La sentencia ya se cumplió, pese a los hechos, contradicciones y metainterpretaciones, David Monreal Ávila es candidato a Gobernador. Lejos está aquella idea que plantea que la democracia debe ser un régimen de certidumbre de las reglas y de incertidumbre en los resultados de las urnas. En breve: es enorme la distancia entre lo que cuenta la sentencia de la mayoría de magistrados y que da por terminado -jurídicamente- el caso y los hechos que se tuvieron que evaluar.

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En la historia de la celebración de elecciones en nuestro país, la única vía por el que un partido político podía perder la vida sin mediar controversia era la de la voluntad soberana expresada en las urnas. Ninguna causa adicional era tan fuerte ni tan fulminante como la votación de la ciudadanía para dejar vivir sus opciones políticas. Cuando los votos no alcanzaban, las resoluciones no podían remediar nada. Sin embargo, en junio de 2015, el caso del Partido del Trabajo amplió el escenario de permanencia de cualquier institución política de tal forma que, cuestionando desde el diseño electoral, hasta las facultades administrativas, logró conservar su registro como partido político nacional.

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…esta resolución es la prueba más penosa de la deconstrucción institucional en materia electoral. Salvo honrosas excepciones, las autoridades electorales y quienes las componen parecen haber abandonado la brújula de los objetivos para los cuales fueron creadas: proteger los principios democráticos, dar certeza y legalidad a las elecciones y ser un árbitro imparcial. Como los cangrejos, vamos para atrás también esta asignatura no menor.

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Desde hace varias semanas, las diversas fuerzas políticas y la opinión pública se preparan para el proceso electoral del 2015 -empiezan a saltar encuestas, a trazarse estrategias, definir discursos, etcétera-. Sin embargo, antes es necesario librar otra batalla no menor: la definición de las reglas electorales que marcarán el rumbo precisamente de estas elecciones. En efecto, como se sabe, en los últimos meses hubo una reforma político-electoral que cambió varias de las condiciones del escenario electoral. No obstante, no pocas de estas nuevas reglas han sido impugnadas ante la Suprema Corte por los mismos partidos políticos. El punto más delicado es que en este caso lo que decidan los ministros tendrá un particular impacto en la dinámica político-electoral, pues el tiempo está encima: el proceso electoral inicia formalmente en octubre de este año y de ahí que no haya tiempo para corregir aquellos aspectos legislativos que en su caso declare inconstitucional la Suprema Corte.

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La importancia que adquirieron los procedimientos especiales sancionadores en los últimos dos procesos electorales federales motivó una reforma constitucional. La reforma publicada en febrero de este año divide la tramitación del procedimiento. A partir de octubre de este año, los procedimientos especiales serán tramitados por dos autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal […]

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