La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?

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El objetivo del siguiente texto es informar a los ciudadanos cuales son y como están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudiarán los asuntos y temas más destacados y conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio de su labor.

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El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo en revisión 1049/2017. Los hechos, de manera sucinta, son los siguientes: el año pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena rarámuri y al grupo religioso de los testigos de Jehová llevaron a su hija, de aproximadamente seis años, al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuaha en estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.

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El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas, de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.

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La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. A pesar de la constante creación de institucionalidad, las vulneraciones han alcanzado en los últimos 12 años un carácter generalizado y sistemático que atiende a diversas y múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, la incapacidad estatal, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia.

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La pérdida de registro de NA y del PES es una cuestión de gran relevancia para la vida política del país, ya en ambos procesos están involucrados recursos del erario público, el voto ciudadano y la credibilidad de las propias autoridades electorales. De ahí que valga la pena darle seguimiento a lo que resuelva el Tribunal Electoral en los próximos meses.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

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Me parece que el siguiente paso en este proceso de consolidación de la justicia constitucional latinoamericana es que las constituciones creen dos nuevos mecanismos de control judicial de constitucionalidad: la revisión de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos y la colaboración de los tribunales constitucionales en el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales internacionales.

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El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas.

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En estos días se ha discutido, porque el momento lo obliga, cuántos y cuáles partidos políticos deberán perder el registro por no haber obtenido el 3% o más de la votación en las elecciones federales del 1 de julio. Una de las dificultades de esta polémica es que los artículos pertinentes, tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como de la Constitución, están formulados de manera ambigua, es decir, cada uno se presta a dos lecturas diferentes y potencialmente contrarias.

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