Antes de realizar propiamente una reseña del nuevo libro de José Ramón Cossío, Voto en Contra, presentaré algunas ideas que me provocó su lectura, no en línea con el carácter solitario que encierra la disidencia y sus costos, sino en sentido opuesto justo para entender a la disidencia como posibilidad, como un arriesgado ejercicio crítico de índole colectiva e importantes beneficios sociales.

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La Cámara señaló que para el derecho alimentario el concepto de enfermedad también comprendía toda alteración ligera y transitoria del estado y normal funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, no estaban comprendidos los típicos altibajos de las capacidades físicas del cuerpo. Este punto de vista también lo compartió el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior de Colonia. La Cámara reconoció que la resaca constituía un caso límite; sin embargo, consideró que la resaca podría entrar dentro del concepto de enfermedad.

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No obstante, el regocijo con que se ha cubierto el tema en medios, considero que el asunto concreto de la Ley Bonilla (en cuanto al fondo) no ha sido zanjado por ningún tribunal, pues, como hemos visto, la SCJN ha dicho que aún no es tiempo de impugnar la constitucionalidad de dicha ley pues la reforma aprobada por la legislatura local que amplía el periodo del mandato no se ha publicado todavía.

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En los siguientes días debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

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Las autoridades mexicanas utilizaron una interesante (aunque sumamente contradictoria) estrategia para evitar que fueran subastadas las piezas precolombinas: afirmaron que son patrimonio cultural de México y, por lo tanto, es ilícita su venta, o que son falsificaciones y, consecuentemente, es ilícita su venta. Es evidente que no se puede ser patrimonio cultural y falsificación a la vez. Son situaciones excluyentes por definición.

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“Somos un Poder Judicial que tiene que estar integrado por juezas y por jueces, por juristas que entiendan el dolor de la gente, por juristas que entiendan el sufrimiento de la corrupción de la gente y por juristas que entiendan que tenemos el alto compromiso de cambiar para bien este país que está harto de corrupción, de privilegios y de impunidad”, declaró hace algunos días el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La decisión del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso no es trivial. Es quizá uno de los pocos actos que realmente empatan con el ideario de izquierda que este gobierno dice enarbolar. No me centraré en los méritos o deficiencias técnicas de la ley, porque otros ya lo han hecho. Lo que quiero resaltar es lo que hay detrás de una ley de este calado.

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El 21 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California aprobó un acuerdo por el que se conforma una comisión especial en el Congreso, con el objeto de llevar a cabo una consulta ciudadana para que se conozca el sentir de los bajacalifornianos respecto de la ampliación de mandato del gobernador actual de 2 a 5 años.

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A simple vista, esta iniciativa podría malinterpretarse como una medida legislativa tendiente a transgredir la independencia judicial del TEPJF; sin embargo, como se explicará más adelante, la iniciativa pretende enmendar de una vez por todas la arbitrariedad cometida a finales del año 2016 por el Congreso federal -posteriormente, respaldada por una mayoría en el Pleno de la Suprema Corte- consistente en prolongar indebidamente el cargo de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior, lo que dañó severamente la independencia judicial y la legitimidad del máximo tribunal electoral de nuestro país.

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