Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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El pasado 4 de octubre de 2018, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPFJ) con el fin de establecer un sistema de rotación en el Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con la iniciativa, los jueces de distrito y magistrados de circuito permanecerían un mínimo de 3 años y un máximo de 6 en una adscripción antes de ser trasladados a una adscripción distinta.

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La creación de la Fiscalía General de la República es evidencia de un gran compromiso del nuevo gobierno con la ciudadanía y la justicia, pero este es sólo un paso y un componente de todo un sistema que ha de funcionar. Bien merece ajustes y seguimiento para su consolidación, así como reformas que eliminen las malas prácticas y los resabios que aún persisten del sistema inquisitivo … Los pendientes son innumerables, ya habrá tiempo para realizarlas, pero no hemos de repetir lo que ha ocurrido a lo largo de la implementación del SJP: dejar las cosas para mañana o buscar las salidas falsas y populistas, porque sí hay recetas.

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En el presente texto hago un repaso general sobre lo que ha sido la reforma procesal penal en México y lo acompaño de algunas propuestas como la construcción de la Fiscalía General de la República, el replanteamiento del modelo de investigación criminal, la redefinición de la audiencia inicial, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reformas al juicio de amparo y la reinstalación de un órgano que coordine los esfuerzos de consolidación del SJP.

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De entre los muchos temas que ha traído a discusión la renovación de poderes federales, destacan por su trascendencia en el tema que nos ocupa tres asuntos: la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial federal en el marco de la política de austeridad del nuevo gobierno-partido; el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; y la designación de los sustitutos de los ministros Cossío, Luna Ramos y Franco González.

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El pasado 1º de julio se dio a conocer el nombre del siguiente presidente de México: Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado de su arrasadora victoria electoral, la fuerza que tendrá Morena en el Congreso federal, así como del impacto de este mismo partido político en varias gubernaturas y legislaturas locales. Sin embargo, no se ha discutido el enorme poder que recaerá en el nuevo presidente de la República al participar, de una u otra manera, en la designación de los integrantes de instituciones clave del Estado mexicano.

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La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. A pesar de la constante creación de institucionalidad, las vulneraciones han alcanzado en los últimos 12 años un carácter generalizado y sistemático que atiende a diversas y múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, la incapacidad estatal, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia.

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