Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:

En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.

No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.

En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.

Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.

Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:

…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…

Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega