Se concluye que la finalidad perseguida con el orden de los apellidos si bien está anclada en el principio de certeza jurídica, la historia del orden de los apellidos muestra que se trata de una costumbre que perpetúa las relaciones de poder entre hombres y mujeres dada la naturaleza patriarcal de la familia.

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¿Cómo se legitima una corte constitucional? ¿Cuáles son los aspectos que sirven para apuntalar la confianza de la ciudadanía en los jueces constitucionales? ¿Qué estrategias puede implementar un órgano de este tipo para mejorar la percepción que tienen de él el resto de los poderes estatales? Estas son algunas de las preguntas que giran en torno a un tema medular de la justicia constitucional: la legitimidad.

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En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

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Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados -como estudiosos y ciudadanos- en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices…

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Pero la respuesta de la SCJN fue distinta: la Primera Sala determinó que estas vacantes laborales eran inconstitucionales ya que el derecho a la no discriminación debe ser respetado tanto por las autoridades así como por los particulares y, por ello, a pesar de la libertad que goza el empleador de contratar, éste último debe de abstenerse de discriminar al seleccionar al personal, distribuir el tiempo de trabajo e instaurar normas de conducta y disciplina en el lugar de trabajo.

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A seis años de que el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH en el caso Campesinos Ecologistas, es apremiante la necesidad de cumplir cabalmente su jurisprudencia más allá de invitarla a sesionar en nuestro país como ha hecho en días recientes. Las víctimas de tortura requieren una postura coherente de la SCJN frente a su práctica generalizada y ésta debe verse reflejado tanto en el discurso como en la labor cotidiana de nuestro tribunal constitucional.

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Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional.

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El día lunes, la Corte debatió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República en contra de diversas reformas constitucionales y legales de los estados de Chihuahua y Veracruz. Ambas reformas se enmarcan en lo que algunos miembros de la sociedad, los medios y el foro entendieron como blindajes de las polémicas gestiones de los gobernadores (salientes) pues la ciudadanía en esos estados optó por un candidato de oposición en las pasadas elecciones locales.

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