Cuando surgió la idea de organizar un homenaje a Rodolfo Vázquez, quedó claro desde el primer momento que la intención era abrir un espacio para el mejor conocimiento del carácter multifacético de las obras de Rodolfo Vázquez, impulsar un diálogo crítico a propósito de las importantes reflexiones que ha presentado en millares de páginas y millares de clases, provocar la revitalización y la “viralización” de las ideas de uno de nuestros colegas excepcionales que, además, por encontrarse en el zenit de su trayectoria intelectual tiene todavía muchísimo a la cultura hispanoamericana tan necesitada de referentes propios.

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Hace unos días se difundió una singular sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora, en la que se conjugan diversos temas de los que se abordan en el presente artículo. A través de un amparo indirecto, el caso en cuestión garantiza el derecho al acceso a la información a un ciudadano que fue bloqueado en Twitter por el presidente municipal de Nogales.

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Los sismos padecidos en nuestro país nos han exigido retomar el Caso Bahía de Banderas para asumir el derecho a la vivienda en serio. Sí, sí y mil veces sí, aunque algunos se empeñen aún en decir mil veces lo contrario: los particulares sí tienen obligaciones activas y pasivas frente a los derechos humanos, incluyendo los clasificados como derechos económicos, sociales y culturales. De reconocerlo depende los daños que permitiremos vuelvan a ocurrir en un futuro.

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Tanto la Constitución en su artículo 41, como la ley general de partidos políticos en su artículo 25, les prohíben a los partidos políticos utilizar su presupuesto en asuntos distintos que los que señala la ley. ¿La ley está prohibiendo a los partidos políticos ayudar a la gente? Sí … ¿Esto significa que no hay manera de restarle el presupuesto a los partidos políticos y que este se utilice en apoyo a los damnificados? No. El financiamiento público a partidos políticos es una prerrogativa, es decir, un privilegio económico, y los partidos pueden renunciar a este o al menos a parte de éste.

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El sismo del pasado martes 19 de septiembre significó una fuerte sacudida a los cimientos de la sociedad de ciudad de México, con claras repercusiones a nivel nacional al menos en dos aspectos claves: la profunda solidaridad y empatía que ha surgido entre los “mexicanos de a pie”, junto con un recrudecimiento del sentimiento de enojo con las distintas autoridades.

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En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.

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Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

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A principios de 2016, la Cámara de la Cuarta Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una norma contenida en un reglamento interior de trabajo que prohibía el uso de los equipos de cómputo para fines personales era suficiente para justificar un despido ejecutado por una empresa rumana al descubrir que el trabajador había utilizado un servicio de mensajería instantánea a través de una computadora de la compañía para tener conversaciones privadas.

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