En medio de estos cambios del nuevo gobierno federal, concluye el periodo como presidente del ministro José María Aguilar Morales, quien seguirá siendo parte de la Corte, y deberá ser sustituido en el cargo por alguno de sus pares. Los aspirantes a ocupar tal posición son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.

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El 17 de diciembre, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia del Senado las comparecencias de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta terna va a salir quien vaya a sustituir a José Ramón Cossío, reconocido jurista mexicano que terminó su encargo el pasado noviembre y, después de 15 años en el máximo tribunal mexicano, deja un muy importante legado en el sistema judicial de nuestro país.

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Desde 2015, Fundar se encuentra en una batalla judicial por vencer el secreto fiscal y acceder al nombre de los contribuyentes que se beneficiaron de las amnistías fiscales de los últimos sexenios. En esta lucha, el SAT y los grandes contribuyentes han impedido por todas las vías posibles el cumplimiento de una sentencia en donde se ordenó la entrega de dicha información.

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La discriminación como fenómeno social y jurídico es difuso en sus alcances y en la determinación de sus causas. Judicializarlo y pretender dotar de verdadera eficacia al derecho a la igualdad puede ser todo un reto para las cortes; más aún cuando se intenta definir la restitución del derecho violentado. Existen diversas aproximaciones al problema: por un lado, el modelo clásico observa la discriminación respecto a un individuo en un caso concreto y busca remediar ese acotado espacio de vulneración a los derechos.

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Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

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El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?

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Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.

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En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.

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A casi diez años de haberse emitido la sentencia del caso González y Otras, mejor conocida como Campo Algodonero, México está siendo juzgado nuevamente ante la Corte IDH por un asunto que, entre otros aspectos, está relacionado con la violencia cometida por razones de género. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse que existe un andamiaje jurídico robusto en materia de igualdad y prohibición de discriminación; al igual que elementos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y que el Estado mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos humanos y económicos para atender esta problemática, la deuda no solo continúa pendiente, sino que se ha incrementado.

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