración del derecho a un medio ambiente sano. En este sentido, la Corte ponderó la situación fáctica y los elementos probatorios, y concluyó la procedencia de la acción frente a la vulneración de este derecho cuando se advierta prima facie que su transgresión produce “la afectación directa de otras prerrogativas de carácter fundamental”. En este argumento, la Corte destacó que el medio ambiente constituye un derecho de rango constitucional —fundamental y colectivo— que debe ser exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales. En México, ¿cómo entenderíamos el contenido y el alcance de este derecho cuando los aspectos de la vida sobre los cuales se proyecta y los supuestos en que puede estimarse una vulneración al mismo están relacionados con el cambio climático? ¿Cuál sería el recurso idóneo para garantizar la existencia de este derecho en los términos anteriores?

En segundo lugar, es necesario destacar cómo la Corte Suprema analizó la existencia de un nexo causal entre el cambio climático y el aumento de la tasa de deforestación. En estos casos, es probable que las decisiones jurisdiccionales tengan que lidiar con un contexto de incertidumbre científica. No obstante, con la aplicación del principio precautorio, dicha incertidumbre no debe imposibilitar la adopción de medidas eficaces —en función de los costos— para impedir la degradación ambiental.5 Con el uso de este principio, basta la existencia del riesgo de daño para adoptar medidas; que el daño sea grave o irreversible; y que exista un principio de certeza científica, aunque la misma no sea absoluta.6 Es decir, si el principio de certeza refleja el riesgo para el ambiente, será preciso adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre la materialización del daño. La Corte Suprema utilizó el principio precautorio: concluyó que no había duda sobre la existencia del peligro, y señaló que la irreversibilidad del daño y el principio de certeza científica eran evidentes. Para llegar a esta conclusión, la Corte argumentó que el aumento de las emisiones de GEI produciría el efecto invernadero y generaría un incremento en la temperatura de Colombia, a partir de información del IDEAM,7 la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Una vez reconocida la existencia del riesgo, la Corte Suprema concluyó que la deforestación generaría un perjuicio inminente a los promoventes. ¿Cómo reaccionarían nuestros tribunales ante este tipo de evidencia científica?

Finalmente, es sumamente relevante destacar cómo entendió la Corte Suprema el núcleo esencial de protección del derecho a un medio ambiente sano para concluir que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma. Considerando la existencia de la dimensión adicional de este derecho, y en aras de proteger un ecosistema vital para el devenir global, la Corte Suprema reconoció a la Amazonia colombiana como entidad “sujeto de derechos”. No es la primera vez que la Corte Suprema otorga esta titularidad de derechos a la naturaleza. En la sentencia T-622 de 2016, dicha Corte consideró que era necesario dar un paso adelante en la jurisprudencia hacia la protección de la biodiversidad, por lo que declaró como sujeto de derechos al río Atrato.8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha advertido esta tendencia a reconocer personería jurídica y derechos a la naturaleza, tanto en decisiones judiciales como en ordenamientos —incluso constitucionales—, bajo el entendimiento de que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo.9 Estos pronunciamientos de la Corte Suprema dieron lugar a diversos cuestionamientos sobre la pertinencia y necesidad de reconocer derechos a la naturaleza. No obstante, es innegable la ventaja que plantea dicha titularidad de derechos desde el punto de vista de la legitimación y del acceso a órganos jurisdiccionales. Si condicionamos la defensa de la naturaleza, en sede judicial, a la afectación directa de las personas y a la obtención de beneficios inmediatos en la esfera jurídica de las mismas, no solo seguiremos sosteniendo una visión estrictamente antropocéntrica del ambiente, sino que limitaremos las alternativas de participación pública y de acceso a la justicia que permitirían enfrentar uno de los problemas ambientales más apremiantes de nuestro tiempo.

La sentencia de la Amazonia nos muestra que tenemos alternativas para actuar y que tenemos buenas razones para hacerlo. También nos muestra que los tribunales pueden dar un primer paso para hacer cumplir las obligaciones asumidas por los Estados. Con el paso del tiempo, los cambios en los compromisos nacionales e internacionales, el reconocimiento de la importancia de los derechos humanos y la justicia en el desarrollo sostenible, así como la creciente preocupación por la degradación ambiental y los efectos del cambio climático podrán traducirse en un aumento en las expectativas sociales depositadas en los jueces. Posiblemente, también veamos un aumento significativo en el número de casos judiciales relacionados con el cambio climático en los próximos años.

Los jueces tendrán que lidiar con la incertidumbre y el dinamismo de los problemas ambientales; tendrán que aceptar que, en ocasiones, será el riesgo y no la materialización del daño lo que deberá motivar sus decisiones; se verán en la necesidad de dialogar con la evidencia científica; tendrán que considerar que la participación de todos los interesados es el mejor modo de tratar los problemas ambientales; y tendrán que pensar en los efectos de sus sentencias más allá del papel. Los demás tendremos que considerar el impacto de nuestras acciones y evitar el daño, antes de que sea necesaria la intervención de los tribunales. Las nuevas generaciones han demostrado su interés en permanecer en la búsqueda activa de alternativas para hacer frente a los efectos del cambio climático y asegurar un futuro donde puedan satisfacer sus necesidades ¿vamos a dejarlos pelear esta batalla solos?

Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos. Egresado de la licenciatura en Derecho del CIDE.


1 Disponible en la cuenta de Twitter de Greta Thunberg.

2 Informe sobre el Clima del IPCC 2018; IPCC, “Summary for Policymakers”, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty¸ 2018.

3 Juliana v. United States, No. 6:15-CV-01517-TC, 2016 WL 6661146,10 de noviembre, 2016. Actualizaciones sobre el caso disponibles en: Climate Change Litigation Databases

4 El texto completo de la sentencia (SCT4360-2018) está disponible en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia.

5 En estos términos se incluyó en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

6 Análisis de la aplicación del principio precautorio formulado por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-293 de 2002. Este análisis fue utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia en la sentencia T-622 de 2016, p. 101, disponible en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia

7 “El [Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales] es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general.”

8 Sentencia T-622 de 2016, expediente T-5.016.242.

9 Señala como ejemplos la Sentencia 218-15-SEP-CC de la Corte Constitucional de Ecuador, y un Escrito de petición de la Corte Superior de Uttarakhand At Naintal de la India; asimismo, identifica diversos ordenamientos que han incorporado el derecho a un medio ambiente sano. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-23-17 de 15 de noviembre de 2017, Medio ambiente y Derechos Humanos, pp. 28-30.