Esta semana culminó el debate en la Corte sobre la constitucionalidad de distintos preceptos de la CDMX. El tema que realmente suscitó discusión, y en donde se entremezclaron materias tanto procesales como de fondo de suma importancia, fue el tercero, a saber, la constitucionalidad de todo lo que abraza el sistema de control de constitucionalidad creado por el Constituyente de la CDMX.

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El 17 de septiembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/292, proclamando el 1º de junio de cada año como el Día Mundial de las Madres y los Padres, destacando, desde entonces, el papel crítico de los padres en la educación de los niños, y reconociendo también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños.

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En México no existen precedentes sobre la obligación de generar información estadística para garantizar derechos humanos, ni sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población en asentamientos informales. El juicio de amparo que está desarrollándose actualmente en el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México es, sin duda alguna, una gran oportunidad para hacer visibles a aquellos no figuran ni siquiera sobre el papel.

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El escenario no es promisorio para quienes habían encontrado en la Suprema Corte de los Estados Unidos la oportunidad de generar los cambios normativos necesarios para proteger derechos colectivos, a las diversidades sexogenéricas, a las minorías raciales, al medio ambiente y, en general, la oportunidad de combatir las decisiones del presidente Donald Trump. Las soluciones jurídicas a este problema son limitadas, la mejor oportunidad de responder a una Suprema Corte conservadora se encuentra en el campo de la política.

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Además de los problemas jurídico-procesales que mostraba el planteamiento inicial y la resolución del juez federal y ante un debate aún abierto sobre el mejor entendimiento del etiquetado, era claro que hubiera sido inusual que la Suprema Cortevotara a favor de ratificar el amparo. En lugar de pensar desde el maniqueísmo de “ministros etiquetados” contra los consumidores indefensos, debemos replantear integralmente el modelo de información y educación hacia los consumidores.

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A finales de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto vinculado con la fiscalización de los gastos de campaña de dos candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por Movimiento Ciudadano y el PAN. Desde entonces el tema ha sido objeto de gran polémica en diversos medios de comunicación y foros especializados porque la decisión de la Sala Superior trasciende la materia electoral, y aborda temáticas especializadas vinculadas con los derechos de autor, propiedad intelectual y el uso de marcas comerciales.

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Como lo anunciamos en este espacio la semana pasada, la discusión de la constitucionalidad de la Constitución Política de la Ciudad de México es una de las impugnaciones más grandes y complejas que ha recibido la Corte en los últimos lustros. A lo largo de estos días se ha debatido el resto de los conceptos del invalidez planteados por la PGR en contra de la CPDMX. Veamos cómo va la discusión.

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El análisis de la factibilidad del litigio sobre cambio climático es consistente con una necesidad imperativa de identificar herramientas para hacer frente a un fenómeno real y de gran alcance. Mientras tanto, el litigio en materia de cambio climático aumentará en ambición y eficacia alrededor del mundo, así como el marco de una normatividad ambiental con una naturaleza tan dinámica como el ecosistema que busca proteger.

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Está por verse la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que verificar si los ministros secundan a los juzgadores más jóvenes, quienes, desde las primeras instancias, realizan una aplicación innovadora del marco legal de derechos humanos. En un contexto de profundos cambios en la vida pública nacional, sería de esperar que el Poder Judicial se constituya como un verdadero contrapeso y que la defensa de su independencia sea parte de un nuevo entorno democrático.

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Quien decida ser árbitro en nuestro país puede estar seguro de que las ofensas que puede recibir en los estadios no será lo peor de su profesión. Por un lado, quien le da órdenes y fija sus condiciones laborales puede decidir de manera unilateral su destino y, por el otro, la Suprema Corte de nuestro país no lo considerará como un trabajador. Si bien este precedente no implica necesariamente que en todos los casos el resultado de un juicio sea el mismo, sí constituye un obstáculo difícil de librar procesalmente. ¿Por qué abunda la precarización laboral en nuestro país? Aquí una de las varias respuestas posibles: por sentencias como ésta, emitidas por la Suprema Corte.

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