El pasado viernes 26 de junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos anunció su decisión en el caso Obergefell v. Hodges, el blockbuster del año. La fecha es muy especial para la comunidad gay, no solo porque junio es el mes del orgullo LGBTTIQ, sino porque, además, el 26 de junio de 2003, hace sólo 12 años, la propia Corte estadounidense declaró inconstitucional la ley penal de Texas que criminalizaba la sodomía.1

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La decisión en Obergefell fue adoptada por mayoría de 5 votos de los jueces Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan y Kennedy. Éste último, quien otorgó el voto decisivo para la toma de esta decisión, fue el encargado de escribir la sentencia.2 En este artículo pretendo sintetizar el contenido fundamental de la misma, así como de los votos disidentes.

Empecemos por los antecedentes del caso: el asunto fue llevado a la Corte Suprema por 14 parejas del mismo sexo y dos hombres gay viudos,3 quienes cuestionaron la constitucionalidad de la legislación de los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, en las cuales se definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. En esos estados, se negó a las parejas el reconocimiento de sus matrimonios, contraídos en otros estados de la Unión americana.

El resultado todos los conocemos: la Suprema Corte dio la razón a los actores, expandió el derecho constitucional de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo y dio inicio a una alentadora cadena de mensajes, estados, tweets y arcoíris en las redes sociales.

En Obergefell, la litis del caso se centraba en dilucidar: (i) si conforme a la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, los estados tienen la obligación de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y (ii) si la misma Enmienda obliga a los estados a reconocer los matrimonios gay celebrados en otros estados. Estas preguntas no habían sido abordadas expresamente por la Corte en asuntos anteriores.4

Para considerar la primera pregunta, la sentencia de Kennedy (quien insistió en el tema durante los argumentos orales5) partió de un breve recuento sobre la historia del matrimonio. Al respecto, sostuvo que de los antecedentes históricos de dicha institución, se desprende su enorme importancia para la vida las personas y la necesidad de que algo tan importante para los individuos sea protegido por el Estado. Sin embargo, y reconociendo que la historia moldeó tradicionalmente la institución como la unión de un hombre y una mujer, la sentencia precisa que la tradición pueden ayudar a entender una institución, pero no puede significar un límite a las libertades constitucionales.

En esta última afirmación, la sentencia de Kennedy combate frontalmente la doctrina del originalismo, según la cual la interpretación constitucional debe partir de las consideraciones hechas por las personas que participaron en el proceso de construcción del documento constitucional (1789 y sus enmiendas). De hecho, la sentencia de Kennedy ataca la doctrina de los jueces Scalia y Thomas en más de una ocasión, por ejemplo al afirmar que quienes escribieron y ratificaron el Bill of Rights y la 14ª Enmienda no tenían la pretensión de conocer la amplitud de las libertades constitucionalmente protegidas, sino que delegaron el desarrollo de las mismas a generaciones futuras, conforme éstas fueran “aprendiendo cuál es su significado”.6

Por supuesto, el ataque frontal (y brutal) de Kennedy a la doctrina de Scalia merecía un revés. En su voto disidente, Scalia no sólo llamó a la decisión un “golpe de Estado”,7 “pretenciosa” y “egocéntrica”,8 así como atentatoria de la reputación de la Corte para “pensar claro” y “ejercer un análisis sobrio”,9 sino que también la cuestionó por pretender dotar a los jueces de un poder “super-legislativo”10 y asumir que encontraba un derecho constitucional olvidado por generaciones enteras de jueces y abogados.

En realidad, contrario a lo que afirmó Scalia, la Corte no pretendió establecer un “derecho constitucional al matrimonio gay”, sino que, considerando la existencia (no cuestionada) de un derecho a casarse, la Corte desentrañó el sentido del mismo y lo hizo extensivo a las parejas del mismo sexo. La distinción es sutil e inteligente.

Thomas, también inconforme con la postura de la mayoría frente a la doctrina del originalismo, escribió un disenso cáustico, acusando a la Corte de emprender una postura revisionista de la historia y la tradición jurisdiccional.11

Ahora bien, la mayoría, conforme a la doctrina de stare decisis, sustentó su decisión en casos pasados, a fin de demostrar que Obergefell era la consecuencia natural de un proceso evolutivo de criterios jurisprudenciales.12 Así, recordó que la protección de la 14ª Enmienda se extendía no sólo a los derechos y libertades consagrados en el Bill of Rights, sino también a otros derechos importantes relativos a la dignidad y la autonomía humana. Asimismo, recordó el famoso caso Loving v. Virginia (1967), en el cual invalidó la prohibición al matrimonio interracial por restringir la autonomía de las personas para establecer relaciones afectivas. Finalmente, insistió en retomar las consideraciones centrales del ya mencionado Lawrence, tanto para reafirmar la libertad sexual de las personas, como para abonar a la interpretación del derecho a contraer matrimonio como una decisión personal esencialmente íntima.13

Me interesa detenerme en dos temas más, mismos que suscitaron un enfrentamiento no menor entre la mayoría y minoría de este caso: el vínculo entre el matrimonio y la procreación, así como las facultades del Poder Judicial para entrar en el debate relativo al matrimonio gay.

En relación con el primer tema, la sentencia de Kennedy simplemente establece que “la habilidad, deseo o promesa de procrear no es y nunca ha sido un prerrequisito para contraer un matrimonio válido en un estado.”14 Sin embargo, la opinión disidente de Alito se sustenta esencialmente en ese vínculo reproductivo y afirma que, con independencia de la postura que considera al matrimonio como algo fundado en la felicidad de las personas, lo esencial del matrimonio es el coito y la perpetuación de la especie, visión que, a su juicio, los estados pueden adoptar legítimamente.

Por otra parte, dentro de un debate interno interesante, la posición de la mayoría afirma que pudiese pensarse que el asunto merece más legislación, litigio y debate, pero lo cierto es que: (i) ha habido discusión suficiente y (ii) la propia Constitución estadounidense ha garantizado el acceso al proceso jurisdiccional a fin de garantizar ciertos derechos de los ciudadanos y evitar que los mismos sean sometidos al voto y al resultado de las elecciones. Sin embargo, todos los disidentes (Scalia, Roberts, Alito y Thomas) insisten en que la cuestión debió dejarse a consideración del proceso legislativo y la discusión política de los estados de la Unión. Los disidentes cuestionan el que cinco jueces constitucionales decidieran la cuestión, arrebatando de las personas la libertad de decidir en democracia.15

La sentencia de Kennedy es un buen documento jurídico y, claro está, una victoria para las personas gay y sus familias. El mensaje de la Corte Suprema estadunidense no sólo es realmente positivo a nivel político, sino que representa algo aún más relevante: un ambicioso proyecto de construcción doctrinal de los derechos y libertades de autonomía, privacidad e igualdad.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


1 Lawrence v. Texas (2003). Decisión adoptada por mayoría de 6 votos de los jueces Kennedy, Stevens, Souter, Breyer, Ginsburg y O’Connor (voto concurrente). Los jueces Scalia, Thomas y Rehnquist votaron en contra.

2 La facultad de asignar la responsabilidad de escribir la sentencia correspondió a la juez decano de la mayoría, Ruth B. Ginsburg, quien, asumo, asignó el caso a Kennedy por razones estratégicas.

3 Tomemos en cuenta el caso de James Obergefell, quien dio nombre al caso en comento. La pareja sentimental de Obergefell, con quien contrajo matrimonio en Maryland, murió de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el estado de residencia de la pareja, Ohio, no permitía al supérstite ser considerado tal para efectos legales.

4 En United States v. Windsor (2013), por ejemplo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la exclusión de los beneficios materiales previstos en la legislación federal a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, al decidir aquel asunto, la Corte no abordó las preguntas planteadas el Obergefell, sino que se limitó a considerar si era o no válida la exclusión de beneficios a parejas casadas legalmente conforme a la legislación de los estados más progresistas del país.

5 Los audios están disponibles aquí.

6 “… as we learn its meaning.” Página 11.

7Putsch“. Página 6 del voto disidente del juez Scalia.

8 Página 7 del voto disidente del juez Scalia.

9 Página 9 del voto disidente del juez Scalia.

10 Página 5 del voto disidente del juez Scalia.

11 Página 3 del voto disidente del juez Thomas.

12 “The gay-marriage decision is no outlier. It stands in a long line of prior decisions, all of which were highly controversial at the time, but most of which are now widely celebrated, even taken as iconic.” Sunstein, Cass. “Gay Marriage Shows Court at its Best”. Bloomberg View, June 26, 2015. Disponible aquí.

13 Recordemos que el derecho a la intimidad es considerado por el sector conservador de la Suprema Corte como un constructo artificial derivado de los casos de aborto y anticoncepción.

14 Página 15.

15 “But why should the people who control a state have the right to deny the right of some of their fellow citizens to marry, without a reason? Alito has no answer.” Posner, Richard A. “The chief justice’s dissent is heartless”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

Lithwick, Dahlia. “Where was all this “five unelected judges” chatter when they handed down Citizens United?”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

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Ha sido finalmente publicada en el Semanario Judicial de la Federación la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte a través de la cual se determina la inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre hombre y mujer.

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Es cierto que la Corte ya había anteriormente estimado la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que excluían la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajesen matrimonio. En un primer momento, se consideró que era posible realizar una interpretación conforme de esas disposiciones,1 pero en una segunda etapa se optó por estimar su inconstitucionalidad.2

No obstante, todos los pronunciamientos anteriores se ceñían a valorar la legislación cuya inconstitucionalidad se discutía. De ahí la importancia de la tesis antes referida, pues ahora es posible pregonar que cualquier disposición normativa, no importa cuál sea o si ha sido llevada ante tribunales, que excluya la posibilidad de que dos personas del mismo sexo accedan al matrimonio, es inconstitucional.

Recorrido este camino en tribunales federales, ¿qué sigue? Una primera respuesta indica que el siguiente paso es la declaratoria general de inconstitucionalidad. Este es un procedimiento que permite invalidar con efectos generales una norma cuya inconstitucionalidad hubiere sido sostenida por el Pleno o alguna de las Salas de la Suprema Corte al formarse jurisprudencia por reiteración3 –es decir, cinco sentencias en el mismo sentido-, que es el caso de la tesis 43/2015.

Sin embargo, este procedimiento presenta algunas dudas. La principal es su viabilidad. Y es que la jurisprudencia que fundamentaría la posible declaratoria es discutible porque determina la inconstitucionalidad de cualquier legislación local que prevea alguno de los dos puntos arriba mencionados en relación con el matrimonio; entonces, la declaratoria general de inconstitucionalidad tendría que ser para todas esas legislaciones que se los prevean. La cuestión es que, podría argumentarse que no es posible declarar la inconstitucionalidad de normas cuyos órganos emisores (los congresos y gobiernos locales) no han tenido la oportunidad de comparecer ante la Suprema Corte a intentar justificar esas disposiciones normativas.

La anterior podría significar razón suficiente para que integrantes de la Suprema Corte decidieran no votar a favor de la declaratoria general, y prefiriesen que se refiriera solamente a las legislaciones locales efectivamente enjuiciadas en amparo en revisión. También debe recordarse que, en caso de no obtenerse un mínimo de ocho votos a favor del proyecto de declaratoria general, el asunto se desestima y se archiva.>4

Así las cosas, surge la pregunta: entre tanto no se da la declaratoria general de inconstitucionalidad, o bien en caso de que no prospere, ¿qué sigue?

A tal pregunta se han ofrecido dos respuestas. La primera es que esta jurisprudencia, en términos de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país,5 pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la celebración del contrato de matrimonio, por lo que éstas aún podrían negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que ocasionaría que las personas afectadas aún tendrían que recurrir a los órganos de amparo para obtener protección judicial efectiva, y sólo hasta entonces pueden contraer matrimonio.

La segunda respuesta es que el artículo primero constitucional impone la obligación de maximizar la protección a los derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas también tendrían el deber, y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en la determinación de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala para interpretar de manera conforme, en su actuación concreta, aquellas disposiciones normativas que impiden que dos personas del mismo sexo se casen. Esta es la postura que pretendo desarrollar aquí.

El principal argumento que alguien podría lanzar en contra de lo escrito en el párrafo anterior es porque nuestra Constitución (art. 94, párr. 10) remite a la ley para fijar la obligatoriedad de la jurisprudencia, y es la Ley de Amparo la que menciona únicamente a ciertos órganos que realizan tareas judiciales como obligados a acatar la jurisprudencia.

En contraposición, se puede elaborar un argumento más sólido; el cual, sin duda alguna, debe partir de la siguiente premisa: todas las autoridades públicas del país, sin importar su naturaleza específica, su rango o su nivel, tienen a su cargo las obligaciones generales de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y de reparar las violaciones a los derechos. Y debe entenderse lo siguiente: estas obligaciones y deberes configuran la competencia constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio público que le corresponda.

Es posible fundamentar tal premisa en el artículo 1º, párrafo 3º, de la Constitución, y en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). A nivel interpretativo, la Suprema Corte, a partir de la reforma constitucional de 2011, consideró que todas las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a velar por los derechos de las personas, de ahí que «deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia».6 Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha explicitado, por su parte, que «el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados».7

A partir de un escenario normativo como el descrito, puede considerarse que, a pesar de no estar contempladas en la Ley de Amparo, las autoridades administrativas de cualquier entidad federativa, cuya intervención es necesaria en la celebración de contratos de matrimonio, no solamente tendrían la posibilidad, sino tendrían que reconocer como suya la obligación de garantizar la efectividad de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las parejas de personas del mismo sexo que ante ellas se presentasen, así como el deber de prevenir la vulneración de sus derechos.

El sostener simple y llanamente que esas autoridades no quedan obligadas por la jurisprudencia de la Primera Sala deja a su discrecionalidad el cumplimiento de los mandatos constitucionales. En contraste, se tiene que pregonar que es de su ámbito de competencia constitucional el deber de velar por la protección de los derechos de las personas.

Si esto es así, ¿qué es lo que estas autoridades administrativas están obligadas a hacer? Evidentemente, están constreñidas por su esfera competencial, por lo que no debe entenderse que pueden declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas (que eso ya lo hizo la Primera Sala), ni tampoco que pueden legislar, por poner dos ejemplos. Lo que sí deben hacer es interpretar las disposiciones civiles locales que regular la figura del matrimonio conforme los derechos y principios constitucionales y convencionales involucrados. Lo cual significaría que ya no les sería jurídicamente válido negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque las disposiciones no hayan sido aún reformadas.

Incluso, tiene que entenderse que tan es una obligación para las autoridades administrativas, que su incumplimiento podría actualizar causas de responsabilidad a cargo de estos órganos empeñados en aplicar disposiciones normativas inconstitucionales, pues al final de cuentas se trata de autoridades que obstaculizan la satisfacción de los derechos y la efectividad de las obligaciones constitucionales.

De este modo, se garantizaría la efectividad de los derechos de las parejas del mismo sexo a no ser discriminadas, y se haría dentro del ámbito de competencia de las autoridades administrativas.

La mejor protección de los derechos es un mandato constitucional de carácter preferente. Es decir, el planteamiento que aquí se hace es una mejor manera de proteger los derechos de las personas, frente aquel otro entendimiento que orilla a recurrir a la protección judicial, lo que acarrea injustificadamente enormes costos en tiempo, esfuerzos y dinero.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.


1 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 457/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de diciembre de 2012. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. §144.

2 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 152/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 2014. Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. §§206-207.

3 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; art. 232.

4 Acuerdo general 11/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad; punto séptimo, párrafo segundo. (4 de octubre de 2011).

5 Véase el art. 217 de la Ley de amparo, nota supra 3, en relación con el art. 94, párr. décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Expediente varios 912/2010, decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§27 y 33. [Énfasis añadido].

7 Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de 20 de marzo de 2013. §72.

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Una de las cuestiones más peliagudas de la reforma al juicio de amparo del 2011 es el interés legítimo y su relación con el principio de relatividad de las sentencias. Ambas cuestiones se encuentran en el artículo 107 constitucional, fracciones I y II, respectivamente. Lo cual implica que su jerarquía es la misma y que los juzgadores deberán, eventualmente, hacer malabares en los procesos de amparos en aras de proteger los derechos.

Esto significa que, caso por caso, la Corte deberá ir dotando de contenido el concepto de interés legítimo y su relación con los intereses colectivos o intereses difusos, para de esta manera delimitar el principio de relatividad de las sentencias -el que parecería anticuado cuando se habla de intereses que por su naturaleza no pueden asignarse a un individuo particular o quejoso.

La semana pasada, en este sentido, se publicó una sentencia de amparo (AR 152/2013), donde la primera Sala le concede la razón a 39 personas homosexuales de ser discriminadas por normas sobre matrimonio en el estado de Oaxaca. Además de la relevancia de la declaración de inconstitucionalidad de la norma civil oaxaqueña, en esta sentencia la Sala sienta las bases para la determinación del interés legítimo en caso de que se alegue la discriminación indirecta de una norma en su porción valorativa, sin que medie acto de aplicación o algo que llama “afectación por estigmatización”.

En esta sentencia, se realiza un análisis jurisprudencial del interés y su relación con las normas autoaplicativas y heteroaplicativas. De tal manera que para determinar si los quejosos tienen interés, se parte de la cuestión sobre si “la afectación asociada a la impugnación por discriminación es susceptible de actualizarse con la mera existencia o vigencia de la norma.”

La Sala concluye que sí, pues las normas jurídicas no solamente disponen una conducta específica, sino que también conllevan un mensaje, distinguiendo entre la parte dispositiva y valorativa de las normas. De tal forma que la Sala determina que la parte valorativa de las normas jurídicas, al representar una valoración social de esa conducta que regula, puede transmitir un mensaje implícito o explícito en que el Estado discrimine (voluntaria o involuntariamente) a determinadas personas, aún y cuando la norma no esté dirigida (en su parte dispositiva) a regular conductas relacionadas con éstas.

…la discriminación [por tanto] no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación […] lo relevante es que la norma genera un clase especial de afectación, que corre de manera paralela y que afecta directamente a los quejosos como terceros: la estigmatización por discriminación, la cual es incondicionada.

De tal forma que lo que la Sala reconoce es que “…junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa.” Y lo relevante aquí es que este mensaje produce una afectación, un “…estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativas de cargas… [Y que] si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.”

construccionEn este sentido, la sentencia desarrolla un test para determinar el interés legítimo por discriminación incondicionada que parte del concepto que denomina “afectación por estigmatización”. Se define “estigmatización” como “un daño jurídicamente relevante que es actual y real, producida por un mensaje del cual el quejoso es destinatario, quien lo puede combatir sobre la base de defender un interés garantizado por el derecho objetivo, como es el derecho a la no discriminación, contemplado en el artículo 1° constitucional… [De tal forma que la] comprobación del interés legítimo por esta especial afectación se demuestra, pues en caso de obtener el amparo, los quejosos obtendrían un beneficio jurídico consistente en la supresión del mensaje alegado de ser discriminatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, la que haría cesar el mensaje que les genera perjuicio.”

Y para determinarlo, propone primero analizar si se trata de una afectación real o de un interés simple. Es decir, que la “…discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable…” y no una mera afectación ideológica o subjetiva. Luego hay que distinguir entre la afectación que genera un estigma por alegada discriminación de la discriminación misma. Es decir, determinar si “existe un mensaje perceptible objetivamente mediante el análisis cuidadoso del contexto de la norma general, consistente en una discriminación por la utilización de alguna de las categorías sospechosas del artículo 1° constitucional, que identifica al quejoso como miembro de ese grupo.”

La Primera Sala, de esta manera, establece la comprobación de los siguientes requisitos para determinar si existe el interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación por estigmatización:

a) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente –aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas.

b) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas–.

c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.

Por último, y respecto de la posibilidad temporal para impugnar la norma, la Sala concluye que “…una ley, cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1° constitucional, debe considerarse que es autoaplicativa –sin importar la fecha de entrada en vigor– y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se pueden impugnar en cualquier tiempo.” Es decir, no hay plazo para impugnar una norma que produce una afectación por estigmatización.

Este estándar sirve para determinar solamente si la quejosa tiene, o no, legitimación para acudir al juicio de garantías. Una vez verificado éste, el juzgador deberá proceder a analizar si la norma impugnada es discriminatoria o existe alguna justificación razonable y proporcional para su existencia dentro de una sociedad democrática (párrafo 107).

Ahora bien, a pesar de ser hoy solamente una sentencia aislada (es decir, que no constituye un criterio obligatorio para el resto de los juzgadores), se trata de un criterio de enorme relevancia pues permite justificar el interés legítimo (la legitimación para poder acceder al proceso) de minorías discriminadas por la sola existencia de determinadas normas (como en este caso son las de los códigos civiles o constituciones locales que contienen disposiciones de matrimonio exclusivamente heterosexual) cuyos efectos van más allá de la famosa “fórmula Otero” o del principio de relatividad de las sentencias. A pesar de que el amparo se concede únicamente a las quejosas, la norma impugnada se declara contraria a la Constitución y la puerta de entrada al proceso se abre de par en par para las minorías homosexuales en el estado de Oaxaca ¡y en toda la República! Los efectos políticos de esta determinación están todavía por verse, pero bien se puede adelantar que se avecina una ola –ya no sólo lluvia- de amparos.

Esta herramienta permitirá a cualquier minoría discriminada acceder a la justicia para invalidar —o al menos, lograr la inaplicación de normas discriminatorias. Lo lamentable de nuestro sistema de justicia constitucional son los frenos, absurdos, impuestos tanto por el principio de relatividad de las sentencias, como por el concepto de jurisprudencia. Creo que es hora de revisarlos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace

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