Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

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En esta fase resulta importante señalar que, a pesar de la transmisión en vivo de las comparecencias, es ominoso el alejamiento de la SCJN con la transparencia. La votación se realiza en secreto, por medio de hojas amarillas que fueron inmediatamente trituradas. De igual forma, ninguno de los ministros, ya sea de forma individual o como colegiado, hicieron algún tipo de motivación para sustentar el sentido de sus votos.

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue la de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y, lógicamente, cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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Pese a las notas positivas como el acuerdo de la Comisión de Justicia nos encontramos en un contexto normativo francamente adverso. Parece, en consecuencia, que la construcción de un contexto de exigencia sólo será posible si hay una clara voluntad política del Senado. El balón está en la cancha de los senadores. Ojalá no olviden que, tratándose de la designación de ministros de la Corte, son ellos los principales garantes del orden constitucional. Nada más y nada menos.

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