Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?

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Esta nueva era digital trae consigo retos y cambios constantes; para determinar las normas y ajustar su funcionamiento en este siglo XXI, es necesario tomar en cuenta a una sociedad cada vez más activa, informada y conectada en la que, con la finalidad de que cada usuario sea capaz de tomar una decisión considerada conveniente para los fines de política púbica, los reguladores ofrezcan información amplia, oportuna y exacta a través de medios óptimos.

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Es decir, ante un escenario complejo, en el que hubo elecciones locales y federales concurrentes y variedad de alianzas electorales, el Tribunal Electoral consideró que era necesaria la intervención de la autoridad administrativa electoral para difundir la orientación e información necesaria para evitar la anulación del voto ciudadano. De ahí que tanto el INE como los OPLES tendrán que contemplar en su capacitación electoral, programas educación cívica y propaganda institucional, la información suficiente y diferenciada para que el electorado de cada región y estado del país esté enterado de cómo votar. Una tarea por demás ardua y complicada, cuyos resultados se verán después del 1º de julio de 2018.

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Por ello, junto con otros factores, la etapa de precampañas —recién concluida— resultó controversial. Razón por la que en el Seminario Permanente de Justicia Electoral fue analizado el expediente del procedimiento especial sancionador SUP- REP 159 /2017; en el cual, un partido político solicitó la imposición de una medida cautelar para retirar los spots de un precandidato único por considerarlos como actos anticipados de campaña.

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En más de una ocasión, personas ajenas al sistema juridico mexicano han dicho que los mexicanos estamos “obsesionados” con el control de convencionalidad. Y tienen razón. Sin embargo, creo que esa obstinación ha sido, en muchos casos, acotada en cuanto a las posibilidades del tema. Por ejemplo, no son pocas las discusiones entre juristas y/o estudiantes que no logran salir del redil de la sentencia “Radilla” y la jurisprudencia clásica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el control de convencionalidad.

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La relevancia de esta resolución del Tribunal es que no sólo estudia la legislación del estado de Puebla, sino que también está analizando la regulación de una figura cada vez más presente en la democracia mexicana que son las candidaturas independientes. Esta figura político-electoral es un tema complejo en sí misma por ser relativamente nueva, aunque en 2015, los aspirantes que contendieron por esta vía lograron obtener un cargo de elección popular. Con todo esto, las candidaturas independientes han cobrado una mayor aceptación en el proceso electoral.

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Hoy en día las personas nacemos en un lugar y vivimos en otro, los medios de transporte son más efectivos y las comunicaciones instantáneas, cada vez es más común ver en los lugares públicos personas originarias de diferentes países que no son turistas, las ciudades son plurinacionales y pluriculturales. Esto hace que la nacionalidad y la ciudadanía ya no sean entendidas como antes. De eso se trata el caso sobre el que escribiremos.

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La expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI) constituye un nuevo espacio de lucha para las mujeres y las defensoras de derechos humanos por su derecho a una vida libre de violencia. A pesar de que dicha ley resulta violatoria de sus derechos humanos, la lucha de las mujeres desde el ámbito jurídico se podría enfrentar a obstáculos legales que, de no ser salvados por los tribunales, les impedirán a ellas cuestionar la validez de dicha norma.

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La desigualdad es la causa más identificada que explica las frecuentes violaciones al derecho a una vivienda adecuada. La problemática sobre falta de vivienda, la aquiescencia de los gobiernos ante los fenómenos de la especulación inmobiliaria, o las visiones que consideran a la vivienda como una mercancía en lugar de un derecho fundamental son algunos de los ámbitos menos discutidos de la desigualdad.

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José de la Paz Ferman Cruz es un salvadoreño que en 2015 huyó de su país y solicitó asilo en México porque su vida se encontraba en riesgo. Permaneció detenido 358 días en una estación migratoria de forma ilegal y arbitraria. En la actualidad es representado por la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana.

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