Bloquear una cuenta en Twitter. Una acción aparentemente sencilla que no debería implicar mayor problema y que permite hacer más disfrutable la experiencia en dicha red social, al así evitar ser fisgoneado por usuarios con los que no deseamos interactuar ni tener contacto. Pero ¿qué sucede cuando el que bloquea ostenta un cargo público y la cuenta bloqueada es de una persona que desempeña una labor periodística?

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Principalmente, me enfocaré, en dos de los agravios que el PES planteó en su demanda. Por un lado, la posibilidad de que la regla constitucional que exige a un partido obtener el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro puede ser interpretada a fin de utilizar un parámetro basado en escaños. Y, por el otro, que en la legislación electoral mexicana no existe un recurso efectivo que les permita a los partidos verificar el número exacto de votos que obtuvo, para efecto exclusivo de evaluar si mantiene o no su registro.

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En el sistema electoral mexicano, el voto ciudadano es el único factor que puede y debe determinar la suerte de un partido político. Estoy convencida que la decisión tomada hoy por la Sala Superior fue correcta, al respetar la voluntad soberana del electorado, al apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución –cuyo texto ni contexto admiten licencia alguna para la solución de la presente controversia– y al evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas.

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Si bien la marea parece haber cedido y no se perciben cambios sustanciales a corto plazo, la controversia sobre el destino de los refugios para víctimas de violencia de género en esta administración ha ayudado a visibilizar el papel que juegan estos espacios en la prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me interesa abordar en las siguientes líneas un aspecto apenas percibido pero de enorme relevancia: la relación entre el derecho a la vivienda y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

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Podría argumentarse que el actual procedimiento de designación es correcto, pues en él sí se garantiza la división de poderes al incluir al presidente, mediante la formulación de la terna de candidatos, y al legislativo, a través de la votación a favor de uno de éstos. La realidad, no obstante, demuestra lo contrario. Urge esta discusión e incluir a la sociedad civil para que su participación pueda verse materializada y sea un verdadero contrapeso o, al menos, sus preocupaciones valgan dentro del Senado.

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Por ello, es que las reformas al Código Penal Federal en materia anticorrupción, no son más que una reforma fantasma, que evidentemente requieren de un nuevo acto legislativo de reforma a su artículo transitorio para darle inicio a su vigencia, ya que de lo contrario, lo que se espera, son solo aprietos y malos momentos para fiscales y jueces, quienes no tendrán debida certeza de las normas que se aplican y recordemos que en materia penal no hay pena sin ley.

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El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

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Pronto existirá en México un nuevo órgano con facultades constitucionales para perseguir a la delincuencia como no se había visto en nuestro país. Tendrá una fuerte intervención militar. Pero lo que ocurre antes de perseguir la comisión de un delito y, una vez concluida esta etapa, lo que sucede después con la judicialización y la sanción de las conductas, constituye la esencia de un sistema público capaz de dar respuesta a la grave situación de inseguridad.

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Justicia transicional se ha convertido en el término de arte en las discusiones para hacer frente al contexto de violencia e impunidad que vive México. Empero, a pesar de la llamada apuesta por el Estado de derecho, las medidas que han seguido a la toma de posesión presidencial han tomado por sorpresa a muchos.

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