La próxima semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebrará en México su 55° periodo extraordinario de sesiones… Si bien este tipo de periodos extraordinarios de sesiones tienen como objetivo principal incrementar la actividad jurisdiccional y difundir las labores de la CoIDH, no hay que pasar por alto que este evento se enmarca en una coyuntura muy difícil para el país, dada la grave crisis de violencia y de seguridad por la que estamos atravesando; de ahí que sea necesario analizar con mayor detenimiento lo que representa esta visita por parte del órgano interamericano de derechos humanos.

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Pese al proceso de fortalecimiento institucional que experimentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011 – el cual culminó con la reforma a su reglamento en agosto de 2013 – la situación financiera se volvió insostenible. A pesar del compromiso declarado en ese año por los Estados Americanos con el respeto y promoción de los derechos humanos, éste no se ha reflejado en el presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destinado a su sistema de protección de los derechos humanos.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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El pasado 14 de abril de 2015, el pleno de la Suprema Corte decidió por 6 votos a favor y 5 en contra la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales que establece el arraigo en caso de delitos graves hasta por 40 días. La figura del arraigo ha sido ampliamente debatida en foros nacionales e internacionales por ser violatoria de derechos humanos, tales como la libertad personal, el debido proceso y por ser un caldo de cultivo para la tortura y otros tratados crueles inhumanos y degradantes.

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Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a que el Estado mexicano emprenda investigaciones serias y completas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona o sus restos. Pero ello no niega que, así como ellos, todos tenemos derecho a conocer por qué sucedieron –y siguen sucediendo- tantas desapariciones, quiénes las ejecutaron, quiénes las ordenaron y para qué. Hablamos aquí ya no de números o estadísticas, hablamos de personas y de familias que todos los días viven una dolorosa ausencia.

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Es difícil dejar de notar que esta decisión se da después de la importante condena que hace la CoIDH a República Dominicana en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas, en el que se constató un preocupante contexto de discriminación racial en ese país y la existencia de un patrón sistemático de expulsiones, incluso colectivas, de haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana o personas de “mero aspecto haitiano”, a partir de un rasero enteramente discriminatorio.

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La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), celebró su 48° período extraordinario de sesiones en México. La visita por parte de este tribunal internacional se da en el marco de las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto […]

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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),[1] es el tratado internacional que fundamenta el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De dicho instrumento surge el órgano jurisdiccional competente para conocer de violaciones a derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual se instaló en el año de 1979. La CorteIDH es […]

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