Ayer miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la comparecencia para la elección de la ministra que ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora –quien, semanas atrás, renunció a la Suprema Corte envuelto en escándalos de corrupción y bajo un procedimiento de renuncia cuestionado por la manera que fue procesada por el presidente de la República y por el Senado-.

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Vivimos en tiempos en donde recordar lo fundamental se torna necesario. A unos días de que se elija a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vale la pena recordar, brevemente, qué es lo que hace un juez constitucional y por qué es tan importante su función.

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El mensaje es claro: en México, como en los otros países centroamericanos, el terrorismo no es (aún) una amenaza seria, pero la delincuencia organizada sí lo es. Esta conexión meramente contextual, casi seguramente tomará otra dimensión con la nueva aproximación del Consejo de Seguridad respecto a la relación entre terrorismo y delincuencia organizada.

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En un capítulo más de la saga del asilo político otorgado a Evo Morales, la semana pasada la cancillería boliviana presentó una protesta formal al gobierno federal de México por lo que llamó permitirle realizar actividades conspirativas e incitar a la violencia desde México. Como consecuencia de un vídeo filtrado en redes sociales, Bolivia considera que las actividades de Evo Morales en el país atentan contra “la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”.

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El edificio institucional, construido por lo menos en los últimos 100 años para apuntalar la libertad de expresión, es enteramente obsoleto. No hay ley, precedente o tratado internacional capaz de sortear alguno de estos cuatro cambios descritos, ni otros más que también han abonado a transformar radicalmente a la expresión a partir del surgimiento de las plataformas de Internet. Sin exagerar, estamos ante el ocaso de lo que habíamos entendido por libertad de expresión.

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Más allá de las simpatías que naturalmente despierta, en el agregado, el perfil de esta terna, lo cierto es que la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es el futuro y viabilidad de un tribunal constitucional independiente y, en esa medida, de la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte mexicana resolvió el pasado 7 de agosto el amparo en revisión 854/2018. Este asunto es de vital importancia e interés pues giró entorno al alcance de la libertad religiosa y de preguntas no menores como las siguientes: ¿Podemos incumplir las leyes del país por nuestras convicciones religiosas? ¿Pueden alegarse motivos religiosos para evadir responsabilidades u obligaciones? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad de culto religioso frente a las restricciones constitucionales? ¿Es constitucional una norma que interfiera en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad religiosa?

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