La desigualdad es la causa más identificada que explica las frecuentes violaciones al derecho a una vivienda adecuada. La problemática sobre falta de vivienda, la aquiescencia de los gobiernos ante los fenómenos de la especulación inmobiliaria, o las visiones que consideran a la vivienda como una mercancía en lugar de un derecho fundamental son algunos de los ámbitos menos discutidos de la desigualdad.

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José de la Paz Ferman Cruz es un salvadoreño que en 2015 huyó de su país y solicitó asilo en México porque su vida se encontraba en riesgo. Permaneció detenido 358 días en una estación migratoria de forma ilegal y arbitraria. En la actualidad es representado por la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana.

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Para concluir, habría con subrayar que la iniciativa priista no introduce herramientas jurídicas que nos permitan regular de un mejor modo nuestro entorno laboral actual ni contribuye a atacar o siquiera disminuir los problemas más apremiantes del mundo del trabajo. Preparada en secrecía, no es difícil advertir que fue diseñada para consolidar el status quo en el que sólo unos cuantos, las mismas cúpulas empresariales y sindicales de siempre, llevan las de ganar.

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La desconfianza en las autoridades electorales no cabe en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país. Si hay actores que minarán la confianza en la autoridad electoral en los próximos meses, la Sala Superior no debe ser uno de ellos, mucho menos el primero. Sí, presidenta Otálora, tiene razón: hay que contar rápido y contar bien. Pero hay que hacerlo escuchando a quienes saben contar y lo han hecho bien. Sólo así se construirá la confianza en los procesos electorales que tanto le falta a nuestra democracia.

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El 25 de febrero se cumplió el plazo de un año que el Constituyente Permanente fijó para que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones legislativas necesarias a fin de implementar la reforma constitucional en materia de trabajo publicada en 2017. Senadores del PRI y PRD han presentado ya iniciativas en este sentido, pero la Cámara de Diputados ha ordenado realizar una “amplia consulta” a fin de debatir con mayor profundidad las modificaciones legislativas.

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Esta semana hemos estado escuchando una noticia de manera constante: el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió los debates entre candidatos en el período intercampañas. Para algunos, la decisión del INE busca favorecer a aquellos que se han mostrado renuentes a deliberar públicamente; para otros, es un exceso de la autoridad electoral que limita la libertad de expresión.

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Los procesos electorales de nuestro tiempo suelen venir acompañados, debido a lo que se encuentra en juego, por el conflicto, la crispación, los ataques y señalamientos recíprocos. Las autoridades electorales estamos llamadas a catalizar los cambiantes humores políticos, a servir de mediadoras entre los distintos intereses en disputa. Las propias autoridades debemos ser el ejemplo de prudencia y responsabilidad ante la sociedad, garantizando, con nuestro actuar y con nuestros posicionamientos, la legalidad, la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía. Los resultados deben ser rápidos, sí; pero, ante todo, deben ser confiables.

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Sorprende la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de echar abajo las modificaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) había realizado a su reglamento para garantizar a la ciudadanía conocer los resultados el mismo día de la elección. Sorprende porque no es la primera vez que el INE realiza modificaciones importantes para garantizar el desarrollo de los comicios y porque ante casos prácticamente iguales el razonamiento de los magistrados fue diametralmente opuesto.

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El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, adolescente detenido por agentes de seguridad pública de la Ciudad de México y desaparecido por 6 días, ha llamado la atención por el impacto social y la movilización que produjo, por las problemáticas estructurales que ha visibilizado, particularmente la detención de jóvenes bajo criterios discrecionales y criminalizantes.

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Vale la pena que el INE eche mano tanto de sus comités técnicos del conteo rápido, del PREP, de los propios institutos políticos e incluso de experiencias internacionales para identificar vías que en el marco de la legalidad hallen soluciones a la notoria deficiencia de la LGIPE sobre la operación de las casillas únicas. Lo que menos conviene a las propias autoridades electorales es caer en el discurso alarmista y de descalificaciones entre sí que a lo único que abonan es a incrementar la desconfianza sobre su actuar, que cabe recordar, se encuentra en sus niveles más bajos.

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