En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del expediente varios 1396/2011, que versa sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las mujeres indígenas Me’phaa de Guerrero: Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México e Inés Fernández Ortega y Otros vs. México[1].

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el año 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentar la impunidad generada por el fuero militar e incluso poner en riesgo su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, tribunal que en 2010 emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.

Después de la emisión de las sentencias, en el 2011, Inés y Valentina solicitaron a la Suprema Corte que iniciara un expediente varios, como lo había hecho en el Caso Radilla[2], para determinar qué obligaciones tenía el Poder Judicial respecto estas resoluciones internacionales. En su solicitud, argumentaron que la apertura de dicho expediente serviría para reiterar los criterios establecidos en el expediente varios 912/2010, pero además señalaron que permitiría a la Corte realizar desarrollos interpretativos vinculados con lo ordenado por la Corte IDH en sus sentencias, en temas como la tortura sexual, el valor del dicho de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial en los actos de reconocimiento ordenados, entre otros tópicos.

Luego de casi cuatro años de espera y a cinco de que la Corte IDH emitiera sus fallos, el martes 21 de abril el Pleno de la Corte comenzó a discutir el asunto[3].

ines-valentinaEl inicio de la discusión generó preocupación entre los defensores de los derechos humanos, pues la discusión evidenció que la Corte no vive un buen momento. Lo cual se evidenció en tres momentos clave: al determinar el Pleno que debía realizarse un innecesario ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; al evitar el Pleno analizar la compatibilidad entre la reciente reforma en materia de fuero militar y el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, perdiendo así la oportunidad de maximizar los efectos de su fallo; y, finalmente, al expresarse una y otra vez en el Pleno posiciones que van en contra de lo que en su momento ya estableció la mayoría en el expediente varios 912/2010, lanzando un mensaje de incertidumbre jurisprudencial.

El 27 de abril la discusión prosiguió con el análisis de las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Ese día, se determinó aplazar la discusión para permitir la modificación del proyecto de sentencia.

La decisión de aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Esto había sido advertido por las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que éste, en los términos presentados, no contribuyese realmente a desarrollar y difundir estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad.

Precisamente, esta preocupación fue compartida durante el debate por los ministros Cossío, Silva, Ortiz-Mena, Zaldívar y Sánchez Cordero. Por ejemplo, Cossío señaló que “el aspecto más novedoso y relevante de los mencionados, es el relativo a incorporar una perspectiva de género y de etnicidad en los juzgamientos, aspectos en los que el proyecto –me parece– debía de contener un desarrollo más amplio[4]”. Agregó además que: “uno de los elementos esenciales que se tiene que garantizar para incorporar una perspectiva de género al juzgamiento de casos de violencia sexual, es precisamente la manera de valorar las pruebas, incluidos los testimonios de las víctimas”.

En igual sentido, la ministra Sánchez Cordero señaló que el cumplimiento de las sentencias debería llevar a establecer, entre otros aspectos, quepara la determinación y configuración de la tortura […] cuando se encuentren involucrados agentes del Estado encargados de ejercer funciones de seguridad pública o incluso de las Fuerzas Armadas en auxilio de dicha función, los juzgadores ante los cuales se consignen esas averiguaciones correspondientes deberán aplicar un estándar de verificación bajo parámetros constitucionales y convencionales a efecto de no dejar ningún resquicio de impunidad […] Añadió que a la luz de las sentencias de la Corte IDH: “el estándar probatorio debe ser considerado distinto cuando exista esta víctima de violencia sexual”.

Por consideraciones como estas, el ministro Zaldívar llegó a concluir que: “el proyecto se queda corto para cumplir los señalamientos de estas dos sentencias [internacionales]”. En respuesta, el ministro ponente Pérez Dayán propuso incorporar al proyecto de sentencia criterios que aludieran a los temas mencionados en las críticas de algunos de sus colegas. Al culminar la sesión, fue acordado que el ministro ponente modificará el proyecto antes de que se discuta nuevamente. Con las reservas que genera lo expresado en el Pleno, aún es posible señalar que este paréntesis abre una posibilidad para que la resolución de este asunto sea un avance en el desarrollo de estándares sobre acceso a la justicia para las mujeres.

Por ejemplo, respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, el nuevo proyecto podría considerar lo que se desprende de las sentencias de la Corte IDH respecto pautas de actuación muy concretas para los juzgadores que dirimen casos de tortura sexual, en aspectos tan específicos como la valoración de la prueba. Estas obligaciones, vale decir, no se agotan con “medidas administrativas” ni con la programación de cursos para funcionarios judiciales, ni tampoco con la reseña de las tesis ya existentes, sino que por el contrario suponen deberes sustantivos que tendrían que ser incorporados en la actuación de los órganos jurisdiccionales del país, así como implican priorizar la atracción de casos donde se diriman estos temas. Así lo tendría que señalar el proyecto modificado.

Por ello, es de suma importancia la resolución del expediente varios 1396/2011. Porque si se modifica este proyecto para maximizar sus alcances, como en su momento lo hizo la mayoría que resolvió el expediente varios 912/2010; porque si se analizan integralmente las sentencias, más allá de rastrear obligaciones únicamente en los resolutivos; porque si el cumplimiento de las resoluciones interamericanas se entiende en el marco del diálogo jurisprudencial y no sólo en el de la impartición de capacitaciones; entonces, la discusión que viene sin duda aún puede contribuir a lo que Valentina Rosendo demandó al asistir a la sesión de la Corte: que la puerta de la justicia se abra más para las mujeres indígenas. Eso es lo que está en juego ahora que será modificado este proyecto de sentencia.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

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[1] Cfr. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215 y Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Ambas sentencias están disponibles aquí.

[2] Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación “Caso Rosendo Radilla Pacheco” Varios 912/2010. Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible aquí.

[3] Ver, Tlachinollan. Comunicado. Inicia la SCJN discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina RosendoDisponible aquí. Ver también sobre la discusión del proyecto: “Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo” aquí; y Aplazamiento de la discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, abre la posibilidad de que la SCJN desarrolle criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad” aquí.

[4] La versión estenográfica de la sesión del pasado 27 de abril del 2015 de la SCJN, de donde se recopilan todas las subsecuentes citas de los ministros está disponible aquí.

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La más reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que aborda el fenómeno de la desaparición forzada de personas es el caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia[i].

Se trata de una sentencia construida de manera formidable, que constituye un modelo a seguir para aquellas jurisdicciones que se enfrenten al problema de la desaparición forzada, dado que presenta métodos de acercamiento a este fenómeno complejo y toca temas de importancia cuando se analiza el mismo.

Uno de esos temas sobre el cual se pronunció la CoIDH es el relativo al derecho a conocer la verdad de lo sucedido en relación a una desaparición forzada. Es este el punto que abordaré en las líneas siguientes, tratando de relacionarlo al contexto mexicano. Sin embargo, primero mencionaré los hechos del caso en cuestión.

verdadLos días 6 y 7 de noviembre de 1985, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el grupo guerrillero M-19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenían su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios, así como visitantes de ambas corporaciones judiciales. Ante esta acción armada de la guerrilla, conocida como la “toma del Palacio de Justicia”, la respuesta de la fuerzas de seguridad del Estado es conocida como la “retoma del Palacio de Justicia”. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de personas, mientras que de otras 12 víctimas se desconoce hasta la actualidad su paradero. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de 11 personas y la ejecución extrajudicial de una de ellas, y por la falta de diligencia en las investigaciones correspondientes realizadas por las autoridades estatales.

Ahora bien, en el caso concreto, la CoIDH halló que habiendo trascurrido 29 años desde que los hechos ocurrieron, el Estado había fallado en ofrecer una versión oficial de lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia y en esclarecer lo ocurrido a la mayoría de las víctimas, así como dar con su paradero. Y no sólo ello, sino que tomó en cuenta que hoy en día el Estado aún cuestiona la desaparición forzada de algunas de las víctimas, como lo hizo ante la propia Corte.

No obstante, la CoIDH consideró, en este caso, que el derecho a conocer la verdad de lo sucedido y el destino de las personas desaparecidas «se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos (CADH)]».

Es decir, para la Corte, el derecho a la verdad queda incorporado en la obligación a cargo del Estado de investigar y, eventualmente, sancionar las vulneraciones a los derechos de las personas, derivada aquella del derecho de acceso a la justicia. Así, las investigaciones diligentes, serias, completas e imparciales desarrolladas por el Estado son las que permitirían satisfacer la expectativa de las víctimas y sus familiares de saber qué sucedió y quiénes intervinieron en los hechos.

En contraposición a lo anterior, fueron presentados tres votos[ii] que enfatizaron la necesidad de que el tribunal considerara el derecho a la verdad como un derecho autónomo y no como necesariamente «subsumido» en el derecho de acceso a la justicia (arts. 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana). Los argumentos son básicamente tres: i) siguiendo el desarrollo jurisprudencial internacional e interamericano sobre el derecho a la verdad, el siguiente paso a dar es reconocerle autónomía; ii) debe considerarse que el derecho a la verdad es en realidad el fundamento de las obligaciones estatales de investigar y sancionar, y no al revés; y, iii) el derecho a la verdad puede afectar otros derechos distintos al de acceso a la justicia, como la propia CoIDH lo ha determinado en otros casos, por ejemplo, en Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguai) vs. Brasil[iii], donde se vio involucrado el derecho a buscar y recibir información (art. 13, CADH).

Sin perjuicio de estar de acuerdo con la opinión de los jueces redactores de los votos, me parece que hay un argumento adicional que apoya la concepción del derecho a conocer la verdad de lo sucedido como autónomo y, por tanto, no subsumido o incorporado «fundamentalmente» en otro derecho. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la justicia abarcan los deberes de investigación, identificación, procesamiento, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, todas las cuales son, sin embargo, obligaciones de medio, es decir, cuyo cumplimiento únicamente exige que se tomen todas las medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción del derecho de que se trate –en este caso, de acceder a la justicia-. En contraste, pareciese ser que el derecho a la verdad no puede ser satisfecho sin obtener un resultado: que las víctimas, sus familiares y la sociedad conozcan una versión lo suficientemente sustentada y creíble de lo sucedido.

Una lectura como esta, que sostiene que la satisfacción del derecho a la verdad exije resultados, a diferencia del derecho de acceso a la justicia a través de investigaciones y sanciones, que solamente demanda medios, puede encontrar su origen en el artículo 24.2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPTDF), que reconoce como derechos de las víctimas –relacionados entre sí, pero diferenciados unos de otros- los de conocer la verdad de las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.

Siguiendo esa línea, debe considerarse, además, que la investigación y sanción son sólo medios para el esclarecimiento de los hechos, pero no son los únicos que permiten la satisfacción del derecho a conocer la verdad: éste puede involucrar otras situaciones, como el acceso a la información oficial con la que cuenten las autoridades investigadoras, o el establecimiento de una comisión de la verdad, u otras medidas de satisfacción, como reconocimientos públicos de responsabilidad general o individual.

Considerar la autonomía del derecho a la verdad respecto del derecho de acceso a la justicia, porque aquel exige resultados y éste se satisface con medios, cobra especial relevancia en contextos complejos de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, como lo es el mexicano. En nuestro país existe una crisis política y social por la desaparición forzada de 43 estudiantes hace más de tres meses; sin embargo, no se puede olvidar que las cifras oficiales –nada claras-, desde 2006 y hasta octubre de 2014, revelan que entre 12 mil y 23 mil personas permanecen desaparecidas[iv].

El derecho a la verdad, como un derecho autónomo e independiente de las investigaciones y determinaciones oficiales, en un contexto grave como el que México enfrenta, debería permitir desentrañar las estructuras que permitieron estas desapariciones forzadas, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias[v]. Sin subestimar que se trata de un contexto en el cual la impunidad es un patrón crónico y presente, y en el que pareciere que el Estado no tiene voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas[vi].

Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a que el Estado mexicano emprenda investigaciones serias y completas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona o sus restos. Pero ello no niega que, así como ellos, todos tenemos derecho a conocer por qué sucedieron –y siguen sucediendo- tantas desapariciones, quiénes las ejecutaron, quiénes las ordenaron y para qué. Hablamos aquí ya no de números o estadísticas, hablamos de personas y de familias que todos los días viven una dolorosa ausencia.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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[i] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014; serie C no. 287.

[ii] Votos concurrentes de los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi y Manuel Ventura Robles.

[iii] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010; serie C no. 219, §201.

[iv] Véase el mensaje a medios de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR de 21 de agosto de 2014. También las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí. No se puede dejar de mencionar que las cifras han sido cuestionadas por diversas organizaciones y organismos nacionales e internacionales.

[v] Estos son los objetivos que la CoIDH le atribuye a la obligación de investigación en contextos complejos, pero no al derecho a la verdad.

[vi] Así opinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias derivado de su visita a México en 2011; véase su Informe de Misión a México de 20 de diciembre de 2011 (A/HCR/19/58/Add.2), §76.

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“Es como si la ley metiera muchas piedritas en los zapatos para que las víctimas se cansen de caminar en su lucha por la justicia. Pero nosotros no nos cansamos, hoy fue un gran paso, hoy la piedrita fue en realidad un paso grande frente a una piedrota”.

Don José Rubio Villegas

 

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica mediante la cual, además de declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, determinó restringir el fuero castrense al ordenar la remisión a un juzgado penal del ámbito civil del caso del joven Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua ejecutado extrajudicialmente a manos del Ejército mexicano.

Este caso forma parte de un paquete de 30 asuntos que actualmente se discuten en el Pleno de la SCJN. Estos casos se relacionan en su mayoría con un problema sistemático relativo a la extensión del fuero militar en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar[1] con el artículo 13 de la Constitución Mexicana y con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Hasta hoy se han resuelto ya tres de los casos antes referidos, cuyos proyectos estuvieron a cargo de la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Éstos incluyen la resolución de dos conflictos competenciales y el amparo en revisión promovido por los familiares de Bonfilio Rubio.

A modo de antecedente, recordemos que en 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió cuatro sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano[2]. Entre estas resoluciones destaca la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco[3], en la que el Tribunal Interamericano resolvió que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén involucrados o sean acusados por delitos en contra de civiles deben de ser juzgados por la justicia civil y no por la justicia militar. Además de lo anterior, en esta sentencia se resolvió que el fuero militar debe ser aplicado de forma restrictiva, excepcional y limitada a la prosecución y juzgamiento de delitos que atenten en contra de bienes jurídicos propios de la disciplina militar.

Tras la notificación de dicha sentencia, la SCJN abrió el expediente “Varios 912/2010” que tenía como propósito analizar cuáles eran las obligaciones que recaían al Poder Judicial de la Federación respecto de la sentencia Radilla. En la resolución de este expediente, la SCJN resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano.
  2. El fuero militar no puede operar en situaciones en las cuales se vean vulnerados los derechos humanos de civiles. Pero además destacó que los jueces se encuentran obligados a preferir los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

De esta forma, en mayo de este año, nuestro máximo tribunal emitió el Acuerdo General 06/2012. Con este acuerdo la Suprema Corte ordenó que todos los expedientes ubicados en instancias inferiores y que estuvieran relacionados con temas de fuero militar no fueran resueltos hasta en tanto la misma Corte dictara sentencia en los asuntos que ya se encontraban ubicados ante la misma, lo que abrió la posibilidad de sentar jurisprudencia obligatoria sobre este tema.

Ahora bien, tomando lo anterior como antecedente, y sin dejar a un lado la influencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me gustaría adelantar que la resolución de estos casos representa grandes avances encaminados a la protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Pues en los tres casos resueltos por la SCJN se determinó limitar el fuero militar para permitir que sea la justicia ordinaria quien resuelva el fondo de justo estos asuntos. Como adelantaba, los primeros casos que se discutieron versaron sobre dos conflictos competenciales. El primero de ellos, suscitado en el estado de Morelos y el segundo en Michoacán. Ambos conflictos fueron resueltos en el sentido de que corresponde a un juez federal en materia penal del ámbito civil conocer del juzgamiento de los militares involucrados en estos casos en los que se han generado violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas involucradas.

La decisión en estos dos primeros asuntos sirvió para ir sentando las bases necesarias para que el Pleno continúe reiterando este criterio y así se pueda establecer jurisprudencia. Con independencia de lo anterior, considero importante resaltar que a pesar de que se resolvió remitir al fuero civil el conocimiento de estas dos causas, de la discusión de estos casos no quedó claro cuál era el criterio del Pleno en relación a la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. Lo anterior adquiere entonces importancia, pues en la práctica la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado que desconoce la jurisprudencia de este Tribunal.

Además de lo antes descrito, hemos de tomar en cuenta que no todo fue miel sobre hojuelas durante la discusión de estos dos asuntos; basta con observar que tardaron más de dos semanas y cinco sesiones para poder llegar a una votación definitiva. Así, y a pesar de que la mayoría de los ministros decidieron votar a favor de que fuera la justicia civil la que conociera de estos casos, y de que la mayoría de dichos ministros se pronunciaron a favor de la protección de los derechos de las víctimas y en apego a lo que contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún existen posiciones como las de la ministra Luna Ramos y el ministro Aguirre Anguiano que para mí son verdaderamente preocupantes. Pienso en concreto en sus valoraciones sobre el rol del Sistema Interamericano y el contenido básico de los derechos humanos que, en mi opinión, se alejan de los grandes avances que hemos alcanzado en materia de protección de los derechos humanos.

Siguiendo la línea de discusión, y por lo que respecta a la resolución del primer caso contencioso que fue impulsado por los familiares de una víctima en contra de la inconstitucionalidad del fuero militar, destaco lo siguiente: que tras la resolución de los conflictos competenciales, el 14 de agosto se dio inicio al análisis y discusión del amparo en revisión 133/2012, promovido como adelantaba, por los familiares de Bonfilio Rubio. Este expediente en particular adquirió especial relevancia pues ya no se trataba de un conflicto entre órganos del propio Estado, sino que ahora eran las propias víctimas las que acudían al amparo en busca de la obtención de justicia y tutela de sus derechos.

Sobre este amparo en particular, recordemos que fue en junio de 2009 cuando Bonfilio fue ejecutado en un retén militar en el estado de Guerrero por elementos del 93 Batallón de Infantería. Como era de suponerse, el asunto fue atraído para su conocimiento por el fuero militar y los familiares de Bonfilio (su padre Secundino y su hermano José), acompañados de las organizaciones Tlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), se opusieron a dicha determinación y promovieron un juicio de amparo que fue resuelto a su favor en diciembre de 2011. Se trató de una sentencia que debiera ser considerada histórica, pues fue la primera vez que la justicia federal amparó a las víctimas frente a la inconstitucional extensión del fuero castrense. Sorprendentemente, dicha resolución fue impugnada por la SEDENA y de ahí que el amparo en revisión llegará a manos de la SCJN.

Ahora bien, después de los criterios que se siguieron por los ministros para la resolución de los conflictos competenciales que antecedían a este amparo, supuse, malamente, que el caso de Bonfilio sería resuelto sin traba ni dilación alguna. Afirmo que se trató de una mala suposición porque el día en que se empezó a discutir el caso, las posiciones sostenidas por la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano cuestionarion la legitimidad procesal de los familiares de Bonfilio para promover el amparo, arguyendo que los familiares de Bonfilio no podían ser considerados víctimas en el caso.

Por suerte, tales posiciones no prosperaron gracias a que de las intervenciones de los ministros Silva Meza, Zaldívar, Valls, Cossío, Pardo, Aguilar y Sánchez Cordero se desprendió que, además de que la CoIDH ya había determinado que los familiares de quienes padecen graves violaciones a derechos humanos tienen también carácter de víctimas, los argumentos de la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano eran jurídicamente insostenibles. Fue entonces que la votación derivó en reconocer que los familiares de las víctimas cuentan con plena legitimidad procesal para acudir al juicio de amparo.

Superado lo anterior, se entró finalmente al estudio del fondo del asunto. Y afortunadamente se resolvió en el sentido de declarar, por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar; lo que confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo a la familia de Bonfilio y ordena que el caso sea definitivamente remitido para su estudio y resolución a un Juez Federal del fuero civil.

Finalizo con la idea de que la resolución de la SCJN sobre estos tres primeros casos debe ser reconocida y valorada pues ha derivado en la restricción del fuero castrense, como lo habían ordenando las diversas sentencias de la CoIDH en contra del Estado mexicano. No obstante lo anterior, aún quedan 27 asuntos por resolver. Esperemos entonces que en éstos, el Pleno de la SCJN reitere un criterio garantista a efecto de que el mismo genere jurisprudencia obligatoria para todo el Estado mexicano.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.



[1] Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: …II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

[2] Casos: Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos ecologistas”).

[3] Víctima de desaparición forzada a manos del ejército mexicano desde el año de 1974.

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Existe un paradigma generalizado en torno a que las candidaturas independientes no son posibles en nuestro ordenamiento jurídico. Este paradigma deriva de dos concepciones: la primera, que el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución federal establece el derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos para puestos de elección popular; y la segunda deriva del conocido caso Castañeda Gutman vs. México, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió que las candidaturas independientes no necesariamente son violatorias del derecho a ser votado.

Con lo que respecta al primer punto, cabe mencionar que si bien el artículo 116 en cuestión prohíbe las candidaturas independientes esto sólo rige en materia local ya que dicho precepto regula la vida política de las entidades federativas. Esta disposición fue reformada el 13 de noviembre de 2007 con el fin de establecer el derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos para puestos de elección popular. En el mismo decreto, se modificó en lo estructural el artículo 41 de la Constitución federal, mismo que rige la vida de los partidos políticos a nivel federal. Un primer dictamen agregaba la misma limitación que hoy en día se encuentra en el artículo 116, fracción IV inciso e); sin embargo, cuando el dictamen pasó a la Cámara de Senadores, dicha limitación fue retirada con lo que el artículo 41 constitucional quedó con la redacción actual sin que se prevea un derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos.

De acuerdo con esto, la intención expresa del Constituyente Permanente fue que, a diferencia de las entidades federativas, en la esfera federal los partidos NO tuvieran la exclusividad de registrar candidatos a cargos de elección popular. Las razones entonces expuestas fueron de tres tipos: i) la decisión de la SCJN en relación con la legislación electoral de Yucatán; ii) el derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción de la Constitución federal; y iii) los derechos que en relación con las candidaturas independientes se reconocen en tratados internacionales de derechos humanos.

En segundo lugar y con lo que respecta al caso Castañeda Gutman vs. México, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que las consideraciones desarrolladas en la decisión emitida por la Corte IDH en dicho caso no son del todo aplicables hoy en día en virtud de que las condiciones jurídicas en México han cambiado sustancialmente con motivo de la reforma en materia de derechos humanos al artículo 1º de la Constitución federal. Esta reforma tuvo tres propósitos: i) incorporar en nuestro orden constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales; ii) establecer el principio de interpretación pro persona en materia de derechos humanos; y iii) obligar a todas las autoridades del país -sin distingo alguno- a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

El derecho a ser votado es un derecho humano que se inscribe dentro de este contexto, consagrado como tal en el artículo 35, fracción II de la Constitución federal, en el artículo 23 de la Convención Americana y en el artículo 25 del Pacto Internacional DCP. Cabe notar que del significado de estas disposiciones o del sentido de las mismas, no se desprende una restricción del derecho a ser votado en el sentido de no permitir candidaturas independientes. De la no restricción de la figura de candidaturas independientes, no puede seguirse válidamente que ellas estén prohibidas, en virtud de lo que prescribe el segundo párrafo del artículo 1º constitucional: el principio pro persona, mismo que ordena a las autoridades interpretar los derechos humanos favoreciendo siempre la protección más amplia a la persona.

Se ha considerado que este principio tiene dos vertientes: una, como directriz de preferencia interpretativa, y otra, como directriz de preferencia de normas. La primera, misma que es relevante al caso en cuestión, implica que se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Ésta a su vez se compone del sub-principio favor libertatis, mismo que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juego e implica que las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y que se debe interpretar la norma de la manera que optimice su ejercicio.

El artículo 29 de la Convención Americana en su inciso b), recoge este principio. El mismo establece que no se deben interpretar las disposiciones de derechos humanos de manera que se limite el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención en mayor medida que la prevista en ella. A su vez la medida que establece esta Convención en torno al límite del derecho a ser votado, se encuentra en el numeral 2 del artículo 23 de la misma, el cual, al referirse al derecho a ser votado, establece que:

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. [énfasis añadido]

La interpretación que se seguiría de esta disposición, atendiendo al principio pro persona, sería limitar el derecho a ser votado exclusivamente en razón de las características referidas por el numeral 2 de este artículo 23, y no ir más allá de lo que el mismo párrafo establece. De lo contrario, se estaría ampliando el criterio de restricción de este derecho fuera de lo que la misma Convención Americana prevé, interpretación que en sí misma es inconstitucional de acuerdo al artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución Federal y viola, a su vez lo dispuesto por el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana, lo cual también es inconstitucional debido al rango constitucional que esta adquirió en virtud de la reforma del 11 de junio del 2011.

Dado que no existe restricción alguna y de que, por el contrario –como se acreditó en párrafos anteriores– la intención expresa del Constituyente Permanente al reformar el artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Federal, fue eliminar la exclusividad de los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular; de interpretarse que las candidaturas independientes no están permitidas en el ámbito federal de nuestro país, se estaría sujetando el derecho de voto a la adhesión ideológica a un partido político específico, interpretación que en sí misma restringe el propio derecho a ser votado y por lo tanto lo violenta.

Además, de aceptarse que el derecho a ser votado quedara restringido a que sólo se ejerza a través de partidos políticos, ello traería aparejada la violación a otro tipo de derechos humanos, tales como la posibilidad de participación política, de libertad de ideología, de libertad expresión y de asociación.

El objetivo de los derechos humanos es proteger a la persona tendiendo a la maximización –y no menoscabo– del contenido de los derechos de los cuales ésta es titular. El principio pro persona y el deber de respeto máximo a los derechos humanos están implícitos en el derecho a ser votado por la propia naturaleza de derecho humano del que éste último participa. En este sentido, a contrario sensu, existe una prohibición expresa derivada del artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución Federal, de no interpretar los derechos humanos de manera que se éstos se restrinjan o se vean menoscabados en perjuicio de las personas.

Por consiguiente, derivado de esta prohibición y al mandato de maximización de derechos, el derecho reconocido a ser votado incluye, entre otros, el derecho a postularse a cargos de elección popular sin la necesidad de afiliarse a un partido político por ser ésta la interpretación que lo optimiza.

Estos argumentos forman parte de la solicitud de registro como candidato independiente que presentó Manuel Clouthier, candidato independiente a Presidencia de la República, y que presentarán trescientos candidatos independientes para ocupar cargos de diputados federales, ya que como se dijo, en el ámbito federal no se establece restricción alguna. En caso de que se niegue la solicitud de registro, Justicia Justa promoverá un Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, mismo que corresponde resolver a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y donde estos mismos argumentos serán esgrimidos.

Todas las autoridades del país –incluyendo al Tribunal Electoral– están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Si el Tribunal Electoral no admite la figura de candidaturas independientes, estaría no solo restringiendo el derecho a ser votado, sino que cometería una violación a derechos humanos y a los principios contenidos en el nuevo artículo 1º constitucional.

El status quo partidista que reina en nuestro país, se encuentra muy resistente  a aceptar la figura de candidaturas independientes. Sin embargo, existen argumentos jurídicos contundentes que evidencian cómo en nuestro sistema  las candidaturas independientes deben tener cabida. Si queremos dotar de contenido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dicha petición debe ser atendida y resuelta favorablemente por el Tribunal; de otro modo, nuestra Constitución y los derechos humanos contenidos en ella se vaciarían de significado y se convertirían en simples normas de papel.

Luis Pérez de Acha (@LuisPerezdeAcha) y Gisela Pérez de Acha(@gisela_pda). Abogados fundadores de Justicia Justa (@Justicia_Justa): ONG dedicada al litigo estratégico cuyo proyecto principal hoy en día, es litigar el caso de candidaturas independientes de 300 candidatos a diputados federales y un candidato a presidencia de la República.

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La segunda sesión para discutir el proyecto de sentencia para la acción de inconstitucionalidad 11/2009 presentado por el ministro Franco fue sin duda mucho más rica en contenidos que la primera. Se fijó ya la tendencia hacia la invalidez de la reforma a la Constitución de Baja California que “reputa al concebido como nacido para todos los efectos legales correspondientes.”

Antes de referirme de manera breve a los posicionamientos de los ministros, es importante mencionar que el presidente Felipe Calderón ayer mismo solicitó al Senado de la República retirar una declaración interpretativa[1] del artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta declaración fue mencionada en la sesión del lunes y ha sido un argumento para demostrar que el sistema jurídico mexicano no reconoce personalidad jurídica al no nacido.

El primero en intervenir fue el ministro Cossío, expresó su desacuerdo con la primera parte del proyecto donde se argumenta sobre la personalidad del no nacido y se refirió a la declaración interpretativa explicando que la expresión “en general” implica las determinaciones particulares de cada orden interno. Cossío se refirió a la sentencia de 2009 (AI 146/2007) que él elaboró y que “si bien el proyecto no llega al desconocimiento de los derechos del producto de la concepción, retóricamente sí presenta una condición de disminución con respeto de este sujeto o bien jurídicamente tutelado….se dice que el nasciturus no es persona y de ahí se da un salto para decir que valen más los derechos de las personas.”

Asimismo, Cossío señaló que el constituyente local sí puede establecer posibilidades o modalidades del desarollo de los derechos humanos, siempre que sean mayores. Se pronunció porque la Corte defina qué alcances tienen los nuevos artículos 1° y 29, y considera que la reforma es inválida pues el Constituyente local cancela el diálogo entre un bien jurídicamente tutelado (la vida) y un derecho que tienen las mujeres (reconocido en el artículo 4to) lo que genera una exclusión absoluta y se impide cualquier manifestación de ese derecho reproductivo. Para el ministro Cossío es importante el pronunciamiento de la Corte con respecto a los contenidos de los derechos en juego.

El ministro Valls mencionó que no está de acuerdo con las ponderaciones ni con las conclusiones del proyecto. Dijo que efectivamente las entidades federativas tienen límites para definir derechos en los artículos 40 y 41 pero que la cuestión a dilucidar es si otorgar personalidad jurídica al no nacido no necesariamente se traduce en una vulneración a la Constitución general. “Es desafortunado que el proyecto defina qué es feto o embrión pues se trata del mismo individuo protegido desde la concepción.” Para él la norma analizada debe leerse a la luz del sistema federal y debe interpretarse conforme al principio de supremacía constitucional, es decir, las legislaturas sólo pueden expandir derechos. Para Valls el derecho a la vida no es absoluto, sino que debe armonizarse con otros derechos, “los derechos fundamentales son relacionales y se establecen para limitar a la mayoría sobre la minoría, el Estado debe respetar el derecho a decidir.” Valls se manifestó a favor del proyecto, pero en contra de los conceptos en él planteados.

La ministra Sánchez Cordero realizó una muy emotiva exposición, en ella destacó, por un lado, la autonomía reproductiva reconocida por la vía del artículo 4º constitucional interpretado en conjunción con el artículo 1° (principio pro personae y de progresividad de los derechos) y, por otro, se refirió a los efectos de la reforma no sólo con respecto a los derechos reproductivos y a la colisión que se encuentra entre éstos y la protección a la vida del no nacido, sino también a la parte de la norma impugnada que se refiere a la “muerte natural”. Para la ministra las constituciones locales son el vehículo idóneo para ampliar derechos, pues son los más aptos para otorgar un mayor espectro en su protección por ser ordenamientos con mayor inmediatez en las entidades federativas. Pero este aspecto no es de libre configuración local, pues pueden expandir, pero no limitar. La ministra se refirió, a su vez, al contenido esencial de los derechos y a la posibilidad de que los constituyentes locales los amplíen y desarrollen de manera vertical, pero nunca horizontal, es decir, de tal forma que limiten otros. “La pregunta es si la definición que el derecho a la vida adopta el Constituyente de Baja California, que a primera vista parecería expansiva de derechos, afecta o restringe otros derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal.” Para la ministra, la respuesta es afirmativa y en consecuencia la reforma viola los artículos 1º, 4º, 14, 16, 40, 41 y 133 de la Constitución federal.

Por su parte, el ministro Ortiz Mayagoitia comenzó refiriéndose a la solicitud de Calderón de retirar la declaración interpretativa, dijo estar de acuerdo con ello y dio lectura al comunicado de la presidencia de la República. Personalmente me parecía innecesario referirse directamente al comunicado de otro poder, bastaba con mencionar la solicitud de Calderón desde un punto de vista un tanto más neutral. Cuestión de enfoques. Posteriormente, el ministro se refirió en gran medida a su postura sostenida en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 en donde junto con los ministros Aguirre y Azuela se pronunció porque la Constitución reconoce el derecho a la vida del no nacido y la libertad sexual y reproductiva de la mujer no prevalecen sobre ésta. El ministro se refirió a los nuevos artículos 1º y 29, que reconocen “de manera textual” el derecho a la vida “que siempre estuvo ahí”.

Para el ex presidente de la Corte, el sistema jurídico mexicano siempre ha reconocido el derecho a la vida del concebido, prueba de ello es que los códigos civiles se establecen una condición suspensiva para el no nacido. El ministro también se refirió a la diferencia que el proyecto hace con respecto al nasciturus “no se trata de un derecho a favor del nasciturus, sino de todos los individuos. No son dos subespecies, sino la misma entidad en momentos diferentes [pues] toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción [por tanto] el destino natural de un concebido es llegar a nacer.” Para el ministro Ortiz los derechos reproductivos de la mujer no prevalecen frente a los del concebido, pues el derecho a la vida tiene mayor peso aunque “la mujer quien lleva la vida en su seno, tiene derechos en cuanto a la maternidad [pero] el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos no es una prerrogativa ilimitada… en cuanto haya información sobre sexualidad y anticoncepción y excepciones al delito de aborto, no puede hablarse de una afectación.” Según el ministro, la norma no afecta los derechos de las mujeres, éstos están intactos. Por ello, su voto será en contra del proyecto.

Se declaró un receso y después regresó el Pleno para escuchar a la Ministra Luna Ramos.

Es verdad que por razón de género, se esperaba un voto a favor del proyecto de la ministra Luna, sin embargo, sorprendió su argumentación en contra del derecho a decidir y su concepción totalmente opuesta a la de la ministra Sánchez Cordero.

Así, Luna Ramos comenzó refiriéndose a su voto en 2009 (AI 146/2007) para luego explicar los tipos de normas constitucionales: las que crean los órganos de los Estados y delimitan sus funciones, las que establecen los procedimientos de creación jurídica y las que establecen los contenidos de las normas secundarias. Siendo las más importantes para este asunto aquellas que establecen contenido, las que pueden ser de contenido necesario, prohibitivo y optativo. Las de contenido optativo son las que dejan la ponderación en el legislador ordinario a través de puntos de vista social, moral, económico o político. Éstas son las normas de libre configuración cuyos límites son otras normas constitucionales.

Para la ministra Luna, el artículo analizado no es una norma de contenido necesario, sino de libre configuración pues la Constitución federal no define qué es la vida ni a partir de qué momento se va a determinar y no existe ninguna norma constitucional que prohiba la determinación sobre cuándo comienza la vida. Para ella, la declaración interpretativa de la Convención implica que cada Estado puede determinar cuándo comienza ésta y que “Estado” en términos de la Convención, implica, también, entidad federativa. Si la Constitución nunca ha dicho que tiene que entenderse por persona y lo “único que hace el Constituyente de Baja California es decir que el no nacido tendrá una protección, pues se puede entender que se dé esta definición en una ley local y que esta protección no vulnera ningún derecho de las mujeres pues la norma no prohíbe ni el uso de anticonceptivos ni de experimentos científicos. El artículo 4º, dice Luna, no reconoce el derecho al aborto, reconoce el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, de manera responsable e informada, pero ello no puede traducirse en interrumpir embarazos. La libre configuración legislativa no atenta contra el derecho a la planeación familiar. Además el federalismo mexicano, según la ministra, es copiado del estadounidense, en donde “todo el día escuchamos disparidad en la regulación”[2]. De manera que, confirmó al final de su intervención estar en contra del proyecto y a favor de la constitucionalidad de la reforma.

Se levantó la sesión y se citó a los ministros para el miércoles 28 a las 11am.

Para resumir, se cuentan ya con 5 votos por la invalidez de la norma impugnada. A favor del proyecto, es decir, por la invalidez de la reforma se han manifestado, además de su autor, el ministro Franco, los ministros Aguilar, Cossío, Valls y Sánchez Cordero (es decir, se tienen ya 5 votos a favor). En contra, es decir, por la validez de la reforma, se han manifestado ya los ministros Aguirre, Ortiz y Luna (es decir, se tienen 3 votos en contra). Para que la reforma pueda ser declarada inconstitucional y, por tanto, desechada del orden jurídico, se requieren 8 votos, de otra manera se desestima la acción, se archiva y la norma sigue vigente.

Falta que se pronuncien los ministros Zaldívar,  Silva y Pardo. Se prevé que el ministro Silva vote con el proyecto, pues en 2009 votó a favor[3] de la constitucionalidad de la reforma que despenalizó el aborto en el D.F. Sobre los ministros Zaldívar y Pardo no se tiene certeza pues no eran miembros de la Corte en 2009, sin embargo se prevé que el ministro Zaldívar estaría a favor del proyecto en congruencia con su postura garantista[4] y sus votos, por ejemplo en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo o en su proyecto sobre la guardería ABC, pero principalmente en el caso de “píldora del día siguiente” (CC 54/2009). En un mero ejercicio de adivinación, del ministro Pardo podríamos esperar también un voto a favor del proyecto pues en sus dos discursos como integrante de terna para Ministro ante el Senado, habló[5] sobre la Constitución como un documento viviente y que las decisiones de la Corte deben garantizar seguridad jurídica y defender los derechos fundamentales.

Si así fuera el caso, se lograrían los 8 votos requeridos. Ojalá.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión “en general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados. (Artículo 4.  Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.) Los alcances del retiro de la declaración no implicarían una obligación para México de penalizar todo tipo de aborto ni prohibir métodos anticonceptivos o técnicas de reproducción asistida.

[2] Creo que aquí vale la pena referirme a la consulta sobre reconocimiento de personalidad jurídica del nasciturus en Mississippi. Cuestión que no es común en los Estados Unidos. En este país por la vía del caso Roe v Wade fue reconocido el derecho a interrumpir el embarazo  con base en el derecho a la intimidad fundamentado en el substantive due process de la enmienda 14.

[3] “[Para] poder analizar debidamente si la medida adoptada por el legislador local, en este caso la concreta despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras doce semanas, es o no apegada al orden constitucional, es indispensable identificar en principio los bienes o derechos constitucionales que se encuentran en juego… el tema que nos tocó resolver, no podía partir únicamente, del producto de la concepción, sino mirar a la otra parte del problema, esto es, a los derechos de las mujeres que se encuentran involucrados, pues con base en ellos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sustentó su determinación de despenalización…Los derechos fundamentales de las mujeres que intervienen en el conflicto en estudio son la vida, la salud, la igualdad, la no discriminación, la libertad sexual y la reproductiva, la autodeterminación y la intimidad…” El voto concurrente del Ministro Silva Meza se encuentra en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 a partir de la página 373. [Negritas originales].

[4] “El reto es que los próximos años, —sin descuidar la labor que hasta este momento ha realizado la Corte—, sean los años del desarrollo de los derechos fundamentales. Es momento, utilizando el título de un célebre libro, de tomarnos los derechos en serio.” Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en México. A doce años de la reestructuración de la Suprema Corte y a propósito de la reforma constitucional del 14 de septiembre de 2006; Zaldívar, Arturo (Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad).

[5] “La Corte no tiene facultades políticas, por ello sus decisiones se deben limitar a garantizar la vigencia de los principios y normas constitucionales, es decir, a reestablecer el orden constitucional y generar seguridad jurídica. Las decisiones de la Corte deben respetar sin excepciones el principio de división de poderes, los derechos humanos, el principio democrático y la consecución del bien común… La Corte, cumple con tres tareas básicas: ser un factor de seguridad jurídica, protección; la defensa de los derechos fundamentales; y la definición de la distribución de competencias.” Discurso ante el Senado de la República, 10 de febrero de 2011.

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