¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

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Una cruz latina de más de 12 metros de altura se ha abierto paso y ha llegado hasta la escalinata de la Corte Suprema de Estados Unidos. En efecto, en el caso The American Legion v. American Humanist Association, la Corte analizará si es constitucional que la cruz de Bladensburg siga siendo exhibida y preservada en espacios y con recursos públicos. En específico, esta Corte examinará si dicha actuación estatal vulnera la Primera Enmienda, la cual prohíbe que el gobierno imponga una religión oficial o que favorezca un culto religioso sobre otro.

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No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.

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La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia de género, transgrede lo más íntimo de las personas al vulnerar el cuerpo como límite natural. El caso Atenco ilustra de forma clara como el Estado mexicano utilizó la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia de dominio estructural con diversos objetivos y alcances, entre ellos ejercer un control a la población civil que se veía en ese momento como un enemigo a vencer bajo cualquier costo.

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La iniciativa que crea la Guardia Nacional no cumple por completo con los estándares interamericanos que ha establecido la CoIDH. Por donde se quiera ver, es necesario que el nuevo gobierno, en caso de que insista en utilizar a los institutos armados en tareas de seguridad pública, reformule de manera profunda la propuesta, de lo contrario podríamos estar enfrentándonos a diversos problemas en materia de derecho internacional y de derechos humanos.

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¿Cuál es la realidad mexicana actual respecto el delito de feminicidio? En los últimos años no se han emitido estudios robustos y contundentes sobre el tema por parte del Estado. Los únicos estudios que han hecho son aquellos realizados por investigadores y sociedades civiles donde se demuestra la ausencia de datos referentes a este problema social. De manera general, lo que se sabe es que el feminicidio es un delito que ha estado presente en el país mexicano.

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Pasada la jornada electoral de este año, resulta pertinente reflexionar sobre la legitimación de la justicia electoral en México. Tras este proceso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó maltrecho y abollado. En parte el propio TEPJF es responsable, pero también es víctima de un diseño institucional que no le deja remedio alguno y, sobre todo, de la escaza cultura de legalidad que hay dentro del país.

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