abril 2, 2012

Recursos públicos y libertad religiosa: la visita de Benedicto XVI

Durante las últimas semanas, uno de los principales temas a discusión en algunos medios de comunicación y en las redes sociales fue la visita de Benedicto XVI a nuestro país. Entre los argumentos a favor o en contra de tal visita destacó la crítica sobre el uso de recursos públicos para sufragar las distintas actividades del recorrido papal, la cual se puede resumir en el siguiente cuestionamiento: ¿hasta qué punto el Estado mexicano puede hacer uso de recursos públicos para apoyar a este grupo religioso sin violar los principios constitucionales de separación de Iglesia y Estado, laicidad y libertad religiosa?

Una posible respuesta gira en torno a la autoridad de Benedicto XVI. El Papa es el Jefe de Estado del Vaticano y, por ende, se puede señalar que se trató de una visita oficial que no tenía como objetivo favorecer a ninguna religión o grupo religioso. Aceptando la premisa inicial, esta postura adolece de un fallo argumental: si bien es cierto que fue una visita de la autoridad máxima de otro Estado, la mayoría de las actividades tuvieron un carácter meramente religioso y no diplomático, económico o político. Al hacerse uso de recursos públicos para apoyar a este grupo religioso, ya sea de manera indirecta, el Estado se relacionó invariablemente con el ámbito religioso y debió responder a ciertos principios constitucionales.

Otra respuesta consiste en que el Estado mexicano debió de abstenerse de cualquier tipo de relación con la religión o con este grupo religioso. Este razonamiento tampoco se considera viable: primero, porque nuestro modelo constitucional se puede caracterizar como uno laico-agnóstico[1] y, segundo, debido a que el Estado mexicano está obligado a proteger el goce de la libertad religiosa establecida en el artículo 24 constitucional y en diversos tratados internacionales[2]. Para ello, debe de crear las condiciones necesarias para que los individuos ejerzan y manifiesten libremente su religión, lo cual en algunas situaciones puede consistir en ciertas situaciones fácticas y legales para el goce del derecho.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia internacional[3], la libertad religiosa está conformada por un haz de libertades: la libertad para creer o no creer (tener unas u otras convicciones religiosas); la libertad para expresar y manifestar esas convicciones y para hacer partícipe de ellas a otros, y la libertad para comportarse de acuerdo a esas convicciones (exteriorización) y para no ser obligado a realizar conductas en contra de las mismas[4]. En términos de la SCJN, la libertad religiosa contiene una faceta interna y externa y una pública y privada[5].

Un modelo constitucional laico-agnóstico, como el mexicano[6], se caracteriza por su neutralidad/imparcialidad ante el fenómeno de la religión: existe una separación formal entre la Iglesia y Estado, pero ella no sobrelleva una actitud contraria a las distintas religiones o de abierto laicismo, sino únicamente de autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil frente a la Iglesia[7]. El concepto laicidad debe ser interpretado no como contrapuesto al factor religioso, sino como un principio instrumental y flexible que tiende a la efectividad del derecho a la libertad religiosa.

No obstante, el uso de recursos públicos que deriven en un beneficio directo o indirecto a una determinada religión o grupo religioso deberá pasar por un balance entre el principio de separación entre Iglesia y Estado y la libertad religiosa. El Estado mexicano podrá utilizar los recursos públicos para proteger ciertas manifestaciones religiosas, pero únicamente bajo ciertos supuestos y con la limitante de respetar y salvaguardar la libertad religiosa de otros grupos minoritarios e individuos y cumplir con el uso razonable y eficiente de los recursos públicos.

El aprovechamiento de los recursos públicos para fines religiosos puede darse de manera directa o indirecta, así como personal y colectivamente[8]. Así, será directo cuando el goce de los recursos públicos se otorgue a una determinada religión o grupo religioso (asignación directa de recursos públicos y prerrogativas sociales). Ejemplos de beneficios indirectos son el uso de instalaciones públicas por parte de una asociación religiosa para alguna manifestación (que también se puede considerar como el ejercicio de la libre manifestación de sus miembros) o la solicitud de seguridad pública para un evento o festividad.

En un Estado como el mexicano no estaría permitido constitucionalmente cualquier tipo de aprovechamiento directo o indirecto de los recursos públicos por parte de los grupos religiosos. Por ejemplo, el Estado no debe en ningún caso sufragar/financiar directamente ninguna religión o confesión religiosa ni debe permitir el uso indirecto de los recursos públicos por parte de los grupos religiosos de manera indiscriminada, pues tiene que proteger a su vez la libertad religiosa de otros grupos o individuos que no comparten las mismas creencias o convicciones y usar razonablemente los recursos públicos en beneficio de toda la comunidad.

En el caso de la visita de Benedicto XVI, se considera que las autoridades de Guanajuato realizaron un uso inadecuado de los recursos públicos. Si bien no se cuenta con la información acerca del gasto directo por parte del Estado de Guanajuato y de los Municipios de León y Silao, es posible afirmar que al menos el aprovechamiento indirecto sobrepasó los límites razonables: uso exhaustivo de miembros de seguridad pública para fines privados, utilización de medios de transporte oficiales por parte del Papa (helicóptero) y el empleo del Parque Guanajuato Bicentenario para la celebración de un rito meramente religioso que fue auspiciado y financiado por el Estado.

Nuestra jurisprudencia o legislación no cuenta con lineamientos específicos para la actuación de la autoridad en este tipo de situaciones[9]. Esperemos que en los próximos años se planten juicios y se generen criterios judiciales o legislativos que propicien un debate sobre el tema. Los recursos públicos pertenecen a todos los habitantes de este país y deben de ser utilizados racionalmente por las autoridades, sin favorecer desproporcionadamente a ningún grupo religioso o religión.

 

Miguel Nuñez. Licenciado en Derecho por el ITAM, Becario Fulbright y candidato a maestro por la American University, Washington College Law.


[1] Para el profesor Michel Rosenfeld, existen cinco tipos ideales de modelos constitucionales de relación Iglesia-Estado: laico-militante (separación tajante entre Iglesia y Estado); laico-agnóstico; confesional-secular (la incorporación a la normativa Estatal de ciertos aspectos de la religión mayoritaria); confesional (institucionaliza normativamente una determinada religión y concede privilegios a sus creyentes), y el sistema Millet. Cfr. Rosenfeld, Michel, “Introduction: can constitutionalism, secularism and religion be reconciled in an era of globalization and religious revival?”, Cardozo Law Review, vol. 30, número 6, junio de 2009, p. 2349.

[2] La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 18), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 12), el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 9), entre otros.

[3] En particular, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo implícitamente referido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile y Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala.

[4] Barrero Ortega, Abraham, La libertad religiosa en España, CEPC, 2006, p. 95.

[5] Tesis: 1a. LX/2007, “LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES FACETAS”, Novena Época, Primera Sala, SJFG, XXV, febrero de 2007, p. 654.

[6] La Constitución mexicana no establece en ninguna de sus disposiciones la laicidad del ordenamiento jurídico (está pendiente una reforma constitucional al artículo 24 para incorporar este concepto). La valoración de México como Estado laico proviene, más bien, de las interpretaciones derivadas de los artículos 24 y 130 constitucionales.

[7] Gómez Martínez, Carlos, “Aconfesionalidad y laicidad: dos nociones ¿coincidentes, sucesivas o contrapuestas?, p. 14, en Aguiar de Luque, Luis (coord.), Estado aconfesional y laicidad, Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2009.

[8] Llamazares Fernández, Dionisio, Derecho de la libertad de conciencia (II). Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad, 3ª edición, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, pp. 649 y ss.

[9] La discusión respecto al uso de recursos públicos para apoyar directa o indirectamente a grupos religiosos ya ha sido abordado desde hace muchos años en otros países, principalmente en los Estados Unidos (establishmente clause) en casos como Everson v. Board of Education (1947) y Lemon v. Kutzman (1971).

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2 comentarios a “Recursos públicos y libertad religiosa: la visita de Benedicto XVI”


  1. Othon Dominguez

    Buen trabajo de invevstigacion de Miguel Nuñez. saludo. si tienes un trabajo con mayor capital para aportar por favor comártemelo al email othon gion bajo dominguez arroba hotmail punto com


  2. Franncisco Aguilera

    La argumentacion anti papista de Miguel Nuñez es confusa y especiosa. Si bien, desde un perspectiva juridica, si es muy cuestionable que el gobierno de Mexico asuma ningun costo de la visita papal. No obstante, lo verdaderamente deplorable del tan celebrado viaje, es la banalidad y el desproposito serio del lider espiritual catolico. Mas alla de las manifestaciones populares de la fe de los ‘hinchas’ vaticanistas, que son libres,sin duda alguna, de ejercer ese derecho. Mas alla de los protocolos diplomaticos obligatorios para cualquier pais, pienso que es una absoluta falta de sentido comun, sentido de justicia y sentido de humanidad de parte del papado, venir unicamente a hacer espectaculo publico de la fe sin abordar, ni siquiera mencionar, con seriedad y profundidad los graves asuntos de actualidad que azotan al pais. Evadirse de los representantes de las victimas de Marcial Maciel. Acogerse timoratamente a las cortesias de un presidente con las manos escurriendo de sangre. Esto, y tantas otras cuestiones de peso son los asuntos que un verdadero padre espiritual haria, algo que estaria obligado a hacer cualquier buen siervo de Dios.

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