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La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.

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El próximo lunes 12 de noviembre inicia la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. A continuación, nos proponemos brindar algunos datos sobre el estado del asunto en la Corte para facilitar su análisis; en concreto, trataremos de explicar y esquematizar los aspectos procesales para, luego, en una par de textos posteriores, hablaremos del fondo de las diversas aristas que giran en torno a este relevante asunto para el futuro de la seguridad pública del país.

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La implementación del derecho humano a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un asunto de primer orden dentro del nuevo paradigma constitucional consagrado a partir de 2011. En el día de hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un asunto vital para el desarrollo de procesos de consulta previa y, con ello, los derechos de participación efectiva y la posibilidad de autodeterminación de los pueblos indígenas en México.

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En la exposición de motivos de la modificación al artículo 134 constitucional, se refiere que uno de los objetivos de la reforma es lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral, y evitar que éstos hagan uso de su cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito político… Sobre este último tema, recientemente la Sala Superior emitió un par de criterios que modifican sustancialmente la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Electoral en los últimos once años, y que generan una importante distinción entre los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

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Uno de los (pocos) argumentos a favor de la Ley de Seguridad Interior (LSI) es la supuesta validación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 1/1996. Con este argumento la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados consideró que las tesis jurisprudenciales que emanaron del precedente facultan a las fuerzas armadas para auxiliar a las autoridades civiles a salvaguardar la seguridad interior.

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La adopción de la paridad en la integración de los congresos locales constituye un avance para fortalecer la representación de las mujeres. Sin embargo, persisten retos para avanzar hacia una mayor representación sustantiva, la igualdad en la distribución del poder y la construcción de una democracia paritaria en el país, entre los que se encuentran homologar los criterios de aplicación del principio de paridad en las 32 entidades federativas y garantizar que éste se mantenga como un piso mínimo, y no como un tope máximo en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

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En noviembre esta institución deberá renovarse, pues termina el mandato del ministro José Ramón Cossío Díaz. Y debido a que en 2015 y 2016 las propuestas del presidente Peña Nieto fueron altamente cuestionadas –por la sencilla razón de que no todos los integrantes de las ternas cumplían con los requisitos de idoneidad-, el pasado 10 de octubre de 2018, organizaciones de la sociedad civil y la academia enviaron al presidente de la República una propuesta para abrir al escrutinio público la terna para elegir al próximo ministro.

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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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Aterrizando el tema al caso Duarte, surgen entonces dos grandes preguntas medulares: ¿Por qué la procuraduría, actuando en contra de toda esta lógica, ofreció el procedimeinto abreviado al estandarte de casos graves de corrupción? En ese sentido, si el tema fuera de falta de evidencia para ir a juicio: ¿Por qué una defensa hubiera aceptado un abreviado si no había evidencia sólida y, en consecuencia, sentía que podía ganar un juicio? Efectivamente, ninguna de estas teorías hace sentido.

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