…aunque la resolución de la Suprema Corte representa un primer paso importante para dilucidar qué sucedió la tarde de la tragedia, y para sentar un precedente dirigido a deslindar las responsabilidades cuyo concurso se tradujo en la pérdida de doce vidas humanas, en la lucha por la consecución de justicia, todavía falta lo más elemental. Ya sabemos quién no fue responsable. Falta determinar quién sí fue.

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La semana pasada, la Suprema Corte inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala. El meollo de este asunto es que en el Código Penal del estado de Tlaxcala se señalaba que el aborto no sería punible si: 1) el embarazo había sido producto de una inseminación artificial no consentida y 2) si producto presentara malformaciones de las que aun llevando el embarazo a término no habría posibilidad alguna de sobrevivencia.

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Menudo dilema el que tendrá que resolver en breve la Suprema Corte de Justicia. No es un tema menor pretender definir un asunto donde, por un lado, hay que dilucidar si un policía incurrió en omisión de actuar a pesar de tener el deber de impedir un posible delito; o bien, determinar que el delito está excluido porque los procesados actuaron en cumplimiento de un deber derivado de la obediencia jerárquica a su superiores.

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La pregunta obligada es: ¿en qué beneficia a los habitantes del Distrito Federal tener una Constitución? Más que razones jurídicas, a la población le interesa saber si va a tener servicios públicos más eficientes, si va a haber menos burocracia y atención más pronta y expedita a sus necesidades. Puede interesar también la existencia de un sistema de rendición de cuentas efectivo, sobre todo porque los alcaldes tendrán la oportunidad de reelegirse como sucede en los otros cargos de elección popular constitucionalmente previstos.

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El derecho debajo de la falda en el D.F. La privacidad o el derecho a la vida privada –regulado en los artículos 6 y 16 constitucionales y en diversos tratados de los que México es parte–[1] ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o Suprema Corte)[2] como el derecho […]

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En el régimen jurídico mexicano, la política de drogas tiene dos fundamentos: la protección a la salud y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Sin embargo, en años recientes, con la llamada “guerra contra las drogas”, el fundamento parece haberse vuelto uno de disminución de violencia o combate a la delincuencia organizada, olvidando que el bien […]

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El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo puede analizarse desde, al menos, tres perspectivas. Puede servir como una vía para abordar la discriminación que sufre un grupo específico de la población a causa del tipo de relaciones afectivas y sexuales que establecen. Puede ser también una plataforma para discutir sobre el tipo de […]

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