En conclusión, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 representa un avance en términos de que como resultado el estado de Puebla se suma a las entidades en las que las parejas del mismo sexo ya no requerirán la tramitación de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio; sin embargo, la resolución no es del todo coherente con un marco constitucional que aspira a tener a los derechos humanos como su eje de acción.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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El proceso electoral del 2018 ya se encuentra muy cerca y lamentablemente para la procuración e impartición de justicia, este es el mejor momento en el que se puede vender desinformación a los ciudadanos, con base en los juegos de la política, la manipulación mediática, el heroísmo institucional y el populismo criminal. Tan grave es este momento, que las críticas del Jefe de Gobierno de Ciudad de México hacia el sistema de justicia penal en el modelo acusatorio, ya se han hecho bastante absurdas y entre el gremio de operadores del sistema, existe mofa de dicha circunstancia.

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Mientras varios países cuentan con tribunales especializados en negocios internacionales y en asuntos transfronterizos, México se ha quedado atrás. Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Estados Unidos de América plantean que sean sus tribunales quienes conozcan de las controversias que se susciten entre los países que suscriban el tratado, lo cual resulta inadmisible entre países soberanos … sin conceder que esa sea una solución, la realidad es que tanto Canadá como los Estados Unidos de América tienen tribunales y jueces con amplia experiencia en la resolución de asuntos comerciales e internacionales.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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El discurso institucional del INE que califica como un éxito las elecciones recién celebradas, así como la fiscalización del dinero de las campañas políticas, transmite en la opinión pública la idea de que quienes lo dirigen viven en un realidad alterna, lo cual debilita su autoridad justo como árbitro electoral.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de los últimos años, ha desarrollado un vasto acervo jurisprudencial que nos permite conocer y entender, tanto el alcance como los límites de la protección del derecho humano a la igualdad y no discriminación. Este texto tiene como propósito, a partir de una revisión de los precedentes más relevantes en la materia, detallar la forma en que la Corte ha interpretado y protegido ese derecho humano.

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Parece que solo hay dos alternativas: 1) ceder ante los impulsos autoritarios que pretenden solucionar los problemas de inseguridad con “mano dura” o 2) insistir en el cambio propuesto por la reforma de 2008 y demandar que las autoridades actúen para corregir sus omisiones. La primera implica renunciar a los derechos ganados y ceder ante una contrarreforma que nos llevaría de vuelta a un sistema que ha probado su ineficacia. La existencia de una mínima consciencia histórica y social nos obligará a elegir y defender la segunda opción.

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Es un hecho probado que el sistema acusatorio no está funcionando como se prometió en la reforma penal de 2008. Sin embargo, las razones por las cuales la operación del modelo no es la óptima no son aquellas que con tanto ahínco señalan sus detractores y, sobre todo, no pueden ser corregidas con la mera modificación de una ley […] Resalto tres puntos críticos de la reforma en los cuales es necesario incidir de forma estratégica: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, 2) la profesionalización de policías y ministerios públicos y 3) el desarrollo de unidades de apoyo al proceso.

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Durante las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, varios gobernadores y titulares de instituciones de seguridad pública han emprendido una articulada campaña de desprestigio en contra del “nuevo” sistema de justicia penal. A pesar de que intenten maquillar sus declaraciones con el uso de eufemismos, sus señalamientos evidencian la creencia de que la presunción de inocencia y los estándares de desempeño introducidos por la reforma penal de 2008 no solo obstaculizan las labores de procuración de justicia sino que propician una mayor inseguridad. Sus propuestas de “mejoras” no apuntan a corregir las deficiencias reales y documentadas del sistema acusatorio sino a iniciar un cambio gradual pero seguro en el sentido opuesto a la lógica garantista del modelo acusatorio. En este sentido, es acertado caracterizar las modificaciones propuestas como un intento de “contrarreforma”.

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