La CNDH, el 28 de enero de 2019, emitió la recomendación general no. 35 “sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana”. Al respecto, la determinación adoptada por la CNDH no estaría abordando con claridad las profundas dificultades existentes que implican los debates contemporáneos sobre las mejores formas de aumentar la capacidad de los pueblos indígenas para controlar los usos de sus conocimientos tradicionales.

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Hace unos días se hizo público el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en donde propone declarar inconstitucional la totalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que emitió el Congreso de la Unión, el 5 de noviembre de 2018, precisamente, porque considera que las violaciones al procedimiento legislativo fueron graves. Y es que realmente fueron gravísimas.

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A finales de marzo de este año la Sala Superior del TEPJF resolvió en definitiva sobre la expulsión de Ernesto Cordero de las filas del PAN. Aunque no se trata de un asunto novedoso en cuanto a expulsión de militantes de partidos políticos, sí estamos ante un criterio en materia electoral que vale la pena revisar respecto de las infracciones a normas partidarias, y sobre el análisis a la libertad de expresión al interior de esas organizaciones.

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Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados.

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El debate, la toma de conciencia y la adopción de medidas regulatorias sobre las redes sociales y su uso como cajas de resonancia de los discursos de odio, se encuentra, todo parece indicar, en un punto de inflexión. México no puede ni debe abstraerse de esta realidad, menos todavía en un entorno en el que se percibe y se vive un encono cada vez más grande en las redes sociales entre simpatizantes y detractores de diversas causas.

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La seguridad mitiga la incertidumbre que conlleva todo riesgo, y con mayor precisión, el “riesgo inminente” (entendido como aquél que, según la opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente afectable).

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El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa. Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto.

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La reforma constitucional en materia educativa está en vilo. “Palabras malditas”, dijo Delgado, deben ser explicadas para buscar el acuerdo con ciertos actores políticos. En ese mismo ánimo, otras muchas tendrían que ser analizadas con miras a compadecerse del carácter progresivo pero obligatorio de los derechos humanos y para garantizar las libertades frente al Estado, un ente que fácilmente adquiere rasgos y riesgos de Leviatán.

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A través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros. Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

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