A simple vista, esta iniciativa podría malinterpretarse como una medida legislativa tendiente a transgredir la independencia judicial del TEPJF; sin embargo, como se explicará más adelante, la iniciativa pretende enmendar de una vez por todas la arbitrariedad cometida a finales del año 2016 por el Congreso federal -posteriormente, respaldada por una mayoría en el Pleno de la Suprema Corte- consistente en prolongar indebidamente el cargo de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior, lo que dañó severamente la independencia judicial y la legitimidad del máximo tribunal electoral de nuestro país.

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Hace unos días, el senador Monreal presentó una iniciativa para reformar la ley de amparo, específicamente, el tema de sanciones. La iniciativa tiene por finalidad dos puntos: i) incluir un artículo (260 bis) que sancione a los abogados postulantes que se encuentren representado a personas en los juicios de amparo por presuntos actos que retrasen deliberadamente el proceso judicial y; a su vez, ii) facultar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para substanciar y sancionar a los abogados que incurran en las causas que señala la propuesta a través de un procedimiento administrativo sancionador.

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Esperamos que pronto se obtenga una resolución definitiva favorable al interés de las comunidades aledañas, como ha sucedido en las últimas dos resoluciones provisionales, las cuales han podido verificar la legalidad y el beneficio del proyecto, como lo muestran las determinaciones de la autoridad judicial. La última determinación de 29 de enero de 2019, el juzgador federal, incluso, revocó la suspensión concluyendo que: “En todo caso, se advierte que las obras reclamadas son en beneficio tanto de los pueblos indígenas quejosos como de los terceros.”

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No cabe duda que afectar a la delincuencia organizada en su patrimonio es una medida necesaria para debilitarla, y que la extinción de dominio podría ser una herramienta adecuada para hacerlo. Sin embargo, ello requiere de una regulación cuidadosa para no afectar a terceros de buena fe. Una regulación que atropella los derechos de los gobernados sólo ocasiona que se anulen sus disposiciones, provocando la ineficacia de la ley.

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Los mensajes contenidos en discursos de los servidores públicos denunciados, al llevar a cabo sus funciones, refieren a logros de Andrés Manuel López Obrador, habilidades y capacidades de su persona. La difusión de toda la propaganda ha sido amplia, pues, ha comprendido diversos medios, tales como la indumentaria y aditamentos que portan diversos servidores públicos del gobierno de México, para desempeñar sus funciones de levantamiento de censos o entrega de programas sociales, en los discursos emitidos por dichos servidores al momento de llevar a cabo sus funciones y en diversas publicaciones realizadas a través de Internet

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De manera reciente diversos reportes de prensa han informado sobre la intención de un diputado federal de MORENA, de presentar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 102, apartado B, de la Constitución. Dicha propuesta incluiría la transformación de la CNDH para convertirse en una “defensoría del pueblo”.

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En estas líneas doy cuenta de cómo la lucha de estos dos activistas logró que, el 14 de agosto de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte (SCJN), bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, emitiera una resolución histórica, en la que concluyó que la omisión del poder ejecutivo federal de emitir el reglamento sobre cannabis medicinal violaba los derechos de Carlos, ordenando su publicación en 180 días hábiles.

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Una vez que se da a conocer la relación familiar del juez de control Delgadillo Padierna con Dolores Padierna, se planteó por la opinión pública una duda razonable respecto a si debió o no haberse excusado del caso. Esto debido a que la ahora diputada de Morena, tía materna del mencionado juez de control, acusó públicamente en su momento a Rosario Robles, hoy recluida en Santa Martha Acatitla, de ser un actor clave en el episodio de los video-escándalos en el año de 2004.

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A dos meses de que surtiera efecto la renuncia del que fuera el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y en medio del proceso de selección para el próximo titular del órgano, conviene hacer una reflexión sobre el futuro en materia de reparación en nuestro país, en concreto, atendiendo a las herramientas de interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado para enfrentar retos similares.

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