¡Bravo! Celebremos. Un 28 de agosto de hace tres años no quedó duda de que las mujeres (al menos en el Distrito Federal) podemos decidir interrumpir un embarazo no deseado o no planeado sin miedo de ir a la cárcel o ser procesadas. Bravo, señores ministros y señoras ministras que integran nuestra más alta casa de justicia. Las mujeres del DF, y de otros estados del país que ejercen en el DF sus derechos, se los agradecemos.  Bravo porque, a pesar de los intentos del ombudsman nacional de aquel entonces y del Procurador General de (In)Justicia también de aquel entonces, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) decidió que la ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo en el D.F. era constitucional. ¡Bien por el bien de las mujeres! Como dijo el ministro Góngora hace 9 años en otra discusión histórica sobre el mismo tema, a propósito de la llamada Ley Robles. (Porque el asunto de si las mujeres tenemos o no libertad reproductiva se ha debatido ya en la Corte dos veces).

La celebración de esta sentencia de la Corte debería ser fiesta nacional. Deberíamos comprar unas botellas de champaña y hacer un brindis en el Zócalo cada 28 de agosto, porque al menos unas 60,000 mujeres han podido acudir a los hospitales públicos del DF a solicitar la interrupción legal del embarazo (ILE, como se le llama comúnmente). Bravo porque desde el 28 de agosto de 2008 las mujeres no arriesgan su vida ni su salud en clínicas clandestinas. Poder ejercer este derecho fundamental en condiciones legales y seguras se  vuelve particularmente importante cuando estamos desesperadas ante un embarazo no deseado y no queremos cargar con la maternidad para toda la vida, como dicen los curas de las Iglesias. (Ya suficiente tienen algunas con el matrimonio).

Aplausos. No sólo para la SCJN sino para la ALDF también. Celebremos también porque los legisladores hace 7 años aprobaron una ley que ha salvado la vida de muchas mujeres, ha evitado que se abandonen niños recién nacidos en las calles y ha permitido que las mujeres continúen sus proyectos de vida, decidiendo cuándo quieren ser madres y cuándo no.

Aplausos también porque a pesar de todos los pronunciamientos de los jerarcas católicos que amenazaban con la ex-comunión de todas las almas judiciales en agosto del 2008 (como amenazaron también a las legislativas seculares en abril del 2007), el laicismo triunfó en el Tribunal Constitucional de nuestro país. Felicidades porque la SCJN demostró que en este caso –donde estaban en riesgo las libertades fundamentales y decisiones más íntimas de la mitad de la población– se resolvió que los derechos de las mujeres cuentan. Que nuestra vida, salud, integridad personal, sueños y deseos importan en la interpretación constitucional de la ley. Que el artículo 4o constitucional que consagra la autonomía reproductiva de todas las personas no es un mero principio declarativo.

La decisión de interrumpir un embarazo no deseado es exclusiva de las mujeres porque:

La continuación del embarazo no deseado tiene consecuencias distintivamente permanentes y profundas para la mujer, con independencia de que cuente con el apoyo de otras personas en su continuación y después en el cuidado y la educación del niño, y es esa afectación asimétrica al plan de vida lo que establece la base para el trato distinto que el legislador consideró al otorgarle a ella la decisión final acerca de si el embarazo debe o no ser interrumpido, y lo que no hace irrazonable negar al participante masculino la capacidad para tomar esta decisión.(SCJN dixit).

Así, la SCJN reafirmó que la libertad reproductiva es un derecho individual de las personas, especialmente de las mujeres cuando enfrentan un embarazo no deseado. Porque aunque los roles de género están cambiando, todavía señalan como las principales encargadas del cuidado, alimentación y bienestar de los hijos. Porque traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad y tenemos derecho a decir si queremos o no asumirla. En muchos casos, la maternidad también es fuente de gran felicidad, pero en otros no. Y cuando no, ¿tenemos que forzosamente ser infelices y posiblemente hacer también infeliz a otro ser humano? ¿O tenemos que escoger entre parir y ser infelices o no parir e ir la cárcel?

La legislación del DF y la sentencia de la SCJN no sólo han tomado en cuenta los derechos humanos de las mujeres que están en la Constitución, sino uno que Thomas Jefferson enumeró al redactar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hace ya un par de siglos (1776): el derecho a perseguir la felicidad. “Life, liberty and the pursue of happiness” (La vida, la libertad y la persecución de la felicidad) propuso Jefferson en ese pergamino revolucionario como la triada de derechos fundamentales para una nación independiente. Un gran liberal de su tiempo, Jefferson sabía que el Estado no nos puede garantizar ser felices ni tampoco le podemos exigir la felicidad, pero sí puede generar los medios y condiciones para alcanzarla, o por lo menos no impedirlo, respetando nuestras decisiones y garantizando nuestra autonomía.

Las mujeres tenemos el derecho a ser felices, a escoger ser madres o no. Gracias SCJN y ALDF por considerar que esta decisión, que no es fácil y determina muchas veces nuestra vida, es exclusiva de nuestra conciencia. También se agradece que, al menos en esta ciudad, se respete el pluralismo de visiones, la libertad de creencias, la maternidad voluntaria y la pluralidad de familias.

Esperemos que esta felicidad no se empañe pronto. Parece que la SCJN decidirá próximamente si las reformas a las constituciones estatales que protegen “la vida” del producto desde la concepción/fecundación respetan o no los derechos reproductivos de las mujeres establecidos en la Constitución. Esperemos que, como hace tres años, la laicidad triunfe sobre los rosarios, y la autonomía de las mujeres sea, de igual forma, tomada en cuenta por los ministros y ministras de la Corte.

Alma Beltrán y Puga. Coordinadora Jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE)