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El tema de la legalización de la mariguana avanza a tambor batiente. En menos de un año se ha debatido el tema como nunca antes. El detonante fue la decisión de la Suprema Corte de amparar a los quejosos en el caso SMART. De ahí se generó un efecto cascada que provocó la reacción de los principales operadores jurídicos y políticos del país.

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Estas importantes decisiones adoptadas por el más alto tribunal del país establecen un precedente histórico en el país. Por un lado, incorporan el concepto de “efecto inhibidor” de la libertad de expresión en el sistema judicial mexicano. Por otro, imponen un freno a la preocupante tendencia de criminalizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. En estos casos, la Corte acertó en proteger el derecho de la sociedad y, en específico, de los periodistas a buscar y recibir información de interés público como es la labor de los policías y el Ejército.

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Verónica trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante de la Ciudad de México. Los 200 pesos de salario diario que percibía, apenas le permitían cubrir sus necesidades básicas. Entonces con 36 años, Verónica tuvo que enfrentar un embarazo de alto riesgo, lo que provocó que tuviera que ausentarse algunos días de la fuente de trabajo. La situación molestó a su empleador, quien empezó a asignarle ciertas labores incómodas y a verbalizar constantemente su actitud discriminatoria, hasta que, finalmente, la despidió. Justo en el momento en que Verónica tenía más necesidad de su empleo, fue separada de él solo por estar embarazada.

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Lo interesante es que si rechazan a este candidato y Hillary Clinton resulta triunfadora en las elecciones de noviembre, entonces, los republicanos estarían en el peor escenario: tener que ratificar a un segundo candidato –nunca se han rechazado a dos nominados de manera consecutiva-, que sin duda ahí sí sería un liberal agresivo, heterodoxo y joven: el justice antagónico de Scalia.

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El artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal dice lo siguiente: “al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días”. Con fundamento en esta disposición, Norma Rangel Salazar y Gabriela Hernández Arreola –detenidas durante una manifestación y un operativo de la policía— habían sido sentenciadas a diez meses y un año cuatro meses de prisión, respectivamente.

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Comenzar a analizar tribunales in situ y desde la interdisciplinariedad, nos dará elementos importantes para comprender que más que números y aplicación de preceptos abstractos formulados como normas, los tribunales son, como toda institución burocrática, una amalgama entre su historia y las personas que los integran. Son una microsociedad con sus propios “usos y costumbres” que, insisto, aunque muchos conocen, muy pocos son los que al momento de estudiarlos le dan la importancia y el peso que tienen.

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