¿Está efectivamente garantizada la autonomía desde una perspectiva orgánica? ¿Hay garantías presupuestales de los tribunales electorales locales? ¿El plazo de siete años previsto para el cargo de magistrado local es fijo? ¿A quién corresponde fincar responsabilidades, y lineamientos de carácter laboral, respecto los magistrados locales? De principio, puede afirmarse que no se previeron mecanismos adecuados y precisos respecto a su régimen institucional, organizacional y presupuestario, circunstancias que han sido utilizadas por los gobernadores locales para tratar de incidir en su estabilidad e independencia.

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¿Qué pasará con los candidatos independientes cuando resulten ser minorías y, por lo tanto, no accedan a curules o escaños vía representación proporcional porque existe una prohibición legal? En diversas resoluciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene construida una línea jurisprudencial en la cual ha determinado que las candidaturas independientes son compatibles con el sistema de representación proporcional, además de que en regidurías tienen derecho de acceso al cargo.

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En México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición, que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas.

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A pesar de que el caso de Mónica Lang y Donald Trump cuentan con diferencias notables, las acciones que los llevaron a la corte son de gran importancia dentro del marco jurídico actual. Las sentencias dictaminadas por ambas cortes guiarán y establecerán, de una manera u otra, la forma en la que el derecho empieza a regular la conducta de las personas dentro de las redes sociales. Debido a la naturaleza de Internet, cualquier regulación deberá considerar todos los posibles aspectos de cada caso particular, puesto que uno de los principales atractivos de las redes sociales ha sido la posibilidad del anonimato.

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Lo anterior, me lleva a hacer referencia a la muy conocida Posesión de Loudun, que ocurrió a principios del siglo XVII, y que Michel de Certeau documenta en su prestigiada obra, publicada en 1970. El Ritual Romano actual, como se ha mencionado, ordena al exorcista proceder a celebrar el exorcismo sólo cuando tenga seguridad de la verdadera posesión demoníaca; pero si se analizan aquellos fenómenos ocurridos en 1633 en el convento de las monjas ursulinas —relatados por Certeau—, había entre los doctores de teología de la Sorbona, la certidumbre de que “…dos de esas religiosas…están verdadera y realmente poseídas por el demonio, y que deben considerarse y tratarse como energúmenas”.

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Debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

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A partir de la revisión firma por firma que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) de los aspirantes a los diversos cargos, nos enteramos de que muchos de ellos optaron por hacer trampa: por lo menos 23 aspirantes a diputados y dos más -a juicio de algunos tres- a la presidencia de la República. Este anuncio ha causado indignación social y cierto dejo de decepción sobre las figuras que para muchos se erigían como una alternativa al sistema de partidos, así como una serie de interrogantes sobre el proceso de recepción y verificación de apoyos realizado por el INE.

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Pero, pese a todo, la decisión de la SCJN pretende abonar a la construcción de un sistema de justicia que cuente con estándares de actuación adecuados para todos los actores involucrados … Los controles procesales definitivamente existen. El reto es echarlos a andar. Amordazar a la policía no es la solución. Y si algo nos deja la sentencia de la SCJN —además de la declaratoria de constitucionalidad— es una invitación a seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo de nuestro sistema de justicia y a orientar nuestras acciones a consolidarlo.

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La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.

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