Encontramos dos concepciones de certeza muy distintas. Por un lado, una visión “legalista” de la mayoría de magistrados del TEPJF y, por otro, una visión “social” del INE. Pero, ¿alguna de estas concepciones de certeza podría considerarse más adecuada que otra? Consideramos que no. Sostenemos que ambas concepciones son similares, sólo que estas consideran aspectos o momentos distintos del proceso electoral.

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La práctica judicial en México ha mostrado que ciertas decisiones responden más a intereses políticos que jurídicos. Este es el caso de los recursos de apelación en los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el registro de las candidaturas al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de Napoleón Gómez Urrutia.

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La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Campeche dejó pasar una gran oportunidad para demostrar que el amparo puede ser un medio para garantizar el cumplimiento de las promesas constitucionales y convencionales. Sobre todo, porque los operadores judiciales, desde el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de prevenir y reparar las múltiples violaciones que se configuran en casos de desplazamiento forzado interno, como es el caso del poblado de San Antonio Ebulá.

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Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional.

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Aun y cuando no existió un pronunciamiento respecto a los planteamientos de fondo del caso, no debemos dejar de reconocer a la Suprema Corte de los Estados Unidos como un defensor de aquellos que han decidido adoptar una religión y vivir conforme a sus mandamientos, frente a la intolerancia y la hostilidad que hacia ellos asumen en ocasiones algunos miembros de la sociedad y del Estado, principalmente en aquellos temas que mayor controversia generan en nuestros días y entre los que claramente se encuentra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad. Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia.

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En los últimos días han surgido voces que de forma legítima —o no— ponen en duda el modelo que se ha diseñado y que está en marcha. En la vorágine del proceso electoral, con mucha ligereza se escucha y se lee la palabra “fraude”. Pareciera no importar si se escribe o pronuncia sin sustento y veracidad, pero lo cierto es que la carga emocional que encierra puede sepultar hechos comprobables, desestimar explicaciones y echar por la borda el esfuerzo de miles de personas que a lo largo de muchos años han puesto su empeño en la consolidación del derecho al voto desde el exterior.

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No solo por sus implicaciones jurídicas sino también funcionales, políticas e ideológicas, las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República relacionadas con la designación de los próximos ministros de la Suprema Corte resultan indispensables para comprender de mejor manera sus proyectos de nación. Por ello, con el ánimo de aguijonear la discusión pública sobre este tema hemos formulado seis preguntas básicas que –estamos convencidos– todos los candidatos a la presidencia deberían responderle a la ciudadanía mexicana, y que aún no han sido abordadas en las campañas.

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La llegada del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” a la boleta de la elección presidencial se dio a pesar de que no logró reunir el número de apoyos ciudadanos requerido por la ley. Ahora, además, el INE ha develado una mancha más a esta controversial candidatura: el lunes 28 de mayo el Consejo General del Instituto resolvió tres procedimientos en materia de fiscalización en contra de Rodríguez Calderón, en los que se detalla el uso de recursos no permitidos durante la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano.

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Comunidades alrededor de la capital yucateca –muchas de ellas de mayoría maya- se ven amenazadas por el crecimiento de una mancha urbana sostenida por la economía de la especulación inmobiliaria. El caso de visibilización más reciente, el de la comunidad de Santa Gertrudis Copó, nos alerta sobre la necesidad de hablar de un fenómeno más común de lo que aparenta: el “domicidio”.

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