Podría argumentarse que el actual procedimiento de designación es correcto, pues en él sí se garantiza la división de poderes al incluir al presidente, mediante la formulación de la terna de candidatos, y al legislativo, a través de la votación a favor de uno de éstos. La realidad, no obstante, demuestra lo contrario. Urge esta discusión e incluir a la sociedad civil para que su participación pueda verse materializada y sea un verdadero contrapeso o, al menos, sus preocupaciones valgan dentro del Senado.

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Por ello, es que las reformas al Código Penal Federal en materia anticorrupción, no son más que una reforma fantasma, que evidentemente requieren de un nuevo acto legislativo de reforma a su artículo transitorio para darle inicio a su vigencia, ya que de lo contrario, lo que se espera, son solo aprietos y malos momentos para fiscales y jueces, quienes no tendrán debida certeza de las normas que se aplican y recordemos que en materia penal no hay pena sin ley.

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El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

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Pronto existirá en México un nuevo órgano con facultades constitucionales para perseguir a la delincuencia como no se había visto en nuestro país. Tendrá una fuerte intervención militar. Pero lo que ocurre antes de perseguir la comisión de un delito y, una vez concluida esta etapa, lo que sucede después con la judicialización y la sanción de las conductas, constituye la esencia de un sistema público capaz de dar respuesta a la grave situación de inseguridad.

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Justicia transicional se ha convertido en el término de arte en las discusiones para hacer frente al contexto de violencia e impunidad que vive México. Empero, a pesar de la llamada apuesta por el Estado de derecho, las medidas que han seguido a la toma de posesión presidencial han tomado por sorpresa a muchos.

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Es cierto que la tecnología avanza más rápido que el derecho. No obstante, los jueces, por muy novedosas que sean las controversias que se les presentan, se encuentran obligados a resolverlas. Pues bien, dentro de las nuevas problemáticas que están llegando a los tribunales se encuentran las generadas por el uso de emojis —o de sus hermanos emoticonos—. Ya que, contrario a lo que se piensa, el uso de estos pequeños iconos digitales podría tener serias consecuencias legales.

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Al día de hoy, existen en México 10 órganos con autonomía constitucional, más los órganos reguladores coordinados en materia energética, que dependen del ejecutivo federal. Sin duda hay motivos para cuestionar el diseño institucional de algunos y, sobre todo, el hecho de que se haya abusado de la autonomía como parte del modelo constitucional de pesos y contrapesos en México.

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