Hace algunos días, Estefanía Vela publicó en este espacio una aguda crítica a la sentencia de la Suprema Corte que busca proscribir las palabras “puñal” y “maricón” de la sociedad mexicana, por tratarse de expresiones discriminatorias y que coquetean con el discurso de odio. En respuesta a este texto, el académico Roberto Niembro plantea algunas objeciones con el ánimo de matizar esta crítica y aguijonear la discusión respecto un tema no menor en las democracias modernas: los alcances del Estado al regular la libertad de expresión que lanza expresiones discriminatorias e insultantes. Aquí el debate.

Roberto Niembro. Estimada Estefanía, tú entrada me genera algunas dudas que te comparto. Yo tampoco sé por qué la Primera Sala escogió este caso para entrarle al tema del discurso de odio y las expresiones discriminatorias (entre ellas las homofóbicas). Sin embargo, tengo una intuición. Tal vez se debe a que los casos como este en los que la Corte se puede pronunciar sobre los derechos fundamentales que más importan a los ciudadanos de a pie, no por casualidad, son pocos. O por lo menos esa es la impresión que tengo de lo que he escuchado decir en conferencias a algunos ministros. Por otro lado, aunque parezca algo trivial, mi experiencia personal es que la decisión de la Corte tuvo un fuerte impacto entre la población en general. Por ponerte un ejemplo: unos días después de que la Corte dictara su resolución escuché de personas de todas las edades, ajenas a los debates de la Corte, expresar su conformidad y disconformidad con el criterio de los ministros. Es decir, la decisión los incitó a razonar, dialogar, debatir sobre el tema. Lo que no suele suceder.

Por otra parte, coincido contigo en que el Estado debe multiplicar los medios para que todas las personas puedan expresarse; sin embargo, no creo que ello deba excluir el reproche al discurso de odio o expresiones discriminatorias –dejemos por ahora la discusión sobre si en el caso concreto se trata de un discurso de odio, que por cierto no estoy muy seguro que la Primera Sala haya afirmado que así fuese-. Es decir, en mi opinión, ambas medidas pueden servir para una política deliberativa robusta. Por un lado, generando información plural y espacios para que todos y todas puedan expresarse. Por el otro, garantizando que el discurso de unos no desincentive la participación de otros. Pues como tú misma lo dices: “No dudo que la exposición a una descalificación pueda tener como efecto que muchos homosexuales –o mujeres o indígenas y demás– no se atrevan siquiera a hablar”.

Un tercer argumento que me inquieta es tu punto de vista: “El problema no es la idea en sí –cuestionar el valor de las personas–, sino cómo se expresa: a través del insulto.” En mi opinión, en este caso la “idea” también es el problema, pues además de que en México “puñal” es una forma despectiva e insultante de referirse a una persona, lo que se está haciendo es utilizar la preferencia sexual de alguien como algo disvalioso. Es verdad que llamar a un homosexual gay no es lo mismo que decirle puñal, y puñal no es lo mismo que decir “pinche puto”, aun cuando en el fondo estas dos últimas expresiones insultantes denotan una minusvaloración de una preferencia sexual. Así, creo que tu analogía con aquellos que dicen que los homosexuales son unos enfermos no es correcta. Mientras esta tesis pudiera ser debatida en términos científicos/psicológicos (ya superada), cuando calificas a alguien como puñal no hay espacio para la discusión, en tanto es un argumento ad hominem.

Finalmente, mi argumentación no conlleva a que el insulto siempre deba estar prohibido, sin embargo, en este caso concreto, considero que al tratarse de una expresión discriminatoria no aporta nada –y sí perjudica por desincentivar la participación- a la deliberación democrática (cabe aclarar que la Sala no habla de insulto, pues según doctrina de la Corte la Constitución no lo protege, sino se refiere a expresiones discriminatorias-homofóbicas, “ofensivas” –aunque según la RAE insultar es ofender- u oprobiosas, que al ser impertinentes para emitir el mensaje del autor, resultan vejatorias). De hecho, en un contexto como el nuestro, considero que la Primera Sala actuó correctamente al concientizar e incentivar el debate –ante la falta de crítica y en muchas ocasiones tolerancia social- sobre el daño que provocan estas expresiones. En otras palabras, no calló a nadie ni borró ciertas palabras del diccionario, sino que nos recordó los efectos negativos que tienen ciertas expresiones discriminatorias para la inclusión y participación de los grupos discriminados.

Saludos,

Estefanía Vela. Roberto, estoy de acuerdo contigo en que la Sala aprovechó esta ocasión para pronunciarse por los derechos fundamentales. Fue una oportunidad que consideró de oro para enviar un mensaje: que habría que corregir cómo hablamos, porque dependiendo de cómo hablamos, podemos perpetuar esquemas de discriminación o fomentar un mundo de respeto y tolerancia. Entiendo el propósito, no sé si la forma de ejecutarla era la mejor.

Primero, porque creo que de todos los problemas jurídicos que provocan más ansiedad en la gente, el de tener que modificar cómo hablan es uno de ellos. Insisto: claro que hay señalar todas estas “prácticas” –el cómo nos insultamos, el cómo nos burlamos de la gente–. Pero no sé si sea el Estado el que se tenga que poner a deconstruirlas. La sentencia de la Corte me parece excelente para haber formado parte de un blog o un libro de estudios sociales, o parte de una discusión social más amplia. Su contenido no me parece necesariamente adecuado para ser una sentencia relacionada con un juicio de daño moral.

Segundo, el reproche del discurso de odio a mí no me causa problema (los tratados internacionales me parecen relativamente claros sobre la construcción de esta categoría). La cosa es que la Sala no se limitó al discurso de odio –que incita a la acción–, sino que abarcó las “expresiones discriminatorias”. Esto implica que el Estado puede alcanzar muchas más expresiones. Todas las discriminatorias, prácticamente. No es sólo un mensaje que incite a que la gente se manifieste en contra de o ataque a un grupo, sino las burlas, los insultos cotidianos. Tanto alcance del Estado a través de un juicio por daño moral, a mí no me gusta. Insisto: si se invirtiera en crear acceso a medios, en darle a las personas “micrófonos” para hablar, alguien más se podría poner a desmenuzar todas estas prácticas. A explicar por qué pueden ser –para algunos– ofensivas.

Tercero, quizá en ciertos círculos la homosexualidad como enfermedad ya esté “desacreditada”. Pero la idea no muere. Está, por ejemplo, el tema de la “terapia de conversión” que varios religiosos y psiquiatras están tratando de impulsar en Estados Unidos y, si mal no recuerdo una nota periodística, también ha llegado a México. El año pasado se publicó un estudio bastante importante sobre si los padres gay eran o no buenos padres (sosteniendo que no lo eran). Para mí, esto implica cuestionar su capacidad como padres sólo por ser gay. O su sanidad sólo por ser gay. Así como el insulto que tú señalas implica reducir y burlarse de una persona sólo porque es gay. Si lo que importa es desterrar la idea de que la gente cuestione a la homosexualidad y la asocie a algo negativo o la conciba como algo inaceptable, el problema no es sólo el insulto –una forma de manifestar ese rechazo–, sino todos los esfuerzos científicos, religiosos, artísticos y jurídicos incluso para hacer de esta idea una realidad.

Tú dices que el problema con el insulto es que no se puede “debatir” con la persona. Primero, yo creo que hay personas que publican textos “argumentados” con las cuales no se puede debatir, y hay personas que insultan con las que sí se puede debatir. El debate depende más de la persona, del contexto, que con la “forma” en la que se externa una idea en sí. Segundo (y volviendo al punto del párrafo anterior), que a mí me digan “pinche marimacha” me podría descalificar tanto como el estudio que pretenda decir “las lesbianas no son buenas madres” o “los homosexuales se suicidan más, tienen problemas de socialización y son promiscuos”. Ambos son ataques, uno más “directo”, otro más “indirecto”, a mi persona por ser gay. A mí me afecta tanto que en un púlpito se afirme que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, a que me digan en una columna “machorra”. Para mí el insulto no tiene nada de especial, cuando el tema es la discriminación generalizada. De hecho, me parece lo de menos. Me impactan mucho más los estudios (¿son o no buenos padres?, ¿son o no más inestables?), o las películas y series en las que o no aparecen las personas gay o aparecen solamente como personas problemáticas, o las discusiones políticas  (¿se les debe reconocer qué derechos o no?). En todas las instancias se juzga lo que soy y valgo por un solo hecho o característica. Por eso me parece que sólo entrarle al insulto, supuestamente siendo “sensible” a como es la “realidad” de la discriminación, me acaba pareciendo simplemente una cuestión de civilidad clásica, redefinida al siglo XXI: no hay que ser groseros.

Y claro que el insulto “no aporta nada”. Decirle “pendejo” a alguien no aporta nada. Decirle “animal” a alguien no aporta nada. Decirle “puñal” a alguien no aporta nada. ¿Que puede haber otra forma de hacer la “crítica”? Por supuesto. Pero, ¿en esto vamos a gastar los impuestos? ¿En impulsar a la gente a que modere sus insultos con juicios por daño moral? Porque esta no es sólo una discusión en abstracto sobre insultos, sino sobre las vías jurídicas específicas que diseñamos para castigarlos o remediarlos. A mí la vía que parece haber abierto la Sala, no se me hace la adecuada.

Roberto Niembro. Estefanía, agradezco tu respuesta y el intercambio de ideas. Creo que los dos coincidimos en lo sustancial -en nuestro rechazo a la discriminación por preferencias sexuales y en la importancia de la deliberación- aunque no así en los medios para combatirla, o por lo menos no totalmente –pues también estoy de acuerdo en la importancia de crear múltiples espacios de expresión, particularmente, para los que no tienen voz-. Te expreso algunas otras consideraciones que me vienen a la cabeza de la lectura de tu respuesta.

Lo primero es que para mí la Corte es un actor más dentro de esa discusión social más amplia. No lo veo como el principal, pero sí como uno que puede ayudarnos a mejorar nuestra deliberación, por ejemplo, ayudándonos a desterrar los “insultos” o las opiniones discriminatorias (de hecho creo que la sentencia en alguna medida se explica porque la mayoría de la Sala considera que no sólo se trata de resolver un caso entre periodistas, sino de velar por la inclusión democrática). Sobre todo cuando los otros órganos del Estado hacen muy poco y la sociedad civil es tan poco crítica como la nuestra. Que la Corte hable a través de sus sentencias y tenga la posibilidad de ordenar indemnizaciones es una cuestión distinta, la cual me parece que se justifica en el caso concreto (aunque no debemos perder de vista que la Corte no ordenó una indemnización, pues no afirmó que hubiera daño moral, sino que lo dejó en manos del Tribunal Colegiado).

Por otro lado, no estoy seguro de que las expresiones discriminatorias abarquen “todo”, sino sólo las expresiones discriminatorias. Es decir, la prohibición de dichas expresiones no es lo mismo que prohibir que alguien diga “cabrón” o “pendejo”, pues estos dos insultos no conllevan esa carga de minusvaloración de algo como las preferencias sexuales (de ahí que sean erróneos los argumentos en el sentido de que cualquier comentario ofensivo será motivo de judicialización, pues a la primera oportunidad que tenga la Corte podría recordarnos que no son lo mismo). En este sentido, la Sala no prohibió “las groserías” como una mamá que lava a sus hijos la boca con jabón, sino que hizo un reproche a ciertas expresiones discriminatorias, que en cierto contexto fueron ofensivas u oprobiosas, y que al ser impertinentes para expresar las opiniones del autor fueron absolutamente vejatorias –por cierto, no puedo dejar de criticar que la sentencia no es muy clara en el uso de los conceptos-.

Un tercer punto es que para mí no es lo mismo en términos discursivos, aunque pueda tener los mismos efectos negativos para la causa de la igualdad, que alguien diga “puñal” o “maricón”, a que alguien se esmere en hacer una investigación científica sobre porque los gays son “enfermos”.

En otras palabras, contra lo primero no puedo contra argumentar, mientras que contra lo segundo afortunadamente sí. De hecho, creo que sólo distinguiendo entre estas dos cuestiones es que podemos superar los prejuicios, porque cuando discuto “argumentos” –que no insultos- puedo debatir en términos de racionalidad, no así cuando se “insulta” discriminatoriamente. Así, considero que la Corte hace bien en desincentivar los “insultos” o las expresiones discriminatorias, pero no el debate de la ciencia, psicología, etc.

Con esto conecto con tu argumento “yo creo que hay personas que publican textos “argumentados” con las cuales no se puede debatir, y hay personas que insultan con las que sí se puede debatir”. Tienes razón, hay personas que nos dan argumentos pero que no están dispuestas a escuchar y razonar, no tienen disposición al diálogo y menos aún a pensar que pueden estar equivocadas. Ahora bien, esa es una cuestión distinta al tipo de argumento que esas personas, cerradas o no, puedan utilizar. Ese es mi punto. Una cosa es el tipo de expresión, v. gr. el insulto (que no es argumento), y otra es que la persona que sí te da razones no esté dispuesto a deliberar.

Finalmente, es un gusto debatir contigo. Saludos.

Estefanía Vela. Roberto: últimos puntos, ya que, como dices, estamos más en desacuerdo por las formas, que por el fondo.

Claro que la SCJN es un actor más. Pero en tanto es un actor estatal y no alguien que forma parte de la “sociedad civil” y, además, utiliza un mecanismo coactivo (o actúa teniendo como trasfondo un mecanismo coactivo, como lo es el juicio por daño moral), creo que tiene más límites en lo que puede hacer que otras instancias estatales u otros organismos no gubernamentales.

Entiendo también que en México sean pocas las instituciones gubernamentales que hagan algo por la discriminación. Y también entiendo que en México la sociedad civil está… ¿en dónde, exactamente? Entiendo que se quiera “usar” al Estado para este tipo de cosas: es el vocero. Pero a la vez, creo que esto sigue incentivando la cultura de irle a llorar por todo al papá. Estado sin hacer un esfuerzo por articular un discurso desde la ciudadanía. Creo que el punto es que sea la ciudadanía misma la que lo haga. No el Estado –en este tema del debate-. ¿Dónde están los blogs despedazando a Núñez Quiroz por usar esas expresiones? ¿Dónde está la condena por parte de locutores de radio o televisión? ¿Dónde están los académicos tratando de desmenuzar el origen o las consecuencias de estos insultos? ¿Dónde están los mismos gays –o heterosexuales progres– levantando la voz y explicando por qué estos pueden ser dañino? Por eso insisto: si no existe este “foro”, si no existe este “ejército” de ciudadanos, hay que crearlo. Desde aquí, por ejemplo, toda la labor que está realizando el CONAPRED, relativa a generar información (estudios sobre el racismo en México, estadísticas sobre homofobia en México, encuestas sobre el sexismo en México), producir programas de televisión, convocar a conferencias informativas y grupos de trabajo e impulsar concursos de ensayo, son fundamentales. Necesitamos más de esto.

Callar destierra ciertas palabras de la discusión pública. Pero las sentencias: 1) no siempre logran explicar bien por qué hay que desterrar estas palabras; 2) ni tampoco ofrecen una alternativa sobre cómo sí deberíamos hablar. Y este, al final, es el punto: la educación. Cómo deberíamos hablarnos. Cómo deberíamos discutir. Cómo deberíamos defendernos. (Por cierto, creo que cuando la ciudadanía sí se llega a manifestar en estos temas, curiosamente también tienden a recurrir a los insultos. Ni los que creen que está mal discriminar parecen ser capaces de ofrecer razones para explicarlo sensatamente. Y este es el problema: hasta que no seamos capaces de explicar –dar razones, dar razones, dar razones– seguiremos en los insultos).

Aludí a “pendejo” y a “animal” porque la Sala articula a las expresiones discriminatorias como un tipo más de insulto. Si acaso distingue las razones (se supone) por las cuales unos y otras no son expresiones protegidas, al final, acaban estando en la misma categoría: son groserías. Y, por ser groserías, deben proscribirse. Y esto es lo que me molesta de toda la intervención. Que ni se toma en serio el problema de la perpetuación de las ideas de la discriminación, pero sí se perpetúa, a su vez, un esquema en el que se sanciona a la grosería. Lavar la boca con jabón –como mencioné en el comentario anterior-.

Último punto: entiendo también que contra los insultos no se pueda argumentar, como tú lo planteas. Pero, insisto, si lo que importa es la argumentación (o sea, tener la capacidad de entablar un diálogo), el problema tampoco son sólo los insultos. Sino las actitudes de las personas u otro tipo de “argumentos” que también cierran el diálogo (recordé esto por ejemplo).

Lo que me lleva a: ¿qué se quiere subsanar? O, ¿cuál es el problema? Si el problema es que el insulto cierra el diálogo, entonces hay que irnos en contra de todas las expresiones y actitudes que cierran el diálogo. E incluso aquí, la pregunta es: ¿acudimos a la sanción o reforzamos el derecho de réplica que pretende reinstaurar el diálogo? ¿Y qué de la educación? Porque, digo, realmente si la gente no sabe pensar, razonar, argumentar, ¿cómo esperamos que no acuda al insulto para hacer un punto? Si el problema es la ofensa (diálogo o no), entonces hay que establecer claramente quién se ofende y quién, dentro de los que se ofenden, tienen derecho a recurrir a qué mecanismo (¿Prida Huerta? ¿“los homosexuales”? ¿Daño moral? ¿Ir a la CONAPRED? ¿Derecho de réplica?). De esta sentencia no me acaba de quedar claro qué se protege cómo, ni por qué; ni por qué ciertas cosas no se protegen.

Hasta un abrazo te quiero mandar, aunque no te conozca.

Roberto Niembro. Gracias Estefanía. En tanto se trata de una ongoing dicussion estoy de acuerdo en podemos seguirla más adelante y escuchar otras voces. El gusto fue mío. Un cordial saludo.

 

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. www.analistastc.com Twitter: @rniembro1

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En los últimos días, han circulado algunos textos críticos -de Jesús Silva-Herzog en el diario Reforma y Estefanía Vela en este mismo espacio- en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que trazó un límite a la libertad de expresión cuando se aprovecha ésta para lanzar expresiones insultantes; en concreto, las frases de “puñal” y “maricón”. Una de las críticas clave que han esgrimido estos textos en contra de esta decisión de la Primera Sala, es su concepción de la libertad de expresión que no alcanza para proteger la expresiones insultantes. Esto es, el paraguas de protección de este derecho no cubre aquellos discursos vejatorios e impertinentes que no aportan idea alguna y cuyo único propósito es sólo ofender. Dice Silva-Herzog:

Los ministros que se han pronunciado por excluir palabras del vocabulario constitucionalmente admisible asumieron el poder de rehacer el lenguaje… en nuestro beneficio. Con gruesa tinta negra ha tachado dos palabras como generadoras de tales daños que deben considerarse impronunciables. ¿Redactará la Suprema Corte de Justicia un diccionario de palabras saludables e inofensivas que podemos usar sin lastimar a nadie? Si ya hay dos palabras ilícitas, mañana puede haber diez y la semana siguiente diez mil. De acuerdo a los criterios que la Primera Sala expuso, no será difícil emprender esa limpia del lenguaje: simplemente habrá que detectar los vocablos que ofenden a una categoría personas y ya está: la Corte las proscribirá. Una resolución ambigua y francamente peligrosa para el clima de libertad de expresión en el país que, para sumarle ofensa al absurdo, otorga el privilegio de usarlas en exclusiva a los artistas y a los científicos.

No es la primera vez que nuestra Suprema Corte sostiene este criterio. En el caso La Jornada vs. Letras Libres estableció justamente que la Constitución no protege ningún derecho al insulto. Sin embargo, en este último asunto aplicó por primera vez este rasero. ¿El resultado? Un criterio carente de una reflexión profunda sobre el papel del insulto en una dinámica democrática, mal aterrizado al caso concreto, sin considerar el contexto de éste y sin prestar atención siquiera a un aspecto medular: la capacidad de respuesta de la persona “insultada” -no hay que olvidar que el pleito se suscitó entre dos editorialistas de un par de periódicos de provincia.

Pero más que insistir en los errores de esta decisión, me interesa rescatar algunos de los mejores exponentes del arte del insulto que hoy en día, de acuerdo a la sentencia de la Corte, su libertad de expresión podría estar protegida al considerar sus insultos como parte del discurso científico y artístico, pero que en su momento no pocos de ellos también fueron lanzados en periódicos, panfletos, cartas… con el único ánimo de ofender al prójimo. Pienso, por ejemplo, en tan sólo unos ejemplos: la obra de G. K. Chesterton, William Hazlitt, Fernando Vallejo, los Ensayos impopulares de Bertrand Russell, la demoledora carta de Robert Hughes “La Sohoiada o la mascarada del arte” y las vejatorias e impertinentes expresiones de Roberto Bolaño en contra de Octavio Paz.

Para los interesados en este estimulante arte, es consulta obligada el libro de Héctor de Anaya El arte de insultar. Obra resultado de una investigación de casi una década para rescatar los mejores insultos a lo largo de la historia de la humanidad. Sin olvidar, por supuesto, la ráfaga de insultos de Arthur Schopenhauer que se compilaron también bajo el título de El arte de insultar y que aquí transcribo algunos de sus dardos punzantes:

  • Otras partes del mundo tienen monos; Europa tiene franceses. Una cosa compensa la otra.
  • Hegel: dilapidador de papel, tiempo y cerebros.
  • Denominar bello sexo al género de corta estatura, hombros estrechos, caderas anchas y piernas cortas sólo podría hábersele ocurrido al intelecto masculino, ofuscado como está por el instinto sexual; instinto en el que cabe retrotraer toda la belleza de aquel género.
  • Hay críticos que consideran que depende de ellos establecer lo que es bueno y malo, y confunden su trompeta de juguete con los clarines de la fama.
  • El escándalo filosófico de los últimos cincuenta años no se hubiera producido de no ser por las universidades y el público estudiantil que asimilaba crédulo todo lo que se le ocurriera decir al catedrático de turno
  • Esos establos como pienso que son las cátedras constituyen, en términos generales, el entorno ideal para los rumiantes.
  • [Químicos que desean filosofar] Alguien debería decirles a estos señores de tubos de ensayo y retortas que la química por sí sola capacita para ser boticario, pero no filósofo.
  • Una gran cantidad de malos escritores vive enteramnete de esa estupidez del público consistente en no querer leer nada excepto lo impreso el mismo día: me refiero a los periodistas. ¡Merecen el nombre que llevan en alemán [Journalisten]! Traducido literalmente reza: jornaleros.
  • Exageraciones de todo tipo son tan características de la jerizonga periodística como del arte dramático. Pues se trata de sacarle mayor provecho posible a cualquier suceso. De ahí que todos los escritores de periódicos sean alarmistas de oficio: ésa es su manera de hacerse interesantes. En ello no se diferencian, por cierto, del perro pequeño que, al más mínimo movimiento, empieza a ladrar fuertemente.
  • El propio pueble elegido de Dios no nos permite olvidar que, tras haber hurtado en Egipto, por orden expresa de Jehová, las vasijas de oro y plata que sus antiguos y confiados amigos les habían prestado, emprendió, con el asesino de Moisés a la cabeza, su campaña de rapiña y asesinatos a través de la tierra prometida, para arrebatársela a sus legítimos dueños, por ser ‘tierra de promisión’, ya que aquel mismo Jehová había ordenado que no fuesen a tener pieda de nadie; y así, mataron y exterminaron sin piedad a todos los habitantes, incluyendo mujeres y niños (Josué, 10 y 11), por el solo hecho de qu eno habían sido circuncidados y no conocían a Jehová…

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Hace un par de semanas, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió un amparo medular para la libertad de expresión, al ser el primer asunto que desarrolla una doctrina sobre discursos de odio y expresiones discriminatorias.[i]

Reiterando lo que había establecido en otro precedente, esta Sala determinó que existen expresiones protegidas y expresiones no protegidas por la libertad de expresión. Los insultos se ubican en la segunda categoría.[ii] ¿Por qué? Debido a que el propósito de la libertad de expresión no es proteger todo, sino sólo aquello que tiene valor para la búsqueda de la verdad, la crítica democrática, la autonomía de las personas, etcétera. El insulto por el insulto –cuando es “absolutamente vejatorio” e “impertinente” para expresar una idea– no aporta nada. Sólo ofende. Por esta razón, es correcto limitar el ejercicio de la libertad de expresión de una persona cuando se reduce a lanzar insultos sin ningún propósito o utilidad.[iii]

Ahora bien, en este caso la Sala agregó un ingrediente no menor: dentro los insultos, se encuentran las expresiones discriminatorias y los discursos de odio. El punto en común entre ambos es que versan sobre alguno de los rasgos contenidos en el artículo 1º, párrafo 5º de la Constitución. Esto es, son expresiones negativas sobre el origen étnico o nacional de las personas, su género, discapacidades, religión, edad, salud, condición social, estado civil o preferencias sexuales. De ahí que la diferencia entre estos dos tipos de discursos es meramente de grado: las expresiones discriminatorias sólo pretenden o tienen como efecto la ofensa o burla; mientras que el discurso de odio da el siguiente paso y busca “incitar a la acción” en contra de alguna persona o grupo de personas.

Los ministros de la Primera Sala ya habían determinado que la libertad de expresión goza de una mayor protección cuando la expresión versa sobre un asunto de interés público y es proferida en un debate público.[iv] Pero en este fallo estableció además  que “el respeto al honor de las personas como límite del ejercicio de la libertad de expresión […] alcanza un mayor estándar de protección, cuando las mismas se refieran a colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de la comunidad.”

Este paralelismo entre la importancia de la expresión política y, a su vez, la relevancia de proteger el honor de estos grupos sólo se entiende a partir del papel que la Sala le atribuye al lenguaje en la creación de una realidad. Así como la expresión es capaz de influir en el debate democrático –y, con ello, en cómo ejercemos la ciudadanía–; en este contexto, el lenguaje es capaz de hacer de la realidad algo tolerable –permitiendo la “eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización”– o algo insufrible –“provocando que los prejuicios […] se arraiguen en la sociedad”–. Desde la perspectiva de la Sala, cada palabra que proferimos importa. Cada chiste, cada discurso, cada imagen podría estar contribuyendo a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática –en la que la dignidad de todos sea respetada– o, por el contrario, podría estar minándola.

Esto sirve para entender los errores de la mayoría de los ministros de la Primera Sala al resolver este caso. Pues en realidad este asunto no versaba sobre expresiones homofóbicas. Era un caso, más bien, donde el director de un periódico (Síntesis) se ofendió porque le dijeron que en su medio de comunicación utilizaban “columnas viejas, libros pagados, escritores pagados y columnistas maricones” para criticar a su opositor (Intolerancia). Porque le dijeron que la lección que habría de aprenderle a uno de sus columnistas era, precisamente, “los atributos que no debe tener un columnista: ser lambiscón, inútil y puñal”. El director no se ofendió a nombre de los puñales y los maricones. Se ofendió porque lo insultaron. Punto.

Que existe una tensión entre los hechos del caso y la doctrina que desarrolla la Sala es evidente hasta en su misma resolución. La Sala concluye que el hecho de que se haya determinado que “las expresiones analizadas conformaron un discurso homófobo, no implica necesariamente que éstas hayan producido un daño moral”. Pues sí: que “puñal” y “maricón” sean ofensivas para “los homosexuales” no significa que sean ofensivas y le hayan provocado un daño moral, por estas razones, al director de Síntesis.

Si de por sí es difícil que las personas acepten que quizá exista un problema con expresar su aberración por los homosexuales directamente, no entiendo por qué la Sala eligió este caso –en donde los homosexuales aparecen indirectamente y sólo a través de una interpretación de los insultos– para desarrollar esta doctrina. No sé si la mejor forma de provocar una concientización sobre las consecuencias discriminatorias del lenguaje sea que el Estado señale a las personas que por insultar a B, pueden ofender a C y, además, acabar siendo sujetos de un juicio por daño moral.

México, a diferencia de otros países, no está obligado sólo a respetar –i.e. no interferir– en la libertad de expresión, sino que debe protegerla, garantizarla y promoverla. Es decir, el Estado no sólo debe preocuparse por cómo los insultos de unos afectan a otros, sino que también debe preocuparse por que estos otros puedan expresarse y defenderse. No dudo que la exposición a una descalificación pueda tener como efecto que muchos homosexuales –o mujeres o indígenas y demás– no se atrevan siquiera a hablar.[v] Pero más que enfocar todos sus esfuerzos en silenciar, creo que el Estado debería multiplicar los medios para que todas las personas puedan expresarse. Educación sexual en pro de la diversidad en las escuelas, estudios sobre los derechos que tiene la población gay, programas de radio o televisión dedicados a la discusión de estos asuntos o fondos patrocinando el arte queer, son sólo algunos ejemplos de medidas que pueden ampliar la expresión de unos y diversificar el debate.

Este es el punto de la libertad de expresión: que sean los mismos ciudadanos los que tengan la capacidad de confrontar las ideas. En este caso, a quienes se oponen, abiertamente, a la homosexualidad o a quienes, inconscientemente, perpetúan esquemas de opresión.

Ahora, asumiendo que es legítimo que el Estado a veces silencie a las personas, dudo también que los estándares y las razones que ofrece la Sala sean las adecuadas. Leyendo la sentencia, a veces parece que el problema con las expresiones discriminatorias es que ponen en entredicho la dignidad de las personas ofendidas. Pero esto es falso. El problema no es la idea en sí –cuestionar el valor de las personas–, sino cómo se expresa: a través del insulto. Si lo que importa es la idea, puede ser igual de preocupante los que financian investigaciones que pretenden comprobar por qué los homosexuales son unos enfermos, como los que simplemente lo dicen –“perversos”, “aberrantes”, “antinaturales”, “enfermos”–. Sin olvidar que ambos pretenden incidir en la formación de la ley (que no se reconozca el matrimonio gay, que no haya educación sexual en las escuelas, etc.). Esto es, ambos están relacionados con la expresión política, misma que –junto con el discurso artístico y científico– la Sala no está dispuesta a silenciar (y qué bueno).

Por eso me parece más congruente la posición de la Suprema Corte de Estados Unidos: privilegiar el fondo, más que la forma. Si esto significa que a veces tendremos que tolerar insultos, ni modo. El punto es que las personas puedan expresar sus ideas. De lo contrario, lo que importa es la forma y justo no el fondo. Y el Estado se convierte en una madre que le lava la boca con jabón a los ciudadanos argumentando que es por homofóbicos, cuando en realidad es sólo por groseros. Y mis impuestos se van a los regaños –porque los juicios cuestan–, en lugar de irse a legitimar interlocutores, multiplicar ideas y robustecer el debate democrático.[vi]

 

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk


[i] En Letras Libres, el Ministro José Ramón Cossío publicó una versión resumida de su voto minoritario.

[ii] Esto lo determinó en el Amparo Directo 28/2010 (el caso Letras Libres v. La Jornada), también a cargo del Ministro Arturo Zaldívar.

[iii] La Sala no aclara bien qué implica que una expresión no esté protegida. ¿Significa que puede ser silenciada? ¿Significa que debe ser silenciada?

[iv] Véanse los siguientes casos: el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, el Amparo Directo 6/2009 y, otra vez, el Amparo Directo 28/2010.

[v] Esta es la postura de Owen Fiss aplicada al problema de las expresiones discriminatorias: el problema con estas expresiones no es que “ofenden” a las personas, sino que provoca su silencio. ¿Quién quiere hablar si va a ser objeto de una descalificación absoluta? ¿Qué mujer se va a querer quejar sobre las condiciones discriminatorias de su trabajo si será recibida por un “vieja histérica”? ¿Qué homosexual querrá salir del clóset si sabe, por los chistes que cuentan sus compañeros, que los “putos” son ridículos? ¿Quién se querrá dedicar a defender los derechos LGTB o la igualdad, si será ridiculizado? La postura de Fiss es que para potenciar la expresión de unos, quizá a veces haya que silenciar a otros. O sea, es un problema de libertad de expresión v. libertad de expresión. Si bien esta postura me parece atractiva, para mi el problema sigue estando en la multiplicación de discursos, más que en su silencio.

[vi] Eso no significa que las personas puedan insultar impunemente. Sólo significa que la crítica no debe provenir del Estado en esta forma, sino de la misma “sociedad civil”. Si no hay una sociedad civil –o es muy débil–, el Estado debe hacer todo lo posible por posibilitar su acceso a la expresión. Esto mandata la Constitución, explícitamente, para el caso de los indígenas (artículo 2). E implícitamente lo mandata para los demás (léase el artículo 1, con el artículo 6). Aquí deben concentrarse los esfuerzos y hacer de la ampliación del debate una realidad.

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