En una de sus últimas conferencias Zizek nos recordó cuál es el papel de los intelectuales en una democracia, esto es, plantear preguntas más que dar respuestas. Esas respuestas, nos dice, deben venir de la propia ciudadanía. Por su parte, en su nota de hace unos días Miguel Carbonell da difusión a una serie de preguntas que un grupo de intelectuales hacen a los candidatos presidenciales, y nos advierte de cómo este tipo de ejercicios no suelen servir de nada y que las campañas en marcha serán superficiales como pocas. De ahí que considera oportuno dar difusión a un desplegado, que en su opinión, puede dar sustancia a las candidaturas. Coincido con el diagnóstico de Carbonell. Desde mi perspectiva, hay quienes quieren llevar esta elección presidencial al campo de la imagen y de la mercadotecnia, pues es ahí y no el intercambio de ideas donde tienen más oportunidad de ganar. Por eso, es que ahora que recién empiezan las campañas no está de más recordar que los candidatos están ahí para responder a estas u otras preguntas -sin que nos podamos conformar con mensajes confusos-, pero sobre todo que nos corresponde a nosotros estar atentos y discutir sus respuestas, pues finalmente seremos nosotros quienes decidamos el rumbo del país.

Para algunos este llamado podría parecer ajeno al derecho constitucional, tema que ocupa principalmente este espacio. Sin embargo esto no es así. Como cierta doctrina se ha cansado de recordarnos el derecho constitucional no puede explicarse si no se tiene una base política e histórica. Y es que no debemos perder de vista que una de las principales funciones de la Constitución es dar una estructura a la política y que sin política la Constitución no tiene sentido. Es verdad que desde la reforma de 1994 nos hemos empeñado en creer que la Constitución es sólo norma jurídica y que la política queda fuera de su alcance, pero para nuestra (des)ilusión la Constitución es una norma jurídico-política que se interpreta y configura día a día en las calles, en las plazas, en las aulas, en el Congreso, en la Consejería Jurídica de la Presidencia, etc. De hecho, de entre las preguntas que se plantean en el desplegado, la primera de ellas es sustancial y formalmente una pregunta sobre la Constitución: ¿Mantendría el Ejército realizando tareas de seguridad pública?

Demos por supuesto que las inquietudes planteadas en el desplegado son las principales preguntas que debemos resolver y pasemos a preguntarnos ¿qué podemos hacer para que este tipo de desplegados empiecen a servir de algo? En mi opinión, ante un diseño institucional adverso a la participación ciudadana, tenemos dos opciones: la movilización política y la deliberación. Es verdad que la movilización política implica para muchos un alto costo económico y/o personal que desafortunadamente muchas veces nos orilla a quedarnos en casa. Sin embargo, la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías, nos obliga por lo menos a incentivar el debate y a no conformarnos con una democracia que se reduzca a la mera agregación de preferencias.

Así, por ejemplo, si nos circunscribimos a la pregunta constitucional que usé de ejemplo, podemos empezar por discutir los méritos y deficiencias de la actual estrategia de seguridad pública a la luz de un objetivo determinado. Supongamos que un objetivo viable es la reducción del tráfico de drogas y la disminución de la violencia que hay en las calles. Entre los factores que podríamos considerar está el índice de violencia que ha generado la estrategia del presidente Calderón, el número de muertes relacionadas con la guerra al narcotráfico, el combate o no de la desigualdad social como factor que incentiva la delincuencia, los altos índices de corrupción de la policía y de la sociedad en su conjunto, etc. Con ello podríamos contrastar las propuestas de los candidatos y la candidata presidenciales para atacar este terrible mal. Así, por ejemplo, considerar si pretenden continuar utilizando al ejército, si piensan hacer una renovación de los cuerpos policíacos, si tienen alguna política social que brinde mayores oportunidades a los más desaventajados, etc.

En mi opinión, si estos fueran los factores a considerar creo que la estrategia implementada durante estos seis años ha resultado infructuosa, pues tenemos tantas muertes como los que generó la guerra en Irak, según los últimos datos de la OCDE la desigualdad social sigue en aumento, cada vez hay menos ciudades en las que se puede pasear con tranquilidad, y la policía sigue siendo la misma de siempre. Todo eso pasa mientras que las propuestas de los candidatos y la candidata están por llegar.

Es probable que las variables que deben considerarse para resolver el problema del narcotráfico superen nuestras capacidades, sin embargo, no por ello creo que debamos dejar de discutirlas. En pocas palabras, el objetivo de esta entrada es recordarnos la importancia de nuestra participación en una discusión constitucional (que nos define como sociedad) que tome en cuenta todos los intereses involucrados, sobre todo en este período de elecciones en el que decidiremos cómo intentar solucionar una de las crisis más agudas de nuestra historia.

Roberto Niembro. Investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es investigador visitante del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado, en Heidelberg, Alemania.

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