Además de la ley SB 1070 del estado del Gran Cañón, se sugiere tomar en consideración los siguientes ejemplos:

1) Italia. Población inmigrante: 3,9 millones. Al igual que gran parte del sur de Europa, Italia se enfrenta al enorme desafío de tratar de regular y gestionar los enormes flujos migratorios desde el norte de África y el Mediterráneo. En respuesta, el gobierno italiano ha establecido diversas medidas encaminadas a frenar la inmigración. Una de las regulaciones más severas fue la aprobada por el Parlamento en 2009 y sanciona a los inmigrantes ilegales con multas de entre 5,000 y 10,000 euros y faculta a los funcionarios de migración a detenerlos durante un período máximo de 6 meses. La nueva legislación promovida por el Primer Ministro Silvio Berlusconi ha hecho poco para despejar la creciente tensión en Italia sobre la inmigración y su rol en la sociedad italiana. Esta tensión llegó a su pico máximo el pasado enero al desencadenarse disturbios raciales en Rosarno, un pequeño pueblo al sur de Calabria que alberga unos 20,000 trabajadores migrantes, en su mayoría de origen africano. Los disturbios, que duraron dos semanas, dejaron un saldo de autos destrozados, negocios saqueados, más de 50 inmigrantes y policías heridos y muchos alborotadores esposados y detenidos.

2) Suiza. Población inmigrante: 1,7 millones. La difícil relación de Suiza con una población inmigrante musulmana se hizo muy notoria en los últimos años, derivado del surgimiento del Partido del Pueblo Suizo (SVP, de extrema derecha), y del referéndum que dio como resultado la prohibición de las torres de las mezquitas en 2009. No obstante, un tema que no ha recibido tanta publicidad, es una severa ley de inmigración propuesta por el SVP que está pendiente de referéndum. La ley permitiría al gobierno suizo deportar inmediatamente a todos los criminales convictos de otros países y la posibilidad de deportar también a los miembros de su familia. Después de que el SVP distribuyera un póster infame en 2007 representando a tres ovejas blancas pateando a una oveja negra con el mensaje “Para mayor seguridad”, la ONU le ordenó a su Relator Especializado en racismo que pidiera una explicación oficial al gobierno en lo concerniente al póster (en ese momento, el SVP tenía la mayoría parlamentaria en la coalición gubernamental suiza) La sociedad suiza se ha polarizado con respecto al debate sobre la ley de inmigración. En 2007, los opositores al proyecto de ley formaron el efímero “Comité de la Oveja Negra” para apoyar los derechos de los inmigrantes, pero el entusiasmo por el SVP y sus políticas sigue creciendo.

3) Australia. Población inmigrante: 5,5 millones. A pesar de las apariencias, Australia tiene una política de inmigración sorprendentemente draconiana. Y ninguna de las distintas leyes de inmigración del país es más controvertida que la Reforma de Ley de Migración de 1992 y sus modificaciones posteriores, que de forma conjunta faculta a las autoridades para detener a todos los no-ciudadanos que son descubiertos en Australia sin una visa válida. Entre 1999 y 2003, la ley fue utilizada para detener a más de 2,000 niños refugiados del sudeste de Asia y del Medio Oriente que buscaban asilo en la isla. La ley ha irritado seriamente a las ONG de derechos humanos. En 2001, Human Rights Watch le envió al Primer Ministro John Howard una carta cuyo contenido sostenía que la legislación estaba contraviniendo seriamente las obligaciones de Australia hacia los no-ciudadanos, refugiados y personas que buscan asilo conforme a la ley internacional de refugiados y derechos humanos. Tres años más tarde, la Comisión Australiana de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidad publicó un informe que condenaba al gobierno por los abusos y violaciones a los derechos humanos que sufrieron los niños refugiados durante su detención. Aunque el gobierno de Kevin Rudd ha atenuado algunas disposiciones de la ley, aún se utiliza para interceptar y detener a los inmigrantes ilegales.

4) Japón. Población inmigrante: 1,7 millones. Japón ha luchado durante mucho tiempo con sus problemas demográficos y de inmigración. A pesar de que la población de adultos mayores del país necesite la importación de mano de obra barata, recientemente el gobierno japonés ha tratado de restringir la inmigración para mitigar sus altas cifras de desempleo sin precedentes. La más infame de las nuevas políticas de Tokio contra de la inmigración es la Ley Nikkei. Aprobada en la primavera de 2009, la ley permite al gobierno japonés pagar el equivalente a 3,000 dólares a cada inmigrante latinoamericano desempleado de ascendencia japonesa (conocidos como “Nikkei” en japonés) y 2,000 dólares a cada uno de los miembros de la familia de ese trabajador desempleado para que regresen a su país de origen latinoamericano. ¿Cuál es el truco? Se les prohíbe para siempre regresar a trabajar a Japón a estos trabajadores y a sus familiares. Se estima que aproximadamente 366,000 brasileños y peruanos vivían en Japón en ese momento. Aunque la ley es voluntaria, ha provocado una gran controversia en el país. Algunos están a favor de la medida sosteniendo que es económicamente prudente, y otros, como Angelo Ishi de la Universidad de Musashi en Tokyo, describe la ley como un “insulto” a las comunidades inmigrantes japonesas. La mayoría de la prensa occidental ha adoptado una postura neutral con respecto al tema, con excepción de Time, que publicó una historia con el siguiente título “Japón a sus Inmigrantes: Gracias, pero pueden irse a casa ahora”.

5) Emiratos Árabes Unidos. Población inmigrante: 3,75 millones (83,5 por ciento de la población total). Una oferta abundante de mano de obra barata de inmigrantes provenientes del sudeste asiático y de la India ha contribuido a que los Emiratos Árabes Unidos sean el principal destino para la inversión directa extranjera. Sin embargo, a pesar del aumento de la inmigración en los Emiratos durante la última década, el gobierno todavía está por reformar sus políticas draconianas de inmigración y otras tantas leyes laborales. Una de las disposiciones más duras de la legislación migratoria de los Emiratos consiste en la prohibición de los extranjeros de participar en cualquier tipo de actividad sindical. Como resultado, las condiciones de vida suelen ser duras, incluyendo 80 horas semanales de trabajo, trabajo manual agotador, y una  paga por debajo del salario mínimo. No es raro para los inmigrantes vivir en pequeñas cabañas prefabricadas con 12 hombres por habitación y obligados a lavarse en agua sucia y cocinar en cocinas junto a baños desbordados. Mientras que en el pasado la crítica hacia la legislación laboral y migratoria de los Emiratos parecía provenir sólo de las ONG de derechos humanos y de organismos internacionales como Naciones Unidas, recientemente los mismos inmigrantes han comenzado a denunciar tales leyes. Especialmente, los trabajadores inmigrantes en Dubai han levantado protestas, y en 2006, un grupo de operarios llevaron a cabo una reunión sindical y protestaron sobre las condiciones de vida y trabajo desfavorables a las que estaban sujetos por sus empleadores. Más recientemente, en septiembre de 2009, los obreros de la construcción realizaron una huelga  y protestaron en las calles exigiendo salarios más altos y el pago de las horas extra.

Nota: esta información se obtuvo de la revista Foreing Policy.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).