Como se ve, en un futuro, el derecho a la ciudad como derecho humano podría incorporarse de manera explícita a los tratados internacionales o a la propia Constitución federal. Lo anterior, abonaría a la cultura de respeto y protección de los derechos humanos, incluido, por supuesto, al conjunto de pretensiones que, en un contexto democrático, se exigen de una ciudad.

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Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su facultad de atracción, resolvió un amparo directo en el que determinó que el derecho a la imagen sí se encuentra protegido dentro del ámbito del derecho autoral. La Corte llegó a esta decisión considerando que el artículo 28 constitucional prevé una restricción legítima y válida al derecho de autor, en tanto que su ejercicio encuentra justificación en la medida en que no transgreda el derecho a la imagen e intimidad de la persona fotografiada.

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El uso del automóvil beneficia a una minoría, pero acapara el espacio público y daña el ambiente de todas las personas, incluso de los propios automovilistas y de las generaciones futuras … Los actores privados podemos diversificar nuestros modos de transporte, compartir el automóvil, implementar políticas laborales flexibles y, por supuesto, movernos en bicicleta y caminar para dignificar al peatón como centro de la movilidad.

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Discutir y analizar sistemas de control de la constitucionalidad a partir del siglo XX, es departir sobre órganos de naturaleza jurídica; sin embargo, poco nos detenemos a reflexionar sobre su homólogo de esencia política. En 1836, en nuestro país, se instauró un poder supremo con esta naturaleza; un reducidísimo puñado de estudiosos nos invita a discurrir este pasaje del constitucionalismo mexicano.

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La Suprema Corte, entonces, en su papel de máximo intérprete de la Constitución, se pronunció en una acción de inconstitucionalidad. De tal manera que, con una votación absoluta, se le ordenó al Congreso de Jalisco a modificar una porción normativa de un artículo que transgrede derechos protegidos por el espectro de la norma habilitadora. En este sentido, vale recordar que los diputados de Jalisco, al asumir su cargo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución federal. De ahí que sea un disparate jurídico que al día de hoy los legisladores aún no hayan acatado el fallo de la Corte.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan asuntos conocidos en este período.

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La sentencia ya se cumplió, pese a los hechos, contradicciones y metainterpretaciones, David Monreal Ávila es candidato a Gobernador. Lejos está aquella idea que plantea que la democracia debe ser un régimen de certidumbre de las reglas y de incertidumbre en los resultados de las urnas. En breve: es enorme la distancia entre lo que cuenta la sentencia de la mayoría de magistrados y que da por terminado -jurídicamente- el caso y los hechos que se tuvieron que evaluar.

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El riesgo de las campañas mediáticas contra el Poder Judicial que hacen organizaciones como Alto al Secuestro es que debilitan la confianza de los ciudadanos en los jueces y ponen en peligro los avances que se han hecho en la última década a favor de los derechos humanos, especialmente de los derechos procesales y el principio de presunción de inocencia.

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