La suspensión provisional otorgada por la juez del 12º juzgado de distrito en materia administrativa en el caso “Presunto Culpable”, ha vuelto a circular el debate sobre los límites a la libertad de expresión. Incluso, hemos escuchado voces condenando la resolución judicial por ser un “acto monumental de censura”.

En nuestra opinión, la efervescencia mediática y las críticas vertidas en relación con la decisión de la jueza han iniciado una serie de juicios paralelos, perdiendo de vista que lo que se ha dictado hasta el momento es una medida cautelar provisional otorgada en un procedimiento sumario, que puede revisarse en cualquier momento y levantarse en cuanto desaparezcan las causas que la hayan motivado.

El Tribunal Constitucional de España tuvo oportunidad de conocer y resolver un asunto similar al que nos ocupa. En la STC 187/1999, de 25 de octubre, el Tribunal reconoció la constitucionalidad de un auto dictado por un juez de instrucción de Madrid que prohibía la emisión del programa de televisión “La máquina de la verdad”, en el que se iban a reproducir declaraciones que podían afectar el derecho al honor, a la propia imagen e intimidad personal y familiar de un tercero.

En su argumentación, este Tribunal nos brinda algunos parámetros para analizar la constitucionalidad de éstas medidas cautelares. Dice este órgano jursidiccional:

El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, quedada vedada cualquier interferencia, principalmente la censura previa. Los límites constitucionales a la libertad de expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones, y el derecho a comunicar y recibir información a través de cualquier medio de difusión, son a título enunciativo y nunca numerus clausus: los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Ahora bien, por censura previa debe entenderse cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, que consista en el sometimiento a un previo examen por un poder público del contenido de la misma, cuya finalidad sea la de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el placet a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario.

De acuerdo con el Tribunal, el rigor de la censura previa se dirige en principio con toda su intensidad a la tradicionalmente denominada censura “gubernativa” y no a la posibilidad de que un juez o tribunal, debidamente habilitado por la ley, adopte ciertas medidas restrictivas del ejercicio de las libertades de expresión e información. Es decir, la debida protección de los derechos fundamentales y otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente protegidos, pueden fundamentar la existencia de medidas de urgencia.

La Constitución tan sólo prohíbe que dichas medidas de urgencia puedan ser adoptadas por un poder público distinto al judicial, cuando impliquen un examen crítico del contenido del mensaje cuya difusión pueda negarse o restringirse. Éstas sólo pueden ser adoptadas en los supuestos que una ley lo permita, por efecto de la pertinente resolución judicial motivada y recaída en un proceso ad hoc.

Las medidas deben adoptarse en el curso de un proceso judicial en el que se pretendan hacer valer o defender los derechos y bienes jurídicos que sean límite de la libertad de expresión y/o información, y al que ha de recaer una resolución judicial motivada, que deberá estribar la medida en la protección de tales derechos y bienes jurídicos, con severa observancia tanto de las garantías formales como de las pautas propias del principio de proporcionalidad (STC 62/1982, 13/1985, 151/1997, 175/1997, 200/1997, 177/1998, 18/1999).

Se deberá exteriorizar con precisión el fundamento de la resolución, que no puede ser otro que la debida protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, sin que baste una referencia genérica a esas libertades y sus límites. Tampoco se cumple con esa exigencia con la mera indicación del motivo o motivos por los cuales dichos derechos y bienes se pueden encontrar en un peligro actual y efectivo, sin precisar en qué consista ese daño, y si es razonable el indicio fundado de su inminencia y su irreversibilidad.

La resolución judicial debe ofrecer los elementos necesarios para poder realizar el juicio de proporcionalidad entre los fines perseguidos por la medida restrictiva y el sacrificio que deben sufrir las libertades afectadas por ella, momento en el que el órgano judicial habrá de tener en cuenta el contenido constitucional de los derechos fundamentales en liza (STC 200/1997).

Finalmente, las medidas cautelares deben poder ser revisables en cualquier momento, recurribles, como es el caso, ante una instancia superior, y, si afectan a terceros al proceso, debe serles permitida su inmediata personación y comparecencia en el incidente a los efectos de que puedan defender sus intereses, y hacer uso de cuantos recursos ponga a su disposición la legislación procesal (SSTC 235/1998 y 24/1999, ATC 36/1984).

Así, más allá del escándalo mediático, creemos que un estudio sensato sobre la MEDIDA CUATELAR tomada por la Jueza Blanca Lobo debe seguir estos pasos u otros parecidos. Más allá de si la sentencia ampare o no al quejoso.

Roberto Niembro Ortega y Luis Alberto Trejo Osornio. Becarios del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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