Pronto existirá en México un nuevo órgano con facultades constitucionales para perseguir a la delincuencia como no se había visto en nuestro país. Tendrá una fuerte intervención militar. Pero lo que ocurre antes de perseguir la comisión de un delito y, una vez concluida esta etapa, lo que sucede después con la judicialización y la sanción de las conductas, constituye la esencia de un sistema público capaz de dar respuesta a la grave situación de inseguridad.

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Justicia transicional se ha convertido en el término de arte en las discusiones para hacer frente al contexto de violencia e impunidad que vive México. Empero, a pesar de la llamada apuesta por el Estado de derecho, las medidas que han seguido a la toma de posesión presidencial han tomado por sorpresa a muchos.

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Al día de hoy, existen en México 10 órganos con autonomía constitucional, más los órganos reguladores coordinados en materia energética, que dependen del ejecutivo federal. Sin duda hay motivos para cuestionar el diseño institucional de algunos y, sobre todo, el hecho de que se haya abusado de la autonomía como parte del modelo constitucional de pesos y contrapesos en México.

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El 5 de febrero de 2019, se celebró un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el marco de dicha celebración, el presidente López Obrador destacó la necesidad de establecer una auténtica democracia, así como terminar con la corrupción en México impulsando reformas a la Constitución, sin descartar contar con una nueva en el futuro.

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El debate sobre la guardia nacional parece un mal sueño, una pesadilla, y para tratar de salir de ella se debe asumir que Andrés Manuel López Obrador sufre de la misma ingenuidad que aquejó a Francisco I. Madero. Trato de imaginar que, así como Madero, el actual presidente de la República no advierte los riesgos de movilizar a los militares que, con órdenes civiles o sin ellas, pasaron por alto el huachicoleo y el tráfico de drogas en el país.

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El 17 de diciembre, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia del Senado las comparecencias de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta terna va a salir quien vaya a sustituir a José Ramón Cossío, reconocido jurista mexicano que terminó su encargo el pasado noviembre y, después de 15 años en el máximo tribunal mexicano, deja un muy importante legado en el sistema judicial de nuestro país.

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Desde 2015, Fundar se encuentra en una batalla judicial por vencer el secreto fiscal y acceder al nombre de los contribuyentes que se beneficiaron de las amnistías fiscales de los últimos sexenios. En esta lucha, el SAT y los grandes contribuyentes han impedido por todas las vías posibles el cumplimiento de una sentencia en donde se ordenó la entrega de dicha información.

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Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

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El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?

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