México ha recorrido un largo camino para lograr la transición a la democracia que se ha ido consolidando a lo largo de más de tres décadas. Inicialmente, las grandes preocupaciones eran contar con una autoridad electoral imparcial, con un padrón electoral confiable y con resultados transparentes y documentados. Sin embargo, hemos observado que, al menos desde las elecciones federales del año 2000, el tema del financiamiento público y privado de las campañas políticas ha sido cada vez más observado y controvertido.

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El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.

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Actualmente se presenta en México la exposición Castillo sin puertas. Apuntes legales para entender el tiempo del artista cubano Reynier Leyva (La Habana, 1983). Las obras que conforman esta exposición fueron elaboradas durante la residencia que realizó este magnífico artista en La Tallera con el apoyo de la galería El Apartamento y Artistas x Artistas. Reynier transita por los laberintos de la burocracia, lo que le permite transformar trámites abstractos, imposibles, ilógicos en figuras concretas, lógicas y posibles.

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En ese contexto de discusión, surgen los siguientes cuestionamientos sobre lo que sucede jurídicamente cuando un candidato utiliza marcas comerciales en su campaña o cuando alguna empresa, a través de su marca comercial, patrocina una candidatura. ¿A quién beneficia esta relación, a las candidaturas o a las marcas? ¿Está permitido? ¿El uso de las marcas comerciales coloca a los candidatos en una situación de ventaja desleal? ¿Se generan incentivos no deseables en el gobierno, en el caso de que el candidato vinculado con estas empresas gane las elecciones?

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La futura administración tiene el reto de conjugar la legitimidad democrática con la legitimidad constitucional, pero siempre teniendo la claridad de que los procedimientos democráticos sólo son posibles si se garantiza la vigencia de las precondiciones y condiciones de la democracia. Es decir, la esfera de lo indecidible. Pareciera que se perdió el rumbo con la inclusión de una opción –el NAIM en Texcoco- la cual ha contravenido ominosamente la esfera a la que alude Ferrajoli, y parece que la decisión no correspondía a un parámetro de legitimidad democrática sino a uno de garantía de derechos humanos.

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No hay esquema federal posible sin una corresponsabilidad política de las autoridades locales. Si el correctivo de AMLO sirve para cambiar la relación y los obliga a reestructurar sus obligaciones, servirá de mucho. Esa medida, aunada a la austeridad presupuestal que se ha anunciado, debería de llevar a los gobiernos estatales a repensarse en términos financieros y políticos.

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¿Qué debemos entender por federalismo en el siglo XXI? ¿Cómo opera realmente nuestro sistema federal en México? ¿Cuál ha sido la lógica subyacente a ciertas reformas centralistas? ¿Se justifica el correctivo de AMLO con los superdelegados? ¿Qué otras vías podemos explorar para mejorar nuestro federalismo? Hoy, más que nunca, tenemos que cuestionar todo.

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¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso el pasado 16 de noviembre al declarar, con abrumadora mayoría, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Con ello, se avanza no sólo en la construcción de un tribunal independiente e imparcial, sino también en la efectiva garantía de los derechos, especialmente civiles y políticos. Sin embargo, tal muestra de solidez institucional parece flaquear cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos y comunidades indígenas, por un lado, y la actuación de empresas transnacionales, por el otro.

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El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, entre otras cosas, no estudiar la demanda presentada para combatir la determinación de la Sala Regional Monterrey por la que anuló los votos recibidos en una casilla, lo que tuvo como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal de General Zuazua, Nuevo León.

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