El próximo 9 de noviembre se vence el plazo para que el Senado elija a los dos próximos ministros para la Corte mexicana, afortunadamente en esta ocasión el procedimiento ha sido más transparente que en otras ocasiones y contamos con más información para evaluar la idoneidad de los candidatos. Desafortunadamente, las comparecencias aún dejaron mucho que desear, se realizaron como una prueba para buscar respuestas “correctas” y no como diálogo para desentrañar los criterios constitucionales de los candidatos. Así, cada senador realizó preguntas aisladas sin posibilidad de réplica, lo que dejó muchas cuestiones al aire. Algunos aprovecharon para hacer posicionamientos políticos (como el senador Monreal) y otros  plantearon preguntas que obligaban al candidato a prejuzgar[1].  Algunos senadores plantearon preguntas que nada tenían que ver con la labor del juzgador y otros de plano, creyeron que estaban en un concurso de Miss Universo.

Es de llamar la atención cómo fue disminuyendo la calidad de las preguntas entre el primer candidato y la última candidata. Algunas de las preguntas del magistrado Monroy fueron muy interesantes, profundas y obligaban a mostrar sus criterios, sin embargo las preguntas hechas al magistrado Pérez fueron muy malas, algunas incomprensibles y a la magistrada Zambrana me parece que se le pudo haber “aprovechado” más.

Aquí se presenta un ejercicio para descubrir los criterios de cada candidato, de la terna para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, a partir de su selección de sentencias relevantes de la Corte y de su comparecencia ante la Comisión de Justicia. El orden es el mismo que en las comparecencias.

Pablo Vicente Monroy Gómez

Presentó como sentencias relevantes de la Corte el amparo en revisión 1155/2008 en donde se origina la jurisprudencia sobre los criterios para el análisis de una vulneración al principio de igualdad; la acción de inconstitucionalidad 29/2008 donde se establece el carácter teleológico de las contribuciones fiscales como criterio de justicia fiscal; y el expediente varios 912/2010, conocido como “caso Radilla”, donde la Corte fija criterios para la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y la limitación a la jurisdicción militar.

Ante la Comisión de Justicia, Monroy planteó que percibe a la Corte como un árbitro sujeto a reglas y límites y dejó claro que favorece una Corte autolimitada frente a una activista, que respete las decisiones democráticas y los ámbitos de decisión que la propia Constitución les demarca. Destacó la auto-restricción para invadir esferas que corresponden exclusivamente al legislativo, como lo serían cuestiones políticas, donde remarcó que los jueces no pueden extraer de las normas jurídicas juicios de orden social o político o cuando se refirió a materias especializadas (materia fiscal o interconexiones, por ejemplo). También, describió como muy relevante la labor de la Corte en la unificación de criterios, más ahora con la entrada del control difuso de constitucionalidad y la posibilidad de que se inapliquen normas por ser contrarias a los derechos humanos.

En cuanto a cuestiones formales de justicia constitucional, el magistrado Monroy planteó la necesidad de una política judicial para determinar las reglas o directrices de actuación e intervención, en específico se refirió a la falta de doctrina para el ejercicio de la facultad de atracción de la Corte. En el mismo sentido, planteó cambios en materia de amparo, en especial sobre la suspensión del acto reclamado, para evitar el abuso de este juicio y lograr disminuir el número de asuntos y el consecuente rezago.

Dejó claro que sería un ministro conciliador, insistió en que sería positivo el acercamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo para por un lado, dialogar sobre la experiencia en la aplicación de leyes relacionadas con la jurisdicción, con el ánimo de perfeccionarlas y lograr que la justicia sea verdaderamente pronta y expedita; y por otro, para, en caso de análisis de la constitucionalidad de una norma, el juez pueda conocer el propósito de ésta. Ambos puntos resultan importantes, el segundo para evitar la extralimitación de la facultad interpretativa del juez constitucional al aplicar el principio de interpretación conforme.

En su comparecencia, Monroy dejó claro que la justicia social es para él una guía para resolver, así en las respuestas a las preguntas sobre su tesis sobre la positiva ficta para el acceso a la justicia de beneficiarios del ISSSTE, sobre el efecto o impacto de las sentencias cuando pueda darse un conflicto de intereses colectivos, las razones por las que considera que quienes no poseen un mínimo vital no deben contribuir fiscalmente, cuando dijo resolver conforme a la “equidad” (equity) o la respuesta que dio al Senador Lozano sobre la necesaria ponderación y respeto a los derechos laborales de los trabajadores del SME.

En cuanto a la reforma de derechos humanos, sus respuestas dejaron mucho que desear, a pesar de haber presentado como relevante la decisión Radilla y haber planteado en su presentación la importancia de un cambio cultural y la necesidad de un diálogo entre Cortes, aparentemente no tiene claro el alcance de las normas internacionales de derechos humanos. Por un lado, ante la pregunta sobre si es posible un amparo por omisión a un derecho contenido en un tratado, respondió que no porque esto no está contemplado en los tratados; siendo que cualquier derecho de protección requiere de actos positivos por parte del Estado, de manera que incurre en una violación por omisión si no protege el derecho garantizado. Por otro lado, ante la pregunta sobre la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, Monroy dijo estar de acuerdo con la resolución Radilla en cuanto a que estos deben ser tan sólo orientadores cuando México no sea parte, pues no tuvo oportunidad para defenderse; sin embargo, los criterios no se refieren a las resoluciones y medidas que la Corte impone al Estado, sino a la interpretación y la determinación del alcance de las normas de la Convención.

Fueron interesantes sus criterios con respecto a la extinción de dominio, la clasificó como medida confiscatoria, a pesar de que el artículo 22 constitucional, donde está contenida, dice claramente que no se considerará como tal. Y con respecto al debido proceso legal, en donde explicó la afectación de las pruebas obtenidas ilegalmente dentro del proceso penal.

Alberto Gelacio Pérez Dayán

Presentó el amparo en revisión 220/2008 acerca del sistema de pensiones ISSSTE, la controversia constitucional 38/2012 reciente decisión de la Corte acerca de los límites al fuero militar y el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla”, debido a sus efectos con respecto a la ponderación sobre las resoluciones de cortes internacionales.

La comparecencia del magistrado fue bastante calamitosa. Preocupa que un candidato a la Corte no sepa argumentar y explicar sus respuestas.

Hay poco que rescatar. Hubo malas preguntas, algunas poco claras y en general las respuestas fueron vacías, escuetas y de plano no respondían la pregunta. Inquieta que ante una pregunta sobre “materias concurrentes jurisdiccionales” que se refería a los ámbitos penal y fiscal, el magistrado no haya hablado sobre la fracción II del 104 constitucional que permite la concurrencia solamente en casos donde únicamente se afecten intereses particulares; o que hable de que se “otorgan” facultades a las entidades federativas o que instancias jurisdiccionales federales “revisen” el trabajo de las jurisdicciones locales.

Sobre el tema de derechos humanos y control de convencionalidad, resulta alarmante que el magistrado opine que la aplicación del principio pro personae contradiga al principio de legalidad o que la jurisprudencia no sea norma y por tanto no puede hablarse de inaplicación, pues “es posible hacer reflexionar al órgano que la creó para que la modifique” –podría hacerse lo mismo con una ley-. Pérez Dayán presentó como relevante el expediente varios 912/2010 y dijo en su comparecencia estar con el criterio de la minoría sobre la vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana, pues México se obligó a ello, pero considera que el principio de supremacía constitucional derrota cualquier posibilidad de que una norma de la Constitución fuera considerada como inconvencional. Bajo esta premisa, preocupa que considere que el arraigo y otras figuras controvertidas de la reforma penal puedan ser legítimas, “si se usan como un medio y no como un fin”.

Ante una pregunta concreta sobre el tema de la expropiación del predio El Encino y la tensión entre intereses particulares e intereses colectivos, el magistrado Pérez respondió que “cualquier interés particular, por importante que sea, se subordina al interés general…” aplicado como regla general, implicaría un lamentable criterio en materia de derechos de las minorías.

Ante la pregunta sobre su opinión sobre la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de éstos, omitió dar una respuesta y se limitó a reconocer que se trata de una facultad del legislador, lo mismo respecto del aborto.

Sobre la reforma de amparo y el interés legítimo explicó que será necesario definir sus alcances para detectar qué casos son de verdadero interés legítimo, pues “no todos los intereses son legítimos”. Se le preguntó con qué criterio resolvería –ante la falta de una ley de desarrollo- con respecto a la nueva facultad de revisar las consultas populares del artículo 35 fracción VIII, Pérez respondió que la norma no deja clara la vinculatoriedad de las resoluciones de la Corte.

Ante la pregunta sobre el control jurisdiccional de términos económicos, Pérez Dayán habló sobre Adam Smith y la sencillez del pago como principio tributario.

Andrea Zambrana Castañeda

La magistrada Zambrana presentó como sentencias relevantes la acción de inconstitucionalidad 26/2006 sobre la llamada Ley Televisa y la reivindicación del espectro radioeléctrico, donde ella participó como secretaria proyectista bajo la ponencia del ministro Aguirre; el expediente varios 912/2010 conocido como “caso Radilla” que considera como la brújula para el control de convencionalidad; y el amparo directo en revisión 2424/2012 sobre modificación del nombre como un elemento esencial de la identidad de la persona.

Su comparecencia fue menos profunda que la del magistrado Monroy pues varias de las preguntas de los senadores fueron muy malas. Así por ejemplo, se le preguntó a qué ministro de los últimos 20 años admira o a qué político vivo admira. Cuestiones totalmente irrelevantes para el escrutinio de una posible juez constitucional. Otras preguntas que se le hicieron a la magistrada, en realidad correspondía responderlas a los legisladores y no a los jueces, así por ejemplo ¿qué medidas impulsaría como ministra para evitar la impunidad y la filtración del crimen organizado? O sobre el trabajo infantil.

Al igual que el magistrado Monroy, Zambrana evadió la respuesta concreta a la pregunta sobre su opinión sobre el aborto[2] y se limitó a decir que se trata de la protección de dos bienes tutelados: la vida y los derechos de la mujer.

También hubo otras preguntas que poco sirven para desentrañar su criterio constitucional, así por ejemplo se le preguntó su opinión sobre la necesidad de la independencia del Ministerio Público del Ejecutivo o sobre si las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben desaparecer.

Resultó interesante su postura sobre la falta de criterios y lineamientos en el Poder Judicial para concretizar las reformas constitucionales, los parámetros para dar contenido a los derechos humanos y para el acercamiento en el control de convencionalidad. También, es optimista su postura sobre el activismo judicial para impulsar cambios en la garantía y respeto de los derechos pues a su juicio “si el activismo busca dotar de contenido y significado a los derechos, así como ampliarlos interpretativamente, ello no es sólo válido, sino también valioso,” sin embargo, alertó sobre el riesgo inminente de que el juez sobrepase sus límites y actúe como legislador, pues “no se pueden decir cosas que la Constitución no dice”. Esta última afirmación es interesante, hubiera sido deseable que se le diera seguimiento para conocer su postura interpretativa.

Para Zambrana el alcance y límite de la Corte está determinado en las competencias que le fija la Constitución y la ley, así como en su relación con los otros poderes frente a los cuales funge como árbitro. La Corte, dijo, debe resolver con vista al proyecto de país que se quiere y que está plasmado en la Constitución y no deben ser coyunturales ni “del momento”.

La magistrada respondió preguntas sobre el arraigo, los testigos protegidos y la extinción de dominio, en los tres casos coincidió en que se trata de figuras novedosas que deben ser delimitadas y conciliadas con los derechos humanos. Sobre el arraigo en especial dijo que plantea un problema de política legislativa pues contradice tratados que lo declaran contrario a los derechos humanos pues “en términos jurisprudenciales es un secuestro entre comillas”. Sobre la extinción de dominio se refirió al problema de la presunción de inocencia y de la absolución en el proceso penal.

En un ámbito más técnico se refirió a una resolución suya sobre suplencia de la queja en un caso de pensión de viudez y orfandad, donde, dijo, se debía resolver conforme a la justicia y no solamente aplicar la formalidad de la ley. Se debe logar un equilibrio entre la justicia formal y la material, explicó. En otro aspecto que hace vislumbrar a una jueza no formalista, Zambrana respondió que la inoperancia de los agravios en el amparo directo son a veces abusados y que deben ser atendidos, si no existe jurisprudencia y su delimitación responde a los criterios de importancia y trascendencia, pues el quejoso tiene derecho a que se satisfaga su planteamiento.

Por último, se pronunció por la constitucionalidad de los tributos que no tienen función recaudatoria pues son herramientas del Estado para incentivar o desincentivar la economía.

De esta terna saldrá, si no es rechazada, el próximo ministro que ocupará un sitio en la segunda Sala, encargada de revisar los asuntos laborales, administrativos y fiscales y que relevará al ministro Aguirre, quien ocupa el sitio más conservador en el Pleno.

La facultad de los artículos 95 y 96 para elegir de entre las ternas enviadas por el Ejecutivo a los ministros de la Corte es una facultad discrecional, pero ello no implica que no deba estar motivada. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Por ello, resulta no sólo deseable, sino indispensable, que los Grupos Parlamentarios emitan un dictamen evaluando a cada candidato y que el dictamen de la Comisión haga lo propio.  El Senado tiene la obligación de justificar la elección de un candidato de cada terna –o su rechazo-.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Así las planteadas sobre la “guerra contra el narcotráfico”, la extinción de dominio, el arraigo, la inconvencionalidad por omisión, la vinculatoriedad de criterios de la Corte Interamericana, la reforma laboral, el conflicto con Luz y Fuerza y el SME. Algunas de ellas cuestiones pendientes de resolverse en la Corte, otras que no han “llegado” pero que podrían ser sometidas a su consideración y otras que ya fueron resueltas pero no a la luz de la reforma de derechos humanos por medio de la cual, podría analizarse nuevamente si procede el análisis de la convencionalidad de una norma constitucional. Inclusive la senadora Padierna preguntó de forma directa al magistrado Pérez Dayán “¿Cómo va a resolver el asunto del SME?”

[2] La magistrada fue quien realizó, como secretaria de estudio y cuenta, el proyecto de sentencia discutido en el Pleno de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 sobre interrupción legal del embarazo. En éste, el ministro Aguirre planteaba la inconstitucionalidad de la legalización realizada por la Asamblea del D.F. El proyecto no obtuvo la mayoría y fue desechado.