El pasado 29 de septiembre de 2011 el Tribunal Constitucional ha vuelto a pronunciarse en materia de ruido (STC 150/2011). Se trata del caso de un vecino de Valencia que reclamó del Ayuntamiento una indemnización por el daño que le habrían causado los ruidos que dice haber padecido en el interior de su vivienda. Su petición fue denegada, tanto en vía administrativa, como posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa porque el reclamante no acreditó la efectividad de la lesión. Acudió a la vía de amparo alegando vulnerado su derecho a la integridad física y moral y a lo que denomina intimidad domiciliaria.

La Sentencia viene a reiterar la ya establecida doctrina sobre ruido en la STC 119/2001 concluyendo que para considerar lesionados los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad domiciliaria, conectados con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad es preciso que exista un nivel de ruidos objetivamente evitables e insoportables que sean imputables a la acción u omisión del poder público.

Se desestima el amparo porque el recurrente se limitó a afirmar que su domicilio se encuentra en una zona acústicamente saturada, sin acreditar las circunstancias concretas de su vivienda y de su estado de salud. La Sentencia entra en un importante diálogo con la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Moreno Gómez contra Reino de España (STEDH de 16 de noviembre de 2004), que insiste en la necesaria acreditación de dichos extremos. En este caso no se justifica el nexo de causalidad entre la lesión de los derechos fundamentales aducidos y su imputabilidad a la acción u omisión de la corporación municipal. Es decir, aún en la hipótesis de que se hubiese acreditado una afectación a la salud o a la intimidad personal o familiar del actor, ésta no sería imputable al Ayuntamiento de Valencia en la medida en que el demandante no ha acreditado que el exceso sonoro sea consecuencia de una omisión imputable a la corporación municipal, limitándose a presentar testimonio de diversas denuncias.

La Sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, concurrente, considera que no existe un “derecho fundamental al silencio” que pueda ser tutelado por el Tribunal Constitucional en amparo, por lo que entiende que el recurso debiera ser desestimado al haberse alegado un derecho que no es susceptible de protección mediante esta vía. El segundo, discrepante, entiende que sí existió prueba subjetiva del daño producido por el exceso de ruidos y que, por tanto, el Tribunal debió otorgar el amparo solicitado.

Ana Ylenia Guerra Vaquero. Analista de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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