Lo anterior, me lleva a hacer referencia a la muy conocida Posesión de Loudun, que ocurrió a principios del siglo XVII, y que Michel de Certeau documenta en su prestigiada obra, publicada en 1970. El Ritual Romano actual, como se ha mencionado, ordena al exorcista proceder a celebrar el exorcismo sólo cuando tenga seguridad de la verdadera posesión demoníaca; pero si se analizan aquellos fenómenos ocurridos en 1633 en el convento de las monjas ursulinas —relatados por Certeau—, había entre los doctores de teología de la Sorbona, la certidumbre de que “…dos de esas religiosas…están verdadera y realmente poseídas por el demonio, y que deben considerarse y tratarse como energúmenas”.

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Debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

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A partir de la revisión firma por firma que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) de los aspirantes a los diversos cargos, nos enteramos de que muchos de ellos optaron por hacer trampa: por lo menos 23 aspirantes a diputados y dos más -a juicio de algunos tres- a la presidencia de la República. Este anuncio ha causado indignación social y cierto dejo de decepción sobre las figuras que para muchos se erigían como una alternativa al sistema de partidos, así como una serie de interrogantes sobre el proceso de recepción y verificación de apoyos realizado por el INE.

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Pero, pese a todo, la decisión de la SCJN pretende abonar a la construcción de un sistema de justicia que cuente con estándares de actuación adecuados para todos los actores involucrados … Los controles procesales definitivamente existen. El reto es echarlos a andar. Amordazar a la policía no es la solución. Y si algo nos deja la sentencia de la SCJN —además de la declaratoria de constitucionalidad— es una invitación a seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo de nuestro sistema de justicia y a orientar nuestras acciones a consolidarlo.

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La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.

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Es ineludible que nuestras autoridades electorales tomen conciencia de lo que está pasando con Internet y las redes sociales en los procesos electorales alrededor del mundo, para que así estén preparadas ante los desafíos que esto implica. La autorregulación de los gigantes de las redes sociales o la preminencia del principio de libertad son fruto de visiones del pasado sobre el uso de Internet, las posibilidades que se abren vía la fiscalización de las campañas electorales son múltiples y abarcan, para empezar, que se transparenten los montos y nombres de quienes contratan publicidad política en las redes sociales más allá de los propios candidatos.

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Hace unas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión en el que analizó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “congelar” las cuentas bancarias de las personas que son incluidas en sus “listas de personas bloqueadas”. La resolución del asunto ha generado cierta inquietud en medios de comunicación y redes sociales, y es que lo establecido por los ministros de la Segunda Sala resulta de especial trascendencia tanto para los usuarios de servicios financieros, los sujetos con obligaciones fiscales, así como para las instituciones encargadas de prevenir y sancionar delitos económicos y financieros.

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En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra discutiendo una acción de inconstitucionalidad trascendente para el futuro de la materia penal en el país … Uno de los temas más relevantes que se ha discutido en estas sesiones tiene que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de la policía sin una orden judicial previa y de manera escrita. La importancia de este tema radica en la posible afectación a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos por parte de la policía en un país donde el abuso y la brutalidad policíaca son más la regla que la excepción.

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Ante la impugnación por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el lunes de la semana pasada, del nuevo acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar tener resultados del conteo rápido del Instituto el 1º de julio próximo, conviene analizar si, en efecto, existen elementos de carácter técnico o jurídico para revertir la ruta que la autoridad electoral ha construido para ofrecer información oportuna de la elección presidencial la misma noche de la elección.

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Al resolver la impugnación que promovieron la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Televisión Azteca, el Partido Revolucionario Institucional y su precandidato a la presidencia, la Sala Superior revocó la respuesta que dio el INE a la consulta que le fue planteada. En primer lugar, la Sala Superior fue cuidadosa en señalar que el INE actuó correctamente, pues en ningún momento emitió lineamientos o regulación alguna que obligara a los partidos políticos o candidatos, únicamente se pronunció respecto de una consulta formulada por dos partidos políticos.

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