Estas importantes decisiones adoptadas por el más alto tribunal del país establecen un precedente histórico en el país. Por un lado, incorporan el concepto de “efecto inhibidor” de la libertad de expresión en el sistema judicial mexicano. Por otro, imponen un freno a la preocupante tendencia de criminalizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. En estos casos, la Corte acertó en proteger el derecho de la sociedad y, en específico, de los periodistas a buscar y recibir información de interés público como es la labor de los policías y el Ejército.

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El artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal dice lo siguiente: “al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días”. Con fundamento en esta disposición, Norma Rangel Salazar y Gabriela Hernández Arreola –detenidas durante una manifestación y un operativo de la policía— habían sido sentenciadas a diez meses y un año cuatro meses de prisión, respectivamente.

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En primer lugar, debo decir que no es una mala reforma. Y con esto me refiero a que en verdad no es malintencionada, sino al contrario. La reforma, como su motivación y marco de justificación, es concorde a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes reformada y aprobada por distintos miembros de la sociedad civil internacional (ONG’s y promotores de derechos humanos).

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En los últimos días, han circulado algunos textos críticos -de Jesús Silva-Herzog en el diario Reforma y Estefanía Vela en este mismo espacio- en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que trazó un límite a la libertad de expresión cuando se aprovecha ésta para lanzar expresiones insultantes; en concreto, las frases […]

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Hace un par de semanas, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió un amparo medular para la libertad de expresión, al ser el primer asunto que desarrolla una doctrina sobre discursos de odio y expresiones discriminatorias.[i] Reiterando lo que había establecido en otro precedente, esta Sala determinó que existen expresiones protegidas y expresiones no […]

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Mario López Valdez (Malova), gobernador del estado de Sinaloa, emitió un decreto el 2 mayo de 2011 mediante el cual reformaba diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Alcoholes de esa entidad. Específicamente, en el artículo 16 se adicionaban en las fracciones I y VI, la facultad del poder ejecutivo estatal de revocar, bajo […]

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El día de ayer, la Suprema Corte resolvió un caso de enorme relevancia para la libertad de expresión y los medios de comunicación. Después de siete años de rebotar en diferentes peldaños de la escalinata judicial, la Corte definió el conflicto entre dos medios impresos clave en la vida pública de nuestro país: La Jornada […]

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