“Es como si la ley metiera muchas piedritas en los zapatos para que las víctimas se cansen de caminar en su lucha por la justicia. Pero nosotros no nos cansamos, hoy fue un gran paso, hoy la piedrita fue en realidad un paso grande frente a una piedrota”.

Don José Rubio Villegas

 

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica mediante la cual, además de declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, determinó restringir el fuero castrense al ordenar la remisión a un juzgado penal del ámbito civil del caso del joven Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua ejecutado extrajudicialmente a manos del Ejército mexicano.

Este caso forma parte de un paquete de 30 asuntos que actualmente se discuten en el Pleno de la SCJN. Estos casos se relacionan en su mayoría con un problema sistemático relativo a la extensión del fuero militar en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar[1] con el artículo 13 de la Constitución Mexicana y con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Hasta hoy se han resuelto ya tres de los casos antes referidos, cuyos proyectos estuvieron a cargo de la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Éstos incluyen la resolución de dos conflictos competenciales y el amparo en revisión promovido por los familiares de Bonfilio Rubio.

A modo de antecedente, recordemos que en 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió cuatro sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano[2]. Entre estas resoluciones destaca la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco[3], en la que el Tribunal Interamericano resolvió que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén involucrados o sean acusados por delitos en contra de civiles deben de ser juzgados por la justicia civil y no por la justicia militar. Además de lo anterior, en esta sentencia se resolvió que el fuero militar debe ser aplicado de forma restrictiva, excepcional y limitada a la prosecución y juzgamiento de delitos que atenten en contra de bienes jurídicos propios de la disciplina militar.

Tras la notificación de dicha sentencia, la SCJN abrió el expediente “Varios 912/2010” que tenía como propósito analizar cuáles eran las obligaciones que recaían al Poder Judicial de la Federación respecto de la sentencia Radilla. En la resolución de este expediente, la SCJN resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano.
  2. El fuero militar no puede operar en situaciones en las cuales se vean vulnerados los derechos humanos de civiles. Pero además destacó que los jueces se encuentran obligados a preferir los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

De esta forma, en mayo de este año, nuestro máximo tribunal emitió el Acuerdo General 06/2012. Con este acuerdo la Suprema Corte ordenó que todos los expedientes ubicados en instancias inferiores y que estuvieran relacionados con temas de fuero militar no fueran resueltos hasta en tanto la misma Corte dictara sentencia en los asuntos que ya se encontraban ubicados ante la misma, lo que abrió la posibilidad de sentar jurisprudencia obligatoria sobre este tema.

Ahora bien, tomando lo anterior como antecedente, y sin dejar a un lado la influencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me gustaría adelantar que la resolución de estos casos representa grandes avances encaminados a la protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Pues en los tres casos resueltos por la SCJN se determinó limitar el fuero militar para permitir que sea la justicia ordinaria quien resuelva el fondo de justo estos asuntos. Como adelantaba, los primeros casos que se discutieron versaron sobre dos conflictos competenciales. El primero de ellos, suscitado en el estado de Morelos y el segundo en Michoacán. Ambos conflictos fueron resueltos en el sentido de que corresponde a un juez federal en materia penal del ámbito civil conocer del juzgamiento de los militares involucrados en estos casos en los que se han generado violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas involucradas.

La decisión en estos dos primeros asuntos sirvió para ir sentando las bases necesarias para que el Pleno continúe reiterando este criterio y así se pueda establecer jurisprudencia. Con independencia de lo anterior, considero importante resaltar que a pesar de que se resolvió remitir al fuero civil el conocimiento de estas dos causas, de la discusión de estos casos no quedó claro cuál era el criterio del Pleno en relación a la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. Lo anterior adquiere entonces importancia, pues en la práctica la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado que desconoce la jurisprudencia de este Tribunal.

Además de lo antes descrito, hemos de tomar en cuenta que no todo fue miel sobre hojuelas durante la discusión de estos dos asuntos; basta con observar que tardaron más de dos semanas y cinco sesiones para poder llegar a una votación definitiva. Así, y a pesar de que la mayoría de los ministros decidieron votar a favor de que fuera la justicia civil la que conociera de estos casos, y de que la mayoría de dichos ministros se pronunciaron a favor de la protección de los derechos de las víctimas y en apego a lo que contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún existen posiciones como las de la ministra Luna Ramos y el ministro Aguirre Anguiano que para mí son verdaderamente preocupantes. Pienso en concreto en sus valoraciones sobre el rol del Sistema Interamericano y el contenido básico de los derechos humanos que, en mi opinión, se alejan de los grandes avances que hemos alcanzado en materia de protección de los derechos humanos.

Siguiendo la línea de discusión, y por lo que respecta a la resolución del primer caso contencioso que fue impulsado por los familiares de una víctima en contra de la inconstitucionalidad del fuero militar, destaco lo siguiente: que tras la resolución de los conflictos competenciales, el 14 de agosto se dio inicio al análisis y discusión del amparo en revisión 133/2012, promovido como adelantaba, por los familiares de Bonfilio Rubio. Este expediente en particular adquirió especial relevancia pues ya no se trataba de un conflicto entre órganos del propio Estado, sino que ahora eran las propias víctimas las que acudían al amparo en busca de la obtención de justicia y tutela de sus derechos.

Sobre este amparo en particular, recordemos que fue en junio de 2009 cuando Bonfilio fue ejecutado en un retén militar en el estado de Guerrero por elementos del 93 Batallón de Infantería. Como era de suponerse, el asunto fue atraído para su conocimiento por el fuero militar y los familiares de Bonfilio (su padre Secundino y su hermano José), acompañados de las organizaciones Tlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), se opusieron a dicha determinación y promovieron un juicio de amparo que fue resuelto a su favor en diciembre de 2011. Se trató de una sentencia que debiera ser considerada histórica, pues fue la primera vez que la justicia federal amparó a las víctimas frente a la inconstitucional extensión del fuero castrense. Sorprendentemente, dicha resolución fue impugnada por la SEDENA y de ahí que el amparo en revisión llegará a manos de la SCJN.

Ahora bien, después de los criterios que se siguieron por los ministros para la resolución de los conflictos competenciales que antecedían a este amparo, supuse, malamente, que el caso de Bonfilio sería resuelto sin traba ni dilación alguna. Afirmo que se trató de una mala suposición porque el día en que se empezó a discutir el caso, las posiciones sostenidas por la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano cuestionarion la legitimidad procesal de los familiares de Bonfilio para promover el amparo, arguyendo que los familiares de Bonfilio no podían ser considerados víctimas en el caso.

Por suerte, tales posiciones no prosperaron gracias a que de las intervenciones de los ministros Silva Meza, Zaldívar, Valls, Cossío, Pardo, Aguilar y Sánchez Cordero se desprendió que, además de que la CoIDH ya había determinado que los familiares de quienes padecen graves violaciones a derechos humanos tienen también carácter de víctimas, los argumentos de la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano eran jurídicamente insostenibles. Fue entonces que la votación derivó en reconocer que los familiares de las víctimas cuentan con plena legitimidad procesal para acudir al juicio de amparo.

Superado lo anterior, se entró finalmente al estudio del fondo del asunto. Y afortunadamente se resolvió en el sentido de declarar, por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar; lo que confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo a la familia de Bonfilio y ordena que el caso sea definitivamente remitido para su estudio y resolución a un Juez Federal del fuero civil.

Finalizo con la idea de que la resolución de la SCJN sobre estos tres primeros casos debe ser reconocida y valorada pues ha derivado en la restricción del fuero castrense, como lo habían ordenando las diversas sentencias de la CoIDH en contra del Estado mexicano. No obstante lo anterior, aún quedan 27 asuntos por resolver. Esperemos entonces que en éstos, el Pleno de la SCJN reitere un criterio garantista a efecto de que el mismo genere jurisprudencia obligatoria para todo el Estado mexicano.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.



[1] Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: …II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

[2] Casos: Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos ecologistas”).

[3] Víctima de desaparición forzada a manos del ejército mexicano desde el año de 1974.

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