“Necesitamos más ideas menos spots”,1 una frase que representa el sentimiento de muchos mexicanos por las precampañas. Si bien en esta etapa del proceso electoral, los mensajes van dirigidos a la militancia de cada uno de los partidos, éstos llegan a todos los ciudadanos. Además, estas precampañas han estado llenas de mensajes vacíos que se han vuelto populares por su mercadotecnia y la ocurrencia de los mexicanos, más que por su contenido. En sí, desde el punto de vista de los mexicanos, las precampañas no dado resultados deseables.

Por ello, junto con otros factores, la etapa de precampañas —recién concluida— resultó controversial. Razón por la que en el Seminario Permanente de Justicia Electoral2 fue analizado el expediente del procedimiento especial sancionador SUP- REP 159 /2017; en el cual, un partido político solicitó la imposición de una medida cautelar para retirar los spots de un precandidato único por considerarlos como actos anticipados de campaña. La importancia de este asunto radica en que al tener un precandidato único es necesario que este se comunique con la militancia. A partir de esto, un grupo de expertos, José Roldán Xopa, Javier Ortiz Flores y Javier Martín Reyes, discutieron este tema y sus implicaciones.

La primera intervención estuvo a cargo de José Roldán Xopa,3 quien tocó diversos puntos torales sobre este asunto. Primero, el ponente explicó la evolución del procedimiento especial sancionador (PES) y su efecto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es importante señalar que las sanciones administrativas que se imponen con el PES son un medio para garantizar una finalidad social y combatir la desconfianza en los resultados y la falta de legitimidad. Sin embargo, Xopa señaló que el problema de esta sentencia deriva del diseño institucional de este procedimiento, pues se enfoca en lo sancionatorio para dejar a un lado los efectos correctivos que son el objetivo de las medidas cautelares. Respecto a la resolución, el ponente mencionó que esta facultad se enfoca demasiado en no generar un sistema inequitativo, pero ignora que, de facto, ya existe uno. Además, el investigador criticó que no se haya realizado el análisis del mensaje; este análisis era importante por la propia naturaleza de los partidos políticos, puesto que no se puede evitar que su objetivo sea establecer una posición de ventaja o reducir una desventaja. Xopa, al hablar de los partidos políticos, destacó que es necesario recordar que son entes de interés público, pues sus actos importan y afectan a todos los ciudadanos. Por ello, el carácter público de los partidos políticos exige que se comporten de una manera leal y transparente en sus actos. Como último punto, el ponente realizó una reflexión sobre el TEPJF y señaló que desde el inicio ya se podía considerar como una batalla pérdida, porque los partidos políticos están diseñados para la competencia electoral, es decir, buscan ventajas. Esto significa que es una incoherencia pedirles que no lo hagan. En el caso del TEPJF, Xopa sostiene que Éste le teme a la potestad sancionadora, puesto que con este principio, podía hacer política jurisdiccional como garantía del proceso.

En representación del TEPJF acudió Javier Ortiz Flores,4 quien comenzó su participación señalando que el Seminario permite ampliar dos compromisos del TEPJF: justicia abierta y mejorar la calidad de las sentencias; con ello, se está reconociendo que, aunque éste sea un órgano límite, no significa que sea infalible. Ya en el fondo del asunto, Ortiz señaló que si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) reconoce el derecho de los precandidatos a tener acceso a los tiempos de radio y de televisión, no dice expresamente, “precandidatos únicos”. Por ello, la cuestión jurídica radicaba en determinar si era justificado conceder una medida cautelar para un spot en el que aparezca la figura, la voz y el nombre de este tipo de precandidatos. Para hacer frente a este dilema, el TEPJF redujo la controversia de tal forma que pudo establecer un criterio razonable que marcara una pauta para resolver este caso en concreto, el cual fue evaluar si el mensaje transmitido era legítimo a la luz de los valores institucionales. Dentro de esto, el TEPJF determinó que requerían evaluar si contenía o no un llamado expreso al voto y concluyeron que, en el caso citado, no se actualizaba tal supuesto. Además, Ortiz sostuvo que la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se contraponía con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral donde negaban concederles prerrogativas a los precandidatos en materia de radio y de televisión. Incluso, en la acción de inconstitucionalidad 57/2010, la SCJN validó el uso de los tiempos de radio y de televisión para las precampañas, por lo cual el criterio establecido no resultaría contrario al SUP-PES 159/2017. También, el ponente destacó que el problema central era determinar la licitud del material, a lo cual remarcó que, con dicha decisión, el TEPJF proporcionó condiciones adecuadas para la contienda, sin vulnerar la equidad. Incluso, esta postura evitó adoptar una perspectiva paternalista y permitió que la ciudadanía pudiera formar un criterio respecto al contenido de los spots. Para concluir, Ortiz mencionó que este criterio ha sido aplicado a dos nuevos asuntos: en el promocional de “La Bamba” y en el comercial de “Ya sabes quién”.

Para terminar con la discusión, Javier Martín Reyes5 sintetizó los puntos principales tratados en la mesa y realizó varias especificaciones. En primer lugar, el ponente criticó el expediente y su perspectiva de la realidad, porque si el objetivo del TEPJF era determinar el efecto de la propaganda electoral, entonces debía preguntarse qué efecto tenía el mensaje en la intención del voto. Esto no sucedió porque requeriría de pruebas empíricas que hubieran hecho que el TEPJF cambiara su argumentación en el caso. El segundo problema, que señaló Martín, consistió en la noción de equidad donde estableció que tenemos un sistema inequitativo por diseño.  El tercer punto radicó en la naturaleza de los partidos para pedir votos y su dificultad de exigirles a los mismos no hacerlo. Dentro de ello, el ponente enfatizó la reflexión que debe realizarse sobre cuál es el papel del TEPJF y cuál es el tipo de incentivos que está generando. En este punto, Martín coincidió con Ortiz al señalar que existe un problema estructural en el diseño del sistema electoral y que las restricciones del TEPJF lo obligan a adaptarse al contexto normativo actual. A pesar de que la sentencia establece criterios claros sobre el tema, no soluciona las limitaciones del estudio del contenido de los spots. Esto podría ocasionar que los partidos busquen atención mediática por medio de impugnaciones sobre los spots. Ante esto, el ponente sugirió que los TEPJF establezcan requisitos más estrictos para la admisibilidad de los asuntos, lo cual produciría que sean presentados impugnaciones serias con relevancia jurídica alta. Respecto a las finalidades de los precandidatos para acceder a los medios de comunicación, Martín señaló dos tendencias: la primera es que la SCJN sostiene que el objeto de esta concesión es informar a la opinión pública general y; la segunda, es que el TEPJF concluye que su fin es comunicarse con los militantes. Suponiendo que la posición adecuada sea la de la SCJN, el tipo de mensaje requerido debería ser distinto al que se debería expresar si el objetivo es tener contacto con la militancia. En contradicción, el TEPJF determinó que los mensajes en las precampañas son para los militantes de un partido, lo cual da la impresión de que la prerrogativa no fue una medida idónea.

A modo de conclusión, el seminario permitió establecer varios puntos relevantes en cuanto al sistema electoral mexicano, al plantear la necesidad de modificar el sistema de partidos actual y entender a estas instituciones como figuras de interés público. Por ello, es necesario exigir a los partidos políticos que vinculen sus actuaciones y sean más responsables; debido a que bajo sus actuaciones actuales sólo buscan defender sus intereses, degastan el sistema y deslegitiman a la democracia. También es necesario cuestionar el diseño normativo de las precampañas, pues, aunque tuvieron una modificación con la reforma de 2014, parecería que los spots difundidos en dicha etapa sólo contribuyen al hartazgo social. Un logro más del debate fue exigir que las sentencias del TEPJF tomen en cuenta la realidad social. Con ello, las resoluciones deben tener en cuenta diversos factores porque, aun con sus limitaciones, ignorar el contexto social desencadena otro tipo de problemas mayores.

Edith Celeste García Ramírez. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE y Consejera Distrital en el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Twitter: @CelesteGR7


1 Frase atribuida a José Woldenberg citado por Javier Ortiz Flores.

2 La sesión tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

3 Profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

4 Secretario de estudio y cuenta en el TEPJF de la ponencia de Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

5 Profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

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Uno de los objetivos de cualquier tribunal es construir y mantener su legitimación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es la excepción. De las decisiones que ha tomado este tribunal, algunas han tenido mayor resonancia que otras –ya sea en términos positivos o negativos– pero para conservar la legitimidad a la que aspira es imprescindible que no se mantenga ajeno a la realidad social. En este sentido, Saúl López Noriega, María Marván Laborde y Arturo Espinosa Silis organizan, bimestralmente y en diferentes instituciones educativas de la ciudad de México, el Seminario Permanente de Análisis de la Justicia Electoral en México. En el cual invitan a académicos, expertos e integrantes del TEPJF con la finalidad de realizar un estudio crítico de las resoluciones más relevantes o controversiales en materia electoral y así contribuir a la perfectibilidad de las sentencias.

En la última sesión, del 22 de febrero de 2018, que tuvo lugar en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) participaron Rafael Elizondo Gasperín, Berenice García Huante y Guadalupe Salmorán. En dicho evento, el expediente a discutir fue el SUP-JDC- 1163/2017 que corresponde al juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por un aspirante poblano a una candidatura independiente para contender por el cargo de gobernador de esa entidad. El actor cuestionaba la constitucionalidad de los requisitos de las candidaturas independientes y, por ello, impugnó la convocatoria para el registro de candidaturas y los lineamientos con los que debían cumplir los aspirantes para poder participar en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018.

La relevancia de esta resolución del TEPJF es que no sólo estudia la legislación del estado de Puebla, sino que también está analizando la regulación de una figura cada vez más presente en la democracia mexicana que son las candidaturas independientes. Esta figura político-electoral es un tema complejo en sí misma por ser relativamente nueva,1 aunque en 2015, los aspirantes que contendieron por esta vía lograron obtener un cargo de elección popular. Con todo esto, las candidaturas independientes han cobrado una mayor aceptación en el proceso electoral.

La sentencia de la Sala Superior del TEPJF en el SUP-JDC-1163/2017 fue emitida en respuesta a los alegatos del actor, quien calificaba de excesivos los requisitos exigidos en el estado de Puebla para las candidaturas independientes y, en consecuencia, restrictivos de forma desproporcionada a su derecho a ser votado. Dentro de ello, el actor solicitó la declaración de inconstitucionalidad y su inaplicación. Los requisitos cuestionados fueron: 1) el que los militantes, afiliados o su equivalente de un partido político deben separarse de éste doce meses antes al día de la elección2 y 2) respecto al apoyo ciudadano requerido, se cuestionó que el número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal deban estar distribuidas en mínimo dos terceras partes de los municipios de la entidad (dispersión), en los que en cada uno de ellos se obtengan al menos el 2% del listado nominal que corresponda.3 En cuanto a la resolución: el TEPJF estableció que exigir ese plazo de separación a los militantes sí era excesivo, pero no lo era respecto a los dirigentes de los partidos; en cuanto al requisito de dispersión, este fue catalogado como inconstitucional. A partir de este caso, la discusión del seminario se centró en tres puntos: 1) el análisis de los requisitos para los candidatos independientes en Puebla, 2) la constitucionalidad de estos requisitos y 3) los efectos jurídicos de la sentencia.

El encargado de iniciar el escudriño de la sentencia fue Rafael Elizondo Gasperín4; quien, en su intervención y respecto al primer punto, enfatizó que le parecía desafortunado que no se hubiera impugnado el plazo de 30 días que establece la ley para la recolección de firmas. Además, el ponente hizo mención de un caso similar que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vía acción de inconstitucionalidad, en el cual se cuestionó la validez de los dos requisitos ya mencionados; sin embargo, a diferencia de la Sala Superior, la SCJN decidió que la norma siguiera vigente. Es decir, hubo criterios contrapuestos entre el TEPJF y la SCJN. En cuanto a la constitucionalidad de los requisitos, Elizondo criticó que, aunque la sentencia realiza una distinción entre militantes y dirigentes, se prioriza a los primeros porque pueden estar en una posición de desventaja frente a los segundos; con ello, la sentencia jamás analizó el supuesto en que un militante pudiera ocupar un cargo de elección, debido a que este podría ejercer una mayor influencia sobre grupos específicos. Otro de los puntos importantes fue que el ponente cuestionó las justificaciones para la constitucionalidad del cambio de plazos, pues no se dice por qué 12 meses es inconstitucional para militantes y simpatizantes, pero 8 meses no lo es.5 Sobre ese punto, otra área de oportunidad de la sentencia fue que la Sala Superior haya sometido a test de constitucionalidad el criterio de dispersión sin superarlo, aunque no hicieran lo mismo con el umbral del 3%, derivado de la configuración legislativa de ese estado. El ponente calificó de rigorista el análisis de la sentencia al no analizar si estaba justificado este porcentaje o no, puesto que es casi equiparable a los requisitos para constituir un partido político –cuando éstos adquieren otra naturaleza y pueden participar en otros procesos electorales. En su opinión, todo esto fortalecía la inequidad, además de resultar excesivo. En general, Elizondo estuvo de acuerdo con la resolución del TEPJF. Cabe señalar que hubo unos puntos sobre los que hizo una mayor reflexión y valen la pena repetirlos. Respecto a los efectos de la sentencia en donde se vincula al TEPJF y al Instituto Nacional Electoral (INE) para la inaplicación de la norma para los aspirantes a candidaturas independientes, que estén en el mismo supuesto fáctico y material que el actor, el ponente ve dos puntos relevantes: primero, que se está generando una nueva variante de efectos que pueden calificarse como cuasi generales y; segundo, que con este tipo de efectos tres magistrados con voto de calidad podrían estar decidiendo sobre la constitucionalidad de una norma y darle casi efectos generales, mientras que en la SCJN el tamiz constitucional requiere ocho votos, lo cual merece analizarse.

La segunda ponente, Berenice García,6 señaló que hay legislaciones en las que su objetivo parece ser la de evitar a las candidaturas independientes, pues cada vez van poniendo más requisitos a su regulación. Los requisitos son excesivos, pues, en un estado como Puebla, el 3% del padrón electoral sería de más de 130 mil firmas, mismas que deberían provenir de mínimo 145 municipios. A modo de respuesta a las interrogantes de Elizondo, García sostuvo que ese aspecto no fue parte de la litis, con lo cual no tuvo un estudio de fondo. Respecto a los efectos, la ponente señaló que la teoría de los efectos extensivos tienen un origen colombiano y refiere a la existencia de efectos inter comunis (efectos intermedios). Con ello, el TEPJF tiene la facultad de realizar un control concreto,7 pero no para expulsar a la norma, porque eso le correspondería a la SCJN a través de la acción de inconstitucionalidad. No obstante, de haberse resuelto con efectos concretos se atentaba contra el principio de equidad, puesto que los candidatos que no solicitaran la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma tendrían que juntar el número de firmas que establece la regla impugnada. Finalmente, García aseguró que esta sentencia realiza una interpretación armónica y pro homine del artículo 99 constitucional para conceder efectos extensivos; aunque esto no significa que se haya expulsado la norma del sistema, sino que sólo no se aplicará para este proceso electoral. Es decir, en las próximas elecciones, si el supuesto no es impugnado, este se seguirá aplicando. También, la ponente remarcó que es importante entender que este tipo de efectos no quieren invadir las competencias de la SCJN, sino que su objetivo es garantizar los derechos políticos.

La última ponente fue Guadalupe Salmorán quien realizó una síntesis de la discusión abocándose en el examen de los requisitos que la legislación de Puebla prevé para los aspirantes a candidatos independientes y la constitucionalidad de estos y los efectos de la sentencia, los cuales calificó de controversiales. Otro punto de énfasis en su participación fue la regla referente al plazo que se le impone a los integrantes de un partido para que se separen de éste, si es que desean competir por la vía independiente. Aquí también remarcó la disparidad de criterios entre la SCJN y el TEPJF, los cuales no sólo son distintos, sino que se vuelven contradictorios. Asimismo, cuestionó el cambio a la regla del tiempo de separación, reiterando la necesidad de exponer la idoneidad del nuevo plazo elegido, pues no se dan argumentos que sirvan para entender por qué el plazo de un día, adoptado por el TEPJF, resulta el más adecuado. Además, la prontitud entre la fecha de separación de los militantes de un partido y la presentación de su carta de intención para contender por la vía independiente pone en duda que no mantengan relaciones con el partido al que eran afines, lo cual desvirtuaría la figura de las candidaturas independientes. En cuanto a la dispersión, Salmorán coincidió con el criterio de la sentencia, es decir, está de acuerdo en que el obligar a que las firmas que deben conseguir los aspirantes para aspirar a una candidatura independiente ―lo cual ya es un reto en sí― deban provenir de 2/3 partes de los municipios de Puebla es contrario a la constitución por ser inequitativos, desproporcionados y opuesto al derecho a ser votado. Concluyó este punto mencionando que esta regulación sólo crea obstáculos para la postulación a cualquier elección. Respecto a los efectos, la ponente centró su punto de vista en la facultad del TEPJF para inaplicar una norma a un caso concreto. Un aspecto interesante fue que Guadalupe Salmorán cuestionó que, aunque ya existía un precedente en el que se resolvió en el mismo sentido, éste no haya citado en el asunto en cuestión y más aún por qué no se ha aplicado a más casos a parte de estos.

En la parte final del seminario, los ponentes señalaron la importancia de tener una consistencia en los criterios, al ser uno de los mayores problemas de la justicia electoral y de los tribunales en general. De manera similar, en la mesa se concluyó que es necesario ir estableciendo cuándo y a qué casos se van a aplicar los efectos extensivos y cuestionarse sobre la necesidad de tener esta tercera variable de efectos. Otro aspecto que todos los ponentes estuvieron de acuerdo es que es necesario discutir el porcentaje requerido de firmas y de haberlo analizado por medio de control ex officio podía dejar, por así decirlo, la carta abierta para someter a estudio toda la regulación de las candidaturas –una tarea que excede la labor de los tribunales. Pese a esto, los ponentes se atrevieron a señalar que  era necesario que llegue un nuevo asunto que cuestione la constitucionalidad del requisito del 3 % para los candidatos independientes.

Edith Celeste García Ramírez. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE y Consejera Distrital en el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.


1 Las candidaturas independientes se integraron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la reforma publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

2 Artículo 201 bis, fracción I, del Código Electoral del Estado de Puebla, última reforma 31 de julio de 2017.

3 Artículo 201 quater, fracción I, inciso a) del Código Electoral del Estado de Puebla, última reforma 31 de julio de 2017.

4 Director General en Electorum Consultores.

5 En ese punto se estableció que tienen que separarse un día antes de la carta de intención y esta se presenta al inicio del proceso, por eso serían ocho meses.

6 Secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF.

7 Así lo señala el artículo 99 de la CPEUM.

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