Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:
En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.
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No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.
En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.
Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.
Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.
¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:
…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.
…
Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual «la prensa se combate con la prensa», en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…
Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.
Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega
mhhhhh pues… si, esperemos a Doña Justicia actuando conforme a derecho… lo que eso signifique jejeje
el amparo 28/2010, refleja, que es este caso… se la llevan con calma, porque estamos a mediados del 2011 ¿verdad?
Estimada Claudia Guerrero: Como parte involucrada en este conflicto, le agradezco la objetividad y claridad de su exposición. Tiene usted razón: esperemos que la Suprema Corte resuelva este caso de manera adecuada, preservando la libertad de expresión y salvaguardando el derecho de un medio de comunicación de hacer la crítica de otro medio.
Estimada Claudia: Agradezco mucho la objetividad y claridad de tu exposición. Y estoy de acuerdo contigo: esperamos que la Suprema Corte resuelva de manera adecuada, por el bien de la libertad de expresión, base fundamental de nuestra democracia.
Fernando: ¿Habría forma de conocer cuáles son los argumentos jurídicos que ambas partes han presentado? Creo que eso podría enriquecer enormemente el debate y facilitaría el seguimiento del caso.
Esencialmente de acuerdo con la postura del maestro Granados Chapa. A título estrictamente personal anoto que me parece curiosamente significativo que La Jornada -siendo un medio que desde siempre se ha caracterizado, entre otras cosas, por su tono contestatario- de súbito decida acudir a los tribunales, por lo que considera una injuria; muy en su derecho, por cierto. Sin embargo, me pregunto si en este caso específico, desde la óptica de La Jornada, estaremos hablando más de «política empresarial» (así, entre comillas) que de ética profesional; más de oportunismo mediático que de salvaguarda del honor. Saludos desde el Estado de México.
Me parece muy acertado y bastante lógico el comentario de Miguel Ángel Granados Chapa.
«cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto »
“la prensa se combate con la prensa”
Que se lo digan a Carlos Marín quien teniendo una cadena de diarios a su disposición demandó (por vía judicial) al Dr. Lorenzo Meyer por estar de acuerdo con una opinión de Carmen Aristegui a quien no demandó.
uppps Fernando García Ramírez, ¿objetiva? ¿yo? pues…, pa’serte franca no era eso en lo que pensaba
en mi opinión personal, y sin saber de qué lado estás, porque no ubico tu nombre con ninguna de las dos publicaciones, la #Doña Justicia nos saldrá con alguna de las siguientes opciones:
a) Letras Libres culpable
b) La Jornada culpable
c) mi favorita, -lo sentimos ni podemos borrar el dicho ni comprobar el hecho, así que ‘cada quién su daño’-
sin ánimo de molestar ¡eh!, que quede claro, si ya llegó este pleito hasta el llamado ‘máximo tribunal’ será porque no está fácil el asunto y me parece que los jueces supremos tienen otros pendientes
elegirán mi opción c) y a lo que sigue
saludos
Considero que si fue y es necesaria la litis en este caso, ya que como lectores preferimos consultar fuentes confiables y con un «nombre respetable», ademas no es tan sencillo afirmar asi por que si que La Jornada tiene vínculos o simpatiza con el terrorismo.
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