tepjfEn estos momentos, la Cámara de Diputados y el TEPJF materializan la clásica tensión de una democracia constitucional entre órganos representativos del voto popular y órganos judiciales. Esto debido a la omisión de los primeros para designar al Consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE) que culminó en dos sentencias del último donde se ordenó a la Cámara de Diputados a convocar a periodo extraordinario y concluir con el proceso de designación iniciado en febrero pasado. A pesar de las resistencias de los diputados, que votaron en su mayoría por rechazar, por segunda ocasión, la celebración de un periodo extraordinario para esta designación, parece que finalmente han decidido acatar la sentencia del TEPJF y elegir finalmente a quien ocupe la vacante en el Consejo General del IFE. Sin embargo, ante la renuencia de ciertos partidos políticos a realizar esta designación en estos momentos, también existe la posibilidad de que incluso esta convocatoria resulte estéril.

Precedentes

En este contexto, ante la posible falta de consenso entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la designación del Consejero del IFE puede terminar por realizarse en sede judicial. Por esta razón, vale la pena recordar los precedentes en la materia para ponderar su viabilidad y su oportunidad en este caso.

El Congreso de la Unión no es el único caso de un órgano legislativo que se niega a cumplir con una determinación judicial. En aras de garantizar la regularidad de la Constitución, excepcionalmente el TEPJF  ha sustituido las funciones del órgano legislativo a efecto de designar funcionarios electorales, en virtud de que los Congresos locales no han acatado los fallos jurisdiccionales. Aquí los casos paradigmáticos:

1) Caso Sonora-Instituto Electoral (SUP-JDC-4984/2011). Aquí se cuestionó la designación de tres consejeros electorales propietarios y un suplente del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pues la designación realizada por los diputados locales no observaba los principios de paridad y alternancia de género que establece la legislación electoral de Sonora para integrar el órgano.

La primera sentencia del TEPJF dejó sin efectos el nombramiento de los consejeros electorales realizado por el Congreso del Estado, por incumplir con los criterios ya mencionados. Por ello se le dio al Congreso local un plazo de 5 días para que designará nuevamente a los consejeros electorales nombrando a dos mujeres y un hombre, con el carácter de propietarios y a un consejero suplente hombre.

Sin embargo, el Congreso de Sonora fue renuente a cumplir con la sentencia, a pesar de haberse emitido diversos incidentes por parte del TEPJF. En el séptimo incidente, mes y medio después de dictada la primer sentencia, el TEPJF sustituyendo en sus facultades al Congreso local, designó a los tres consejeros propietarios, dejando que fuera el propio Congreso de Sonora quien designara al consejero suplente, para lo cual fue necesario que el TEPJF conociera y resolviera 6 incidentes más, después de los cuales el Congreso local designó finalmente al consejero suplente. En total se resolvieron 13 incidentes de inejecución de sentencia a efecto de asegurar el cumplimiento del fallo original.

2) Caso Sonora-Tribunal Electoral (SUP-JRC-173/2012). Aquí se impugnó la omisión del Congreso local de designar a quien ocuparía el lugar del magistrado propietario Luis Enrique Pérez Alvídrez, pues el periodo para el que fue designado había concluido. Pérez Alvidrez era magistrado electoral desde 1996, su encargo concluía en 2009, sin embargo, antes de concluir el periodo el entonces magistrado promovió un amparo, el cual le fue concedido, para continuar en el cargo.

La sentencia del TEPJFordenaba al Congreso local que, de manera inmediata realizara los actos necesarios para designar al magistrado que ocupará el lugar de Pérez Alvídrez. Ante su desacato, después de cuatro incidentes de inejecución de sentencia –seis meses después de emitida la sentencia original- y una vez que el congreso local informó la imposibilidad de reunir los órganos encargados de la designación, el TEPJFdesignó directamente al nuevo magistrado electoral.

3) Caso Yucatán – Instituto Electoral. Uno de los casos más enigmáticos, por los alcances que tuvo, fue el de Yucatán, En el caso, previo a las elecciones de 2001 el Congreso del Estado determinó ratificar por un periodo adicional a los integrantes del Consejo Electoral del Estado. La designación se impugnó debió a que no se cumplió con la mayoría de 20 legisladores requerida para aprobar la designación, pues la ratificación se hizo por sólo 15 integrantes del Congreso.

En la primera impugnación (SUP-JRC-391/2000), el TEPJF determinó revocar la designación de consejeros electorales, a fin de se repusiera el procedimiento y se considerará a todos los candidatos postulados por diversos partidos políticos y organizaciones sociales. En cumplimiento, el Congreso de Yucatán señaló que sólo 14 de los 59 aspirantes cumplían con los requisitos legales, por lo que se les designó como consejeros propietarios y suplentes.

Ello fue nuevamente impugnado (SUP-JRC-440/2000 y acumulado) y resuelto por el TEPJF en el sentido de revocar la designación, pues el Congreso estableció requisitos mayores a los exigidos por la ley. La sentencia ordenó la reposición del procedimiento de designación, observando los requisitos legales que deben cumplir, y en caso de no conseguir la mayoría se insaculará a los designados de entre aquellos que cumplieran con los requisitos.

El Congreso de Yucatán no dio cumplimiento a la sentencia, a pesar de diversos incidentes de inejecución en los que el TEPJF reiteró la orden de realizar de nueva cuenta la designación. Derivado de la resistencia del Congreso, el TEPJF se vio obligado a sustituirse en las facultades del Congreso local y seleccionar a los candidatos que cumplían con los requisitos legales, remitiendo una lista de 47 al Congreso a efecto de que de entre ellos designara a los 7 consejeros electorales.

Ello tampoco fue cumplido de manera que ante el continuo desacato, el TEPJF llegó al extremo de designar directamente (por insaculación) a los 7 consejeros electorales que debían integrar la autoridad electoral. A pesar de ello, continuó el desacato a la sentencia del TEPJF, pues tanto el Congreso, como los Consejeros que ocupaban el cargo, se negaron a tomarles posesión a los designados por el TEPJF y entregarles las instalaciones y recursos del Instituto local. Ello derivó en el extremo de requerir el uso de la fuerza pública, así como el apoyo del Gobernador del Estado, de la Secretaria de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, a iniciativa del Gobernador se emitió un decreto en el que se pretendió establecer un nuevo Consejo Electoral integrado por 14 consejeros (7 designados por el Congreso y 7 insaculados por el Tribunal). Dicho decreto fue controvertido a través de una acción de inconstitucionalidad, en la cual la SCJN, resolvió la A.I. 18/2001, declarando inválido el decreto del Congreso local y ordenando el cumplimiento de la sentencia del TEPJF.

A manera de conclusión

Como los precedentes demuestran, es factible que, ante la reiterada omisión de la autoridad responsable –en este caso la Cámara de Diputados- el TEPJF designe a un consejero electoral. Aunque se trata, efectivamente, de un suplantamiento de funciones, el desacato continuo a un fallo judicial, así como la importancia de la integración total del IFE, en tanto autoridad administrativa fundamental en el sistema democrático mexicano, justifica una situación extraordinaria de este tipo, pues, es tarea de los tribunales constitucionales contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, incluso frente a las omisiones de otros poderes.

Sin embargo, como puede verse, tampoco se trata de un procedimiento sencillo y expedito. Este tipo de designaciones tiene que considerarse como un último recurso ante situaciones extraordinarias y, de aplicarse, deberán ponderarse con cuidado los pros y los contras que tendrá la designación de una Consejero Electoral a través de este método, sin olvidar que en un Estado de Derecho ningún poder, órgano u autoridad se encuentra por encima de la Constitución, Tratados Internacionales o la ley.

En estos días en que se discute la creación de una nueva autoridad electoral nacional, se critica la autonomía y la injerencia de las fuerzas políticas en las autoridades electorales locales, y considerando el desarrollo de los dos últimos procesos de designación de consejeros electorales – el actual y el de 2010-2011- consideramos que la falta de designación de un consejero electoral lejos de abonar a fortalecer y consolidar a las autoridades electorales, coadyuva al desprestigio y deslegitimación del sistema democrático en su totalidad. A nuestro parecer el fortalecimiento de las autoridades electorales comienza por un proceso de designación apegado a lo establecido en la ley, en el que se observen los principios de transparencia, máxima publicidad, imparcialidad e independencia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso a la Información en Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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La iniciativa de reforma al artículo 1º constitucional presentada por el diputado Arroyo Vieyra encendió las señales de alerta de muchos especialistas y organizaciones de la sociedad civil, las que con mucho tino la han calificado como una regresión en materia de derechos humanos. En esta entrada quisiera expresar los argumentos por los que, en mi opinión, sí se trata de una iniciativa regresiva aunque no por las razones que se han expresado hasta el momento.

Empiezo por lo que debiera ser obvio pero sobre lo que muy pocos han llamado la atención. Me refiero a la falta de impulso social detrás de la reforma, así como la poca o nula discusión popular que existió al respecto antes de su presentación. Como se sabe, a diferencia de lo que sucede con la presente iniciativa, la reforma del 2011 en materia de derechos humanos sí tuvo detrás una fuerte movilización de las ONG´s, así como larguísimas discusiones académicas. En ese sentido, la primera pregunta es: ¿por qué esta iniciativa al iniciar la legislatura/sexenio y a qué intereses atiende? Hasta donde llega mi conocimiento, la única explicación que encuentro es el “miedo” que tienen algunos sectores a la apertura en materia de derechos humanos, que en definitiva es un proceso irreversible. Por otro lado, según recuerdo, la iniciativa de reforma constitucional no estaba dentro de las propuestas de campaña, momento en el cual la ciudadanía podría haber debatido sobre su oportunidad o conveniencia. Lo que en cualquier caso no puede ser es que se utilice el poder que han dado las urnas para pretender modificar la Constitución a capricho del gobernante de turno, siendo que su reforma debe hacerse a través de un proceso deliberativo especialmente cualificado.

¿Cuál es la trascendencia de la iniciativa que se plantea? En algunos espacios se ha dicho que con esta iniciativa se cancelan nuestros derechos previstos en los tratados internacionales. En mi opinión, esto no es correcto y no deberíamos alentar este discurso, pues aun suponiendo que se apruebe, no es verdad que los derechos previstos en los tratados vayan a dejar de ser vinculantes. Ahora bien, lo que sí es verdad es que si bien la iniciativa no cancela la obligación de interpretar los derechos de conformidad también con los tratados internacionales, sí los deja en un papel secundario. El texto de la iniciativa es el siguiente: “De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.

¿Y qué hay del principio pro homine? Por otro lado se ha dicho que el principio pro homine se verá relegado por el de jerarquía de la Constitución. De nueva cuenta, creo que con el fin de hacer más fuerte la crítica a esta mala iniciativa, se está alentando una lectura de la propuesta que no se compadece con su texto y que tampoco debiéramos alentar previendo que pueda ser aprobada. En efecto, si nos atenemos al texto de la iniciativa, ésta no dice que el principio pro homine deba dejarse de lado, sino que en caso de contradicción entre los principios constitucionales y de los tratados internacionales deben prevalecer los primeros. Lo cual, como veremos es reprochable, pero no significa que los principios constitucionales no deban interpretarse de tal manera que se favorezca la protección más amplia.

Si esto es así, el problema entonces es que se relegan “los tratados internacionales”. Pero,  ¿qué implicaciones tiene esto?, ¿es que en materia de derechos los tratados internacionales son más garantistas?

Aquí llego al punto que más me interesa tratar y que considero es el más trascedente. Que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados internacionales no nos asegura per se que se dará la protección más amplia a la persona. Esto es así pues, salvo contadas excepciones (piénsese por ej. el caso del trabajo forzoso analizado en la A.I. 155/2007), los tratados internacionales no dicen con precisión -como si se tratara de reglas-, cuáles son las implicaciones de los derechos que prevén, como tampoco dicen con exactitud cuáles son los límites a estos. Al igual que las Constituciones, los tratados utilizan un lenguaje ambiguo que debe ser interpretado y está sujeto a controversia. De hecho, los tratados pueden ser objeto de interpretaciones muy diversas pero igualmente razonables. Lo importante es entonces quién hace la interpretación de los tratados y cómo son –generosas, restrictivas- esas interpretaciones.

Dicho de otra manera, la exclusión de medidas arbitrarias o la protección más amplia para las personas no se garantiza por el sólo hecho de que los tratados tengan prevalencia sobre la Constitución o viceversa o que tengan la misma jerarquía, sino porque la interpretación más garantista que se haga de ellos sea la que prevalezca. Sin embargo, en una sociedad regida por el pluralismo y el desacuerdo ético determinar cuál de las interpretaciones es más garantista no es cosa fácil. Así, ante la falta de criterios sustantivos que nos digan que tal o cuál interpretación es más garantista, nuestra única herramienta para favorecer la protección más amplia es la institucionalización de procesos continuos e incluyentes de deliberación constitucional, cuyos participantes estén en una posición de igualdad formal y material, y en los que exista la posibilidad de objeción recíproca. De esta manera, el problema central de la iniciativa es que implícitamente otorga a un órgano -en este caso nacional- la facultad de decidir que existe una contradicción entre principios constitucionales e internacionales y, por tanto, que debe prevalecer “el texto constitucional”, o más específicamente, la interpretación que haga éste del texto constitucional. Es decir, le otorga el poder de cerrar el proceso deliberativo sin la posibilidad de que su interpretación pueda ser objetada en otra sede y por otros actores.

Me explico. Tal y como está el artículo 1º constitucional hoy en día, cual sea la interpretación que más favorezca a la persona es una cuestión que es objeto de un debate continuo en el que se puede echar mano del texto de la Constitución y de los tratados, pero sin que la Constitución establezca en última instancia cuál es dicha interpretación. Así, lo valioso del artículo 1º vigente no es que nos asegure per se “la protección más amplia”, pues eso depende de la interpretación que haga en el caso concreto el operador jurídico encargado de interpretar los derechos, sino en que no se inclina a priori por una determinada voz, como sí lo hace la iniciativa del diputado Arroyo. En efecto, lo que implica dicha iniciativa es que en caso de contradicción entre la interpretación de la Constitución que hacen los jueces nacionales y la interpretación de los tratados internacionales que hacen los jueces nacionales, pero sobre todo los internacionales, debe prevalecer la primera. Y para colmo deja dicha decisión en manos de los propios jueces nacionales, quienes son los que pueden determinar que existe una contradicción entre los principios constitucionales y los previstos en los tratados internacionales y, por ende, que se debe dar prioridad al “texto constitucional” (o más bien a la interpretación que éstos hicieron del texto constitucional). El problema no está tanto que “se deja de garantizar la protección más amplia”, pues ésta no depende de la prevalencia de los tratados sobre la Constitución, o que los derechos sean interpretados de conformidad con los tratados, sino de que sea la interpretación de los actores nacionales la que prevalezca “por ser la suya”.

De esta manera, en el fondo la razón por la que la iniciativa ha generado tanta oposición son las implicaciones que puede tener en relación con el poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para interpretar nuestros derechos, en la que por diversas razones confían más los opositores de la iniciativa. En efecto, la consecuencia más palpable de la reforma del 2011 fue, en mi opinión, que sirvió de fundamento para que la Suprema Corte -en el caso Radilla- hiciera obligatorios para todos los jueces mexicanos los criterios de la CoIDH en los casos en que México sea parte, y orientadores cuando no lo sea. Así, los críticos de la iniciativa tienen un miedo fundado a que se eche para atrás este criterio de la Corte y sea más difícil hacer valer las generosas interpretaciones de la Corte Interamericana. Este es el meollo de la cuestión. Más allá de que la reforma de 2011 vino a reforzar la obligación de los operadores jurídicos de tomar en cuenta los tratados internacionales, estos ya formaban parte de lo que algunos llaman “bloque de constitucionalidad”, es decir, de lo que debería servir como parámetro de control. Desde esta perspectiva, la consecuencia práctica más importante del nuevo artítuclo 1º es que sirvió para que la Suprema Corte se tomara en serio las interpretaciones de la CoIDH y dictará la resolución del Caso Radilla, que se quiere conservar.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. www.analistastc.com Twitter: @RNiembro1

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Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra,

Presidente de la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados

LXII Legislatura

Señoras y señores diputados:

Como es de su conocimiento, el pasado 3 de enero del año en curso se publicó  en la gaceta parlamentaria una iniciativa de reforma que busca modificar el segundo párrafo del artículo 1° constitucional para quedar como sigue:

Artículo 1.  (…)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

Al respecto, nos permitimos manifestarles que la propuesta de reforma en cita, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo 1° al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el día 10 de junio de 2011, conocidas como “reforma en materia de derechos humanos” representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1° implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.

La reforma al artículo 1° refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Ello implica que los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como “principio pro personae” se debe realizar una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.

El hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos

Sin embargo, debe aclararse que ello no implica que la Constitución pierda su supremacía, ni tampoco que los derechos se conviertan en absolutos.

No hay pérdida de la supremacía constitucional pues el artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico nacional, de manera que la Constitución mexicana permanece como “el filtro” de  ingreso al sistema. Sin embargo, una vez ratificado el tratado, al formar parte del sistema jurídico mexicano, la norma internacional de derechos humanos –cuya compatibilidad con la Constitución ya fue revisada por el Senado- funciona a la par de la Constitución como parámetro de validez para controlar la coherencia del sistema.

Por lo anterior, consideramos que la presentada el pasado 3 de enero es una reforma regresiva en atención a que:

  1. Establece una jerarquía normativa para la interpretación, con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae” y la interpretación conforme a tratados, pues al establecer que el texto constitucional es el que debe prevalecer, desnaturaliza y nulifica dichos criterios constitucionales de interpretación.
  2. Retrocede en el número y la amplitud de la protección de derechos humanos reconocidos, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos textualmente en la Constitución.
  3. Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas.
  4. Excluye a nuestra Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación.

Por todo lo dicho en esta carta, las personas e instituciones suscritos solicitamos atentamente se deseche dicha iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011 y se reorienten los esfuerzos legislativos en la materia para profundizar y ampliar los derechos que nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos reconoce a todas las personas en México. Pueden tener la confianza que, bajo ese espíritu acompañaremos los trabajos de la Legislatura en todo lo pertinente.

ATENTAMENTE,

Geraldina González de la Vega, Karlos Castilla, Mariclaire Acosta Urquidi, Pedro Salazar Ugarte, Tatiana Clouthier, Eliana García Laguna, José Antonio Guevara Bermúdez, Silvano Cantú, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Sarre Ìguiniz, Miguel Carbonell, Miguel Concha Malo, José Luis Caballero Ochoa, Claudio X. González, Marcos Celis Quintal, Armando Ríos Píter, Clara Jusidman, Rolando Cordera Campos Cuauhtémoc de Dienheim, Pbro. Wilfrido Mayrén Peláez, Ricardo Sepúlveda Íguiniz, Julio Hernández Barros, Brisa Solis, Iván Pedroza, Carlos Vital Punzo, David Calderón Martín del Campo, Minerva Nora Martínez Lázaro, Édgar Cortez, Enrique González Ruiz, Alicia Mesa, Claudia Campero, Imelda Marrufo, Adriana Muro, Juan Martín Pérez García, David Peña Rodríguez, Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emilio Giménez Cacho, Ximena Medellín Urquiaga, Gloria Ramirez, Héctor Díaz Polanco, Guadalupe Barrena, Miguel Elizalde Carranza, Aleida Tovar, José Luis Gutiérrez Román, Gabriela Delgado Ballesteros, Enrique Contreras Montiel, Gabriela Mendoza Correa, Alonso González de la Vega, Iván García Gárate, Paulina Gutiérrez Jiménez, Karla Micheel Salas Ramírez, Agustín Castilla Marroquín, Ernesto Villanueva, Consuelo Morales Elizondo, Alberto Serdán Rosales, Rocío Culebro, Juan Carlos Arjona Estevez, Teresa Incháustegui, Luis Daniel Vázquez Valencia, Mario Hernández Martínez, Claudia Torres, Daniel Antonio García Huerta, Anamaris Gomis, Enrique Barber González de la Vega, Leopoldo Gama, Raúl Zepeda Gil, Roberto Mancilla, Olga Salazar Camacho, José Manuel Ruiz Ramírez, Hortensia Santiago, Palmira Silva Culebro, Graciela Rodríguez Manzo, Luis Miguel Cano López, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Amalia Suárez Cid, Teresa Aguilar Álvarez Castro, Claudia Verónica Torres Patiño, Daniel Gershenson, Rodrigo Santisteban Maza, Alex Alí Méndez Díaz, Elizabeth Valderrama, Mila Paspalanova, Luis Sánchez Barbosa, Saúl López Noriega, Edgar S. Caballero González, John C. Ackerman, Daniel Joloy Amkie, Regina Tames, Claudia Aguilar, Nashieli Ramírez, Sergio Ramírez Caloca, Elsa Cadena González, Paloma Mora, Alexandra Zenzes, Octavio Amezcua, Arturo Balderas, Federico Novello, Carlos Alberto Zetina Antonio, Luis Enrique Cordero Aguilar, Rosaura Cadena, Elsa Herrera Bautista, Siria Oliva Ruiz, Clara Gabriela Meyra Segura, José de Jesús Palacios Serrato, Areli Caballero Santiago, Alma Rosa Bahena Villalobos, Francisco Rubio, Alfredo Nateras Domínguez, Ricardo Lagunes Gasca, Carlos Ariel Olvera Atondo, Pablo A. de la Vega, César Madrigal Martínez, Raúl Ramírez Baena, Raymundo Gil Rendón, Marisol Aguilar, Jorge Lavalle, Aurora Loyo Brambila, Maurilio Santiago Reyes, Natalia Saltalamacchia, Cristina Reyes Ortiz, Paula Sofía Vázquez Sánchez, Ernesto Cárdenas, Marco Antonio Ayala Alipio, Arantza Vargas Rubio, Ma. Eugenia Linares Pontón, José Arturo Yáñez, René Sánchez Galindo, Edith López Hernández, Javier Huicab Poot

ORGANIZACIONES

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL), Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD), Casa y Ciudad, A.C., Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C. (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Arquidiócesis de Oaxaca, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Documenta, A.C., Evolución Mexicana, A.C., Freedom House Mexico, Fundación JUCONI  AC, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Hacia una Cultura Democrática A.C. (ACUDE), Humaniza, Grupo Académico, A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.), Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C. (INSADE), Litiga OLE, Mexicanos Primero, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Ririki Intervención Social, Tendiendo Puentes, A.C.

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDTT)

Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.), Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.), Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A.  C. (Torreón, Coah., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.), Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.), Centro de los Derechos del Migrante (DF), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.), Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.), Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco), Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.), Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal), Comité Cerezo (Distrito Federal), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.), Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.), Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.), Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.), Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.), Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.), Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), El Caracol (DF), Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.), Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal), Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México), PODER (Distrito Federal), Respuesta Alternativa, A. C., Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo), Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrado por 17 organizaciones:

Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal), Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo – DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal), Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

C.c.p. Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presidentes de los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país

Nota:  Esta carta está permanentemente abierta a firmas de apoyo adicionales consultables aquí.

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