Incorporar la revocación de mandato en el régimen democrático, sin analizar las implicaciones en el sistema electoral mexicano, sería contraproducente, ya que las elecciones y el mecanismo de democracia directa no son compatibles aún. Las cuestiones técnicas y operativas, así como los contextos sociales y políticos se erigen como un paradigma que atenta contra la estabilidad de los comicios y, a su vez, condicionan los efectos benévolos de la revocación de mandato.

Para contrastar las complejidades organizativas del proceso electoral y las implicaciones de la revocación de mandato es necesario tomar en cuenta, como punto de partida, la fecha de celebración de la jornada de participación —votación— y los efectos de la revocación de mandato —continuidad o rescisión de la gestión presidente—.

Ilustración: Víctor Solís

Jornada de participación

Para desarrollar la jornada de participación donde se sufrague por la revocación de mandato, se debe tomar en consideración que el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita de, al menos, 120 días para su organización. En este sentido, si se desea hacer la consulta antes del proceso electoral federal 2020-2021, la petición de revocación tendría que ocurrir entre octubre y noviembre de 2019, su organización comenzaría en enero de 2020 y la jornada de participación sería en julio de 2020.

En cambio, si se opta por organizar la jornada posterior a las elecciones federales de 2021, la petición sobre la revocación de mandato, su respectiva aprobación o negación sería en septiembre de 2021, y la jornada de participación tendría que realizarse en marzo de 2022. En cualquiera de estos dos escenarios, el INE requiere alrededor de 2.5 mil millones de pesos adicionales solo por cuestiones de organización —integración de casillas, materiales y documentos electorales, PREP, conteo rápido, recolección de paquetes electorales, entre otros—.1 Por lo tanto, si se busca no generar un gasto adicional, se podría pensar que la consulta de revocación de mandato ocurriese de manera paralela a la elección de 2021.

En cualquiera de los tres casos, la revocación de mandato se empalmaría con elecciones locales, pues en 2020 habrá cambios en los ayuntamientos en Hidalgo y de diputados en Coahuila; en 2021, se renovarán15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades cambiará la integración de sus ayuntamientos; en 2022, por su parte, en Aguascalientes y Durango se elegirán ayuntamientos, en Baja California diputados y ayuntamientos, en Quintana Roo y Tamaulipas diputados. Ello supondría que la elección relativa a la permanencia del ejecutivo federal desplazaría en segundo plano la elección del resto de los puestos de elección popular. En consecuencia, además de relevar la importancia de todos los demás cargos a elegir, la gente se saturaría de información de carácter político-electoral, por lo que podría desincentivar su participación, tanto para la revocación de mandato como para la elección de caragos de representación popular.

Si se logra que lo anterior no sea un problema, es necesario plantear la siguiente interrogante: ¿se garantizarían las condiciones de equidad? Al estar en campaña el gobierno federal, éste posee todos los recursos necesarios para “demostrar” los logros alcanzados, mientras que la oposición no. Para resolver esta situación, se podría pensar en modificar el modelo de comunicación política para que se regule la prohibición de publicidad gubernamental para promoción de servidores público.2 No obstante, ese “despliegue” de acciones realizadas por el ejecutivo federal haría que las candidaturas del partido gobernante para el resto de los puestos a competir tuvieran mayor ventaja sobre los demás partidos.

Si pensamos que se logran vencer los anteriores obstáculos y se mantienen las condiciones de equidad —lo cual exigiría concretar de manera expedita cambios constitucionales; modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Mataría de Delitos Electorales; así como crear la Ley de Revocación de Mandato—. Entonces, vale preguntarse si se aseguraría que el modelo propuesto es el más adecuado. La evolución del sistema electoral mexicano ha demostrado, con ensayo y error, que las reglas del juego siempre cambian después de cada elección. Prueba de lo anterior han sido las múltiples reformas electorales que nuestro país ha transitado desde 1977. Por lo tanto, al ser un modelo completamente distinto, el INE tendría que corregir conforme a la marcha los vicios y defectos de la normatividad de la revocación de mandato, lo cual corre el riesgo de que el TEPJF considere que el INE esté actuando como legislador, cuando ese no es su papel.

Al especular que lo que anteriormente se insinuó no será ningún problema. Ello llevaría a pensar en el segundo tema, ¿cuáles serían las consecuencias de la revocación o no del mandato del presidente de la República?

Escenario 1. Continuidad

Si la ciudadana proporciona un voto de confianza y decide a favor de la continuidad del mandato presidencial se estarían generando, principalmente, dos consecuencias. La primera residiría en el incremento o en la disminución del apoyo ciudadano hacia la figura presidencial. Es decir, de manera inevitable se compararía los votos obtenidos en la elección de 2018 contra el número de apoyo otorgados en el mecanismo de democracia directa. Esto conllevaría a que si los resultados de la no revocación de mandato son menores a los 30 millones de votos alcanzados en 2018, la oposición podría cuestionar de forma constante la legitimidad del gobierno actual, creando una crisis para el ejecutivo federal.

La segunda consecuencia, inminentemente electoral, versaría sobre la influencia o, mejor dicho, respecto la intervención que tendría la continuidad del mandato presidencial sobre las elecciones de 2020, 2021 o 2022,3 ya que en un escenario de altos niveles de apoyo se generaría un contexto favorable para los candidatos del partido político en el gobierno federal. En caso contrario, se produciría un contexto desfavorable para dicha fuerza política o, bien, sería un insumo importante para focalizar sus estrategias electorales para conseguir más victorias en las urnas. Ello implicaría que inevitablemente se altere la equidad en las contiendas, aun cuando se decida hacer el ejercicio de democracia directa antes o después de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.

Escenario 2.  Rescisión

Si la ciudadanía decide que el mandato presidencial debe concluir o claudicar, en conjunción con la fecha de la jornada de participación se generarían dos consecuencias. La primera, siendo en julio 2020 la jornada de participación, se tendrían a tres presidentes en un periodo de un año: el Secretario de Gobernación —por termino no mayor de 60 días—; un presidente interino nombrado por el Congreso de la Unión —por un término no mayor de nueve meses—; y un presidente electo por los ciudadanos en una nueva jornada electoral.4 Lo anterior implicaría realizar una nueva elección bajo un contexto de gran complejidad política y de una gigantesca volatilidad social y económica. Lo cual, sin dudas, supondría una gran crisis de gobernabilidad e instabilidad política, social y económica. Ello sin ocuparse de los costos financieros que significaría el llevar a cabo una nueva elección La novel presidencia tendría una corta duración de aproximadamente de 40 meses, que difícilmente cambiaría el rumbo de gobierno.

La segunda, siendo en julio de 2021 o en marzo de 2022 la jornada de participación, se tendrían dos presidentes para concluir el periodo del titular del ejecutivo revocado: el Secretario de Gobernación —por un término no mayor de 60 días— y un presidente sustituto nombrado por el Congreso de la Unión que concluirá el mandato.5 La designación el presidente sustituto tendrá que ser hecha por una nueva integración de la Cámara de Diputados,6 hecho que conllevaría a una posible confrontación con la Cámara de Senadores, al posiblemente tener una conjugación distinta de fuerzas políticas. Por lo tanto, se generaría un contexto de crispación política, económica y social.

A manera de conclusión

El sistema electoral se encuentra construido para salvaguardar la certeza, confiabilidad, independencia, transparencia, legalidad, legitimidad, imparcialidad y objetividad de las elecciones. No esta edificado para responder a las necesidades de la democracia directa, ni mucho menos para garantizar la correcta instrumentación de la revocación de mandato. El entramado legal e institucional electoral obedece a lógica de la democracia representativa, es decir, a la formación y la transmisión del poder político a través de la selección de representantes populares.

Buscar introducir figuras de democracia directa requiere de un proceso integral que implique crear el marco constitucional y normativo y, en su caso, institucional, para establecer las condiciones idóneas para su introducción e instrumentación. Esto, sin lugar a dudas, requiere de tiempo y valoración de los contextos político, económico, social y cultural. En otras palabras, crear las coyunturas y las condiciones para la aplicabilidad de la revocación de mandatoconstituye un proceso paulatino, global y disruptivo, que, de hacerse bien, sentará las bases de un cambio de paradigma en el Estado Mexicano, al generar la inserción de un instrumento de democracia directa. Para ello, es vital que se desarrolle la adecuación del sistema electoralque permita la coexistencia de mecanismos de democracia representativa y de democracia directa.

En caso de querer acelerar los tiempos y tener estructuras legales e institucionales inacabadas e imperfectas, producto de un análisis a media tintas y superficial, se corre el riesgo de tener generar actos que atenten contra la eficacia, la eficiencia, la confiabilidad y la estabilidad de las elecciones y de introducir un mecanismo de democracia directa que se constituya como un instrumento del poder político, desvirtuando la voluntad ciudadana; o bien, como una herramienta de democracia directa que solo funja como un adorno del régimen democrático y del sistema normativo.

César Hernández González. Especialista en democracia, derechos humanos y elecciones. Twitter: @ZezarHG


1 A esta cifra deberá sumarse el costo de la fiscalización, del monitoreo de medios de comunicación, de la actualización del registro federal de electores, del financiamiento publico de los partidos políticos, entre otros.

2 Regulación del artículo 134 constitucional.

3 Esto dependerá de la fecha de la jornada de participación.

4 Los tres presidentes tendrían fundamento en el párrafo primero, tercero y cuarto del artículo 84 de la Constitución.

5 Los dos presidentes tendrían fundamento en el párrafo primero, quinto y sexto del artículo 84 de la Constitución.

6 Tomando en consideración que la jornada de participación será en julio de 2021 y que su calificación será en agosto, la nueva integración de la cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de elegir al Presidente Sustituto.