Hace unas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión en el que analizó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “congelar” las cuentas bancarias de las personas que son incluidas en sus “listas de personas bloqueadas”. La resolución del asunto ha generado cierta inquietud en medios de comunicación y redes sociales, y es que lo establecido por los ministros de la Segunda Sala resulta de especial trascendencia tanto para los usuarios de servicios financieros, los sujetos con obligaciones fiscales, así como para las instituciones encargadas de prevenir y sancionar delitos económicos y financieros.

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En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra discutiendo una acción de inconstitucionalidad trascendente para el futuro de la materia penal en el país … Uno de los temas más relevantes que se ha discutido en estas sesiones tiene que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de la policía sin una orden judicial previa y de manera escrita. La importancia de este tema radica en la posible afectación a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos por parte de la policía en un país donde el abuso y la brutalidad policíaca son más la regla que la excepción.

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Ante la impugnación por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el lunes de la semana pasada, del nuevo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar tener resultados del conteo rápido del Instituto el 1º de julio próximo, conviene analizar si, en efecto, existen elementos de carácter técnico o jurídico para revertir la ruta que la autoridad electoral ha construido para ofrecer información oportuna de la elección presidencial la misma noche de la elección.

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Al resolver la impugnación que promovieron la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Televisión Azteca, el Partido Revolucionario Institucional y su precandidato a la presidencia, la Sala Superior revocó la respuesta que dio el INE a la consulta que le fue planteada. En primer lugar, la Sala Superior fue cuidadosa en señalar que el INE actuó correctamente, pues en ningún momento emitió lineamientos o regulación alguna que obligara a los partidos políticos o candidatos, únicamente se pronunció respecto de una consulta formulada por dos partidos políticos.

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Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?

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Esta nueva era digital trae consigo retos y cambios constantes; para determinar las normas y ajustar su funcionamiento en este siglo XXI, es necesario tomar en cuenta a una sociedad cada vez más activa, informada y conectada en la que, con la finalidad de que cada usuario sea capaz de tomar una decisión considerada conveniente para los fines de política púbica, los reguladores ofrezcan información amplia, oportuna y exacta a través de medios óptimos.

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Es decir, ante un escenario complejo, en el que hubo elecciones locales y federales concurrentes y variedad de alianzas electorales, el Tribunal Electoral consideró que era necesaria la intervención de la autoridad administrativa electoral para difundir la orientación e información necesaria para evitar la anulación del voto ciudadano. De ahí que tanto el INE como los OPLES tendrán que contemplar en su capacitación electoral, programas educación cívica y propaganda institucional, la información suficiente y diferenciada para que el electorado de cada región y estado del país esté enterado de cómo votar. Una tarea por demás ardua y complicada, cuyos resultados se verán después del 1º de julio de 2018.

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Por ello, junto con otros factores, la etapa de precampañas —recién concluida— resultó controversial. Razón por la que en el Seminario Permanente de Justicia Electoral fue analizado el expediente del procedimiento especial sancionador SUP- REP 159 /2017; en el cual, un partido político solicitó la imposición de una medida cautelar para retirar los spots de un precandidato único por considerarlos como actos anticipados de campaña.

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En más de una ocasión, personas ajenas al sistema juridico mexicano han dicho que los mexicanos estamos “obsesionados” con el control de convencionalidad. Y tienen razón. Sin embargo, creo que esa obstinación ha sido, en muchos casos, acotada en cuanto a las posibilidades del tema. Por ejemplo, no son pocas las discusiones entre juristas y/o estudiantes que no logran salir del redil de la sentencia “Radilla” y la jurisprudencia clásica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el control de convencionalidad.

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La relevancia de esta resolución del Tribunal es que no sólo estudia la legislación del estado de Puebla, sino que también está analizando la regulación de una figura cada vez más presente en la democracia mexicana que son las candidaturas independientes. Esta figura político-electoral es un tema complejo en sí misma por ser relativamente nueva, aunque en 2015, los aspirantes que contendieron por esta vía lograron obtener un cargo de elección popular. Con todo esto, las candidaturas independientes han cobrado una mayor aceptación en el proceso electoral.

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