Encontrar el equilibrio entre las herramientas de investigación criminal y el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores de los retos que afronta, día con día, la consolidación del sistema de justicia penal. El sistema, debe evitar –y sancionar– las acciones arbitrarias por parte de las autoridades y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia en la persecución criminal. Este equilibrio no sólo se logra con una correcta ingeniería normativa. A ello se suman el desarrollo jurisprudencial y las buenas prácticas.

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Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda sea considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social. Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego, los cuales han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

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…la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un asunto, en el que una vez más reiteró un criterio que prácticamente va en contrasentido con uno de los principios básicos que rigen y justifican el modelo de financiamiento mixto en nuestro sistema electoral. El artículo 41, fracción II, de la Constitución refiere que en la ley se contendrán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Esa disposición constitucional ha sido entendida como una regla básica que debe regir todo financiamiento destinado a la política y a las campañas, mejor conocido como principio de prevalencia o preeminencia.

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Dspués de ver el cúmulo de irregularidades en los apoyos enviados, era mucho más fácil e irresponsable, atacar a la autoridad que demostrar que 800 mil simulaciones y 90 mil fotocopias eran credenciales válidas. Ahora solo queda esperar la investigación del INE y la correspondiente resolución del procedimiento especial sancionador por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como el desahogo de la denuncia que el INE presentó ante la FEPADE, para que se determine la responsabilidad del aspirante en las inconsistencias enviadas para pretender llegar a la boleta electoral y, luego, a Palacio Nacional.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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¿Cuál es la agenda que la Segunda Sala de la Corte tiene pendiente de resolver en este año? Si bien es difícil delimitar a estas alturas del año la tendencia de interés de los ministros, los siguientes son algunos de los asuntos en los que la Sala ha determinado ejercer su facultad de atracción y se encuentran pendientes de ser resueltos. Los cuales, a mi parecer, darán de qué hablar por los controversiales aspectos jurídicos que, si se analiza el fondo de tales asuntos, representarán en la vida jurídica del país.

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El 7 de marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y resolvió el amparo directo en revisión 6181/2016, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar. El asunto abordó un tema de especial relevancia para el ordenamiento jurídico nacional: la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género los casos penales en los que la parte sentenciada haya sido víctima de violencia familiar.

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En este contexto, el principal propósito del juez consiste en analizar el caso y dictar una sentencia. En los casos de delitos sexuales, como la violación, el análisis se complica por diversas cuestiones particulares. Aunado a eso, existe la carencia de una condición indispensable en la actualidad para todos los jueces: la perspectiva de género. ¿Qué es eso? La perspectiva de género es una categoría analítica que sirve para cuestionar los estereotipos y para alcanzar una mayor equidad entre los géneros. Es decir, cuando se analiza un caso donde la víctima es una mujer, el juez debe considerar la posición de desigualdad y subordinación en la que podría encontrarse la misma.

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