La prisión preventiva oficiosa transgrede el principio de presunción de inocencia no sólo en el debido trato procesal, sino que, al anticipar la pena, disuelve la pertinencia temporal de las reglas y estándares de prueba, porque se equipara al imputado con el sentenciado. Así, aun cuando el Poder Judicial avance en la definición de garantías procesales relevantes para el Estado de derecho y el debido proceso, las mayorías legislativas se empeñan por hacerlas ineficaces.

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Al tomar postura sobre el poliamor, Martínez Torio concluye que no existen motivos para excluir el poliamor del amplio concepto de familia, ni tampoco para extraerlo de la protección familiar [a la vez que] no es necesaria una regulación específica para cada tipo de situación jurídica, como es el poliamor, sino que basta con reglas generales correctamente redactadas que actúen a modo de principios vertebradores de la sociedad. En este punto juega un importante papel la autonomía de la voluntad.

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No nos equivoquemos. La renuncia de la magistrada Janine M. Otálora como presidenta del Tribunal Electoral es solo la cereza de un pastel que ya olía bastante mal, y que ahora está en pleno proceso de descomposición. Durante los últimos años –pero especialmente a partir de la designación de los nuevos magistrados en 2016– la Sala Superior ha sido el protagonista de una serie de desvaríos judiciales y bochornosos errores políticos. La escasa legitimidad que le quedaba, se ha desvanecido. Y quizá ya sea hora de asumir, de una vez por todas, que la justicia electoral no es más que grilla partidista.

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¿Será la Fiscalía realmente un órgano autónomo? ¿Abrirá sus puertas a la sociedad civil para el diseño del plan de persecución penal? ¿O hará de éste un mero anexo del plan de seguridad presidencial? ¿Permitirá que ONG´s participen de manera directa en la investigación y judicialización de los casos relevantes de corrupción? ¿Generará un diálogo abierto para delinear una estrategia más estructurada y jurídica para combatir el huachicol, en lugar de apresuradas declaraciones que no hacen ni ton ni son?

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Una cruz latina de más de 12 metros de altura se ha abierto paso y ha llegado hasta la escalinata de la Corte Suprema de Estados Unidos. En efecto, en el caso The American Legion v. American Humanist Association, la Corte analizará si es constitucional que la cruz de Bladensburg siga siendo exhibida y preservada en espacios y con recursos públicos. En específico, esta Corte examinará si dicha actuación estatal vulnera la Primera Enmienda, la cual prohíbe que el gobierno imponga una religión oficial o que favorezca un culto religioso sobre otro.

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No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.

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La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia de género, transgrede lo más íntimo de las personas al vulnerar el cuerpo como límite natural. El caso Atenco ilustra de forma clara como el Estado mexicano utilizó la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia de dominio estructural con diversos objetivos y alcances, entre ellos ejercer un control a la población civil que se veía en ese momento como un enemigo a vencer bajo cualquier costo.

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La iniciativa que crea la Guardia Nacional no cumple por completo con los estándares interamericanos que ha establecido la CoIDH. Por donde se quiera ver, es necesario que el nuevo gobierno, en caso de que insista en utilizar a los institutos armados en tareas de seguridad pública, reformule de manera profunda la propuesta, de lo contrario podríamos estar enfrentándonos a diversos problemas en materia de derecho internacional y de derechos humanos.

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