En la exposición de motivos de la modificación al artículo 134 constitucional, se refiere que uno de los objetivos de la reforma es lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral, y evitar que éstos hagan uso de su cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito político… Sobre este último tema, recientemente la Sala Superior emitió un par de criterios que modifican sustancialmente la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Electoral en los últimos once años, y que generan una importante distinción entre los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

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Uno de los (pocos) argumentos a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es la supuesta validación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 1/1996. Con este argumento la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados consideró que las tesis jurisprudenciales que emanaron del precedente facultan a las fuerzas armadas para auxiliar a las autoridades civiles a salvaguardar la seguridad interior.

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La adopción de la paridad en la integración de los congresos locales constituye un avance para fortalecer la representación de las mujeres. Sin embargo, persisten retos para avanzar hacia una mayor representación sustantiva, la igualdad en la distribución del poder y la construcción de una democracia paritaria en el país, entre los que se encuentran homologar los criterios de aplicación del principio de paridad en las 32 entidades federativas y garantizar que éste se mantenga como un piso mínimo, y no como un tope máximo en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

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En noviembre esta institución deberá renovarse, pues termina el mandato del ministro José Ramón Cossío Díaz. Y debido a que en 2015 y 2016 las propuestas del presidente Peña Nieto fueron altamente cuestionadas –por la sencilla razón de que no todos los integrantes de las ternas cumplían con los requisitos de idoneidad-, el pasado 10 de octubre de 2018, organizaciones de la sociedad civil y la academia enviaron al presidente de la República una propuesta para abrir al escrutinio público la terna para elegir al próximo ministro.

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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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Aterrizando el tema al caso Duarte, surgen entonces dos grandes preguntas medulares: ¿Por qué la procuraduría, actuando en contra de toda esta lógica, ofreció el procedimeinto abreviado al estandarte de casos graves de corrupción? En ese sentido, si el tema fuera de falta de evidencia para ir a juicio: ¿Por qué una defensa hubiera aceptado un abreviado si no había evidencia sólida y, en consecuencia, sentía que podía ganar un juicio? Efectivamente, ninguna de estas teorías hace sentido.

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Nos encontramos en un contexto en el que los prejuicios que pesan sobre las identidades trans no han hecho más que perpetuar la discriminación que viven diariamente. Prueba de ello es la distinción en la legislación para el cambio de documentos, así como las interpretaciones restrictivas que asumen que las identidades trans son distintas a cualquier otra y deben ser verificadas. La Corte debe continuar en la misma línea de reconocer más derechos para más personas.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos y temas más destacados conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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El asunto que la Segunda Sala de la SCJN tiene que determinar, es si efectivamente —no solamente formalmente— el trato diferenciado contenido en la Ley Federal del Trabajo permite el acceso material o constituye más bien un obstáculo que viola los derechos y vulnera la dignidad de las y los trabajadores domésticos. Nada de esto se hace en este proyecto del ministro Pérez Dayán, sino que se opta por una argumentación falaz y formalista.

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Quizás volvamos a ver juicios llevados en rebeldía, como sucedió con Nicaragua en los años 80, teniendo ahora como protagonistas a Irán y a Palestina. Quizás volvamos a tener sentencias de la Corte que son despreciadas e incumplidas. En todo caso, lo importante será recordar que la mejor opción siempre será recurrir a una corte de derecho para dirimir una disputa; que las sentencias de la CIJ seguirán marcando la pauta de un orden global basado en la legalidad y la justicia; y que la impunidad jamás legitima los abusos de los poderosos, al contrario, los aísla y los exhibe como lo que son.

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