Un fantasma recorre Europa: el fantasma del Brexit. Todas las potencias se han unido para exorcizarlo; David Cameron y Gordon Brown, Wolfgang Schäuble y Yanis Varoufakis, Barack Obama y Hillary Clinton. Entre los políticos famosos del momento, sólo Donald Trump parece congeniar con el fantasma que se liberó en Londres.

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Pese al proceso de fortalecimiento institucional que experimentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011 – el cual culminó con la reforma a su reglamento en agosto de 2013 – la situación financiera se volvió insostenible. A pesar del compromiso declarado en ese año por los Estados Americanos con el respeto y promoción de los derechos humanos, éste no se ha reflejado en el presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destinado a su sistema de protección de los derechos humanos.

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La cuestión es que estos avances en el derecho a la no discriminación, por más importantes y significativos que sean, no han logrado hacerse eco más allá del propio discurso del que provienen, que es el jurídico de los derechos humanos, y, por tanto, tampoco del foro en que se han hecho valer, el del poder judicial. Tímidamente algunos congresos y titulares de poderes ejecutivos comienzan a acercarse al tema, pero lo hacen con cautela y sin verdaderamente adentrarse en las causas de la exclusión, la denigración y el odio hacia lo diferente.

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Este informe es un llamado a todos los ciudadanos, gobierno y gobernados, a que analicemos qué se puede hacer frente a la impunidad en nuestro país. Cometidos o no estos crímenes, y sean o no de carácter internacional, es un hecho que la tasa de impunidad en nuestro país es aterradora y que los ciudadanos somos responsables de exigir acciones que vayan más allá del papel y la retórica en foros internacionales.

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En escasas ocasiones el derecho a determinar lo que ocurre en el cuerpo de uno mismo ha sido invocado y, menos aún, desarrollado positivamente. Al contrario: se ha asimilado dócilmente que el Estado debe intervenir prohibiendo la ingesta de ciertas sustancias por considerarlas peligrosas para la salud de los consumidores. Y eso que la concepción de la peligrosidad de las drogas no es pacífica medicamente –al menos de un buen grupo de ellas.

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Ante el incipiente desarrollo del arbitraje en nuestro país, los órganos jurisdiccionales deben ser muy cuidadosos en sus precedentes al dotarle a éste de alcance y contenido. No hay que olvidar que lo que está en juego no es menor: con interpretaciones incorrectas sobre esta materia se coartaría un medio alterno de solución de controversias y, lo que es más grave, se limitaría una faceta de la garantía del derecho al acceso a la justicia.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Como se advierte, el escenario político electoral será muy complejo, pues hoy más que nunca, la neutralidad en las actuaciones de las autoridades, particularmente de los gobernadores, será determinante para garantizar la equidad de la contienda, así como la vigencia del voto público. De lo contrario, al vulnerarse los derechos políticos de los ciudadanos, se merma el orden constitucional y esto puede arrojar como consecuencias la invalidez y anulación de la elección.

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Más allá de la controversia suscitada respecto la iniciativa presidencial sobre matrimonio gay, habría que preguntarnos si elevar el tema del matrimonio igualitario a la discusión política no es una oportunidad para emprender algo que debimos hacer desde hace años. Es momento de arrebatar las tablas de la ley a los juristas y a las Cortes, y devolverlas a la ciudadanía. No sea que al final del camino, en una extraña contradicción performativa, nos descubramos incapaces de sostener el discurso a favor de la igualdad y la inclusión y prefiramos la tiranía de la interpretación de las Cortes.

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El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.

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