A dos meses de que surtiera efecto la renuncia del que fuera el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y en medio del proceso de selección para el próximo titular del órgano, conviene hacer una reflexión sobre el futuro en materia de reparación en nuestro país, en concreto, atendiendo a las herramientas de interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado para enfrentar retos similares.

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A diferencia de otros constitucionalistas, quienes, al día de hoy no son leídos como ideólogos de un proyecto político que logró vencer a sus rivales, sino como profetas del orden político y social supuestamente idóneo, lo apasionante de Ambedkar es que en él podemos leer la historia de la derrota; la historia de un proyecto político y constitucional de la imaginación radical que no ha sido materializado jamás.

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Los órganos jurisdiccionales de amparo tienen todos los medios jurídicos para ser los principales detonadores del respeto, protección y garantía de los derechos humanos, ya que están obligados a investigar, denunciar y hacer del conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos que conozcan a través de su función jurisdiccional. El amparo es un recurso efectivo en tanto los juzgadores de amparo cumplan con todas sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos. Esto permitirá reducir la impunidad y fortalecer el estado garantista de derecho.

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Es visible que el acceso a la justicia por parte de población migrante y, en particular, niñas, niños y adolescentes, demanda una mayor sensibilidad y compromiso por parte de autoridades e impartidores de justicia. En particular, este caso demanda ahora que se promueva un nuevo recurso de queja, ante un acuerdo del Juzgado de Distrito que limita los alcances del interés legítimo en casos que involucran la privación a la libertad de niñas, niños y adolescentes.

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Una regulación verdaderamente comprometida con la protección de los derechos de las mujeres gestantes debe ser más limitativa y restrictiva que la presentada en la iniciativa de la senadora Olga Sánchez, pues la falta de límites en el acceso a la gestación subrogada, a pesar de que es más favorable para los derechos reproductivos de los contratantes, puede vulnerar la dignidad de las mujeres gestantes.

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Podemos afirmar que el corrimiento de una fórmula matemática no tiene porqué dejar espacio a la interpretación, incluso, la fórmula electoral tendría que ser lo suficientemente clara para que cualquier ciudadano que quisiera correr el ejercicio pueda hacerlo. Al correr estas fórmulas, no enfrentamos estimaciones estadísticas sino sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, por lo que, entre más transparente sean las asignaciones de los cargos de representación política, menores recursos se invertirán en resolver impugnaciones y nuestra democracia podría ser crecientemente de mejor calidad.

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Cuando deje de ser más sencillo obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) para una escuela de derecho -la “licencia” que emite la SEP o las secretarías locales en la materia para poder abrir una institución educativa- que poner un Oxxo, y tener una cédula de abogado sea más difícil que comprarla o contratar un coyote, al momento en que el acceso a la justicia no sea una cuestión de clase, tal vez podamos empezar a elevar la calidad de los abogados en México.

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