La Suprema Corte estadounidense abrió sus puertas a principios de ese mes para dar comienzo con las audiencias de casos pertenecientes al período 2011-2012. De los 51 casos publicados en la lista, porcentaje nada despreciable de ellos se vinculan con cuestiones empresariales y de negocios.

Eric Markowitz, de Inc.com, identifica cinco ejemplos emblemáticos que serán vistos durante el actual periodo del más alto tribunal estadounidense, señalando lo que está en juego en cada uno de ellos y como podrían, en lo sucesivo, afectar la manera en que se hacen negocios :

1.    ¿Cuándo se puede demandar al Gobierno por intrusión? Caso: Sackett v. Agencia de Protección Ambiental. En 2007, Mike y Chantell Sackett estaban construyendo una casa en el norte de Idaho cuando tres funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aparecieron en su puerta y les dijeron que detuvieran la construcción inmediatamente, argumentando que su lote de 0.63 acres formaba parte de un humedal protegido como reserva natural. Los Sackett sabían que la EPA estaba en un error y que sus tierras no eran parte del humedal, pero si decidían retrasar el pago de la multa para llevar a la EPA a los tribunales, afrontarían cargos penales. El núcleo de la cuestión aquí es: si una empresa o individuo tiene derecho a llevar a una Agencia Gubernamental a la Corte para determinar la validez de una demanda, antes de pagar la multa correspondiente.

2.    ¿Cualquier persona puede presentar una demanda colectiva? Caso: First American Financial Corp. v. Edwards. Un pleito relativamente mundano sobre un título de bienes raíces se convirtió en una discusión mucho más grande sobre demandas colectivas. Es decir ¿Un abogado puede presentar una demanda colectiva en nombre de clientes que en realidad nunca resultaron perjudicados? Es evidente que esto genera pensamientos aterradores para muchas empresas.

3.    ¿Las normas de seguridad federal prevalecen sobre los demás? Caso: Kurns v. Railroad Friction Products Corp. Un antiguo trabajador del ferrocarril murió como consecuencia de haber desarrollado un mesotelioma maligno, mientras trabajaba para el ferrocarril. Después de su muerte, su hija demandó a Railroad Friction Products Corp., la empresa responsable de fabricar productos que contienen el asbesto nocivo, que llevó a la muerte del operario. El hecho de que las leyes federales sobre seguridad locomotora no hagan ninguna mención de los productos que incluyen asbesto, hace que los fabricantes evadan la responsabilidad, incluso cuando las leyes estatales parecen señalarlos como culpables. Si Kurns ganara, se establecería un precedente para que los requisitos de seguridad en las empresas se volvieran más rigurosos; y que éstos fueran regulados por el Estado y a nivel federal. Pero si la Suprema Corte ratificara la postura de los tribunales inferiores, los laboralistas creen que los derechos de los trabajadores se verían afectados.

4.    ¿Cómo determinamos los pagos por incapacidad? Caso: Roberts v. Sea-Land Services. Dana Roberts trabajaba como distribuidora de Dutch Harbor, Alaska, cuando resbaló en el hielo y sufrió heridas en cuello y hombro. Tres años más tarde, se determinó que Roberts era elegible para una compensación laboral completa, pero el Tribunal decidió otorgarle el promedio nacional de 2005, que implicaba recibir mucho menos dinero. Esta decisión podría afectar potencialmente en la forma cómo los pagos de incapacidad son desembolsados a los empleados.

5.    ¿Cuándo se aplican los programas para remediar la práctica discriminatoria? Caso: Fisher v. Texas. Abigail Fisher afirma que al aplicar para la Universidad de Texas en Austin en 2008, fue rechazada por ser blanca. Hasta ahora, los tribunales federales han defendido el derecho de las escuelas para denegar la admisión por motivos de raza. Aunque el caso se limita a la aplicación de medidas para remediar la práctica discriminatoria en el ámbito académico, también podría sentar un precedente relativo a las prácticas de contratación de las empresas.

El seguimiento de estos casos puede hacerse en esta dirección: http://www.supremecourt.gov/

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).