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Estado

Dada la relación tan íntima existente entre el pueblo y las instituciones, resulta sano que haya momentos en los que nos preguntemos si el gobierno está funcionando y va a la par de lo que necesita el pueblo, aunque el apostar a priori por la supresión de todo lo que le parezca lejano a este conglomerado humano puede no ser positivo. Se requiere de análisis profundos y detenidos sobre la pertinencia de la subsistencia de estas instituciones, apostando por su subsistencia y mejoría.

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Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.

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La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, en la que la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad e invalidez de diversas normas de la Constitución de la Ciudad de México, se refiere a dos temas de enorme relevancia para el federalismo de los derechos humanos, el principio de progresividad y su fuerza expansiva. Aun y cuando analiza otros temas igualmente importantes, en este texto solo analizaré la facultad de las entidades federativas para ampliar o reconocer derechos humanos, así como la posibilidad de establecer mecanismos de protección o control constitucional local.

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Hace unos días se hizo público el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en donde propone declarar inconstitucional la totalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que emitió el Congreso de la Unión, el 5 de noviembre de 2018, precisamente, porque considera que las violaciones al procedimiento legislativo fueron graves. Y es que realmente fueron gravísimas.

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La reforma constitucional en materia educativa está en vilo. “Palabras malditas”, dijo Delgado, deben ser explicadas para buscar el acuerdo con ciertos actores políticos. En ese mismo ánimo, otras muchas tendrían que ser analizadas con miras a compadecerse del carácter progresivo pero obligatorio de los derechos humanos y para garantizar las libertades frente al Estado, un ente que fácilmente adquiere rasgos y riesgos de Leviatán.

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A través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros. Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

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Dejando esto claro, en este texto esgrimiré las razones por las que estoy convencido de que la propuesta de crear una nueva Sala Anticorrupción en la SCJN no es una buena idea. Primero demostraré que los argumentos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa no se sostienen, es decir, no son buenas razones. Después trataré mostrar cuál es la verdadera motivación que subyace a la propuesta.

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Si bien la marea parece haber cedido y no se perciben cambios sustanciales a corto plazo, la controversia sobre el destino de los refugios para víctimas de violencia de género en esta administración ha ayudado a visibilizar el papel que juegan estos espacios en la prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me interesa abordar en las siguientes líneas un aspecto apenas percibido pero de enorme relevancia: la relación entre el derecho a la vivienda y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

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Por ello, es que las reformas al Código Penal Federal en materia anticorrupción, no son más que una reforma fantasma, que evidentemente requieren de un nuevo acto legislativo de reforma a su artículo transitorio para darle inicio a su vigencia, ya que de lo contrario, lo que se espera, son solo aprietos y malos momentos para fiscales y jueces, quienes no tendrán debida certeza de las normas que se aplican y recordemos que en materia penal no hay pena sin ley.

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