El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos y temas más destacados conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado.

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Salario mínimo

Nosotrxs, como movimiento, desde el origen ha defendido el ejercicio pleno de derechos sociales para reducir la desigualdad en nuestro país, a partir de las leyes y las instituciones que ya tenemos. Estamos convencidos que todos somos iguales ante la ley y creemos en la universalidad de nuestros derechos, de forma que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y, por medio de la intervención del gobierno, podamos resolver fallas de mercado y garantizar la protección de los grupos más vulnerables, en este caso de los trabajadores del hogar.

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Estado

Dada la relación tan íntima existente entre el pueblo y las instituciones, resulta sano que haya momentos en los que nos preguntemos si el gobierno está funcionando y va a la par de lo que necesita el pueblo, aunque el apostar a priori por la supresión de todo lo que le parezca lejano a este conglomerado humano puede no ser positivo. Se requiere de análisis profundos y detenidos sobre la pertinencia de la subsistencia de estas instituciones, apostando por su subsistencia y mejoría.

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Trabajo sexual

“Sin efectos, no hay derechos” es, quizás, la consigna más importante del realismo jurídico. Para nosotros los realistas, los derechos reconocidos en los documentos legales sólo existen en la medida en que estos se traducen en prácticas concretas. Desde mi perspectiva, el “respeto irrestricto de los derechos humanos en el ámbito de inclusión, de no discriminación y de convivencia” al que aspiraba la propuesta de Ley de Cultura Cívica presentada el pasado 16 de mayo ante el Congreso de la Ciudad de México es letra muerta.

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La Suprema Corte y el saldo de la discusión respecto de la Ley federal de remuneraciones

En esta segunda parte abordaremos el estudio y la discusión del segundo argumento transversal formulado en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y una minoría calificada de Senadores —105/2018 y su acumulada 108/2018— en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos… Se trató de la omisión relativa de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial, el cual logró la mayoría calificada de ocho votos para invalidar los artículos 6º y 7º del ordenamiento, en la parte que no había sido sobreseída.

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La Suprema y el saldo de la discusión respecto la Ley federal de remuneraciones

En esta serie de dos entregas pretendemos dar cuenta del resultado de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas respectivamente por la CNDH y una minoría calificada de Senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —la cual tuvo lugar los días 13, 14, 16 y 20 de mayo de 2019—.

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Es de resaltar que casos como este presentan la interrupción del embarazo como un derecho público que el Estado debe garantizar y no un privilegio privado al que solo cierto grupo de mujeres podrían acceder. El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad en un momento en el que las mujeres enfrentan obstáculos estructurales para ejercer sus derechos. La capacidad de las mujeres de participar en la vida pública se encuentra correlacionada con su capacidad de controlar sus vidas reproductivas. Es hora que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura para todas.

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Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.

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La libertad de expresión es una de las condiciones esenciales de todo régimen democrático, es decir, si el Estado no garantiza este derecho no puede decirse que hay democracia en ese país; de este tamaño es la responsabilidad de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, de garantizar su libre ejercicio.

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La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, en la que la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad e invalidez de diversas normas de la Constitución de la Ciudad de México, se refiere a dos temas de enorme relevancia para el federalismo de los derechos humanos, el principio de progresividad y su fuerza expansiva. Aun y cuando analiza otros temas igualmente importantes, en este texto solo analizaré la facultad de las entidades federativas para ampliar o reconocer derechos humanos, así como la posibilidad de establecer mecanismos de protección o control constitucional local.

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