En primer lugar, se trazan los principales retos que enfrentó la Corte al inaugurarse la vida democrática. Después, se explican algunos de los cambios más significativos que ha sufrido la conversación constitucional en estos años, en rubros como la complejidad de los casos y preguntas que se les plantean a los ministros, así como en los cambios en el sustrato de la justicia constitucional. Por último, se esbozan algunas de las metas que debe alcanzar la Suprema Corte no para erigirse como tribunal constitucional, sino para fortalecerse como tal y exprimir su potencial en el arduo trabajo que implica consolidar una democracia.

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La obra de Rodolfo Vázquez es, como bien se menciona en el artículo, vasta, vastísima, por eso la discusión alrededor de ella es prácticamente inagotable. No obstante, en este texto pretendo dar cuenta de otro aspecto de la obra de Rodolfo, mucho más centrada en su papel como filósofo del derecho y docente.

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Una de las razones por las que el día de hoy, 8 de marzo, las mujeres haremos un paro es la falta de reconocimiento del trabajo doméstico, incluidas las labores del hogar y el trabajo de cuidado. Limpieza, alimentación, salud, higiene, educación, crianza, vestido, transporte y un largo etcétera son, generalmente, obligaciones de las mujeres. Además, hay que recordar que el trabajo doméstico usualmente no es remunerado y, en su caso, se realiza en condiciones sumamente precarias, con sueldos bajísimos y muy pocos —o nulos— derechos laborales realmente exigibles.

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Una vez más estamos de cara a un proceso de designación de funcionarios públicos de alto nivel, en esta ocasión toca el turno de quienes encabezan al órgano que organiza los procesos electorales a nivel nacional, nos referimos al INE. A más tardar, el 4 de abril la Cámara de Diputados tendrá que designar a quienes sustituyan a los consejeros electorales que relevarán a Arturo Sánchez, Beatriz Galindo Centeno y Javier Santiago Castillo.

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La Suprema Corte puede impedir o ayudar a consumar un atraco similar, cuando sus ministros discutan y decidan en los siguientes días la acción de inconstitucionalidad 61/2016. La cual aborda el peliagudo tema de la libertad condicionada y la privatización de la supervisión de las personas liberadas, que se encuentra establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

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En el mes de diciembre de 2015, el gobernador del estado de México Eruviel Ávila Villegas envío al congreso una iniciativa de ley para regular el uso de la fuerza pública, llamada por algunos medios como la Ley Atenco. Esta ley tiene como antecedente los lamentables hechos acontecidos el 3 y 4 de marzo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en donde sus pobladores y elementos de las policías municipal, estatal y federal se enfrentaron en un operativo.

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El acto del pasado martes fue un evento inédito puesto que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia fue ordenado por un tribunal nacional, fue encabezado por el titular de la institución que violó los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa y, además, implicó la implementación de una medida de reparación vinculante que no estaba sujeta a la aceptación o discreción de la autoridad. De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño.

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