A juzgar por la tersa aprobación de la llamada reforma laboral en el Senado, será un mero trámite que en la Cámara de Diputados y luego en las legislaturas estatales aprueben las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Peña Nieto en esta materia. Analizo a continuación tres de los aspectos que me parecen más relevantes de este ajuste normativo que de acuerdo a la propia iniciativa se trata de la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna desde 1917.

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El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.

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El pasado 3 de diciembre, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un paquete de enmiendas constitucionales promovidas por el partido oficialista Alianza País, con el respaldo de la Corte Constitucional… Una vez más, como en 201, la Corte vende gato por liebre al pueblo ecuatoriano, disfrazando modificaciones constitucionales de gran calado con la etiqueta de enmiendas.

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Hace unos días, finalmente concluyó la Suprema Corte de discutir algunos de los aspectos neurálgicos de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Más allá de la postura que se tenga de esta reforma, es de suma relevancia desmenuzar los argumentos de los ministros de la Corte para resolver estos asuntos. Se trata, sin más, de la primera reforma estructural sometida a escrutinio constitucional, con todo lo que esto implica para el futuro de la educación en el país.

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¿Qué pasaría si las fuerzas políticas con agenda conservadora reforman el artículo cuarto de la Constitución federal y definen que la familia a la que tenemos derecho es aquella tradicional integrada por un hombre y una mujer? Es decir, ¿qué pasa si la prohibición parlamentaria pasa de la legislación a la Constitución?

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En primer lugar, debo decir que no es una mala reforma. Y con esto me refiero a que en verdad no es malintencionada, sino al contrario. La reforma, como su motivación y marco de justificación, es concorde a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes reformada y aprobada por distintos miembros de la sociedad civil internacional (ONG’s y promotores de derechos humanos).

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Este primer ejercicio de involucrar a la Suprema Corte en el análisis de la viabilidad constitucional de la consulta popular, arrojó resultados que merecen y reclaman tanto atención como reflexión por parte de los impartidores de justicia, especialmente de los mismos ministros. No son pocos quienes han sostenido que la intención del legislador fue fijar estas trabas para que resultase prácticamente imposible el ejercicio de este derecho. No obstante, es labor precisamente de un tribunal constitucional destrabar las redacciones normativas que pudieran resultar lesivas al ejercicio de los derechos.

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No es difícil ver cómo, bajo la interpretación de la mayoría de la Corte, prácticamente cualquier consulta popular sería inconstitucional, pues es evidente que todo actividad estatal en un tema de trascendencia nacional tendrá algún impacto presupuestal (piénsese, simplemente, en el salario que reciben los funcionarios públicos encargados de ejecutar dichas acciones). Sin embargo, esa fue la postura adoptada por la mayoría de los ministros de la Corte.

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Hoy, de acuerdo con la lista oficial extraordinaria de asuntos, la Suprema Corte tiene previsto revisar la constitucionalidad de la materia de tres consultas populares. El primer asunto, a cargo del ministro José Ramón Cossío, se refiere a la fijación de un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL. En los dos restantes, a cargo de las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, se plantea someter a consulta popular la reforma en materia energética…

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La pregunta obligada es: ¿en qué beneficia a los habitantes del Distrito Federal tener una Constitución? Más que razones jurídicas, a la población le interesa saber si va a tener servicios públicos más eficientes, si va a haber menos burocracia y atención más pronta y expedita a sus necesidades. Puede interesar también la existencia de un sistema de rendición de cuentas efectivo, sobre todo porque los alcaldes tendrán la oportunidad de reelegirse como sucede en los otros cargos de elección popular constitucionalmente previstos.

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